Baluarte Político 

Campeche: el costo político de una candidatura de la oposición 

Raúl García Araujo

Los partidos de oposición en Campeche tienen frente a sí una decisión que va mucho más allá de elegir a un candidato para disputar la gubernatura: deben determinar si están dispuestos a asumir el costo político de respaldar a Eliseo Fernández Montufar, luego de que las autoridades electorales acreditaron violencia política en razón de género contra la gobernadora Layda Sansores San Román. 

El caso coloca bajo escrutinio a Movimiento Ciudadano, PRI, y las demás fuerzas que han expresado su disposición a respaldar al exalcalde, pues la selección de su abanderado también será una prueba de congruencia frente a los derechos de las mujeres.

La discusión cobra relevancia porque los procedimientos legales relacionados con las expresiones de Fernández Montufar contra Sansores ya produjeron determinaciones en los ámbitos civil y electoral. 

El consejero jurídico de Campeche, Adrián Serrano Barrientos, informó que, en materia civil, un juez determinó una indemnización de un millón de pesos por concepto de daño moral, aunque esa resolución fue impugnada el 11 de septiembre y actualmente se encuentra en apelación. 

En el terreno electoral, las autoridades acreditaron violencia política contra las mujeres en razón de género y ordenaron una amonestación pública, una disculpa y la publicación de la sentencia en redes sociales durante 15 días.

El procedimiento penal, sin embargo, sigue en etapa de investigación y no existe todavía una resolución definitiva en esa vía. 

Esta precisión es importante porque las responsabilidades deben establecerse conforme a derecho y ninguna investigación abierta puede presentarse como una sentencia condenatoria. 

Pero la ausencia de una resolución penal definitiva tampoco elimina las determinaciones que ya existen en el ámbito electoral ni la obligación de los partidos de revisar cuidadosamente los antecedentes de quienes aspiran a representarlos en una contienda de esta importancia.

Layda Sansores ha advertido que buscará que Fernández Montufar quede inhabilitado para competir por la gubernatura, una posibilidad que dependerá de las condiciones legales aplicables y de las resoluciones firmes que eventualmente emitan las autoridades competentes. 

La gobernadora también ha cuestionado a las fuerzas políticas que se han pronunciado a favor del exalcalde, con el mensaje de que el escenario jurídico todavía puede tener consecuencias. 

El punto central es que los dirigentes opositores no pueden tratar este expediente como un asunto secundario ni suponer que una candidatura quedará resuelta únicamente mediante acuerdos políticos.

La experiencia de Morena en Guerrero, durante el proceso electoral de 2021, ofrece un antecedente que las dirigencias campechanas deberían revisar. 

En aquel momento, Félix Salgado Macedonio era el aspirante de Morena a la gubernatura, pero enfrentaba acusaciones de violencia sexual que provocaron una fuerte controversia pública y un debate interno sobre la pertinencia de mantenerlo como candidato. 

El partido terminó postulando a su hija, Evelyn Salgado Pineda, quien ganó la elección. 

Es importante recordar que el retiro del registro de Félix Salgado fue determinado por las autoridades electorales por incumplimientos relacionados con los informes de gastos de precampaña, no mediante una sentencia que declarará probadas las acusaciones de violencia sexual.

Aun con esa diferencia jurídica, el episodio de Guerrero dejó una discusión política que sigue vigente: ¿hasta dónde debe llegar un partido para sostener a una figura con peso propio cuando su candidatura representa un problema para la credibilidad de la organización? Morena tuvo que enfrentar esa disyuntiva en medio de una crisis que trascendió el ámbito estatal y alcanzó la discusión nacional sobre la participación política de las mujeres. 

La postulación de Evelyn Salgado permitió al partido mantener su participación en la contienda, pero el antecedente también mostró que ninguna dirigencia puede ignorar las consecuencias públicas de sus decisiones.

En Campeche, la oposición enfrenta su propia evaluación. Fernández Montufar cuenta con trayectoria política y mantiene vínculos con Movimiento Ciudadano, pero su eventual candidatura no puede analizarse al margen de las determinaciones electorales relacionadas con sus expresiones contra la gobernadora. 

Si los partidos que buscan postularlo pretenden presentarse ante la ciudadanía como una alternativa de gobierno, tendrán que explicar qué criterios utilizaron para valorar el caso y cómo concilian esa decisión con sus compromisos públicos de respeto a los derechos de las mujeres.

La responsabilidad no corresponde exclusivamente a Movimiento Ciudadano. Si el PRI, u otras organizaciones deciden sumarse a una candidatura común, también tendrán que asumir su parte en la decisión. 

Las alianzas electorales no pueden servir como mecanismo para diluir responsabilidades ni para trasladar a otro partido el costo de una postulación controvertida. 

Cada dirigencia debe responder por sus propios acuerdos y por el mensaje que envía cuando decide quién llevará sus siglas y su respaldo político.

El marco legal establece requisitos y procedimientos específicos para determinar si una persona puede perder o ver restringidos sus derechos político-electorales, y esas consecuencias dependen de las resoluciones correspondientes. 

Precisamente por eso, las dirigencias opositoras deben revisar el expediente con rigor, distinguir entre los procedimientos concluidos y los que siguen abiertos, y tomar una decisión con pleno conocimiento de sus implicaciones.

El fondo de la discusión es la congruencia. Los partidos suelen colocar la defensa de las mujeres entre sus compromisos públicos, pero ese discurso adquiere verdadero significado cuando deben decidir si mantienen o descartan una candidatura cuestionada por hechos que ya tuvieron consecuencias en el ámbito electoral.

No basta con incorporar la igualdad de género a los documentos partidistas ni con utilizarla como argumento durante las campañas; también es necesario que los criterios de selección de candidaturas sean compatibles con esos compromisos.

Layda Sansores, por su parte, ha llevado el caso a los tribunales y ha anunciado que buscará las consecuencias legales que correspondan. 

Los partidos opositores todavía tienen que definir cómo enfrentarán este escenario y qué peso darán a los antecedentes de su eventual abanderado. 

La popularidad, la estructura territorial y las posibilidades electorales pueden formar parte de cualquier evaluación interna, pero no deberían sustituir el análisis de las responsabilidades públicas que implica una candidatura a la gubernatura. 

La decisión tendrá consecuencias para la imagen de las dirigencias y para la manera en que la ciudadanía valore la coherencia entre lo que dicen defender y lo que están dispuestas a respaldar.

Campeche se encamina hacia una nueva disputa por el poder y las fuerzas opositoras deben entender que la selección de su candidato será observada tanto por sus simpatizantes como por quienes exigen una política más responsable frente a la violencia contra las mujeres. 

El antecedente de Guerrero demuestra que una candidatura puede convertirse en un problema nacional para un partido cuando las controversias personales y las decisiones institucionales chocan con sus compromisos públicos. 

Ahora corresponde a las dirigencias campechanas revisar los hechos, valorar las resoluciones y asumir la responsabilidad política de sus decisiones. 

Postular a un personaje que ya tiene una resolución electoral en su contra por violencia política en razón de género enviaría un mensaje profundamente contradictorio con la defensa de los derechos de las mujeres. 

No se puede hablar públicamente de igualdad y respeto mientras se respalda a quien ha sido señalado por ejercer violencia contra una mujer. 

La congruencia se demuestra con hechos, no con discursos, y las mujeres no pueden seguir siendo utilizadas como bandera electoral mientras sus derechos se minimizan o se vulneran. 

Ojalá lo entiendan Movimiento Ciudadano y su dirigencia nacional: elegir a su candidato también significa definir de qué lado están, si del lado de la defensa de las mujeres o del cálculo político que pretende ignorar las consecuencias de sus decisiones.

Desde La Muralla: Salud de Campeche refuerza combate al dengue

La prevención del dengue exige trabajo permanente en territorio y acciones que protejan directamente a las familias. 

En Ciudad del Carmen, la Secretaría de Salud de Campeche mantiene las labores de termonebulización en colonias, espacios públicos e instalaciones estratégicas, con el objetivo de combatir al mosquito transmisor y reducir los riesgos para la población. 

La intervención en zonas habitacionales y puntos de concentración ciudadana forma parte de una estrategia que busca llevar las medidas sanitarias hasta los lugares donde la gente vive, trabaja y realiza sus actividades cotidianas.

Los trabajos abarcaron la colonia Potrero, donde se realizaron acciones en áreas verdes, sitios públicos y talleres mecánicos, además de espacios de importancia para la comunidad, como el Puerto Pesquero, el Jardín de Niños Esther Rodríguez Meza, el Departamento de Bomberos, la Cruz Roja Mexicana y las instalaciones del ISSSTE. 

La cobertura de estos puntos refleja la importancia de extender las medidas preventivas más allá de las viviendas y atender también los espacios donde diariamente conviven trabajadores, estudiantes y familias.

La jornada sanitaria incluyó las colonias Obrera, Justo Sierra, Morelos, Petrolera, Burócrata, Héctor Pérez Martínez, Aviación, Manigua, Ampliación Manigua, Belisario Domínguez, Luis Donaldo Colosio, San Francisco, Perla del Golfo, Carmen 2000, Maderas, Palmira, Los Ríos, Los Arcos y Santa Rita 1. Se trata de una intervención amplia que coloca la prevención como una tarea que requiere presencia constante, coordinación y continuidad para atender las necesidades de la población carmelita.

El trabajo de la Secretaría de Salud también pone sobre la mesa un aspecto fundamental de la política sanitaria: la protección de la salud pública no puede limitarse a reaccionar cuando aparecen los problemas. 

La prevención, las acciones de control del mosquito y la participación de la ciudadanía son componentes indispensables para reducir los riesgos asociados al dengue. Por ello, las jornadas de nebulización deben acompañarse de medidas en los hogares, patios y espacios comunes para evitar la acumulación de agua en recipientes donde el mosquito pueda reproducirse.

La estrategia deja un mensaje claro: cuidar la salud de los campechanos requiere trabajo en campo, prevención y corresponsabilidad social. 

Mientras las brigadas sanitarias intervienen en calles, espacios públicos e instalaciones estratégicas, las familias también pueden contribuir eliminando criaderos y manteniendo limpios sus patios y viviendas. 

La suma de estas acciones permite fortalecer la prevención y mantener el combate al dengue como una prioridad de salud pública en Campeche. 

Desde El Fuerte: Campeche refuerza vigilancia de medicamentos

La protección de la salud de los campechanos también exige mantener una supervisión permanente sobre los medicamentos que llegan a la población. 

Bajo esa premisa, la Secretaría de Salud de Campeche, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado (COPRISCAM), fortalece las acciones de vigilancia y verificación sanitaria en establecimientos farmacéuticos y servicios de salud, con el propósito de prevenir riesgos relacionados con la comercialización de medicamentos falsificados o adulterados.

La estrategia contempla acciones concretas en territorio. Como parte del seguimiento a las alertas emitidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), se han realizado 12 visitas de verificación en Campeche, Carmen y Escárcega. 

Estas inspecciones buscan reforzar el control sanitario y revisar las condiciones en las que se comercializan y manejan productos cuya calidad y seguridad son fundamentales para los pacientes.

La importancia de estas medidas va más allá de una revisión administrativa. Cuando se trata de medicamentos, cualquier irregularidad puede representar un riesgo para quienes dependen de un tratamiento para cuidar su salud. 

Por ello, la vigilancia de las autoridades sanitarias resulta fundamental para detectar posibles anomalías, atender las alertas correspondientes y fortalecer la protección de las personas que acuden a farmacias y servicios médicos en busca de atención.

La Secretaría de Salud también programó nuevas acciones de supervisión, con especial atención a medicamentos de uso especializado. 

Este seguimiento adquiere relevancia porque la seguridad de los pacientes depende tanto de la atención médica como de la calidad y procedencia de los productos que reciben. Mantener la vigilancia y dar seguimiento a las alertas sanitarias permite reforzar las medidas preventivas frente a posibles riesgos asociados con medicamentos de origen irregular.

Otro componente de esta estrategia es la participación de la ciudadanía. La recomendación de las autoridades es adquirir medicamentos únicamente en establecimientos formalmente establecidos, revisar que los empaques se encuentren en buenas condiciones y evitar productos de procedencia desconocida. Estas precauciones ayudan a reducir la exposición a posibles falsificaciones y recuerdan que el cuidado de la salud también comienza con decisiones informadas al momento de comprar un tratamiento.

Con estas acciones, la Secretaría de Salud de Campeche coloca la vigilancia sanitaria como parte de las tareas necesarias para proteger a la población. Las visitas de verificación en tres municipios y la programación de nuevas supervisiones muestran una línea de trabajo orientada a prevenir riesgos y fortalecer el cumplimiento de las disposiciones sanitarias.