Baluarte Político

Layda Sansores frena a “Alito” Moreno

Raúl García Araujo

La semana pasada, el Congreso de Campeche dio un paso histórico al aprobar la reforma a la Ley de Expropiación, impulsada por la gobernadora Layda Sansores San Román. Se trata de una medida que permitirá al Estado ocupar o expropiar terrenos declarados de utilidad pública, cerrando así la puerta a la especulación, el acaparamiento y el uso privado de tierras que deberían estar al servicio del desarrollo colectivo.
 
La oposición, encabezada por la mini bancada del PRI y la de Movimiento Ciudadano, ya anunció que llevará la reforma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No sorprende: son las mismas fuerzas que, durante décadas, protegieron a quienes saquearon a Campeche y se enriquecieron obscenamente desde el poder.
 
El rostro más visible de ese saqueo es Alejandro Moreno Cárdenas. Tras dejar el gobierno estatal en 2019, declaró en 2021 tener 13 propiedades inmobiliarias, entre ellas una residencia de mil 819 metros cuadrados adquirida de contado por 7.2 millones de pesos. Casas y terrenos que difícilmente pueden explicarse con un sueldo de servidor público, pero que ilustran la voracidad con la que gobernó.
 
No se trata de una persecución política, como grita el dirigente nacional del PRI. Desde 2022, la gobernadora Layda Sansores presentó denuncias penales ante la Fiscalía General de la República contra Moreno Cárdenas por enriquecimiento ilícito y otros posibles delitos. Incluso, la Fiscalía Anticorrupción de Campeche solicitó a la Cámara de Diputados su desafuero por el presunto desvío de 83.5 millones de pesos.
 
En este contexto, la Ley Alito adquiere todo su sentido. Es un candado contra quienes se sirvieron del cargo para construir fortunas personales a costa del pueblo.
La reforma fija procedimientos claros y transparentes: la declaratoria de utilidad pública debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado, notificarse personalmente a los afectados y abrir un periodo de audiencias y alegatos antes de que se emita cualquier decreto de expropiación. Con ello, se garantiza el respeto a los derechos de los ciudadanos y, al mismo tiempo, se dota al gobierno de herramientas legales para frenar abusos.
 
Lo que está en juego no es la propiedad privada legítima, como pretende victimizarse Moreno, sino el derecho de Campeche a desarrollarse sin que unos cuantos usen tierras y bienes como instrumentos de especulación.
 
Por si fuera poco, el propio ambiente político nacional refleja el aislamiento de Alejandro Moreno. Durante su visita a Campeche, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, fue contundente: “Alito está aislado y sin respaldo, mientras Morena trabaja para erradicar el nepotismo y fortalecer a México”.

Recordó que incluso los gobernadores priistas de Durango y Coahuila ya cerraron filas con la presidenta Claudia Sheinbaum, declarando abiertamente su adhesión al proyecto de la 4T. El liderazgo de Moreno se reduce, cada vez más, a su ambición personal y a su desesperada búsqueda de protección política.
 
Hoy, la realidad es clara: Campeche no puede seguir siendo rehén de los intereses de quienes lo saquearon. Con la Ley Alito, Layda Sansores demuestra que el poder no se usa para perpetuar privilegios, sino para recuperar lo que le pertenece al pueblo.
 
Y frente a esa claridad, Alejandro Moreno ya no tiene escapatoria. Se quedó sin respaldo de sus propios correligionarios, acorralado por denuncias de corrupción y reducido a un papel patético: el de un político acabado que se aferra a sus propiedades mal habidas como único escudo.
 
En Campeche se acabaron los tiempos de los saqueadores y los intocables. Hoy, con Layda Sansores San Román al frente, la justicia tiene nombre y apellido, y ese apellido es el de Alejandro Moreno Cárdenas.

Desde La Muralla: Salud pública con rumbo político

En Campeche, la política también se libra en los patios, en las azoteas y en los baldíos donde se acumula cacharro y agua estancada. La Secretaría de Salud ha convertido la lucha contra el dengue en un eje de acción visible y cercano a la gente, demostrando que el discurso de la “transformación” también se traduce en brigadas que tocan la puerta de la colonia, revisan tinacos y aplican larvicida.

Durante la Semana Nacional de Salud Pública, el personal de Promoción de la Salud y de Vectores redobló esfuerzos en colonias populares de San Francisco de Campeche —San Joaquín, Pablo García, Miguel Hidalgo, Lázaro Cárdenas, entre otras— donde no basta con la campaña mediática: hay que entrar casa por casa, eliminar criaderos y rociar espacios.

La política del patio limpio es, en realidad, una política de proximidad. Es una estrategia que envía un mensaje claro: la salud pública no se resuelve desde un escritorio, sino en territorio, y eso le da a la Secretaría de Salud un papel de vanguardia dentro del gabinete.

Lo mismo ocurrió en Bacabchén, municipio de Dzitbalché, donde se atendieron más de 70 viviendas y se protegió a 173 habitantes. En números fríos puede parecer poco, pero en términos políticos significa presencia institucional en comunidades que muchas veces solo son recordadas en tiempos electorales.

El Distrito de Salud para el Bienestar No. 1 amplía la cobertura en Hopelchén, Calkiní, Tenabo, Champotón, Seybaplaya y Hecelchakán. No es casualidad: son municipios clave en la geografía electoral y social del estado. Al llevar brigadas, la Secretaría de Salud también envía un mensaje de Estado: el gobierno está aquí, cuida tu salud y responde con hechos.

Desde El Fuerte: Salud y humanismo: Campeche protege a los más vulnerables

En Campeche, la política de salud va de la mano con la solidaridad. La Secretaría de Salud, encabezada por Josefa Castillo Avendaño, reafirma día a día que el gobierno estatal no solo administra servicios, sino que construye entornos que protegen y promueven la salud.

Recientemente, el Centro de Asistencia Social “In Wotoch” recibió la placa de validación como Albergue Promotor de la Salud, lo que lo convierte en un espacio seguro y saludable para la población migrante. Este reconocimiento no es simbólico: refleja que el albergue cumple con infraestructura adecuada, saneamiento básico y programas que fortalecen la prevención de enfermedades y fomentan estilos de vida saludables.

Durante la entrega, la secretaria Castillo Avendaño subrayó que la acción refleja el humanismo del Gobierno de Todos y el compromiso de la gobernadora Layda Sansores San Román por garantizar bienestar y seguridad. La coordinación entre la Secretaría de Salud, el DIF Estatal y el personal del albergue demuestra que la política pública funciona cuando se pone en práctica con eficiencia y sensibilidad.

En un contexto donde la atención a los grupos más vulnerables suele ser un tema relegado, Campeche marca la diferencia: la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino la construcción de entornos que cuidan, protegen y dignifican a quienes más lo necesitan. Este tipo de acciones posiciona al gobierno estatal y, en particular a la Secretaría de Salud, como garantes del bienestar integral, y demuestra que en Campeche la política se traduce en resultados concretos para la gente.