Lo que dicen los columnistas

México: la justicia que protege a los poderosos y abandona a las víctimas 

La exoneración del extitular del INM, Francisco Garduño, por el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez en 2023, donde murieron 40 migrantes, revela una justicia con excepciones para los poderosos. 

Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción, Instituto para las Mujeres en la Migración y Clínica Jurídica Alaíde Foppa para Personas Migrantes 

Proceso 

En México la justicia tiene precio, cobijo político y gafete de servidor público. Si eres una persona migrante buscando sobrevivir, el Estado te persigue, te encierra y te deja morir. Pero si eres un alto funcionario, el Estado te protege, te perdona y, para rematar, te premia con un nuevo cargo gubernamental. 

Lo que presenciamos el martes 13 de octubre, con Francisco G.Y., extitular del Instituto Nacional de Migración (INM) y actual director de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no es un acto de justicia, sino una obra de teatro con un guion escrito desde el poder para garantizar la impunidad. 

Al excomisionado se le sentó frente a un juez por el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, donde 40 hombres murieron y 27 sobrevivieron con lesiones graves de por vida. Cualquiera pensaría que el responsable de la política que los encerró bajo llave enfrentaría cargos por homicidio. Pero no. En nuestro país la cuerda siempre se rompe por lo más delgado. La Fiscalía General de la República (FGR) le armó un salvavidas, lo acusó de un delito menor: ejercicio ilícito del servicio público, mientras que a sus subordinados sí les fincó cargos por homicidio. 

Esta trampa legal le permitió a Francisco G.Y. obtener una suspensión condicional del proceso en enero de 2025 por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón, a cambio de admitir que existían hechos constitutivos de delitos de homicidio y lesiones y garantizar (verbalmente) la reparación integral del daño. Condiciones a modo que terminarían a cargo del Estado mexicano, entre ellas que el INM pagará una compensación económica con el erario; que la atención médica se realizará a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a pesar de que ninguna víctima está en México; y sin que exista ninguna prueba documental de que las 25 estancias migratorias en todo el país cuentan con medidas de protección civil para evitar futuros incendios. 

La desolación de los sobrevivientes y de las familias que perdieron a sus hijos, hermanos o esposos es total. Se enfrentan a un monstruo burocrático donde las instituciones que deberían defenderlos son, en realidad, cómplices de sus verdugos. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) abandonó su deber y rol de defensa de las víctimas ante las decisiones del juez. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se ha vuelto una ventanilla de encubrimiento; basta ver cómo le dio un portazo en la cara a las 15 mujeres que sobrevivieron al incendio en Juárez y a quienes hoy se les niega siquiera el reconocimiento de víctimas. 

¿Quién escucha entonces a quienes ya lo perdieron todo? ¿Quién defiende a las personas que ni siquiera pudieron comprender plenamente el proceso por la falta de intérpretes? ¿Quién responde a quienes no han recibido atención médica continua ni una reparación completa del daño? 

Tristemente, esta justicia selectiva es la marca de la casa. La memoria sangra cuando recordamos otras tragedias. Pensemos en la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010; o en los 19 cuerpos calcinados en Camargo, en 2021. En todos estos casos, las redes de complicidad entre el crimen organizado y las autoridades locales y federales quedaron expuestas. Sin embargo, en las cárceles sólo hay chivos expiatorios, policías de bajo rango o halcones. Jamás un secretario de Estado, jamás un comisionado de alto nivel. La cadena de mando es intocable. 

Durante la gestión de Francisco G.Y., de 2019 a 2025, el 80% de las personas migrantes sufrieron extorsión o secuestro al cruzar nuestro país. La población solicitante de asilo dejó de recibir documentación migratoria, a las personas migrantes se les empezó a prohibir el tránsito por territorio mexicano, inclusive obligando a las empresas de autotransporte a no vender boletos ni trasladar a quienes no demostraran su documentación migratoria. Sin contar las miles de personas migrantes fallecidas y desaparecidas que no aparecen en las estadísticas oficiales. Y las promesas de que las estaciones migratorias ya no serían trampas mortales quedaron huecas, tan sólo el pasado 12 de septiembre un nuevo incendio se registró en la estación migratoria de Janos, Chihuahua. 

Las víctimas de Ciudad Juárez no piden privilegios. Exigen lo que cualquier persona merece: verdad, justicia, atención y reparación. No puede haber derechos humanos que dependan de la nacionalidad, ni justicia que cambie según el cargo que se ocupa. 

Un Estado que protege a sus funcionarios mientras abandona a las víctimas renuncia a su responsabilidad más básica. Y mientras la justicia siga teniendo excepciones para los poderosos y obstáculos para los demás, México continuará acumulando expedientes, familias rotas y heridas que ninguna indemnización podrá cerrar por sí sola. La audiencia de Francisco G. Y. pasará a la historia como el día en que el sistema judicial nos escupió en la cara para decirnos que, mientras las víctimas lloran a sus muertos en el abandono, los poderosos siempre encontrarán una salida de emergencia. 

Razones 

¿Qué hacemos con Caro Quintero? 

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ 

Excelsior 

Es un proceso incómodo. La fecha programada es el 8 de marzo de 2027. Ese día tendría que comenzar el juicio contra Rafael Caro Quintero en la Corte de Nueva York, un narcotraficante histórico de México y uno de los sujetos más pedidos por la justicia estadunidense. El proceso se debate entre la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial que evite el juicio, hasta la demanda política y de agencias estadunidenses de convertir el mismo en un procedimiento ejemplar, que sería también un proceso contra la narcopolítica en México. 

La audiencia de ayer duró apenas 15 minutos. Rafael Caro Quintero no dijo una palabra y volvió a su celda en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. La comparecencia, ante el juez federal Frederic Block, en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, terminó sin un acuerdo de culpabilidad, aunque ambas partes mantienen abiertas las negociaciones para evitar un juicio.  

El juez Block consideró que el caso es “complejo para fines de un juicio rápido” y citó a la Fiscalía y la defensa a una nueva audiencia el 20 de noviembre. En el sistema de justicia federal estadunidense “declarar complejo” un juicio es una decisión procesal que suspende los plazos de la ley para un juicio rápido y da margen a las partes para negociar.  

En marzo de 2025, la fiscal Saritha Komatireddy confirmó, con decenas de agentes de la DEA en la sala, que la pena capital seguía sobre la mesa. El cargo principal, dirigir una empresa criminal, continua, pero la principal acusación subyacente es el asesinato en la tortura del agente de la DEA Enrique Camarena (el primer agente de la DEA asesinado por narcotraficantes desde la creación de la agencia antidrogas) e implica como mínimo una cadena perpetua con posibilidad de pena de muerte. En agosto de 2025, el Departamento de Justicia anunció que no buscaría la pena de muerte, pero entonces disminuyó los espacios de negociación: si ya no se negocia la vida y sólo está en negociación la forma en que se aplicará la cadena perpetua, los acuerdos se mueven en límites demasiado estrechos. 

El tema no sólo es si se va o no a juicio, sino si se lleva a ese proceso la historia criminal de los últimos 40 años en México. Caro Quintero es el último protagonista vivo, con capacidad de hablar, del secuestro, tortura y asesinato de Enrique Camarena en febrero de 1985. Es el hombre que sabe quién estuvo en la casa de la calle Lope de Vega durante la tortura, quién hizo las llamadas, quién le permitió salir en aquellos días del aeropuerto de Guadalajara rumbo a Costa Rica, y qué funcionarios, policías y militares mexicanos eran sus cómplices. Y la historia de Caro llega hasta hoy con la creación, luego de su liberación, en 2013, del Cártel de Caborca.  

Caro Quintero estuvo preso 28 años en México, pero siempre se negó su extradición hasta que fue liberado en 2013 por una decisión judicial inexplicable, estuvo nueve años prófugo y fue recapturado en Choix, Sinaloa, en julio de 2022, en un operativo que costó la vida de 14 marinos, muertos supuestamente en un accidente de aviación. Nada de eso está en los cuatro cargos de la Fiscalía de Nueva York, aunque esos cargos se están ampliando, según se anunció ayer. De esos 40 años, Caro Quintero debería hablar públicamente si se va a juicio. Un acuerdo de culpabilidad con cooperación en Estados Unidos no es una confesión abstracta: es un intercambio. El acusado entrega información verificable, la Fiscalía la usa para judicializar otros casos y el juez la toma en cuenta al sentenciar. Lo que la Fiscalía quiere escuchar tiene que ver con 1985 y abarca hasta el presente: las redes criminales y de protección, los pactos de la década que estuvo libre, los políticos que lo protegieron, la participación o no de políticos y funcionarios, comenzando por Manuel Bartlett, en la muerte de Camarena. La DEA lleva 41 años esperando el testimonio de lo ocurrido en 1985. Seguramente todo eso lo saben, pero con el testimonio toda esa información se puede judicializar. 

La Fiscalía pidió ayer, y el juez Block lo autorizó, que los nombres, domicilios y lugares de trabajo del jurado del hipotético juicio que tendría que comenzar en marzo próximo no se revelen ni a las partes ni a sus abogados, con traslado diario de los jurados por alguaciles. La Fiscalía adelantó desde 2025 que presentará las grabaciones de los interrogatorios y la tortura a Camarena que son tan explícitas como terribles.  

Caro Quintero fue uno de los 92 narcotraficantes que la administración Sheinbaum entregó, sin extradición formal, bajo la figura de la expulsión, a Estados Unidos. Fue una decisión política al inicio del gobierno de Trump. Buena parte de esos expulsados se han convertido en colaboradores de la justicia estadunidense. En el caso Caro Quintero, si hay un acuerdo, como ocurrió con El Mayo Zambada, los nombres de la narcopolítica quedarán en expedientes sellados, pero el Departamento de Justicia tendrá toda esa información para usarla discrecionalmente en otros casos o en las negociaciones políticas del propio gobierno estadunidense. Si hay juicio, saldrán a la luz en marzo de 2027, frente a un jurado anónimo, con 41 años de retraso, pero con una vigencia incuestionable. 

Juegos de poder 

Los espejitos que vino a vendernos Mazzucato a los mexicanos 

LEO ZUCKERMANN 

Excelsior 

Hace mucho que no leo un reporte tan fantasioso e ingenuo como “Transformación del Estado para el Plan México: un enfoque por misiones para alcanzar una prosperidad compartida” de Mariana Mazzucato y Lara Merling. La primera es una de las heroínas de la izquierda mexicana ilustrada, economista de moda que supuestamente ofrece un proyecto alternativo de desarrollo al neoliberalismo. 

Para el lopezobradorismo, la fuente de todos los males de México fue el proyecto neoliberal que los antecedió. Más allá de la exageración retórica y propagandística, muchos nos hemos preguntado cuál era la alternativa que proponía la izquierda a este modelo. Varias personas que respeto me respondían que ahí estaba el trabajo académico de Mazzucato que redefinía el papel del Estado en el capitalismo moderno.  

Resulta que a la famosa economista la contrataron para hacer propuestas de qué hacer en nuestro país. Antier, en este espacio, glosé el diagnóstico de su propuesta y ayer sus recomendaciones de política pública.  

El reporte, me parece, acierta en el diagnóstico al identificar baja productividad, escasa innovación y grandes diferencias entre empresas y regiones. Como era de esperarse, su propuesta para resolver estos problemas le asigna demasiado protagonismo a la dirección estatal.  

He ahí el problema.  

En un país como México, donde el Estado tiene enormes dificultades para proveer bienes públicos básicos como seguridad, educación o salud, ni hablar de evitar la formación de monopolios o resolver las fallas de mercado, Mazzucato y Merling nos proponen que el gobierno vaya más allá orientando y coordinando los recursos de la economía.  Sí, como no.  

¿De qué país me están hablando? 

Parece que las autoras no estudiaron bien las capacidades reales del Estado mexicano.  

Es como si a un enclenque que no puede levantar una pesa de diez kilos le propusieran cargar, ahora, una de cien.  

Las autoras cuestionan correctamente las rentas derivadas del poder de mercado. Lo que no hacen, y es típico en este país, es las otras rentas: las que se derivan de la intervención del Estado, es decir, de las concesiones, barreras legales o favoritismo de los gobernantes.  

Ni qué decir de la corrupción que entraña el que el Estado se ponga en modo más intervencionista.  

¿Acaso no les contaron a estas académicas de la red de corrupción de los grandes proyectos de infraestructura (Dos Bocas, Tren Maya, etcétera) durante el sexenio pasado? 

¿Nadie les dijo del terrible problema histórico del capitalismo de cuates de la economía mexicana donde las grandes fortunas se hacen por la colusión de “empresarios” (sí, entre comillas) y la clase política? 

Aunque el documento pide transparencia y competencia abierta, los nuevos incentivos selectivos, contratos preferenciales y condiciones negociadas que proponen pueden acabar favoreciendo a quienes saben influir sobre el gobierno. Es la tradición en nuestro país. Precisamente la del capitalismo de cuates.  

La política industrial que recomiendan Mazzucato y Merling corre el riesgo, bastante real en México, de construir una élite económica dependiente del presupuesto. 

No, el remedio pasa por un Estado acotado que sí haga bien las pocas cosas bajo su responsabilidad.  

En materia económica, corregir las fallas típicas del mercado como evitar monopolios y oligopolios, proveer bienes públicos como la seguridad y regular las externalidades negativas y la asimetría en la información. A eso hay que sumar dos servicios que contribuyen sustancialmente al desarrollo económico: educación y salud.  

Conque el Estado mexicano haga eso bien, yo me daría por servido.  

Mazzucato, sin embargo, propone que el Estado también contribuya a crear y orientar mercados, movilizando inversiones e innovación hacia objetivos públicos más ambiciosos.  

¿Con qué recursos? 

Las autoras proponen aumentar los impuestos, ya existentes y nuevos sobre patrimonio, capital o beneficios financieros. El reporte presenta opciones, pero no demuestra que sus ingresos netos alcancen para sostener la arquitectura propuesta por ellas. Tampoco habla de los efectos que podrían tener estos tributos sobre la inversión, evasión y financiamiento que, huelga decirlo, podrían ser negativos para el crecimiento económico.  

Yo estoy a favor del libre mercado, lo cual no implica un Estado ausente. Requiere uno eficaz para proteger derechos, garantizar contratos, ofrecer bienes públicos, corregir externalidades negativas y evitar prácticas anticompetitivas. Mazzucato coloca la coordinación estatal en el centro del desarrollo económico sin demostrar su ventaja frente a reglas generales y competencia. En este sentido, creo que la heroína de la izquierda mexicana vino a vendernos un proyecto fantasioso. Espejitos, pues.   

Astillero 

Brugada y la utopía política // AMLO, Claudia, Harfuch // Lemus insiste: privatizar // Aclarar lo de Clara-NL 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

La Jornada 

La jefa del gobierno capitalino, Clara Brugada, presentó su segundo Informe de labores. A diferencia de lo sucedido con otros ocupantes de ese cargo, virtual plataforma hacia la búsqueda de una candidatura presidencial, la ex alcaldesa de Iztapalapa ha tenido menos lucimiento futurista y un desempeño relativamente sosegado (con las Utopías como principal bandera), lo cual no es poca cosa en el escenario político tan convulso y estridente. 

Brugada llegó a la candidatura morenista a la gubernatura chilanga en razón de ajustes de paridad de género (el Instituto Nacional Electoral determinó que en las nueve elecciones de gobiernos estatales en 2024 hubiera cinco mujeres y cuatro hombres), pues Omar García Harfuch había ganado las tres encuestas ordenadas por el partido guinda que decidió hacer a un lado a quien había sido jefe de policía de la administración claudista de la Ciudad de México. 

Desde entonces se habló de un rechazo del mandatario saliente, López Obrador, al crecimiento político de García Harfuch y de la insistencia de la futura presidenta electa en impulsar al jefe policiaco, quien luego fue candidato triunfador al Senado, asiento legislativo que dejó para ser secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana y, actualmente, uno de los principales personajes con proyección para la presidencial de 2030. 

A Brugada, como es natural en función del cargo que ocupa, también se le menciona como carta hacia 2030, entre versiones de poca química operativa entre la jefatura de Gobierno y Palacio Nacional. Ayer, entre cifras y estadísticas, obras y servicios, subrayó la lucha por la reivindicación de las mujeres, contra la violencia y asumiendo que la actual es también la hora de transformar las relaciones de desigualdad dentro de los hogares. 

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, envió al Congreso estatal un proyecto de decreto para construir un acueducto sustituto mediante una fórmula de inversión “público-privada”. En los hechos, y para fines prácticos, se abre así la puerta a una forma de participación de capitales privados, muy en boga, a pesar de que el mandatario aseguró, en un reciente mea culpa que pronunció, que no habría privatización. 

El proyecto de Lemus será turnado hoy a la Comisión de Hacienda, que debe dictaminar y, con la premura que Movimiento Ciudadano y Lemus deseen imprimir (incluyendo alguna especie de madruguete), podrá llegar a la votación plenaria en el Congreso jalisciense, con la oposición de Morena y dos partidos con registro local. Pero bastaría que tres legisladores de este flanco opositor cambiaran su voto para que fuera aprobado el proyecto de decreto en mención. 

A fin de cuentas, se mantienen la intención privatizadora y el endeudamiento, en un proyecto que en año y medio duplicó sus requerimientos de financiamiento. Por lo pronto, se convoca a otra marcha contra el agua sucia y tóxica (y los negocios de la élite política e inver-sionistas) este domingo próximo. 

Astillas 

La reacción de Tatiana Clouthier, a la ofensiva en rechazo a la “coordinatura” asignada a Clara Luz Flores para competir por segunda vez por el gobierno de Nuevo León, y la unificación de otros participantes en la encuesta guinda correspondiente, han puesto a la directiva de Morena en un predicamento que podría llevar a prescindir de la ex instructora, con estola amarilla, de NXIVM, el grupo dirigido por Keith Raniere, luego condenado a 120 años de cárcel… En Zacatecas, el beneficiario de la postulación monrealista de candidata a gobernar podría ser el Revolucionario Institucional (partido al que en febrero de 1998 renunció Ricardo Monreal porque no lo postularon al gobierno estatal, pasando al de la Revolución Democrática e iniciando un cacicazgo familiar subsistente, ahora al amparo de Morena)… Y, mientras ayer se realizaba la “consulta” del sindicato oficialista del IMSS sobre demandas salariales e insumos, luego de una notable movilización de trabajadores el pasado martes. 

México SA 

Estados Unidos: sólo en el “patio trasero” // Lavado de dinero se “resuelve” con multas // A Bank of America, mil 200 millones de dólares 

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA 

La Jornada 

Si la detección de un delito financiero tipificado en su propia ley (con la consecuente acción punitiva contra los implicados) ocurre fuera de sus fronteras (especialmente si se comete en su “patio trasero”), Estados Unidos presiona y ataca de forma feroz y “definitiva”, pero si esa misma transgresión se registra en territorio propio, entonces se lava las manos y lo “arregla” con una multa, y todos felices siguen su camino sin consecuencias. 

Por ejemplo, a mediados del año pasado el Departamento del Tesoro estadunidense se le fue a la yugular a las autoridades financieras mexicanas, a las que reclamó airada y hostilmente por no estar atentas ni detectar a tiempo operaciones de lavado de dinero en las instituciones bancarias que operan en nuestro país (incluso la entonces fiscal gringa Pam Bondi –hoy “fuera de servicio”, tras ser defenestrada por Donald Trump– calificó a nuestro país de “adversario extranjero”). ¿Monto involucrado? (según esa dependencia de la Casa Blanca): 46 millones y pico de dólares. 

La Jornada (Dora Villanueva) lo reseñó así: “El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó su primer dardo contra el sistema financiero mexicano, al señalar a tres instituciones (CIBanco, Intercam y Vector) como facilitadoras de lavado de dinero (relacionado con el tráfico de fentanilo) de los cárteles de la droga, por un monto de al menos 46 millones 591 mil dólares. Entre los argumentos que presentó la autoridad estadunidense se encuentran los sobornos a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública cuando Felipe Calderón ocupó la Presidencia”. 

Algo más: “la sanción emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, del propio Departamento del Tesoro) prohíbe cualquier transferencia de fondos que involucre a estas instituciones financieras, pero sólo afecta a las empresas mexicanas, no a las filiales que Intercam tiene en ese país, ni tampoco a la rama global de Vector, también con registro ante las autoridades de Estados Unidos, y menos a los bancos corresponsales estadunidenses (como Pershing, LLC, subsidiaria de Bank of New York Mellon) que venían trabajando con sus pares mexicanos”. 

“Todo el peso de la ley” a esa tercia de instituciones financieras que operan en México, y fue tal la presión que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores las intervino “temporalmente” y revocó sus permisos, sólo para organizar su salida del sistema financiero nacional y su ulterior extinción. Así de fácil: las instituciones mexicanas desaparecieron (CIBanco, Intercam y Vector). 

El citado sólo es un ejemplo, pero si el mismo delito financiero lo comete alguna institución bancaria de Estados Unidos en territorio estadunidense, entonces la cosa cambia y el trato es distinto. Ejemplos sobran, pero el más reciente, que no el último, lo protagoniza Bank of America, una de las cuatro instituciones bancarias más grandes y añejas del vecino del norte (las otras tres son Citigroup, JP Morgan Chase y Wells Fargo, sancionadas en ocasiones anteriores por el mismo delito). 

Pues bien, la información llega desde Washington: “El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que impondrá multas por mil 200 millones de dólares a Bank of America por presuntamente violar leyes contra el lavado de dinero y diversas normas sobre sanciones. Las multas a la segunda entidad bancaria más grande del país son la tercera sanción más cuantiosa en la historia del departamento”, el cual advierte sobre “riesgos prioritarios para la seguridad nacional”. 

El propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que “cuando un banco de este tamaño incumple sus obligaciones contra el lavado de dinero y en materia de sanciones, las consecuencias van mucho más allá de sus propias paredes y exponen a todo el sistema financiero de Estados Unidos a importantes riesgos de financiamiento ilícito. Las medidas de hoy envían un mensaje claro de que ni siquiera las instituciones financieras más grandes están por encima de la ley”. Eso sí, nada de cancelar su operación y encarcelar a los responsables. Con una multa se “arregla” la violación a su propia ley y colorín colorado, que la poderosa industria del lavado de dinero en el vecino del norte sigue produciendo, porque para presumir músculo están los bancos del “patio trasero”. 

Las rebanadas del pastel 

Lo que revela la revista alemana Der Spiegel sólo confirma lo que de forma pasiva observa la comunidad de naciones desde hace casi 80 años: el genocidio del pueblo palestino y el ilegal expansionismo sionista. Sólo en los últimos tres años, 74 mil niños, mujeres y hombres han sido masacrados.