Lo que dicen los columnistas

El iceberg

Javier Sicilia

Proceso

Calderón, Peña Nieto y López Obrador se parecen al capitán del Titanic, Edward John Smith –que no dio importancia a los iceberg en su viaje inaugural– pero en peor. Uno y otros no han dejado de estrellar a México contra el iceberg del crimen organizado y lo han llevado a su hundimiento.

Un sistema político consagrado al naufragio se empeña instintivamente en acelerar su hundimiento.

Sartre.

El 15 de abril de 1912 el Titanic, el barco de pasajeros británico más grande y poderoso construido hasta entonces, se estrelló en su viaje inaugural contra un iceberg en el océano Atlántico. La tragedia, que aún en nuestros días suscita asombro, se debió al desprecio por los icebergs, esos inmensos bloques de hielo que se desprenden de los glaciares y se desplazan hacia las latitudes medias de los mares.

El capitán del Titanic, Edward John Smith, sabía que transitaba una zona plagada de ellos, pero no les dio importancia. Mantuvo la velocidad de crucero, que entonces era de 22 nudos (un poco más de 40 km por hora) en ese tipo de zonas, y confió en que los vigías del puente permitirían sortearlos. Para el capitán, como para la tripulación y la mentalidad de la época, los icebergs eran meros escollos, cuya peligrosidad no afectaba a esos barcos monstruosos. La historia, como la de la embarcación alemana Kronprinz Wilhelm, que en 1907 chocó contra uno, logrando mantenerse a flote y concluir su viaje, parecía no sólo confirmarlo sino convertir la premisa en un acto de fe. Lo dijo poco antes de la trágica travesía el capitán del Titanic: “No puedo imaginarme ninguna condición que cause el naufragio de un barco. La construcción moderna de buques ha ido más allá de ello”.

Calderón, Peña Nieto y López Obrador se parecen a Smith, pero en peor. Uno y otros no han dejado de estrellar a México contra el iceberg del crimen organizado y lo han llevado a su hundimiento. Calderón fue directamente a chocar contra él, no con una tripulación de expertos distraídos en su soberbia, como la que tenía el Titanic, sino de corruptos y criminales. Peña Nieto hizo lo mismo, pero sin hablar del iceberg que ya estaba incrustado dentro de la armazón del barco. López Obrador, teniendo esos antecedentes, tampoco limpió su tripulación de corruptos y criminales, pero decretó la inexistencia del iceberg y duplicó, con su supuesta Cuarta Transformación, la velocidad de crucero. La consecuencia es que esta vez el iceberg alcanzó el nivel de flotación del país. Al igual que Smith, Calderón y Peña Nieto imaginaron, desde su soberbia, que nada podía causar el naufragio del Estado. La de López Obrador, que frisa la perversidad, cree que “la construcción de la 4T ha ido más allá de ello”.

La densidad del iceberg es, sin embargo, más profunda de lo que obstinadamente se ha empeñado en negar. El iceberg contra el que chocó el Titanic tenía 30 metros de altura, 13 menos que la del barco. Pero su peso era de casi 148 mil toneladas más. El iceberg contra el que México chocó desde 2006 no es menos terrible. Desde entonces, organizaciones de víctimas y de derechos humanos han encendido las alarmas tanto aquí como en Estados Unidos. Pero sólo hasta ahora en que el naufragio no puede ya soslayarse, los Estados Unidos han comenzado a hablar abiertamente de su densidad. El reciente reporte anual de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos sobre la evaluación de amenazas para su país, del que Raymundo Riva Palacio hizo un certero análisis en su columna (El Financiero, 10/03/2022), compara su densidad con el terrorismo de Al Qaeda y de los Estados islámicos, y lo ejemplifica con la participación del crimen organizado en los procesos electorales, que cobró la vida de más de 60 políticos en los comicios de 2021.

Para completar el tamaño del iceberg agreguemos los territorios tomados por el crimen organizado (entre 30 y 35%, como lo evidencia el estado de desamparo en que se encuentran cientos de poblaciones en el norte, el centro y el sur del país), el alto porcentaje de gobernadores y presidentes municipales coludidos o sometidos por las organizaciones criminales, las  masacres (más de 30 en el gobierno de AMLO), los más de 300 mil asesinados desde Calderón a la fecha (105 mil 804 de ellos sucedidos desde diciembre de 2018 a diciembre de 2021), la descomposición moral del país (los ejemplos más visibles: lo sucedido en el estadio de la Corregidora en Querétaro y las decenas de crímenes no imputados a los cárteles que suceden a diario); los miles de feminicidios denunciados en la reciente marcha del 8M; las más de 4 mil fosas clandestinas identificadas, los más de 100 mil desaparecidos, los 150 periodistas y activistas asesinados sólo en los últimos tres años…

En el caso de México no se trataba de eludir el iceberg, como correspondía al capitán y a la tripulación del Titanic, sino de evitar que el iceberg adquiriera la densidad que describo. No lo hicieron. Tanto Calderón como Peña Nieto nunca limpiaron su gabinete y sus partidos de criminales. AMLO tampoco lo hizo y, como sus antecesores, ha mantenido una casi total impunidad en la persecución del crimen. A semejanza suya, tampoco creó una política de seguridad, verdad, justicia y paz. Lejos de ello, dejaron crecer el iceberg y después de chocar contra él no sólo continúan despreciando sus estragos, sino colaborando, en sus disputas, con el total hundimiento del país.

De seguir así, el desastre será absoluto y lo único que quedará es un mundo de náufragos a la deriva, junto a un montón de cadáveres en un mar helado y vacío.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México.

Juegos de poder

¿Cómo se entera el Presidente de la verdad?

Leo Zuckermann

Excelsior

¿Un Presidente tiene amigos que le digan la verdad? Difícil en un ambiente de tantos intereses como es la política. Bien decía el mandatario estadounidense Harry Truman que, “si quieres un amigo en Washington, cómprate un perro”.

No obstante, el individuo que ostenta el cargo de jefe de gobierno sí puede (y debe) tener amigos. Alguien que no solo lo acompañe en el difícil tránsito de la Presidencia sino que, como buen amigo, le diga sus verdades por más dolorosas que sean. Esto es muy importante en la medida que los mandatarios están rodeados de gente que sólo les hace la barba y les dicen que sí a todo. Los gobernantes necesitan un confidente que lo desafíe con la verdad.

La pareja puede desempeñar este papel.

Ciertamente puede haber subordinados del Presidente que lo enfrenten con la verdad. Hay ejemplos históricos, nacionales e internacionales, que así lo demuestran. Pero también es cierto que, por cada subordinado que hay con la honestidad de manifestarle la verdad al Presidente, hay diez barberos que se la pasan adulándolo y diciéndole lo que quiere escuchar. Existen muchos más casos históricos que así lo prueban.

Para el Presidente, otra manera de saber la verdad es por medio de la prensa, siempre y cuando exista libertad de expresión en el país en cuestión. Imposible que el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, se entere de algo nuevo que no sepa leyendo la prensa de su país controlada por el gobierno. En cambio, en Alemania, por poner un ejemplo de país democrático con libertad de expresión, el canciller Olaf Scholz sólo tiene que leer los múltiples diarios que se publican en aquella nación para saber si la está regando o no.

El presidente francés François Mitterrand afirmaba que uno de los secretos para tener éxito en el poder era leer todos los días la prensa, por más tormento que fuera. Una prensa libre es fuente inagotable de información de todo gobernante. Eso no lo tienen los gobernantes autoritarios. Mao Tse Tung, por ejemplo, se tardó mucho tiempo en enterarse que había hambrunas en ciertas regiones de China; ningún subordinado se atrevió a informárselo y, desde luego, la prensa controlada por el Partido Comunista nunca lo reportó.

Esto todavía no ocurre en una democracia con prensa libre como en México. Aunque hay muchas presiones desde el poder, tal cosa existe a nivel nacional, por lo que el Presidente puede enterarse en ciertos medios de lo que está ocurriendo en el país.

Sabemos que el presidente López Obrador hace tremendos corajes todos los días cuando ve las notas que no concuerdan con lo que él cree que está ocurriendo. Vicente Fox, en cambio, confesó que él mejor ya no leía los periódicos: prefería foxilandia a la dura realidad.

En todas las democracias existen organizaciones de la sociedad civil que generan estudios independientes sobre temas públicos relevantes. Es otra forma que tiene un gobernante para informarse. Afortunadamente, en México todavía tenemos organizaciones de este tipo que pueden ser utilizadas por el Presidente como fuentes alternativas de información. Desgraciadamente, como ya sabemos, a AMLO tampoco le gustan estas organizaciones cuando contradicen su versión de los hechos.

A final de cuentas, el tema es si un Presidente tiene la voluntad o no de enterarse de la verdad, ya sea por medio de un amigo, colaborador responsable, la implacable prensa de una nación libre u organizaciones civiles autónomas.

Al respecto, cito la siguiente historia de un libro de Jim Collins:

“Winston Churchill entendió el problema de su personalidad fuerte y la compensó muy bien durante la Segunda Guerra Mundial. Churchill tenía una visión fuerte y tenaz: que Gran Bretaña no sólo sobreviviría sino prevalecería como una gran nación […] Armado con esta visión firme, Churchill nunca se negó, sin embargo, a enfrentar los hechos más brutales. Temió que su enorme y carismática personalidad hiciera que no le llegaran las malas noticias en su forma más cruda. Así pues, temprano en la guerra, creó un departamento separado de la cadena de mando normal, llamada Oficina de Estadística, enteramente dedicado a alimentarlo de los hechos más brutales de la realidad, sin filtros y actualizados. Confió mucho en esta unidad especial a lo largo de la guerra, solicitando repetidamente los hechos, sólo los hechos. Con los tanques nazis barriendo Europa, Churchill se iba a la cama y dormía profundamente: ‘no tenía necesidad de sueños esperanzadores’, escribió”.

Un Presidente puede tener convicciones inamovibles. Pero también debe abrigar la voluntad de escuchar la verdad por más dura que sea para su proyecto.

Número cero

El silencio del Presidente

José Buendía Hegewisch

Excelsior

El silencio del Presidente sobre el escándalo Scherer-Gertz es letal para la justicia porque la deja hundirse en prácticas mafiosas. La intención de silenciar las denuncias del exconsejero jurídico, Julio Scherer, sobre extorsión, desde el poder, en grandes casos penales, compromete su palabra y la credibilidad de su gobierno. No puede dejar de fijar postura ante sus acusaciones contra la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el fiscal general, Alejandro Gertz, sin arriesgar su promesa de transformación.

Las acusaciones y denuncias son graves, pero las deja pasar sin explicar sus riesgos y consecuencias perjudiciales, como si se tratara de un vulgar asunto de barandilla de abogados leguleyos. Le parece suficiente castigo que sus pugnas políticas se hayan hecho públicas, como si bastara como sanción a conductas que configuran posibles delitos entre tres de las personas que mayor poder han tenido en su gobierno, sin reparar en el daño a la reputación de la 4T y de la justicia.

El Presidente dice “no me quiero meter en esas diferencias”, como si pudiera ser ajeno o reducirse a un conflicto entre particulares que, en todo caso, corresponde investigar al Ministerio Público. La responsabilidad política del gobierno es del jefe del Ejecutivo, quien nombró a todos los implicados en el primer círculo de su administración, incluido el fiscal, al que sólo él puede remover del cargo.

En efecto, la ley orgánica de la primera Fiscalía autónoma dejó en manos del Presidente su propuesta de nombramiento y remoción, con el respaldo de la mayoría calificada del Senado. Por eso no puede refugiarse en el silencio o minimizar como un asunto de “escándalo y sensacionalismo” de los medios, sin abrir la especulación de compromisos opacos o información comprometedora con el fiscal. Dejar de fijar posición no evita el daño por acción u omisión en un caso que, además, compromete la narrativa presidencial sobre el fin de las prácticas mafiosas en el poder de gobiernos anteriores, a los que, en este caso, no puede endilgarles la culpa.

Entre éstas, acusaciones sobre despachos de abogados que trafican influencias y extorsionan con la promesa de beneficios del poder, como denuncia desde la cárcel Juan Collado, el poderoso abogado de la “élite”. Junto con el gravísimo asunto del espionaje al fiscal, que sitúa el escándalo al nivel de amenaza a la seguridad interior y que podría haber salido del mismo gobierno. Vale recordar que la omerta es el código mafioso que prohíbe informar de actividades delictivas y que, en el caso de servidores públicos, constituye delito.

La trama es muy compleja. Scherer, en un testimonio escrito, acusa a Sánchez Cordero y a Gertz de confabularse para perseguirlo con un “modus operandi” de extorsión repetido en los casos penales más grandes del sexenio, como el de Juan Collado, la cooperativa Cruz Azul o Viaducto Bicentenario. Por su parte, Gertz acusa también una “extorsión” mediática por la filtración de una grabación cuyo contenido —confirmado por él— revela abuso de poder contra su familia política en el caso de Alejandra Cuevas. Y Sánchez Cordero dice confiar en la investigación de la Fiscalía, juez y parte en este caso, además de situarse en el lado de la confabulación que denuncia Scherer.

¿Quién puede investigar estas acusaciones para que no quede en un careo entre Scherer y Gertz, que es lo que propicia el silencio presidencial? El fiscal, como ahora piden legisladores de Morena, tendría que separarse del cargo, al menos, mientras se investigan las denuncias porque el procedimiento estaría viciado si él resultara su propio juez.

Su actuación está severamente cuestionada por tratar de mantener en prisión a Alejandra Cuevas, quien podría salir libre gracias a un fallo de la Corte si no encuentra delito en la acusación de homicidio por la muerte del hermano del fiscal. Ello supondría un duro revés a Gertz y a la promesa de acabar con el abuso de poder en la procuración de justicia con la autonomía de la Fiscalía. Pero sería mucho más grave para el gobierno sostenerlo con el silencio de quien ve transgredir la justicia y no acude a denunciarlo. Este es el mayor dilema que enfrenta el Presidente, acabar por ser rehén de las circunstancias por administrar el conflicto o tomar el pulso de los signos vitales de la justicia porque, sin ella, ningún cambio de régimen puede llevar más que a la decepción.

Ruta golpista, simulación e impunidad

Abraham Nuncio

La Jornada

¿Cuáles son las condiciones para que una Constitución pierda vigencia? Son dos, concurrentes, las que se han presentado en la historia de otros países y en el nuestro. En Francia, claro antecedente, la Constitución de 1791 establecía una monarquía constitucional. Al degüello de Luis XVI, la monarquía quedó abolida de facto. La doble crisis política y constitucional no se hizo esperar y esa Constitución perdió sentido. Francia inauguraría en Europa, poco después, el régimen republicano.

La revolución convocada por Madero se proponía restaurar la legalidad. Pero ya las demandas del país desbordaban su perímetro liberal. La segunda lucha antidictatorial y la consecuente sangre vertida motivaron nuevas exigencias populares que requerían un nuevo marco jurídico nacional. Así, fue convocado un constituyente de cuyas luces resultó dotada la nueva Constitución de 1917.

Como rayo en cielo sereno, Samuel García, gobernador de Nuevo León, anunció, a fines de 2021, su propósito de impulsar una nueva Constitución para el estado aduciendo la obsolescencia de la vigente. Era necesario tener una Constitución para el siglo XXI, afirmó. En el documento que envió al Congreso para ser dictaminado se dice que las fuerzas políticas de la entidad exigieron una nueva constitución.

Esas fuerzas participaron, según el gobierno de García, en 10 foros que deliberaron sobre el tema entre 2018 y 2019. Foros privados, pues la población nunca se enteró del proyecto grupuscular tras el gobierno: los empresarios que mandan en el Consejo Nuevo León y en la oficina del gobernante de turno, más sus comparsas parlamentarias, de la administración pública y del ámbito civil.

Sin mayor discusión por la mayoría bipartita PAN-PRI y los pegotes de siempre (ahora, visiblemente, Movimiento Ciudadano), la propuesta fue dictaminada en el Congreso, que se anuncia como parlamento abierto. La sesión se desarrolló a puerta cerrada.

Si una iniciativa semejante la tuviera el Ejecutivo federal, ya veríamos a la derecha heredera de la del siglo XIX quejándose con cualquier Napoleón III contemporáneo.

Técnicamente es la ruta de un autogolpe de Estado donde el gobernador decide, por decreto, que Nuevo León requiere una nueva Constitución. El Congreso del estado, tornándose en un órgano subordinado, y los demás poderes constituidos, acatan su decisión. Se erigen en poder constituyente, dentro de la actual Constitución para reformarla íntegra –derogarla– y seguir gobernando, como poderes constituidos, de acuerdo con la nueva Constitución a modo.

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, ex gobernador, permanece en prisión a iniciativa del actual por diversos cargos. Recibe los tomatazos, mientras los conductores del Consejo Nuevo León, responsable de sus estrategias, lo siguen siendo de las del gobierno de Samuel García. ¿Ellos no son responsables de los presuntos delitos cometidos por El Bronco? Ese consejo se asume ciudadano. ¿No debió hacer públicas las desviaciones que la ciudadanía advirtió desde las primeras semanas de su gestión? Simulación e impunidad.

Hay elementos en ese intento del gobernador García que nos golpean como piedras a los ojos –diría el poeta–. En el artículo 233 se dice lo mismo que en el 153 de la Constitución vigente: Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor ni aun en el caso de que por alguna rebelión se interrumpa su observancia. Pero la invitación está hecha: un próximo gobernante podrá hacer igual: pasarse por el arco ese candado.

¿No habría sido honesto y más económico reformar a la actual Constitución estatal para sintonizarla con los cambios sociales argüidos? Al final, como observó la diputada morenista Jessica Martínez –insular, congruente y responsable–, el texto de la nueva Constitución contiene 90 por ciento de la Constitución vigente, el otro 10 por ciento es copia de la de Ciudad de México y sólo agrega una treintena de artículos novedosos.

El texto constitucional propuesto pretende dar facultades a la administración para imponer medidas que la Constitución federal no concede expresamente a otras autoridades y aquellas que se señalan en el texto del Ejecutivo estatal (artículo 1). Será una puerta ancha por donde se introduciría la legalización o legitimación de prácticas antipopulares que ya se efectúan. Por ejemplo: cortar desde hace semanas el servicio del agua a una zona pobre –San Pedro 400, donde no hay piscinas como en el San Pedro de los ricos–; elevar el impuesto predial, como en Guadalupe, entre 100 y 600 por ciento, o garantizar que el suministro del agua permita que cinco embotelladoras consuman más de cuatro veces el gasto del líquido de la población del Monterrey metropolitano, mientras a ésta se lo racionan.

De la asesoría de Procusto. La nueva Constitución no acepta el discurso único y no propiciará la discriminación ni la intolerancia, pues pretende ser plural. Con una salvedad: se pueden lograr acuerdos, dice, donde los únicos que puedan llegar a ser excluidos sean los violentos e intolerantes o los que tengan visiones totalitarias de las ideas. O sea: quienes critican al discurso único del proyecto y sus autores.

El fiscal Gertz y la frágil promesa de un Poder Judicial autónomo

Mario Patrón

La Jornada

En las semanas recientes, justo en vísperas de la consulta de revocación de mandato, han emergido en la escena pública evidencias de pugnas entre personajes de los más altos círculos del poder político, que vuelven a dejar expuesta ante la mirada pública la condición de extrema fragilidad que aqueja a la autonomía de los poderes de la Unión.

El pasado sábado se sumó a las numerosas polémicas protagonizadas por el fiscal Alejandro Gertz Manero durante su gestión, una carta publicada en el semanario Proceso por Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de López Obrador, quien ha sido acusado por la fiscalía de extorsión, asociación delictuosa y tráfico de influencias. En su extenso testimonio, Scherer Ibarra sostiene ser víctima de una confabulación extorsiva articulada por Gertz y la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El testimonio busca mostrar los nexos entre ambos funcionarios para la ejecución de un modus operandi reiterado en diversos casos con el propósito de perjudicar al ex consejero jurídico del Presidente.

Más allá de la veracidad de las revelaciones de Scherer, su testimonio ilustra la pervivencia de un modo de proceder en que entran en juego relaciones, nexos e influencias efectivas entre funcionarios de distinto orden que ponen en duda la imprescindible autonomía e imparcialidad de los poderes de la Unión. Dicha evidencia está precedida por la filtración a los medios de una llamada entre Gertz y su subprocurador, Juan Ramos López, en la cual el fiscal critica el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán sobre el caso promovido por él por el presunto homicidio por omisión de su hermano Federico Gertz, del que responsabiliza a su cuñada Laura Morán y su sobrina política Alejandra Cuevas.

El desempeño de Gertz a cargo de la fiscalía ha estado cubierto por un manto de sospechas y críticas, ya sea por el trato otorgado a Emilio Lozoya, como por las denuncias promovidas por él contra investigadores y ex funcionarios del Conacyt, quienes previamente se habrían opuesto al nombramiento de Gertz como investigador de nivel III del Sistema Nacional de Investigadores, entre otros. Hasta hoy, y no obstante los escándalos en que se ha visto involucrado, el presidente López Obrador le ha ratificado su confianza.

Los cuestionamientos recientes tienen enormes implicaciones sobre la salud de nuestro sistema democrático; la filtración del telefonema deja de manifiesto no sólo que el fiscal tiene acceso anticipado a los proyectos que trabaja la SCJN, sino que también mantiene contacto con otros ministros y con el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, que suponen serios indicios del ejercicio de una indebida influencia sobre el curso de las resoluciones de la Corte. Asimismo, el entramado de relaciones e influencias al que alude profusamente en su carta Scherer, serían también atentatorios de las premisas básicas de la justicia que debe garantizar cualquier régimen auténticamente democrático.

Ambos episodios, más el largo listado de escándalos, plantean dudas serias por una parte, sobre la promesa de transición del Poder Judicial y, por otra, sobre la nueva fiscalía autónoma que acompañó el nombramiento de Gertz Manero.

Los episodios reseñados, no obstante su gravedad y lo que está en juego, han sido minimizados por un titular del Poder Ejecutivo que parece no aceptar plenamente su responsabilidad en el cuidado de la legitimidad de ambas instituciones; a contrapelo, cabe recordar aquí el proyecto de reforma presentado por el Presidente a través del cual buscaba que se añadiera un artículo transitorio que extendiera el mandato de Zaldívar al frente de la SCJN.

Dicha moción no prosperó y ahora transcurre el último año de Zaldívar como ministro presidente de la SCJN y con ello viene la inevitable pregunta: ¿cómo será recordado? Hoy, quizá más que nunca, como hemos dicho aquí en otras ocasiones, Zaldívar tiene frente a sí la oportunidad de reivindicarse como el jurista autónomo y progresista que, en un contexto ciertamente complejo y marcado por una hiperconcentración del poder, decidió dar un paso decisivo en favor de la autonomía del Poder Judicial y ejercer el difícil pero honroso papel de legítimo contrapeso del Poder Ejecutivo. Si ello no ocurre, la figura de Zaldívar irremediablemente se disolverá en la tradición predominante de ministros apegados al poder presidencial, que pasaron por alto la colusión de intereses entre poderes y poderosos para garantizar la continuidad del statu quo.

En vísperas de las controversias constitucionales, amparos y temas estructurales que se definirán en la Corte, con los que se delinearán importantes condiciones para el futuro de nuestro país, es imperativo refrendar la importancia de la autonomía del Poder Judicial. También lo es recordar que sigue en vilo la promesa de una fiscalía autónoma, especialmente en el contexto de un país en el que dolorosamente prevalece la impunidad, a contrapelo de la narrativa oficial. Finalmente, y a poco más de tres años de la conclusión de su mandato, también hay tiempo suficiente para que el titular del Ejecutivo honre en los hechos y activamente su reiterado compromiso de respeto a la autonomía e independencia de los poderes, como condición de posibilidad imprescindible para acabar con la corrupción e impulsar el Estado democrático de derecho.