Campeche avanza en justicia social tras concluir Congreso de Derechos Humanos: LSSR

• La gobernadora campechana clausuró los trabajos del Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos

Con un llamado a fortalecer la justicia social, consolidar la protección de los derechos humanos y mantener el trabajo coordinado entre instituciones, concluyeron los trabajos del Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), realizado en la capital campechana y clausurado hoy por la gobernadora Layda Sansores San Román como invitada de honor.

Durante la ceremonia de clausura, la gobernadora Sansores San Román reconoció y felicitó a los participantes, a quienes calificó como personas comprometidas con la defensa de la dignidad humana y con una labor que, dijo, “exige convicción, fortaleza, sensibilidad y perseverancia”.

La mandataria estatal destacó que las y los defensores de derechos humanos han abierto camino y se han enfrentado a grandes desafíos y sacrificios, por lo que expresó su admiración y agradecimiento por la labor que desempeñan en favor de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Asimismo, afirmó que su gobierno mantiene el compromiso de avanzar en la construcción de un Estado más justo e incluyente, impulsando acciones para garantizar el acceso efectivo a los derechos fundamentales, combatir las desigualdades y fortalecer el respeto a los derechos humanos desde las instituciones públicas.

Dijo que ha desarrollado acciones emprendidas por su administración para favorecer el acceso a la justicia, entre ellas la liberación de más de 350 personas privadas de la libertad que permanecían injustamente en prisión, así como la creación de mecanismos de acompañamiento para facilitar su reintegración social.

 Reconoció la colaboración entre el Gobierno del Estado y organismos nacionales e internacionales especializados en derechos humanos, particularmente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al tiempo que reiteró su respaldo a la iniciativa para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

En este sentido, dijo que con ello se busca incorporar estándares internacionales y convertir a Campeche en la primera entidad del país en reconocer expresamente el derecho a defender los derechos humanos como un derecho autónomo.

Finalmente, la maestra Sansores San Román invitó a las y los asistentes a continuar con ese trabajo con compromiso y esperanza para construir una sociedad más igualitaria, al tiempo que agradeció la realización de este congreso en Campeche y expresó que el Estado mantiene abiertas sus puertas para impulsar espacios de diálogo y fortalecimiento institucional.

Por su parte, la presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, Ligia Nicté-Ha Rodríguez Mejía, señaló que la justicia social solo puede consolidarse mediante el acceso equitativo a bienes, servicios y oportunidades de desarrollo para todas las personas, sin la mínima distinción.

Expuso que las desigualdades históricas y estructurales afectan principalmente a los grupos en situación de vulnerabilidad, por lo que los organismos públicos de derechos humanos han fortalecido sus metodologías de atención con un enfoque de igualdad sustantiva y no discriminación.

Informó que durante el último año la Federación desplegó programas de proximidad en 1,821 comunidades y se ha brindado protección y defensa a miles de personas, de las cuales en un 85% son mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, pueblos indígenas y afrodescendientes, así como periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Agregó que cerca del 30% de las investigaciones realizadas por los organismos públicos corresponden a violaciones de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, por lo que llamó a fortalecer el trabajo institucional para construir una sociedad más justa, igualitaria y humanista.

En representación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, el Oficial de Derechos Humanos, Ricardo Cancela Neves, reconoció a la Federación como uno de los principales aliados para la promoción y protección de los derechos humanos en el país.

Destacó que el Congreso Nacional constituye un espacio fundamental para compartir experiencias, fortalecer capacidades institucionales y construir respuestas conjuntas frente a los retos actuales.

Asimismo, reconoció la disposición del Gobierno de Campeche para trabajar de manera coordinada con la Oficina del Alto Comisionado, particularmente en la iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual incorpora estándares internacionales y representa un avance significativo para el fortalecimiento del Estado de derecho en la entidad.

A su vez, Bernardo Serrano González, consultor de la Unidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, subrayó que los organismos públicos desempeñan un papel estratégico para garantizar la justicia social en México.

Indicó que, frente a los desafíos derivados de la desigualdad, así como de la crisis ambiental y climática, resulta indispensable mantener como prioridad la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, incluyendo el acceso al agua, la salud, la educación, el trabajo y un medio ambiente sano.

Reiteró que la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos continuará con el acompañamiento a las instituciones mexicanas para fortalecer la aplicación de los estándares internacionales y consolidar políticas públicas que garanticen una vida digna para todas las personas.

En la ceremonia de clausura asistieron la rectora de la Universidad Autónoma de Campeche, Fanny Guillermo Maldonado; el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, José Antonio Jiménez Gutiérrez, así como representantes de organismos públicos de derechos humanos de las entidades federativas, autoridades académicas y especialistas nacionales e internacionales.