Lo que dicen lo columnistas

El Dalái Lama y la masculinidad sagrada

Bernardo Barranco V. | Proceso

La opinión pública mundial se cimbró con el video del Dalái Lama donde no sólo besó en la boca a un niño, sino que le pidió en público que le chupara la lengua, ante la algarabía y festejo de los ahí presentes.

La opinión pública mundial se cimbró con el video del Dalái Lama. Su santidad, como le llaman, no sólo besó en la boca a un niño, sino que le pidió en público que le chupara la lengua, ante la algarabía y festejo de los ahí presentes. El video fue filmado el 28 de febrero de 2023 durante una audiencia del Dalái Lama en McLeod Ganj, un suburbio de Dharamsala, en el norte de India, donde vive exiliado desde 1951, expulsado por el poder chino. De inmediato, los usuarios de internet reaccionaron. Pocos trataron de justificar el gesto, la mayoría lo descalificó con adjetivos como repugnante, inmundo y obsceno.

Tenzin Gyatso, de 87 años, es el decimocuarto Dalái Lama, líder espiritual y político del Tíbet. Encabeza el lamaísmo o budismo tibetano. El escándalo tiene muchas aristas para ser analizado. Desde las teológicas y culturales hasta las geopolíticas.

Tras la difusión del video, el jefe del gobierno tibetano en el exilio, Penpa Tsering, salió en defensa del Dalái Lama. Dijo que el video fue compartido por “fuentes prochinas” y que las críticas eran injustificadas. Hay una disculpa pública que argumenta que fue un acto inocente, sacado de contexto y remarca: “Su santidad el Dalái Lama siempre ha vivido en celibato y santidad como monje budista”. Dicha excusa irritó aún más a los detractores. Además, salieron otros videos donde se observa al Dalái Lama acariciando a una niña. Nuevamente el acto invisibiliza a los menores, que son los que menos importan, para centrarse en la justificación del adulto agresor que es poderoso y portador de una cultura religiosa.

Hay que recordar que las diversas corrientes del budismo suman cerca de 300 millones de personas en el mundo. En Occidente, desde la posguerra, el número de budistas ha crecido de manera acelerada. En Europa Occidental cuenta con 20 millones de seguidores y forman hoy 5 % de la población de clase media y media alta. En Estados Unidos el budismo tiene una gran implantación, de cerca de 5 millones de seguidores. Desde los sesenta hubo un enamoramiento budista. Este budismo occidental moderno ofrece una filosofía religiosa que no es dogmática ni culpígena, como el cristianismo y el islam. El budismo ofrece a los adherentes un razonamiento bondadoso y humanista que aspira a la trascendencia.

El periódico parisino Le Figaro (16/07/2015) retoma una encuesta internacional encabezada por YouGov, empresa de encuestas e investigación de mercado. Se preguntó a aproximadamente 25 mil personas en 23 países del mundo sobre las principales figuras que inspiran a la sociedad. En Occidente sobresalió el Dalái Lama como una de las personalidades más admiradas. Y así lo sentencia el periódico francés: “El índice de popularidad del Dalái Lama, Premio Nobel de la Paz en 1989, va en aumento. El líder religioso tibetano es considerado la personalidad que mejor encarna la lucha por la paz, la no violencia en el mundo, los valores humanitarios y la trascendencia”.

Sin embargo, en la misma Francia, en septiembre de 2022 salió a la opinión pública un documental crítico del lamaísmo tibetano en Occidente, llamado Budismo, la ley del silencio, de la periodista Elodie Emery y el documentalista Wandrille Lanos. Después de 11 años de investigación, los autores muestran dramáticas anomalías en centros budistas tibetanos que contradicen sus enseñanzas. Denuncian muchos abusos con humillaciones, violencia y abusos sexuales cometidos dentro de los centros budistas. Como en toda estructura religiosa, reina el silencio de las autoridades budistas que han guardado disimulo y sigilo durante mucho tiempo sobre estos temas. El documental reprocha el silencio y la falsa indiferencia del propio Dalái Lama. Con base en el documental, los autores publicaron este año un libro. Ahí son más explícitas las denuncias apoyadas en 32 testimonios de víctimas, algunos de ellos nunca antes publicados, sobre el funcionamiento de un sistema que, durante más de 50 años, ha encubierto las acciones reprobables de maestros y líderes budistas.

Uno de los casos es el del lama Sogyal Rimpoché, fundador de una docena de centros en Europa, entre ellos el emblemático Lerab Ling, en Roqueredonde (pequeña comuna francesa en Hérault). El documental muestra que Rimpoché vivía rodeado de un enjambre de dakinis, jóvenes mujeres a las que trataba, con el conocimiento de muchos, como esclavas sexuales y a las que maltrataba físicamente. Dichas denuncias preceden al escándalo del video actual. ¿Forman parte de una conspiración internacional financiada por China para deslegitimar el budismo en Occidente? Abuso sexual, manipulación mental y enriquecimiento y malversación son documentados. El budismo tibetano se ve sacudido por graves escándalos que levantan señalamientos severos sobre una religión, hasta hoy, venerada en Europa.

Occidente está muy lastimado por los escándalos de la pederastia clerical. Se entiende la reacción contra el Dalái Lama. Hay engaño, encubrimiento sistemático, la complicidad y la construcción amañada de una posverdad por parte de las estructuras religiosas. La actitud evasiva ha irritado el corazón mismo de la cultura traicionada. La violencia sexual contra menores ha desenmascarado, una vez más, la dislocación patriarcal de la Iglesia católica. La masculinidad sagrada justifica la potestad masculina como una hegemonía que viene de Dios. Siguiendo al teólogo Juan José Tamayo, la masculinidad sagrada, concepto de la teología feminista contemporánea, legítima todos los actos del varón, por muy perversos que sean. La masculinidad sagrada se convierte en condición necesaria para el ejercicio autoritario del poder. Este poder empieza por el control de las almas, sigue con la manipulación de las conciencias y llega hasta la apropiación de los cuerpos. “Es, sin duda –nos dice Tamayo–, la consecuencia más diabólica de la masculinidad hegemónica. Cuanto mayor es el poder sobre las almas y más tiránico el control de las conciencias, mayor es la tendencia a abusar de los cuerpos de las personas más vulnerables que caen bajo su influencia: personas crédulas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas discapacitadas”.

Los escándalos del video del Dalai Lama y las denuncias de los centros budistas tibetanos exhiben el déficit conceptual de la relación entre sexualidad y religión. Varias religiones e iglesias, como la católica, deben trabajar los vínculos entre el celibato y el patriarcado, la masculinidad sagrada y el poder. Lamentablemente se resisten.

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Retrovisor

Insabi: ¿enterrado el membrete se acabó la culpa?

Ivonne Melgar | Excelsior

Cuando más apurados estaban en defender organismos y programas de sexenios anteriores que el presidente López Obrador quiere eliminar, los diputados de oposición fueron sorprendidos con el inesperado deceso del Insabi.

Emmanuel Reyes Carmona (Morena), presidente de la Comisión de Salud, subió a tribuna para anunciar que la reforma a la ley en la materia era para sentar las bases de la concurrencia de la federación y las entidades en los servicios correspondientes. Y que, “para tal efecto, el Insabi desaparece y sus funciones se integran al IMSS Bienestar”.

De golpe, en un auténtico albazo legislativo, porque fue un dictamen que llegó un par de horas antes a San Lázaro, este martes 25 de abril las bancadas 4T jalaron el gatillo para darle muerte al Insabi, el Instituto de Salud para el Bienestar que ahí, en esa Cámara, Morena y sus aliados crearon en 2019 para que México tuviera un sistema de salud como Dinamarca. Tales fueron las expectativas presidenciales.

“Impulsar este proyecto es sumarnos a la política pública del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Que viva el IMSS!”, celebró Reyes Carmona.

Tenía la misma enjundia que el 23 de octubre de 2019, 42 meses atrás, cuando desde la misma tribuna festejó: “Desaparece hoy el Seguro Popular para darle paso a una institución de gran envergadura que se llama Insabi”.

La justificación oficial fue que los rezagos heredados y los intereses de las farmacéuticas impidieron concretar los objetivos del Instituto. Y que, además, se atravesó la pandemia.

La realidad es que su titular, Juan Antonio Ferrer Aguilar, nunca resolvió el problema del abasto. Y desde hace más de un año era Zoé Robledo, titular del IMSS, el responsable de tratar de sustituir los servicios que se canalizaban a través del Seguro Popular para la población que no es derechohabiente.

Además, varios de los malos augurios expuestos por la oposición en San Lázaro, hace tres años y medio, se cumplieron.

“Le rinden un homenaje a la incompetencia que jamás habíamos visto. Hoy muere el Insabi. Diría descanse en paz, pero no merece descansar en paz, porque fue un gran engaño; realmente jamás existió el Insabi”, resumió el diputado Jorge Triana (PAN).

Fue significativo el reclamo de Frinné Azuara (PRI), exfuncionaria del Seguro Popular y del IMSS Bienestar, y quien en 2019 fue parte de los votos a favor de la creación del Insabi, un dictamen que dividió a los priistas, quienes en su mayoría se abstuvieron o se ausentaron.

“El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que nosotros los priistas le entregamos a Morena fue de 102 mil millones de pesos para la atención de todo tipo de cánceres, enfermedades raras, VIH, infartos, hasta la fecha no sabemos en dónde pararon esos recursos”, cuestionó.

El exsecretario de Salud y extitular del Seguro Popular, Salomón Chertorivski, mostró las cifras del descalabro: mientras aquel esquema atendía en un año a 7 mil 406 mujeres con cáncer de mama, con el Insabi a 4 mil 600; y en los casos infantiles, el defenestrado Seguro daba tratamiento a mil 721 pacientes; la ocurrencia de este sexenio fue de sólo 368. Es decir, una caída de 79%. “¡Tres mil niñas y niños fallecieron por no tener medicamentos contra el cáncer!”, recordó el legislador de Movimiento Ciudadano.

Con cifras oficiales, el diputado de MC siguió con la escalofriante comparación: “Cuidados intensivos neonatales, 10 mil 525 atendidos con el Seguro Popular, 4 mil 389 atendidos por el Insabi, 58% menos. Tumor maligno de próstata, 889 atendidos por el Seguro Popular, 517 atendidos por el Insabi, 42% menos. Vacunas del virus del papiloma humano, 3 millones de dosis aplicadas con recursos del Seguro Popular, vacunas atendidas en el periodo del Insabi en el último año, 100 mil”.

El diputado Chertorivski les dio la razón a los autores del entierro: “Ha sido un fracaso monumental”. Pero ¿qué vamos a construir para sustituirlo?, preguntó al advertir que la nueva propuesta no tiene viabilidad.

El diputado Marcelino Castañeda (PRD) pronosticó al respecto: “Es darle más carga al Seguro Social, cuando está al borde de la crisis. En dos años, aquí se estará nuevamente discutiendo la desaparición”.

En pleno sepelio de lo que sólo fue una quimera, Ignacio Mier Velazco, jefe de la diputación mayoritaria de Morena, comentó: “Siempre es bueno rectificar, nunca es tarde”.

La duda es inevitable: ¿Es el Insabi el sello de la casa? ¿O se trata de un yerro aislado en medio del cambio de régimen?

Imposible responder ahora con evidencias.

Pero cuando le restan 18 meses al sexenio, también vale el cuestionamiento que exige una contestación urgente: ¿Se hará cargo la Auditoría Superior de la Federación al entregarle a la Cámara de Diputados el reporte forense del fiasco?

Porque, entre enero de 2020 y septiembre de 2022, se registró en México “un exceso de mortalidad” por todas las causas de 793 mil 625 fallecimientos.

Y, si vivimos en un Estado de derecho, se deben rendir cuentas, establecer responsables y saber qué tanto esa negligencia institucional es una de las causas que explicarían esa cifra que el Inegi difundió en febrero anterior.

¿O es que acaso con el entierro de un membrete basta, cuando durante su inepta existencia hubo miles de entierros de vidas humanas?

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El maratón en la Cámara

Julio Faesler | Excelsior

En una maratónica sesión de la Cámara Baja el pasado martes un blitz arrasó con doce leyes y reglamentos afectando una serie de actividades básicas del país con decisiones tomadas de bulto, como si fueran simples mercancías.

En esa acción demoledora, entidades e instituciones fueron desaparecidos, cambiadas o desviadas de sus objetivos tocando asuntos tan cruciales como el sistema de salud, el control de licitaciones del sector público, el transporte por tierra y de aire, el financiamiento de la agricultura, el régimen de enseñanza y de investigación, la sobrevivencia de entidades paraestatales y la extensión a las Fuerzas Armadas de los ingresos del turismo.

Los diputados de Morena, PT y el Verde Ecologista actuaron sin querer saber de lo que trataba, inclusive sin haber leído los textos, obedeciendo ciegamente la instrucción del Presidente. Nos falta conocer la reacción de los señores senadores.

El increíble fenómeno de un paquete de iniciativas exhibe la altivez dictatorial a la que ha llegado el líder supremo de la cuarta transformación.

Estamos frente a una nueva prueba de que la administración que se arrogó López Obrador es un intento de implantar una improvisada versión de una sociedad ideal que con estudiada retórica ha mesmerizado al sector más necesitado de la sociedad y, por ello, dispuesto a entregarse al que presentó un panorama de fácil superación y prosperidad, que se logra con el simple expediente de eliminar a los mejor situados.

La lección de 2018 es inevitable. El electorado mayoritario llevó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a individuos que han obrado sin responsabilidad y traicionando el compromiso que jamás entendieron. Los senadores de oposición que ahora se han plantado en la Cámara legislativa para enderezar el proceso que les llega de sus colegas son los que frenan este último acoso de irresponsable traición nacional.

Un electorado engañado más un líder populista incapaz de articular un programa coherente y operable son la ecuación que da como resultado el caótico estado que todos sin excepción vivimos. Dispendioso por error y, por la corrupción inherente heredada y ampliada en tráfico de toda suerte se muestra insensible al desmantelamiento del Instituto Nacional Electoral, Inai, Insabi o Conacyt, o a solidarizarse con Ucrania.

Es un hecho que el voto popular entregó la Presidencia de la República a un individuo tan impreparado que ha enajenado hasta a los que en un principio sintonizaron con su visión de la sociedad. Esta explicación es demasiado delicada para describir el desastre de la violencia y el desorden con que termina el sexenio.

Esta realidad, intencionada o no, lleva cuatro años de que la 4T conduce a México a un abismo. Son bien conocidos los casos de pueblos que han llevado al poder, por vía electoral, a sus dictadores. Estamos ante la perspectiva real de repetir el esquema el 6 de junio del año entrante.

La realidad que esta semana se dio en la Cámara de Diputados nos muestra con mayor énfasis que vivimos el ensayo de instaurar un sistema personalista que, orientado hacia un régimen de gobierno, éste sí, parodiando la conocida sentencia, que ha caído al basurero de la historia. Nadie, ni el más aventurado de los inconformes quiere eso para México.

La pérdida definitiva del sentido de honor, de responsabilidad y patriotismo no existe en la camada del partido oficial. Con un país sin rumbo se está en el peligro de caer en manos de intereses ajenos a nuestra historia, valores, aspiraciones y potencialidades. La sumisión a ellos encierra el peligro de irnos diluyendo en una general confusión.

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México SA

Ley de minería: habemus dictamen // Votación en el pleno, siguiente paso // Lozoya entrega la cabeza de Peña Nieto

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Apesar de las presiones de los barones, de generosas ofertas de su ejército de cabilderos, de gritones cuan emberrinchados opositores y de legisladores morenistas enemigos de Morena, en el Senado de la República fue aprobado el dictamen de la Ley de minería (y tres más), que resultó ser una versión rasurada (por cortesía de la Cámara de Diputados) de la iniciativa de reforma que sobre la materia envió el presidente López Obrador un mes atrás. De cualquier forma, falta un trecho, porque ahora el balón está en la cancha del pleno senatorial (en sede alterna), pero todo apunta a que la mayoría le dará el visto bueno.

De lo perdido, lo que aparezca, fue el criterio de la mayoría en las comisiones unidas de Minería y Desarrollo Regional, y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República a la hora de dictaminar las reformas y adiciones, y determinar qué quedaba fuera, de diversas disposiciones de cuatro leyes involucradas en este proceso: la Minera, la de Aguas Nacionales, la de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de concesiones para minería y agua.

Dado que dichas comisiones se declararon en sesión permanente, a propuesta impulsada por los opositores participantes en ellas, sólo hasta el jueves por la tarde sus integrantes volvieron a reunirse y sacaron adelante el dictamen, con la novedad de que aquellos proponentes brillaron por su ausencia. Valiente oposición.

A Ricardo Monreal, presunto coordinador de la bancada de Morena en el Senado, de nueva cuenta se le apestó (con todo y santo niño de Atocha) su perverso plan de retrasar, retrasar y retrasar las modificaciones a la Ley de minería (y a las otras tres) en su intentona de dar carpetazo a dicha iniciativa y una vez más beneficiar a los barones, toda vez que en una reunión a puerta cerrada del grupo parlamentario guinda, la mayoría acordó impulsar esa minuta ( La Jornada, Andrea Becerril y Georgina Saldierna).

La Jornada lo reseñó así: “el dictamen fue aprobado por los senadores de Morena, PT y PVEM durante la reunión de las comisiones … En el encuentro, el senador Napoleón Gómez Urrutia reclamó que fueron integrantes de su propia bancada –entre ellos Rafael Espino– los que junto con la oposición impidieron que esa minuta, prioritaria para el presidente López Obrador, se votara el martes pasado, al declararse las comisiones dictaminadoras en sesión permanente. El dirigente nacional del Sindicato Minero recalcó que, de no aprobarse la reforma en este periodo de sesiones, que concluye el domingo, se quedará hasta septiembre, cuando será más complicado que pase, ya que habrá más presiones de los empresarios y además todos estarán inmersos en las contiendas electorales. Tan sólo hace dos días, expuso, hubo un accidente en Zacatecas, donde fallecieron dos trabajadores y en los últimos 10 años los decesos suman 3 mil”.

El mismo legislador subrayó que aprobar esta reforma es un avance histórico en la larga lucha para transformar la industria de la minería, ya que desde hace 31 años no se había modificado la legislación en la materia, lo cual la hacía totalmente insostenible y obsoleta. Si bien, la Cámara de Diputados aprobó dicha reforma con cambios importantes, como la duración de las concesiones en un máximo de 80 años. En el Senado de la República, se discutió y se aprobó sin modificaciones. Debemos recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos de la nación.

A lo largo de tres décadas, cuando menos, la legislación vigente en materia minera sólo ha respondido a los intereses de los corporativos, que por años han explotado los recursos y la mano de obra de mis hermanos mineros. Pese a las presiones de la oposición y de las artimañas de las empresas, es de gran importancia aprobar los cambios para lograr una mejor regulación de los recursos mineros, erradicar la explotación de las y los trabajadores y preservar el medio ambiente. Falta camino por recorrer, pero lo trascendente es que comenzó la marcha.

¿Y la oposición? Feliz en su pijamada.

Las rebanadas del pastel

Finalmente, Emilio Lozoya ofrece la cabeza de Enrique Peña Nieto, más unos cuantos millones de dólares, a cambio de que lo saquen del Reclusorio Norte. Dijo su abogado que su cliente ha aportado suficientes pruebas que señalan al ex presidente de ser responsable de un aparato organizado de poder enfocado en la corrupción. Bien, pero, aunque lo liberen, ni de lejos dejará de ser delincuente.

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Prisión política y derechos humanos

Mariana Bermúdez * | La Jornada

El pasado 17 de abril se conmemoró el Día Internacional de Presas y Presos Políticos, oportunidad para presenciar movilizaciones sociales en diversos puntos del mundo y entidades del país, para exigir un debido proceso, liberación inmediata y acceso a la justicia. Recordemos que una persona presa política es aquella que ha sido privada de su libertad por presuntos delitos, en su mayoría fabricados por el Estado, cuya intención es interrumpir la labor política y de defensa que realizan estas personas en diferentes luchas y movimientos.

De acuerdo con datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional 2020-2022, a partir de 2019 se incrementó la población en las cárceles de México, aunque esta problemática había disminuido al incorporarse el Sistema Penal Acusatorio Oral en 2016 (https://bit.ly/3LDZq9q). Si bien, hay una ausencia de datos que permitan identificar aquellas personas privadas de su libertad por cuestiones políticas, en la mayoría de estos casos el tiempo no-jurídico (sino más bien político) ha sido el factor determinante de la detención de vidas y luchas políticas de defensoras y defensores de derechos humanos. Esta ha sido la situación de Kenia Hernández Montalván y los seis presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, casos recientes que se han visibilizado en México, donde hay un común denominador en la vulneración del ejercicio de derechos humanos, como la libertades de expresión, de asociación y de defender derechos humanos. Una persona presa política se distingue de una persona acusada por delitos diversos porque el cumplimiento de la ley se convierte en voluntad política más que en herramienta de justicia y transformación social. Para sumar a la defensa de los derechos humanos de las personas presas políticas, desde diversas organizaciones de la sociedad civil se han utilizado herramientas jurídicas como el amicus curiae, figura que, según el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo segundo, numeral 3, define como la persona o institución ajena a un litigio y a un proceso que presenta a la Corte razonamientos en torno a los hechos contenidos en el sometimiento del caso o formula consideraciones jurídicas sobre la materia del proceso, a través de un documento o de un alegato en audiencia.

En el caso de los seis presos políticos de Eloxochitlán, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero presentaron el pasado 14 de abril un amicus curiae dirigido al H. Juez Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, en Oaxaca (https://bit.ly/3MQduNP). Este documento tiene la intención de acercar argumentos al tribunal encargado de la resolución de sentencias para la incorporación de la perspectiva de derechos humanos y el enfoque diferencial que considere su contexto político y social, a fin de no extender aún más la prisión preventiva que los ha tenido sin libertad durante más de ocho años. Es necesario mencionar que los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón son integrantes de comunidades indígenas, por lo que el enfoque diferenciado podrá aportar observaciones que ayuden al tribunal encargado a comprender de mejor manera las dificultades por las que, como personas indígenas, han tenido que sortear durante su proceso y las violaciones a derechos humanos de las que han sido víctimas, siendo fundamental para tener una resolución apegada al debido proceso y a los más altos estándares de derechos humanos. En ambos casos, la presunción de inocencia es un derecho que tiene toda persona vinculada a proceso judicial, lo cual implica ser considerada y tratada como inocente, hasta que se compruebe y declare su culpabilidad con pruebas fehacientes.

Pese a que las medidas cautelares que llevaron a aplicar la prisión preventiva están fundamentadas en evitar que el proceso en cuestión se vea afectado, como debería suceder con Kenia Hernández y los presos de Eloxochitlán, esta acción ha sido aplicada como forma de castigo, correspondiéndose así con las formas que, tanto intereses políticos como económicos, utilizan para coartar procesos de defensa. La prisión preventiva excesiva afecta a personas presas políticas, pues al no tener una sentencia definitiva ni un panorama jurídico claro sobre su proceso, se les coloca en un limbo jurídico que puede mantenerlos en prisión durante años, ante la inacción de las instancias de procuración de justicia, aun cuando distintas dependencias han reconocido que estos casos tratan de personas injustamente presas.

Ante ello, es necesario un acompañamiento apegado al debido proceso con base en derechos humanos para que presas y presos políticos puedan hacer frente a las voluntades políticas que los han mantenido en privación de libertad, garantizando la defensa de derechos humanos y, sobre todo, la defensa legítima de causas justas, populares y sociales.

* Coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC.