Baluarte Político

Layda Sansores va contra los saqueadores de Campeche

Raúl García Araujo

En Campeche los tiempos han cambiado. La reciente aprobación de la reforma a la Ley de Expropiaciones —vigente desde 1981 y rebautizada en la arena política como “Ley Alito”— no es un simple ajuste legislativo: es un mensaje claro de que en la era de Layda Sansores San Román la impunidad ya no tiene cabida.
Desde el Congreso estatal, la reforma fue presentada como una herramienta de justicia social. Y aunque sus detractores, principalmente Movimiento Ciudadano y algunos sectores del PRI, gritan “autoritarismo” y “despojo arbitrario”, lo cierto es que la norma establece candados inéditos: toda expropiación deberá ser transparente, los ciudadanos tendrán derecho a ser informados y las indemnizaciones se calcularán a valor comercial, no catastral, con plazos de varios años para el pago.
El diputado Carlos Ucán lo dijo sin rodeos: la ley busca desmontar rumores y fantasmas sembrados por la oposición. Y es que la narrativa de quienes se oponen pretende hacer creer que el gobierno busca expropiar casas y terrenos de ciudadanos comunes, cuando la realidad es muy distinta. El eje central de la reforma es claro: garantizar que nadie, absolutamente nadie, esté por encima de la ley.
Ahí es donde el nombre de Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, actual senador y dirigente nacional del PRI, surge como ejemplo inevitable. No porque la ley esté dirigida personalmente contra él —como insisten sus voceros— sino porque su trayectoria encarna todo aquello que la reforma busca erradicar: el enriquecimiento inexplicable y la apropiación de tierras a precios irrisorios, de apenas 30 centavos el metro cuadrado. ¿Puede alguien, con sentido de justicia, defender semejante abuso?
La gobernadora Layda Sansores ha sido tajante desde el inicio de su administración: en Campeche se acabaron los saqueadores. La “Ley Alito” no es una venganza política, como pretende presentarla el PRI, sino la institucionalización de un principio elemental de la Cuarta Transformación: recuperar lo robado y ponerlo al servicio del pueblo. Hospitales, escuelas, parques, vivienda social, infraestructura… esa es la utilidad pública que hoy está en el centro de la discusión.
Por supuesto, los opositores recurren al libreto de siempre: gritar “dictadura” cuando se topan con la ley. Pero no hay persecución ni capricho personal en esta reforma. Lo que existe es la voluntad política de modernizar una norma anacrónica, alinearla con criterios federales y, sobre todo, impedir que los privilegios del viejo régimen sigan pesando sobre los hombros de los campechanos.
Moreno Cárdenas puede descalificar y acusar “autoritarismo”, pero lo que la sociedad ve es distinto: un gobierno que no se arrodilla ante los intocables y un Congreso que respalda con firmeza el mandato ciudadano. La “Ley Alito” es, en el fondo, un recordatorio de que el tiempo de los excesos ya pasó y que el poder público está para servir a la mayoría, no para enriquecer a unos cuantos.
En Campeche, Layda Sansores le ha dado vuelta a la página de la sumisión. Con la “Ley Alito”, envía un mensaje contundente: la corrupción no quedará impune y los bienes que fueron arrebatados al pueblo regresarán al pueblo.
Con esta iniciativa, Layda Sansores San Román también consolida su liderazgo político en el marco de la Cuarta Transformación. Su decisión de enfrentar a los saqueadores, aunque implique incomodar a las viejas élites, reafirma su compromiso de gobernar del lado de la gente y no de los intereses creados. No se trata solo de una reforma legal, sino de una declaración de principios: Campeche no volverá a ser rehén de la corrupción.
Así, la mandataria campechana se coloca como referente nacional de la lucha contra la impunidad. La “Ley Alito” no es un punto final, sino el inicio de un camino en el que los bienes públicos dejarán de ser patrimonio de unos cuantos para convertirse en la base del desarrollo social. Layda Sansores marca con firmeza que el futuro de Campeche será construido con justicia y transparencia, poniendo siempre por delante al pueblo.

Desde La Muralla: Salud para el pueblo: Campeche apuesta por la prevención

En Campeche la salud dejó de ser un privilegio y se ha convertido en un derecho garantizado con hechos. La Secretaría de Salud del estado, en el marco de la Semana Nacional de Salud Pública 2025, instaló módulos gratuitos en el Instituto Tecnológico Superior de Escárcega, acercando servicios médicos y acciones preventivas a estudiantes y población en general.
Un gesto que parece sencillo, pero que en realidad revela una política de fondo: la salud no se espera, la salud se acerca al pueblo.
Durante la jornada inaugural, se puso de manifiesto el compromiso de redoblar esfuerzos del 6 al 13 de septiembre para fortalecer la prevención de enfermedades y la creación de entornos saludables.
Bajo el lema “Unidos por tu salud, construyendo bienestar”, la Secretaría busca impulsar la participación comunitaria y la coordinación interinstitucional para ampliar la cobertura en detecciones, vacunación y atención integral.
Los servicios ofrecidos son muestra clara de una política pública integral: orientación nutricional, estilos de vida saludable, activación física, salud reproductiva, control de peso y talla, pruebas rápidas de VIH, vacunación universal, atención en salud mental y adicciones. No se trata solo de atender enfermedades, sino de prevenirlas, de construir una cultura de cuidado y bienestar desde la comunidad misma.
En un estado donde por años los programas de salud parecían letra muerta, hoy la diferencia es evidente. La actual administración entiende que la prevención salva vidas y recursos, y que la justicia social también se mide en cuántos tienen acceso a servicios básicos sin importar su condición económica.

Desde El Fuerte: Campeche responde con firmeza ante emergencias sanitarias

En materia de salud pública, la diferencia entre la improvisación y la prevención es cuestión de vida o muerte. Campeche lo entiende bien y por ello, ante la confirmación de un caso de sarampión en el municipio de Carmen, la Secretaría de Salud estatal actuó de inmediato. No hubo titubeos ni dilaciones: se reforzó la campaña de vacunación para evitar cualquier posibilidad de brote en la región.
La titular del sector, Josefa Castillo, fue clara al informar que se trata de un caso importado, pues la persona afectada viajó recientemente a Europa y no contaba con el esquema de vacunación correspondiente.
El dato no es menor: el sarampión, considerado erradicado en México desde hace más de dos décadas, sigue siendo un riesgo real cuando la población baja la guardia en materia de prevención.
Lo importante es que, lejos de maquillar la situación o minimizarla, la Secretaría de Salud tomó cartas en el asunto con rapidez y transparencia.
Se intensificaron las brigadas, se fortalecieron las acciones de vacunación y se emitió un llamado urgente a la población: vacunar a los niños de 1 a 9 años y a las personas de 10 a 49 que no cuenten con esquema completo. La prioridad está clara: proteger a las familias campechanas.
Este tipo de respuesta refleja una diferencia política de fondo. Donde antes había negligencia, hoy hay acción inmediata; donde antes predominaban las justificaciones, ahora prevalece la prevención. La salud pública no admite pretextos y la administración actual ha demostrado que su compromiso con el pueblo se mide en capacidad de reacción, en información oportuna y en políticas preventivas que salvan vidas.