El fracaso de la “Generación Z” y la factura pendiente de Salinas Pliego

Raúl García Araujo

La marcha impulsada por la llamada “Generación Z”, promovida con bombo y platillo por el empresario Ricardo Salinas Pliego, terminó siendo exactamente lo que muchos anticiparon: un espectáculo fallido, desangelado y marcado por episodios de violencia que exhibieron más frustración que fuerza social.

El intento del dueño de TV Azteca por construir un capital político juvenil naufragó en cuestión de horas, dejando atrás únicamente daños, detenciones y un mensaje claro: no hay movimiento genuino cuando la mano que convoca es la del interés privado.

Salinas Pliego apostó a que podía convertir a miles de jóvenes en un ariete político contra el gobierno, imaginando que su influencia mediática podría suplir la ausencia de legitimidad. No pudo.

Las imágenes de grupos encapuchados, agresiones a policías y actos vandálicos hablaron por sí solas: no hubo causa, no hubo propuesta, no hubo liderazgo. La “marcha histórica” terminó reducida a un intento desesperado por fabricarse relevancia.

Pero el fracaso en las calles no es el verdadero problema del empresario. El verdadero golpe vino desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que recientemente desechó siete amparos promovidos por sus empresas para evadir el pago de una deuda fiscal monumental.

Con esas resoluciones, quedó firme la obligación de pagar más de 48 mil millones de pesos en impuestos acumulados desde hace años. No es un conflicto nuevo, pero sí uno que por fin está llegando a su desenlace legal.

Mientras Salinas Pliego se presenta como defensor del “México libre” y azuza a la juventud contra el Gobierno de la República, sus compañías litigaban—y perdían—para evitar contribuir como cualquier ciudadano y como cualquier empresa está obligada por ley. El contraste es brutal: quien exige “libertad”, “transparencia” y “justicia” se niega a cumplir con su responsabilidad fiscal más básica.

El intento de proyectarse como líder social es más fácil cuando uno evita mencionar que debe el equivalente al presupuesto anual de varios estados del país. Pero los hechos son tercos. La Corte habló, la deuda está firme y el discurso del empresario se desmorona en la misma proporción en la que se fortalecen las instituciones que, sin estridencias ni cámaras, le recordaron que nadie está por encima de la ley.

Si la marcha de la Generación Z buscaba abrir una nueva etapa de confrontación política, terminó abriendo otra cosa: una conversación nacional imprescindible sobre la congruencia de quienes pretenden erigirse como guías morales mientras mantienen cuentas pendientes multimillonarias con el Estado mexicano.

Ricardo Salinas Pliego podrá seguir convocando, tuiteando, provocando y victimizándose. Lo que ya no podrá hacer es ignorar que el país sabe que tiene una factura pendiente de más de 48 mil millones de pesos. Y esa deuda, a diferencia de sus marchas fallidas, sí tiene consecuencias reales.