Lo que dicen los columnistas

Doble nacionalidad y cargos de Estado

Tonatiuh Guillén López *

Proceso

Cerca de una cuarta parte de la nación mexicana actual está integrada por personas mexicanas con doble nacionalidad, que radican en su mayoría en el extranjero, en Estados Unidos casi en su totalidad.

En 1997, de manera pertinente y justa, la reforma constitucional del ­artículo 30 abrió la puerta de la doble nacionalidad para las y los mexicanos, lo cual derivó del reconocimiento y valoración de nuestra enorme emigración y de su descendencia en el extranjero.

Al mismo tiempo, recuperando la larga historia de nacionalismo, esta reforma constitucional restringió el acceso a determinados cargos del Estado para las personas con esa doble condición, mediante la paralela adecuación del artículo 32.

Es decir, la reforma constitucional de 1997 posibilitó la doble nacionalidad, pero al mismo tiempo le cerró el acceso a determinados cargos de gobierno. Entre los cargos definidos por la Constitución como “exclusivos” para mexicanos sin doble nacionalidad están: la Presidencia de la República, las secretarías del gobierno federal, las gubernaturas, las diputaciones y senadurías, ministros de la Suprema Corte de Justicia y Fiscalía General de la República.

Cabe agregar que las leyes federales listan adicionales puestos gubernamentales e incluso, por su parte, las leyes estatales o reglamentos municipales han sumado –cuestionablemente– otros cargos y funciones.

Se creó así un amplio espectro de puestos gubernamentales inaccesibles ­para quienes tengan doble nacionalidad, formando una lista francamente excesiva: los indicados por la Constitución y además los sumados por leyes federales y normas locales, muchos de ellos con endeble sustento jurídico y, sobre todo, con un evidente desfase de época.

El espíritu nacionalista y enfático en la defensa de la soberanía nacional estuvo activo en el debate legislativo de 1997. Por supuesto ese espíritu ha recorrido la historia constitucional del país prácticamente desde su origen hace 200 años. Fue más que notable en el Congreso Constituyente de 1916-1917, en donde la nacionalidad mexicana ¨por nacimiento¨ emergió como una explícita barrera ante posibles influencias extranjeras, que tanto habían costado a México en el siglo XIX. De pasada, como imprevisto daño colateral, también es cierto que el constituyente original dejó una herida sobre la emigración mexicana al extranjero y sobre su descendencia.

Precisamente la reforma constitucional de 1997 y, sobre todo, la trascendente reforma de 2021 –que volvió a adecuar el artículo 30– impulsaron profundas redefiniciones del concepto de nacionalidad mexicana y, sobre todo, de los alcances sociales de la nación, modificando los parámetros constitucionales utilizados en 1917. El resultado es que hoy somos una nación transterritorial –he insistido en el concepto– que entre sus consecuencias amplió por millones y millones el número de personas mexicanas con doble nacionalidad.

Cerca de una cuarta parte de la nación mexicana actual está integrada por personas mexicanas con doble nacionalidad, que radican en su mayoría en el extranjero, en Estados Unidos casi en su totalidad. Es un hecho social, cultural, económico, jurídico y demográfico la presencia activa de esa población en la integración de la nación y en prácticamente todos los escenarios de la vida cotidiana. Como es también evidente su capacidad política creciente –apenas vemos la punta del iceberg– y, por este camino, incrementa su cercanía y legítimo interés por los cargos de gobierno y las funciones públicas, tanto en México como en Estados Unidos.

En este punto, volvamos a la lista de cargos públicos en México exclusivos para mexicanos por nacimiento y sin doble nacionalidad (dicho sea de paso, esa restricción también repercute sobre las y los mexicanos por naturalización). No hay duda de que el abanico de puestos gubernamentales exclusivos es una necesidad del ejercicio soberano y, particularmente, tiene sentido para evitar el conflicto de interés propiciado por la doble nacionalidad. Lo que está en duda es la extensa lista y su prolongación a espacios muy ajenos a las funciones que definen el interés nacional.

La soberanía y el interés nacional tienen una materialización y realización en determinados cargos y funciones de Estado, como es la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, entre otros, definidos por la Constitución. En esos específicos espacios, la doble nacionalidad inevitablemente generaría una situación de conflicto de interés que resaltaría ante alguna tensión de México con otro país. Por ejemplo, si nuestro presidente tuviera doble nacionalidad, ¿cuál sería la orientación del interés nacional? De una u otra manera, alguna nación implicada saldría dañada en caso de conflicto y, sobre todo, en ese escenario la definición del interés nacional navegaría entre aguas oscilantes.

Desde la perspectiva del interés nacional, las instituciones del Estado que lo materializan requieren, efectivamente, consolidar su exclusividad en el aspecto de nacionalidad. Pero con base en el mismo criterio, de igual manera no tiene sentido la larga lista de cargos exclusivos que han agregado las leyes secundarias, pues no están relacionados con elementos sustantivos del interés nacional. Por el contrario, la ampliación de cargos sólo consolida un cuadro discriminatorio que la propia Constitución prohíbe.

Por consiguiente, tanto es necesario consolidar la exclusividad de determinados cargos, como es necesario acotar la lista extensa definida por leyes secundarias, con excepción de aquellas funciones que estén relacionadas directamente con la instrumentación del interés nacional. La doble nacionalidad es actualmente una condición creciente, masiva y cotidiana entre los integrantes de la nación y, simplemente por este hecho, demanda un ajuste del mapa institucional para evitar barreras excluyentes. Algo equivalente es necesario implementar ante las condiciones discriminatorias que padecen los mexicanos por naturalización.

Para terminar, y no es asunto menor, la experiencia indica que desde hace años se han violado los principios constitucionales sobre la exclusividad de determinados cargos gubernamentales. Personas con doble nacionalidad y sin escrúpulos han ocupado –ocupan, tal vez– cargos de los “exclusivos”, en el sentido revisado, como son gobiernos estatales, senadurías, diputaciones y seguramente otros, sin sanción alguna y con el mayor cinismo. Incluso en los casos públicamente reconocidos no hay responsabilidades por este fraude a la Constitución ni instancia formal que les reclame. Aquí hay necesidad de un ajuste jurídico que determine claras responsabilidades que eviten este peligroso engaño a la nación. Es importante evitar condiciones de discriminación en el acceso a los cargos públicos, efectivamente; pero de igual manera, es esencial evitar el conflicto de interés por doble nacionalidad en los puestos de gobierno sustanciales para el ejercicio soberano. En esta materia no debe haber espacio para el engaño ni para estafadores.

* Profesor PUED/UNAM. Excomisionado del INM.

Juegos de poder

El problema de subsidiar las gasolinas

Leo Zuckermann

Excelsior

Hasta ahora, el gobierno de López Obrador había sido cuidadoso en no arriesgar la estabilidad de las finanzas públicas con fines políticos. Sin embargo, el incremento de los combustibles en todo el mundo ha puesto en un brete al Ejecutivo. Para no comprometer los equilibrios fiscales, tenían que haber subido los precios de las gasolinas como ha ocurrido en muchos países. No lo han hecho por motivos políticos.

En México, el precio de las gasolinas lo determina el gobierno. A partir de la guerra en Ucrania que disparó los costos de las materias primas al cielo, las autoridades han decidido mantener los precios de los combustibles con el objetivo de sostener la alta popularidad del presidente López Obrador. Le tienen pavor a que, si los suben, suceda lo que ocurrió en 2017 cuando Peña liberalizó el precio de las gasolinas, su popularidad se derrumbó y vimos manifestaciones, protestas y actos de pillaje.

Rocío Nahle ha salido a presumir la política de subsidio a los combustibles. En un tuit del 15 de marzo dijo: “La inflación anual en febrero en México fue menor a la de EU. Ello en gran medida gracias a la contención de precios del sector energético (gasolina, luz, etc.), en nuestro país fue de 0.5% y en EU 1.9%”. Tiene razón la secretaria de Energía. La diferencia es que aquí se dejó de recaudar dinero y ya en marzo empezó a subsidiarse las gasolinas.

Los estadunidenses están muy enojados. Cada semana pagan más y más dinero por llenar los tanques de sus camionetas que consumen una monstruosidad de combustible. Los mexicanos, en cambio, se encuentran más tranquilos. No se han percatado del impacto que ha tenido la guerra en Ucrania en los precios de energéticos. Sin embargo, en la economía no hay almuerzos gratis. Alguien está pagando la felicidad relativa de los mexicanos.

¿Quién? Pues los mismos mexicanos. El dinero que utiliza el gobierno para cubrir este subsidio ya no lo puede usar para otros propósitos como mejorar la educación, salud, seguridad o vialidades.

Se trata de un subsidio regresivo. Este gobierno que dice defender a los pobres más bien está beneficiando a las clases medias y altas, un segmento que, por cierto, no vota por Morena. Son ellos los que poseen automóviles en el país. Una señora acomodada que posee una camioneta despotrica en contra del gobierno de AMLO que generosamente le está subsidiando sus traslados en un vehículo de ocho cilindros.

Y entre más ricos, más coches, más grandes y más subsidios. Tomemos, por ejemplo, el caso de Carlos Slim quien posee una fortuna de 80 mil millones de dólares. Digamos que para el traslado del magnate se utilizan cinco camionetas de gran caballaje incluyendo las escoltas. Ridículo que los contribuyentes le estén subsidiando el costo de la gasolina a uno de los hombres más ricos del mundo.

Valeria Moy ha calculado el impacto para el erario de subsidiar las gasolinas. La semana del 12 al 18 de marzo fue la primera en la que Hacienda otorgó un estímulo de 100% a los combustibles. No recaudará ni un centavo vía este impuesto. “Además del estímulo mencionado, durante estas dos semanas, Hacienda ha otorgado un estímulo complementario, un extra, para intentar frenar la escalada en el precio que pagan los consumidores por la gasolina […] la decisión de Hacienda frena la subida de precios en las gasolineras, pero, por otro, tiene un costo importante para las finanzas públicas […] El costo de lo que no se va a recaudar sólo esta semana, considerando también el estímulo complementario, está cerca de los 11 mil millones de pesos. Una sola semana tendrá el mismo costo fiscal que lo presupuestado para el programa de Escuelas de Tiempo Completo durante todo 2018”.

De continuar, este asunto se convertirá en una hemorragia incontenible para el erario.

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ha dicho que, en el corto plazo, se puede pagar el subsidio con el ingreso extra por el crudo de exportación. Pero también ha reconocido que se trata de un equilibrio frágil si esta situación persiste.

Hoy, la ganancia por los altos precios del petróleo la estamos gastando para subsidiar las gasolinas y mantener baja la inflación.

Los precios controlados de los combustibles se han convertido en el ancla inflacionaria. Al ritmo que vamos, el gobierno podría gastar hasta 300 mil millones de pesos para controlar la inflación este año.

Cuidado porque, al final, la economía siempre le gana a la política. Los recursos públicos se agotan. No hay bolsillo que aguante. Mucho menos el de un subsidio tan irracional e injusto como el de las gasolinas.

Astillero

Revocatorio: la oposición en su laberinto // Excusas disparatadas // “¡N’ombre: son unos genios!” // PRI declara guerra

Julio Hernández López

La Jornada

A dos semanas de que se realice el ejercicio de revocación de mandato, los opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador siguen sin encontrar una salida política decorosa a su incapacidad de organizar y darle cauce constitucional en urnas a la presunta inconformidad ciudadana con el actual habitante de Palacio Nacional.

La postura evasiva –una auténtica coartada– que han definido PAN, PRI y PRD, más empresarios y membretes coaligados, consiste en llamar a no votar el próximo 10 de junio, para propiciar así que el Presidente de la República cumpla a plenitud con su mandato casi sexenal (cinco años y diez meses de ejercicio) y, entonces, ¡poder fincarle responsabilidades por todo el periodo y no sólo por el que habría sido acotado por el ejercicio revocatorio! Como diría José Antonio Meade, candidato presidencial derrotado en 2018: “¡N’ombre: son unos genios!”.

El ejercicio revocatorio cuenta con todo el aval institucional para su realización. Los poderes concurrentes han dado su aprobación: Legislativo, Judicial, Ejecutivo y, entre litigios pero con aceptación de las resoluciones judiciales, el electoral. Una contienda original, la del presupuesto, ha sido resuelta por la Corte y asumida por el INE). Está pendiente el tema del decreto de interpretación legislativa sobre declaraciones en el tema de servidores públicos y legisladores (lo cual será resuelto por el tribunal electoral federal).

El laberinto del que no pueden salir tales opositores reside en el hecho de que están rechazando una vía constitucional legítima para botar del poder a un presidente que consideran nocivo para el país. Prefieren, dicen, esperar a 2024, como en la fábula del zorro que, al no alcanzar las uvas que deseaba comer, consideró que, en realidad, estaban muy verdes.

Frena, el organismo de oposición no partidista que dirige Gilberto Lozano, es el único que mantiene la postura de ir a votar, acusando a los demás adversarios políticos de AMLO de hacerle el juego o carecer de valor cívico.

Luego que pase el citado revocatorio, cuyo resultado apunta a ser totalmente favorable a la continuidad de López Obrador, esos opositores se enfrentarán al justificado señalamiento de haber desdeñado la oportunidad de organizar el supuesto rechazo fuerte a ese gobernante, para quitarlo del poder mediante una vía constitucional.

A propósito: es tan poca la relevancia actual del Partido Revolucionario Institucional, que poca atención mereció la virtual declaratoria de guerra política que el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, soltó contra el multicitado ejercicio de revocación de mandato y específicamente contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Riquelme, continuidad del cacicazgo de la familia Moreira en la entidad (aunque Humberto y Rubén estén distanciados), habló en presencia del dirigente nacional del partido tricolor, Alejandro Moreno, quien asintió el envío de metralla política contra Palacio Nacional. En otras circunstancias, habría sido una bomba política que un gobernador estatal hiciera declaraciones de tal calibre y el máximo líder priísta las avalara.

Hizo Riquelme un llamado a los priístas coahuilenses: No participemos en la farsa que se proponen montar el próximo 10 de abril (…) El cargo que nos otorga la democracia no es una investidura para cumplir caprichos personales, arbitrariedades y ocurrencias en perjuicio del pueblo.

El endurecimiento discursivo tiene como contexto la pretensión priísta de canjear votos en las cámaras federales a favor de la reforma eléctrica por la gubernatura de Hidalgo, donde se busca que quede Carolina Viggiano, esposa de Rubén Moreira, coordinador de los diputados federales priístas y, desde luego, por la propia gubernatura de Coahuila, enclaves priístas imbatidos hasta ahora.

Riquelme juega al policía malo, con el respaldo de Alejandro Moreno, aunque éste, el citado Moreira y José Murat (la triple eme, el verdadero mando trinitario del PRI) juegan al policía bueno, el negociador.

4T, combate al delito

Bernardo Bátiz V.

La Jornada

Está bien recordar que el primer párrafo del artículo 21 de la Constitución establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías y, párrafos adelante, otro apartado señala: la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial, esto, procesos y sentencias, toca a los jueces. A las autoridades administrativas les compete sancionar las faltas reglamentarias que no constituyen delitos, son violaciones menores como pasarse un alto o no barrer la banqueta de tu casa; ciertamente todo importa, pero mucho más que quien la haga la pague, quien cometa un delito sea sancionado. Eso se esperaba y eso espera la sociedad indignada.

De ello se ocupa el derecho penal. Pero solía suceder que quienes estaban al frente del Poder Ejecutivo atendían demasiados asuntos y los que podrían más detenidamente meditar sobre delitos e inseguridad, los congresistas o parlamentarios, andaban en grillas y negocios, en debates con sus colegas y viendo cómo llamar la atención de los medios. Así que, a uno y a otros, lo que primero se les ocurría ante una racha de delitos graves, cuando la opinión pública se inquietaba y reclamaba, era aumentar los años de cárcel; cuando había un crimen que ocupaba las primeras planas y los noticieros de televisión, de inmediato los legisladores incrementaban la pena por ese delito, de 30 a 50 años, y si ya estaba en 50, pues a 70. Cuando se denuncian secuestros y desapariciones, rápidamente las penas contra secuestradores se van hasta las nubes.

Los delitos deben ser sancionados, de eso no hay duda, debe haber prisiones, códigos penales y jueces severos, también buenos investigadores y policías sagaces y honrados; sin embargo, no es sólo con más policías, más cárceles o más años de prisión con lo que se puede detener la comisión de los delitos.

Investigar cuando se comete un delito, detener a quien lo cometió, presentarlo ante el juez, acreditar que es culpable y sentenciarlo a muchos años de cárcel no será suficiente para cambiar ni la realidad ni la percepción social dañadas por la inseguridad; se requiere algo más. Sí, perseguir, pero también prevenir. Los delitos tienen causas, hay ambientes que los propician; no sirve de mucho detener a un delincuente y dar la espalda a los problemas sociales, económicos, de marginación e ignorancia que provocan la generación de las faltas graves en contra de la colectividad.

Durante muchos años, sólo se pensó en reprimir y no en prevenir; afortunadamente, el actual gobierno, sin descuidar la investigación y la sanción a quienes violan la ley, se ha preocupado también por abatir las causas de la inseguridad y modificar las realidades que generan procesos antisociales.

Los programas de apoyo a las familias, especialmente a los adultos mayores y a las personas con capacidades diferentes, a las madres solteras, a los estudiantes de bajos recursos y otros grupos vulnerables han sido muy útiles para modificar los ambientes donde se cierran las puertas y parece que no queda otra salida que la de la delincuencia (organizada o no). ¿Qué le podemos pedir a un muchacho que está pasando de la adolescencia a la juventud y que no recibe nada de la sociedad? Si no hay escuela para él ni trabajo, sin ambientes en los que perciba solidaridad o disfrute de la cultura, se le cierra el mundo.

Este gobierno tomó el camino correcto. Se creó la Guardia Nacional, se hicieron campañas anticorrupción en el Poder Judicial y simultáneamente se combatieron las causas, se procuró extinguir los caldos de cultivo de la inseguridad que son la marginación, la ignorancia, la pobreza extrema. Todo sirve para cambiar el ambiente propicio al delito y la inseguridad; desde las becas a los estudiantes, el programa Sembrando Vida y el de Jóvenes Construyendo el Futuro.

También cuentan la Cartilla Moral, el buen ejemplo, recordar que la corrupción es como las escaleras, se barre de arriba a abajo. Y dar la cara, explicar, contestar preguntas, debatir, una y otra vez, todos los días. Decir que son mejor remedio para los males de la inseguridad y la violencia los abrazos, en lugar de los balazos; no reprimir y debatir, aun cuando de ambos lados se calienten los ánimos.

La secretaria de Seguridad, una de las valiosas mujeres de este gobierno, Rosa Icela Rodríguez, informó hace poco cómo van cambiando las cosas y las medidas preventivas y correctivas, combinadas, dan sus frutos. Ya se nota el efecto pinzas, perseguir y sancionar cuando ya se cometió el delito, sin olvidar prevenir para que no se vuelva a cometer. Los resultados fueron puestos a la vista: disminución de homicidios dolosos, de 2015 a la fecha, 26 por ciento; en delitos federales, en lo que va del sexenio, una baja de 33 por ciento, 30 por ciento menos en delitos contra la salud (drogas), fiscales, 22 por ciento abajo y en el fuero común nacional, el flagelo del robo, en todas sus variantes, en febrero de este año, 35 por ciento menos respecto del mismo delito en un máximo de 2017.