Al iniciar la otra mitad
Julio Faesler
Excelsior
La primera mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador deja clara su preocupación primordial de realizar una transformación profunda de la manera de vivir de todos los mexicanos, en la que la atención a los sectores más empobrecidos ocupa su prioridad. Distribuir poder de compra a través de programas sociales y mantener controlada la inflación han sido las armas elementales. Con ello se marcó un statu quo al deterioro del nivel de vida que se acentuaba desde mucho antes. El precio fue un estancamiento de crecimiento. Además, la irrupción de la pandemia a principios de 2020 vino a resquebrajar cualquier posibilidad de remedio a la caída vertical que se produjo.
Si bien todos los países, sin excepción, padecieron el mismo fenómeno, sus reacciones fueron distintas y en varios casos, como los europeos y Estados Unidos, sus gobiernos buscaron instrumentos de respaldo a las personas y a las empresas para mitigar los efectos de condiciones generales de recesión agudizadas por la pandemia.
En lo referente a lo económico, nuestra caída en producción y empleo fue sensible, aunque en lo referente al comercio exterior los daños no fueron tan graves debido a que la fortaleza del mercado norteamericano, que absorbe más del ochenta por ciento de nuestras exportaciones. El grueso de éstas se ha concentrado en las de las grandes empresas industriales internacionales y las ventas agrícolas de frutas y legumbres.
Dentro de las exportaciones industriales, el bajo contenido de insumos y componentes nacionales fue un facto continuo. Hubo carencia de una política de apoyo financiero a la producción, particularmente de las pymes, que constituyen la inmensa mayoría de las plantas industriales del país y que mucho sufrieron por la recesión y la pandemia, lo que impidió que éstas pudieran ya no aumentar el porcentaje de composición nacional, sino ni siquiera salir de su recesión.
Los requisitos de composición “regional” que estipula el T-MEC son un elemento que facilitará fortalecer el rendimiento de las exportaciones nacionales en términos de empleo.
Una lección que dejan los tres años trascurridos de esta administración es realizar una vigorosa inyección financiera de capital de trabajo a las industrias nacionales. Hacerlo inteligentemente, utilizando los fondos internacionales, sería constitucionalmente aceptable. Ésta sería una buena inversión como centro del programa de la revitalización económica.
De seguir la línea política actual de no apoyar la producción y por ende promover la creación de empleo, continuaremos confirmando nuestra dependencia en las actividades extranjeras.
La distribución del subsidio a la pobreza es una política positiva, no así la insistencia en los grandes proyectos icónicos, discutibles y controvertidos y de crecientes costos presupuestales. Habría sido más juicioso distribuir su importe en tareas de capacitación y nuevas producciones agrícolas e industriales.
La lucha contra la desigualdad socioeconómica ha sido insuficiente. Hay tiempo en los tres años que faltan para redirigir las políticas completando faltantes.
En el curso de los tres años transcurridos, es patente que el gobierno mexicano ha aceptado serios compromisos con Estados Unidos en el marco del propósito de consolidar su hegemonía y consecuente rivalidad frente a China.
En este sentido, es de máxima importancia que en los tres años que vienen López Obrador emprenda vigorosas decisiones para consolidar la fuerza económica de México, unificando la comunidad nacional en lugar de insistir en dividirla en bandos contrarios. La integración de intereses que se ha ido remachando a través de los acuerdos
norteamericanos no deben significar la absorción de nuestra personalidad como país ni perder nuestra cultura ni nuestras aspiraciones nacionales. En realidad, ésta sería no sólo la transformación de México, sino su verdadero rescate.
Corolario
Informe presidencial y los retos por venir
Raúl Contreras Bustamante
Excelsior
La teoría de la constitución enseña que la división de Poderes fue concebida como una forma de equilibrar y limitar al poder político. En los sistemas presidenciales, como el nuestro, se instituyó la figura del informe presidencial, que algunos doctrinarios encuentran como un acto de legitimación del poder presidencial; en tanto que otros apuntan en la dirección contraria y lo ubican como un ejercicio de rendición de cuentas y de colaboración entre los órganos de poder.
Previsto por el artículo 69 de nuestra Carta Magna, el informe presidencial se debe presentar por escrito cada año ante el Congreso de la Unión, el mismo día de la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias, manifestando el estado general que guarda la administración pública del país.
Con base en lo anterior, el titular del Ejecutivo federal envió al Congreso de la Unión el 1º de septiembre —a través del secretario de Gobernación recién nombrado— su Tercer Informe de Gobierno y unas horas antes ofreció desde Palacio Nacional un mensaje, donde destacó puntos interesantes.
Expuso, entre otros datos, los siguientes: al menos el 70% de los hogares está inscrito en un programa de bienestar o se beneficia del presupuesto nacional; están terminadas o en proceso de construcción 140 universidades públicas; se han recibido más de 103 millones de vacunas contra covid-19; han bajado la mayoría de los delitos del fuero común y federal, la economía crecerá alrededor del 6% este año, por citar algunos de los que más llaman la atención.
Los esfuerzos y afanes del Presidente de la República por favorecer a los pobres y combatir la desigualdad social presentan grandes retos por venir en la última parte de su gobierno.
La pandemia —aún padecida— nos recuerda la importancia permanente de temas vitales, como la salud y la educación, pues son componentes indispensables para mejorar la competitividad de un país y reducir las diferencias sociales. No es retórica discursiva, sino una realidad que los indicadores reconocen como detonadores del desarrollo.
De acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal 2021, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, se advierte una relación directa entre los niveles de escolaridad y acceso a la salud de la población, con la competitividad de cada una de las entidades federativas.
En nuestro país, el promedio de escolaridad en la población —de 25 años o más— es de 7.9 años. En la CDMX —la entidad con mayor escolaridad— el promedio es de 10.1 años, mientras que en Chiapas se registra de sólo 5.7 años.
Y es que México sigue siendo un país de marcados contrastes, pues también sostiene que el 60% de la población ocupada en Nuevo León tiene acceso a instituciones de salud, mientras que el mismo acceso sólo es posible para el 16% de ese segmento de la población en Chiapas: dos realidades en extremo diferentes.
Si aspiramos a un desarrollo duradero y sostenible, será porque hemos comprendido a cabalidad que es necesario saldar la deuda histórica que en materia de educación y salud
tenemos, pues las desigualdades, los estigmas y las discriminaciones encuentran tierra fértil en el debilitamiento de estos derechos.
La lacerante realidad demuestra que los problemas de desigualdad social siguen vigentes, por lo que deberemos esperar que las políticas públicas del Estado se enfoquen en garantizar el acceso a los derechos humanos a la educación y salud, pues son ellos la puerta de entrada al pleno ejercicio de un catálogo mayor de derechos.
Como Corolario, la frase del Premio Nobel de Literatura José Saramago: “Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos”.
Tareas legislativas pendientes
Miguel Concha
La Jornada
El pasado primero de septiembre tuvo lugar la sesión constitutiva de la LXV legislatura de la Cámara de Diputados. Con una conformación paritaria absoluta, los 500 legisladores de los siete grupos parlamentarios iniciaron los trabajos del primer periodo ordinario con una serie de tareas pendientes, especialmente en materia de derechos humanos.
Los retos y desafíos de esta legislatura son enormes, tal vez los más grandes en la historia de nuestra nación, ya que tienen ante sí una crisis de derechos humanos, caracterizada por el contexto de impunidad y corrupción estructurales, por la violencia sistemática y generalizada y por los delitos y graves violaciones a los derechos humanos, particularmente de grupos que de siempre han sido colocados en situaciones de vulnerabilidad. Esta crisis se refleja también en los constantes feminicidios, las desapariciones forzadas de personas y la crisis forense.
De igual forma, en las recurrentes agresiones y asesinatos de personas defensoras y periodistas, por mencionar las más problemáticas que se conocen bien, desde la modesta e importante labor que realizan las personas y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y a la construcción de paz. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la LXV legislatura debe priorizar, entre otras, tres tareas: el fortalecimiento del sistema ordinario de administración e impartición de justicia, la conexión y consolidación de los sistemas creados para la protección de los derechos humanos y la relación entre el Estado mexicano y los colectivos de víctimas y las organizaciones sociales que los acompañan.
Sobre el sistema ordinario de administración e impartición de justicia, el acompañamiento a víctimas y sobrevivientes permite constatar la falta de voluntad política y capacidad institucional, la cual genera revictimización y recrudece el riesgo que atraviesan al buscar verdad y justicia. Por ello, el fortalecimiento de este sistema necesita el reconocimiento de la seria crisis de derechos humanos y los retos que se tienen en materia de investigación y sanción.
Es necesario que los legisladores pongan al centro el irrestricto respeto y garantía de los derechos humanos en cualquier tarea que realicen. Hemos de señalar también que el sistema ordinario de administración y procuración de justicia tal vez requiera, dado el momento complejo que enfrenta, de apoyarse en mecanismos extraordinarios y temporales que ayuden a esclarecer hechos y casos en los que personas y grupos han sido afectados por delitos y violaciones a sus derechos atendidos indebidamente. Sobre el fortalecimiento de los sistemas creados para el respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos, se requiere establecer de forma creativa la conexión y coordinación efectivas para un funcionamiento más eficaz de los mismos.
Entre éstos se encuentran el Sistema de Atención a Víctimas y el Sistema Nacional de Búsqueda. Vale la pena señalar que a propósito de la publicación del Programa Nacional
de Derechos Humanos para el sexenio actual, se fijó la meta de crear un Sistema de Derechos Humanos que desde el nivel federal ayudara a coordinar los esfuerzos del Estado mexicano a favor de ellos. Sería deseable que, revisando esta complejidad de sistemas, se concretara igualmente tan importante sistema como punto nodal en la coordinación interinstitucional.
Este andamiaje legal y de políticas públicas se vuelve infértil si las instituciones obligadas constitucional e internacionalmente para atender la crisis de derechos humanos no participan activa y de manera coordinada entre sí.
Acerca de la tercera tarea legislativa pendiente, es fundamental que esta legislatura priorice la implementación de alternativas extraordinarias que privilegien: 1. La participación de las víctimas y sobrevivientes como sujetos de exigencia en los procesos de búsqueda de la verdad y acceso a la justicia, así como la de las personas y organizaciones defensoras que las acompañan, y la de especialistas en el ámbito de la academia, y de organismos nacionales e internacionales independientes y autónomos, 2. La generación y acompañamiento de estrategias amplias y plurales que respondan a la diversidad de exigencias y necesidades de los sujetos, así como a la complejidad de las acciones para el esclarecimiento de la verdad, el acceso a la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Hoy más que nunca México requiere el estímulo y consolidación de articulaciones, organización y colectivos de la sociedad civil capaces de incidir en las decisiones públicas, para que la vida política no se reduzca a los actores tradicionales del sistema político. Se requiere que sea el pueblo quien hable, y que quienes gobiernan atiendan y trabajen con y por el pueblo, desde una perspectiva de derechos humanos.
