Lo que dicen los columnistas

¿En qué consiste la reforma constitucional contra la reelección y el nepotismo electoral?

La modificación relativa al “nepotismo electoral” merece una mención aparte. Este aspecto de la reforma pretende evitar la consolidación de redes familiares en el servicio público.

Felipe de la Mata Pizaña* | Proceso

El 5 de febrero último, en el acto conmemorativo del 108 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presentó una nueva iniciativa presidencial para su reforma, con el objetivo de eliminar la reelección en cargos legislativos y municipales, así como erradicar el denominado “nepotismo electoral”.

Esta iniciativa que plantea la modificación de seis artículos de la Carta Magna ya fue aprobada por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado.

Desde un punto de vista académico trataré de explicar su contenido, sin valorarlo críticamente (eso lo dejaré para otro momento), ya que se trata de una propuesta de interés para el constitucionalismo, el derecho electoral y la integridad en el servicio público mexicano.

En este tema recordemos que, a partir de la reforma de 2014, la Constitución Política introdujo la figura de la reelección para legisladores, presidencias municipales, regidurías, sindicaturas, alcaldías y concejalías, con la principal finalidad de que así se lograra la rendición de cuentas y de que la ciudadanía pudiera evaluar el desempeño de sus representantes populares.

La reforma constitucional que ahora se plantea se construye sobre tesis diferentes, bajo los siguientes argumentos fundamentales:

El primero es la distorsión que generó la reelección consecutiva en cargos legislativos y municipales con la reforma de 2014. La iniciativa dice que en este tiempo se permitió que se mantuvieran en el poder grupos de funcionarios que, lejos de atender las demandas sociales, buscaron favorecer intereses propios y monopolizar las decisiones públicas.

El segundo es que, en realidad, la reelección consecutiva generó un riesgo para la equidad electoral. Quienes quieren ejercer de nueva cuenta un cargo público en el que se encuentran en ejercicio, irremediablemente tienen una ventaja frente aquienes quieren acceder a ese mismo cargo por primera vez.

Otro argumento que considera la iniciativa es que la renovación constante de quienes ostentan los cargos públicos representativos es un signo más adecuado para los fines de una sociedad multicultural y plural como la nuestra. Así, se sostiene, las oportunidades para ejercer los cargos públicos representativos pueden estar constantemente al alcance de cualquier persona con legítimas aspiraciones para ocuparlos.

Cabe destacar que la iniciativa cita en su exposición de motivos algunos precedentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), relacionados con la reelección. En efecto, el TEPJF ha sostenido que, si bien la reelección es un derecho, este no es absoluto, pues se trata de una posibilidad que no supone el registro automático de una persona que quiera postularse para el mismo puesto público (Jurisprudencia 13/2019). En esa medida la reelección no constituye un derecho adquirido del funcionario público.

La modificación relativa al “nepotismo electoral” merece una mención aparte.

Este aspecto de la reforma pretende evitar la consolidación de redes familiares en el servicio público. Con ello, se busca impedir el acceso a los cargos públicos representativos de personas que tengan vínculos familiares con los servidores públicos en ejercicio.

Así, por ejemplo, serán motivo de impedimento para ejercer cargos públicos que las personas aspirantes tengan con la persona titular vínculos matrimoniales o de concubinato, unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado (por ejemplo, padres, hijos o abuelos), y en línea colateral hasta el cuarto grado (hermanos, tíos, sobrinos) o de afinidad hasta el segundo grado (suegros, yernos, nueras, cuñados).

La iniciativa dice que debe buscarse que se incorporen a cargos públicos personas que cuenten con trayectoria, preparación, capacidades o experiencia adquirida para ejercerlos, tras una contienda electoral.

Al mismo tiempo, con ello se abona a las posibilidades de un servicio público que se consolide como una función impermeable a la corrupción, la desigualdad de oportunidades y la desconfianza en las instituciones.

Como sucede con todas las reformas constitucionales, de ser aprobada finalmente por el poder reformador, la sola entrada en vigor de estas normas no modificará inmediatamente la realidad que se busca perfeccionar o mejorar. Esa tarea depende de la ejecución adecuada, política y jurídica, de su contenido, así como de la efectividad de sus restricciones.

Sin duda, se trata de otra reforma importante, que perfila y suma a las coordenadas del nuevo sistema democrático y electoral de nuestro país para los años venideros.

*Magistrado electoral del TEPJF.

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Arsenal

Acuerda el oficialismo cinco años más de nepotismo electoral

Francisco Garfias | Excelsior

Morena y sus rémoras dejaron mal parada a Claudia Sheinbaum. La Presidenta planteaba acabar con el nepotismo electoral en 2027. Pero eso no le convenía al PVEM, aliado de Morena. Su carta fuerte para la gubernatura de San Luis Potosí es la senadora Ruth González, esposa del actual mandatario, Ricardo Gallardo. Sin el Verde, la reforma antinepotismo, que ayer se aprobó con ese cambio, no pasaba.

Otro motivo de Morena y aliados para “patear el bote” del combate al nepotismo hasta 2030 es el senador Félix Salgado Macedonio. En el 2021 fue candidato a gobernador de Guerrero, pero el INE lo bajó con el alegato de que no presentó su informe de gastos de campaña. La candidatura la heredó su hija Evelyn. Ganó la elección.

Así fue que Adán Augusto López Hernández, líder de la bancada de Morena, y Manuel Velasco, coordinador de la del PVEM, acordaron presentar una reserva a la iniciativa aprobada para que la iniciativa entre en vigor hasta 2030.

* Fue una sesión caliente, con un final plagado de descalificaciones; un presidente de la Mesa Directiva transformado en militante radical de Morena y un enardecido Adán Augusto que no digirió lo que escuchó en voz del senador Marko Cortés. El exjefe nacional del PAN reprochó al oficialismo haber “pateado el bote” hasta el 2030 y le preguntó al coordinador de la bancada de Morena en la Cámara alta:

“¿Sí se vale entonces que en San Luis Potosí nuestra compañera Ruth González pueda ser la candidata? ¿Ese nepotismo no está prohibido para usted? ¿Se vale que Félix Salgado Macedonio, que dice hoy aquí que él no tiene interés, pueda ser el que sustituya a su hija? ¿O se vale que Saúl Monreal sea gobernador de Zacatecas después de que sus dos hermanos ya fueron gobernadores de ese estado? ¿Acaso no es un transitorio con nombre y apellido? ¡No tienen vergüenza!”, remató.

* Adán Augusto pidió la palabra por alusiones personales para responder con ataques personales: “El mejor calificativo para el actuar de un exdirigente panista lo emitió, y es mucho decir, Felipe Calderón, cuando dijo que ese alguien era el hombre ‘de las tres emes’ (Marko, mediocre, miserable).

“Simplemente le digo: no estamos pateando el bote. Aprendan, vayan a la tiendita de la esquina a ver si así pueden conseguir un poco de vergüenza. La moral no es un árbol que da moras”, puntualizó.

Félix Salgado Macedonio también respondió a las alusiones de Marko Cortés: Usted está aquí sentado alevosamente en contra de sus propios compañeros; usted era presidente del PAN y se puso en el número uno de la lista plurinominal.

“¿Eso es moral? ¿Eso es ética?”, preguntó.

Ruth González le pregunto al panista:

“¿Cuántos votos obtuvo. Una servidora, en San Luis Potosí, obtuvo 520 mil votos. Tú eres plurinominal. El pueblo no te eligió. En 2027, en San Luis Potosí, la gente va a elegir a quien decida, a quien sea. El o la candidata. Vamos a ganar”, pronosticó.

* De entre todas las intervenciones registradas en la sesión hubo una que me llamó la atención. La de Cristina Ruiz, senadora del PRI. Preguntó: ¿Qué ha hecho Morena durante siete años?, ella misma respondió: “Que a los amigos de los hijos del presidente les asignen contratos… ¿Qué ha hecho contra el nepotismo? Absolutamente nada, porque a la familia se le quiere mucho y se le demuestra en la nómina. Morena acordó con sus aliados que la reforma contra el nepotismo entre en vigor hasta el 2030. Qué desaire para su Presidenta; qué grosería para las y los mexicanos; qué falta de respeto para sus propios estatutos. Nos dijeron que el poder era del pueblo, pero en realidad el poder es de sus hijos, de sus primos, sus parejas, sus compadres”. Y sacó el directorio del nepotismo guinda: “La familia Batres, con cuatro miembros; la familia Guadiana, donde el cargo de senador fue heredado de padre a hija; la familia Delgado, cinco familiares; la familia Ulloa Pérez, dos hermanos; la familia Gutiérrez Luna, con cuatro; la familia Sánchez Cordero, con dos, y así me puedo seguir todo el día.

“La verdadera mafia, la de Taddei, la de Nahle, y la familia López, por supuesto”, puntualizó. Y más adelante: “No le crean a Morena. Dijo ‘Primero los pobres’, pero primero fue su familia. Morena dice no mentir, no robar y no traicionar, pero ha mentido, ha robado, ha traicionado”.

La de Sheinbaum ya de por sí es una iniciativa chata. No incluye el llamado “nepotismo cruzado”. Olvida los cargos del Poder Judicial, los cargos por designación. No le entra al tema de la sobrerrepresentación. “La iniciativa es tan corta como su movimiento”, sentenció Ruiz.

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Juegos de poder

La Presidenta y el nepotismo

Esta manera de hacer política va mellando la imagen de aquellos que ejercen el poder. Las gotas se van apilando en el vaso hasta que se derrama.

Leo Zuckermann | Excelsior

Interesante lo que ocurrió ayer en el Senado a propósito de la iniciativa presidencial para limitar el nepotismo en México. Se impusieron los intereses más aviesos de Morena y sus aliados. Se dejaron ver los demonios con los que tiene que convivir la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el papel, Morena y sus aliados (PT y el Verde) tienen los votos en el Poder Legislativo y los congresos locales para reformar la Constitución. Y así lo hicieron el primer periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura. De acuerdo con el periódico Reforma, la coalición gobernante enmendó la Carta Magna un promedio de cada 15 horas entre septiembre y diciembre de 2024. Muchas de estas reformas fueron las que propuso el expresidente López Obrador el 5 de febrero del año pasado a las cuales no les cambiaron ni una coma.

Morenistas, petistas y verdes se disciplinaron y actuaron en bloque.

No ha sido el caso con la propuesta de Claudia Sheinbaum para combatir el fenómeno del nepotismo en México. La Presidenta propuso que ningún familiar pueda suceder directamente en el cargo a otro en puestos de elección popular. La iniciativa presidencial pretendía que esta prohibición entrara en vigor a partir de 2027.

Pero esto afectaba los intereses de varios personajes que ya tienen puesto el ojo en suceder en su cargo a parientes suyos.

Por ejemplo, la senadora del Verde, Ruth González Silva quiere quedarse con la gubernatura de San Luis Potosí que actualmente desempeña su esposo, Ricardo Gallardo. La elección es en 2027.

Ese mismo año, Saúl Monreal pretende ser el candidato de Morena a gobernador de Zacatecas, cargo que actualmente tiene su hermano David Monreal y que su otro hermano, Ricardo Monreal, ostentó entre 1998 y 2004.

Y cómo olvidar al senador con acusaciones de violación, Félix Salgado Macedonio, que quiere que su familia siga gobernando el estado de Guerrero. Su hija, Evelyn, lo hace desde 2021.

Es claro que el poder de la presidenta Sheinbaum está limitado por los intereses de grupos particulares de su coalición gobernante.

En la prensa ha trascendido que fue el Partido Verde el que se opuso a que la iniciativa en contra del nepotismo entrara en vigor en 2027. Para ellos es muy importante mantener el poder en San Luis Potosí. No por nada fue el senador Manuel Velasco, coordinador de ese partido en la Cámara alta, el que patrocinó la reserva para diferir el ordenamiento jurídico hasta 2030.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que este cambio era para privilegiar “la unidad del movimiento”. Traducción: sin la modificación, la iniciativa presidencial no hubiera pasado. La coalición gobernante se hubiera dividido.

Sheinbaum tendrá que tomar en cuenta esto para sus futuras iniciativas. No podrá pasar nada en el Congreso que afecte los intereses de alguien en su coalición. La idea, por ejemplo, de terminar con los legisladores plurinominales está muerta porque ni al PT ni al Verde le conviene su eliminación.

Vamos encontrando, así, los contrapesos de la Presidencia. Además de los llamados “poderes fácticos”, están diversos grupos morenistas, petistas y verdes que luchan por las peores causas, como todos aquellos interesados en que permanezca el nepotismo por un sexenio más. Los Monreal, los Salgado y los impresentables del Verde Ecologista.

Eso pasa cuando uno se alía con el diablo. Siempre hay que pagarle con algo. Como a Miguel Ángel Yunes Márquez al que le dieron la Comisión de Hacienda en el Senado. Finísima persona.

Todo este pragmatismo político resulta vomitivo para los que no son morenistas. Incluso para algunos de ellos que se unieron a ese movimiento por convicciones ideológicas con la ilusa idea de que la política ahora sería diferente, tal y como prometió López Obrador.

Quizá lo ocurrido ayer en el Senado no tenga costos en el corto plazo. Pero yo sí creo, porque lo vi en el caso del PRI y el PAN, que esta manera de hacer política va mellando la imagen de aquellos que ejercen el poder. Las gotas se van apilando en el vaso hasta que se derrama.

Por lo pronto, la presidenta Sheinbaum queda en una posición incómoda. Su gobierno ya no puede presumir la superioridad moral en sus ganas de combatir el nepotismo dentro de su movimiento porque los nepotistas se salieron con la suya.

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Razones

 “Nunca admitas nada”

“¿Defendemos narcotraficantes? Sí. ¿Defendemos al crimen organizado? Sí, pero no defendemos secuestradores ni extorsionadores”, como si el crimen organizado no extorsionara y secuestrara. En fin.

Jorge Fernández Menéndez | Excelsior

Fueron tres las primeras enseñanzas que el muy controvertido abogado Roy Cohn, mentor político e intelectual de Donald Trump, le inculcó al ahora presidente cuando comenzaba a moverse en círculos empresariales neoyorquinos: “Ataca, ataca, ataca. No admitas nada y niega todo. No importa lo que suceda, reclama la victoria y nunca aceptes la derrota”. Lo hace Trump desde entonces y lo han repetido como karma la mayoría de los políticos populistas de las últimas décadas, replicados por sus seguidores y medios. Y por supuesto lo practicó Andrés Manuel López Obrador y lo hace ahora Morena con los abogados de El Mayo Zambada.

No es discutible que El Mayo, como cualquiera, tiene derecho a tener abogados defensores. Lo que es increíble es que desde todos los niveles del gobierno y de Morena se empeñen en negar la relación partidaria con los abogados Sergio Ramírez, Juan Pablo Penilla y Juan Manuel Delgado, cuando es evidente que esa relación política es estrecha y trasciende las fotos que se han divulgado ampliamente de ellos con todos los personajes centrales de Morena.

Ramírez fue candidato a diputado y un personaje cercanísimo a Ricardo Peralta y de los más cercanos a Martí Batres que le dio esa candidatura; fue presumido por Olga Sánchez Cordero cuando la exministra era secretaria de Gobernación, por asesorarla en procesos de “justicia transicional”; Penilla fue condecorado en las cámaras de diputados y senadores; su despacho es el defensor del Z40 y el Z42 y han logrado que en 12 años no se pueda ejercer la extradición de esos personajes, que comandaron uno de los grupos criminales más violentos de la historia de México, Los Zetas. En una entrevista, Ramírez reconoció que en su despacho: “Nosotros no tenemos ningún temor ni incertidumbre en manifestar que somos abogados del crimen organizado en el país. ¿Defendemos narcotraficantes? Sí. ¿Defendemos al crimen organizado? Sí, pero no defendemos secuestradores ni extorsionadores”, como si el crimen organizado no extorsionara y secuestrara. En fin.

Ayer, cuando el fiscal Alejandro Gertz Manero atribuía a los jueces el que no se pudiera extraditar a Los Zetas y otros personajes, tendría que haber recordado que el despacho de Ramírez, Penilla y Delgado tenía un papel primordial en ese proceso.

Creo que el profundo temor a que se involucre a esos abogados con Morena tiene origen precisamente en esas relaciones que se han ido expandiendo desde entonces hasta el día de hoy. La trama comienza en Tamaulipas, con Los Zetas y sus sucesores, el Cártel del Noreste. Allí se consolidan ellos y otros con el control de aduanas durante el primer periodo de López Obrador, cuando Ricardo Peralta era director de Aduanas y se designa a Julio Carmona como el director de la aduana de Reynosa.

Sergio Carmona, hermano de Julio, asesinado en noviembre de 2021, mantenía una operación que, según documentos de inteligencia militar, estaban relacionados con “sobornos a operadores externos; contrabando de hidrocarburos y de pepino de mar, así como de manipular el Sistema de Parametrización consistente en el reconocimiento aduanero por alertamiento, con el objetivo de extorsionar a agentes aduanales”.

Pocos días después del asesinato de Sergio, su hermano Julio Carmona se entregó a la justicia estadunidense y se acogió al sistema de testigos protegidos. Desde entonces se divulgaron las cuentas secretas de Sergio y muchas otras operaciones y complicidades. Con la información proporcionada por Julio Carmona, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos organizó una investigación internacional que terminó descubriendo una amplia red de cuentas bancarias con más de 60 millones de dólares. La fortuna de los hermanos Carmona, producto del huachicol, según medios estadunidenses que citan fuentes del Tesoro de la Unión Americana, superaría los dos mil millones de dólares.

The Dallas Chronicle publicó muchos de esos documentos, que comprueban que Sergio Carmona tenía cuentas en las Islas Caimán, Países Bajos y las Islas Bermudas. La misma investigación descubrió operaciones con uno de los hijos de Américo Villarreal, Humberto Francisco Villareal Santiago, con una transferencia de más de 20 millones de dólares poco antes de las elecciones de 2021, cuando su padre Américo era delegado en Sinaloa. Ahí comienza la trama que relaciona Tamaulipas y estas operaciones con Sinaloa, donde la expansión del crimen organizado en su relación con el poder político tuvo un crecimiento geométrico desde entonces. El primer secretario de Gobierno de la administración de Rocha Moya fue al ahora senador Enrique Inzunza.

Hace semanas que aquí señalamos que al senador Inzunza Cázarez, los estadunidenses le atribuyen relaciones familiares con uno de los grupos del cártel de Los Chapitos, llamado Fuerzas Especiales Avendaño, encabezado por Martín Gaudencio Avendaño Ojeda. Según estas investigaciones, Claudia Yuridia Meza Avendaño, esposa de Inzunza Cázarez, y magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, es familiar en primer grado de Avendaño Ojeada. También tendría una relación familiar con José Ángel Canobbio Inzunza, uno de los criminales más buscados por la justicia estadunidense y detenido la semana pasada por fuerzas del ejército mexicano.

Canobbio Inzunza ha estado relacionado con el Cártel de Sinaloa durante más de dos décadas, de 2002 a 2024. Es uno de los personajes más influyentes en Los Chapitos y de los más violentos. Ayer Omar García Harfuch celebró su captura como una de las principales realizadas en los fuertes operativos que han ido desmantelando la estructura de ese grupo en las últimas semanas. Un gran trabajo en ese sentido. Falta la vertiente política.

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Astillero

Le ganan a Sheinbaum en el Senado // Reformas, en vigor hasta… 2030 // Verde, Velasco, Adán, Monreal, Félix // Verástegui: familia y dinero

Julio Hernández López | La Jornada

A diferencia de lo que sucedía en el sexenio anterior, cuando a las iniciativas presidenciales no se les cambiaba ni una coma, ayer fue derrotada la propuesta de Claudia Sheinbaum Pardo contra el nepotismo y las relecciones, que la Presidenta había considerado entraría en vigor en 2027 y en el Senado fue pospuesta hasta 2030 (aún falta la aprobación de la Cámara de Diputados, donde el morenismo tiene holgada mayoría y, posteriormente, la promulgación presidencial en el Diario Oficial de la Federación).

Los operadores principales de este vuelco fueron el exgobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello, en defensa de los intereses del Partido Verde Ecologista de México (el ente de las cuatro mentiras: PVEM), que en el fondo es la defensa de candidaturas como la de San Luis Potosí, donde la esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, Ruth González Silva, actual senadora verde, aspira al relevo en 2027.

Adán Augusto López Hernández ha sido la otra figura central en este golpe a los planes de Palacio Nacional, que incluyen promover a la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, como candidata de Morena al gobierno potosino y cuya principal contrincante, desde ahora, es la senadora esposa del actual mandatario.

Los ganadores de este muy indicativo episodio están a la vista: la élite del PVEM, que amagó con votar contra la reforma claudista si se pretendía implantarla en 2027; el gobernador potosino Gallardo y su esposa, virtual candidata verde en campaña; el senador Félix Salgado Macedonio, que aspira a suceder a su hija Evelyn en el gobierno de Guerrero, y Saúl Monreal, senador morenista por Zacatecas que busca ocupar la gubernatura que ya ejerció su hermano Ricardo y desempeña actualmente su otro hermano, David.

Es muy significativo lo sucedido con la propuesta claudista contra el nepotismo y las relecciones (es decir, contra ciertos aspectos de estos lastres, aunque en realidad se mantienen vivas otras formas históricas propicias para que familiares brinquen de cargos en cargos, lo cual tiene plena visibilidad en las élites dominantes de la llamada Cuarta Transformación). Las maniobras ejecutadas por Velasco y Adán Augusto muestran que en la conducción de las cámaras legislativas hay intereses capaces de rebelarse o cuando menos obstruir los planes presidenciales en aras de cuidar sus intereses facciosos.

Ayer, en su mañanera, la presidenta Sheinbaum se refirió a Eduardo Verástegui, el personaje de la farándula que pretende convertirse en líder ultraderechista en México, con el apoyo de Donald Trump y de personajes siniestros de Latinoamérica y España. Llamó a denunciar y combatir las expresiones políticas e ideológicas de tal corte que, aseguró, no tienen cabida en el amplio espectro mexicano.

En tanto, el propio Verástegui ha recibido la notificación de que puede avanzar en el proceso de construcción de su partido político, denominado Movimiento Viva México, que proclama como valores la defensa de la vida (Provida), la familia y la libertad, con recurrencia discursiva y gráfica a la Virgen de Guadalupe y el neocristerismo, además del rezo diario del Rosario católico como fórmula de salvación nacional.

Dicho proyecto de partido tiene un presidente nacional desde mucho antes de ser autorizado y formalizado: José Manuel Mireles Verástegui, a quien se menciona en el ámbito del farandulero saludador al estilo nazi como su familiar, y quien se define como empresario inmobiliario, cofundador de Mezcal Rosaluna, productor de cine con valores y presidente de Movimiento Nacional Viva México. Más explícito: CEO y fundador de Bold Capital, un desarrollador inmobiliario multidisciplinario con más de 30 años de experiencia, más de 15 millones de pies cuadrados desarrollados y otros 2 millones de pies cuadrados en proceso. En nuestro esfuerzo de diversificación, también somos inversionistas, socios y/o productores de algunas películas internacionales con mensajes positivos.

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México SA

Lozoya y el pantano procesal // Gertz Manero: jueces cínicos // Sigue culebrón de impunidad

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Igual de interminables que vergonzosos son los culebrones de la justicia mexicana (tanto de quienes dicen procurarla como de aquellos que juran impartirla), y peor aún si en la escena aparecen involucrados políticos, funcionarios, empresarios asociados al círculo del poder, delincuentes de cuello blanco (mal que bien, todos caben en este último concepto), y entre largas y más largas entre ellos se avientan y regresan la papa caliente: los jueces aseguran que los fiscales arman mal los expedientes incriminatorios, mientras éstos aseguran que aquéllos sólo responden al poder del dinero, y entre dimes y diretes, los criminales gozan de cabal salud fuera de prisión.

Entre lo más reciente, uno de los casos más sonados es el de Emilio Lozoya Austin, el coimero director general de Petróleos Mexicanos en tiempos de Enrique Peña Nieto, a quien se le acusa de corrupción (por los casos de las trasnacionales brasileña Odebrecht y española OHL, la favorita del copetón, quien casualmente ahora vive cómodamente en Madrid), fraude (en la compraventa de Agronitrogenados al gánster Alonso Ancira Elizondo), lavado de dinero, tráfico de influencias, crimen organizado.

Entre cosa y cosa, el culebrón de Lozoya Austin se ha prolongado por alrededor de ocho años: destapada la cloaca, en 2017, presumía con mucha humildad, tengo recursos y tiempo para romperles la madre a sus detractores; en 2018, la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó por 10 años; en 2019 se giró orden de aprehensión en su contra; Interpol emitió ficha roja, huyó presumiblemente a Alemania y después a España, en donde lo detuvieron y extraditaron a México; aquí, nada más bajar del avión fue hospitalizado, tras lo cual cómodamente se fue a su residencia de lujo por criterio de oportunidad; se convirtió en testigo protegido, aceptó un acuerdo reparatorio, permaneció en prisión domiciliaria, lo cacharon cenando en lujoso restaurante de Las Lomas y de ahí se lo llevaron al Reclusorio Norte (noviembre de 2022); su juicio se postergó en infinidad de ocasiones para evitar una sentencia firme, aunque finalmente, en febrero de 2024, un juez decidió que el inculpado regresara a su casa (otra vez prisión domiciliaria) para que desde ella siguiera tranquilamente su proceso, sin que a la fecha se conozca en qué va el numerito, siempre apostando al olvido. Y en esta maraña, varios de sus socios y cómplices (por ejemplo, Alonso Ancira Elizondo y Ricardo Anaya, ayer pollito en fuga y hoy senador de la República) permanecen intocados, tan campantes y con fuero.

Pues bien, en la mañanera de ayer se apersonó el siempre “pausado fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien así resumió todo lo descrito: estamos en un pantano procesal, y se trata de un caso paradigmático en el que sí se cumplió con la ley y sí se inició un procedimiento. Lozoya Austin “desde luego permanece en México; tiene libertad procesal y el proceso sigue… no sé si quedó claro” (el cuento de nunca acabar).

Algo más dijo el fiscal: desde los tiempos de Peña Nieto comenzó una supuesta investigación de dos casos, Odebrecht y Agronitrogenados, ambos vinculados a Lozoya Austin. Curiosamente, les dieron carpetazo. Al principio del gobierno de López Obrador, se establecieron responsabilidades de los dos casos y comenzó el procedimiento. Gracias a una filtración que vino desde el propio gobierno, se le dio la oportunidad a este individuo de que huyera del país.

Ya en México, “sigue el procedimiento frente a los jueces y siguen las trampas procesales. En un momento dado había llegado a tal extremo su situación que pedimos la orden de aprehensión y lo internamos; inmediatamente un juez le dio libertad procesal. El gobierno hizo lo que tenía que hacer; la fiscalía cumplió con todo rigor. ¿En dónde estamos? En un proceso como tantos otros que tenemos, por culpa de un sistema judicial. Y con toda, diríamos, hasta de cinismo, de repente los jueces dicen: ‘es que el Ministerio Público no aportó pruebas’. Los estamos llevando a juicio a ellos mismos; a ese grado es el problema… La ley establece que las audiencias deberían desarrollarse en un plazo menor a un mes, pero cuando las tenemos en menos de un año ya es un milagro”.

Y el culebrón sigue, todos se avientan la papa caliente y Lozoya y su pandilla la pasan de maravilla.

Las rebanadas del pastel

Al defraudador Javier Milei le llueve sobre mojado: por su criptoestafa –que atracó a cerca de 50 mil inversionistas–, ya lo investigan en Estados Unidos y España, mientras la autoridad judicial argentina finge demencia.