Lo que dicen los columnistas

Intrusión de EU en México

La intrusión anunciada por Donald Trump es ya una realidad y para la presidenta Claudia Sheinbaum es una más de las complicaciones que tiene que enfrentar en estos tiempos de confrontaciones políticas.

JOSÉ GIL OLMOS

Proceso

En su edición 1776 de noviembre de 2010 la revista Proceso reveló un acuerdo del gobierno de Felipe Calderón con el gobierno de Estados Unidos para instalar una Oficina Binacional de Inteligencia (OBI), que en palabras llanas era un centro de inteligencia estadunidense instalado en la avenida más conocida de la Ciudad de México: Reforma.

Desde agosto de ese año esa oficina comenzó a funcionar a pesar de la resistencia de las Fuerzas Armadas. En la parte más alta de ese moderno edificio ubicado al lado de lo que fue el Cine Latino estaba dicha oficina, desde la cual operaban agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), del Buró Federal de Investigación (FBI), así como de los departamentos de Justicia, de Seguridad Interior y del Tesoro.

De acuerdo con el reportaje publicado y que fue portada, la OBI abrió dos oficinas “satélites”: una en Ciudad Juárez y otra en Tijuana, donde los agentes estadunidenses comandan “fuerzas de tarea” contra el narcotráfico, con el apoyo de personal mexicano.

“Fue el ascenso del narcotráfico en el país el que abrió la puerta a todas las agencias de inteligencia estadunidenses, predominantemente militares, para que operen desde el Distrito Federal sin necesidad de encubrir a sus agentes como diplomáticos” se consignó desde entonces en el reportaje que hoy, 16 años después, sigue vigente.

Desde entonces y hasta ahora estas agencias han operado en territorio nacional bajo la égida gubernamental. Operaciones que hoy vemos con mayor nitidez en acciones contra los cárteles mexicanos declarados grupos terroristas por el gobierno de Donald Trump.

Una de estas acciones recientes ocurrió en Chihuahua el pasado 19 de abril con la muerte de dos agentes de la CIA tras un operativo de desmantelamiento de un laboratorio de producción de drogas en la Sierra Tarahumara y que ahora es investigado por la Fiscalía General de la República.

Otra más habría ocurrido el 28 de marzo. Según la empresa de noticias norteamericana CNN, la CIA ha intensificado su guerra secreta contra los cárteles realizando operaciones letales dentro de México. Dicha agencia estaría detrás de la planeación del ataque en Tecámac, Estado de México, con coche bomba en el que murió Francisco Beltrán el Payín, mando medio del Cártel de Sinaloa.

Aunque el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, negó dicha información, lo mismo que la CIA, el diario New York Times informó que la Agencia sólo participó con inteligencia en el operativo.

Estos casos ejemplifican claramente que el gobierno estadunidense ya está actuando en territorio nacional en el combate al narcotráfico y que se esperan más acciones.

El pasado martes 14 hubo diversas expresiones del gobierno norteamericano que preludian mayores acciones no sólo contra narcotraficantes, sino también contra políticos coludidos.

El secretario de Guerra de Trump, Pete Hegseth, al comparecer ante el Congreso, pidió a las fuerzas armadas de México abocarse con mayor atención contra los narcos para que no lo tenga que hacer Estados Unidos.

En tanto que Terry Cole jefe de la DEA, declaró que narcotraficantes y altos funcionarios del gobierno de México han estado coludidos desde hace años y aseguró que el proceso judicial contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es sólo el comienzo de lo que está por venir en México.

En tanto que en su portal digital Proceso reveló que el gobernador Rubén Rocha Moya se encuentra vigilado dentro del Palacio de Gobierno estatal en Culiacán bajo un esquema de vigilancia aérea permanente de Estados Unidos con el uso de un helicóptero táctico y al menos seis drones de gran tamaño.

La intrusión anunciada por Donald Trump es ya una realidad y para la presidenta Claudia Sheinbaum es una más de las complicaciones que tiene que enfrentar en estos tiempos de confrontaciones políticas.

Razones

La reunión en Palacio fracasó

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Excelsior

Más allá de los comunicados, la reunión que mantuvieron el jueves en Palacio Nacional el director de Homeland Security, Markwayne Mullin, y la presidenta Sheinbaum, no terminó bien. El responsable de Seguridad Nacional de Estados Unidos insistió en la necesidad de entregar a Rubén Rocha y a los otros políticos acusados de pertenecer al Cártel de Sinaloa, incluso le explicó a la Presidenta que el estatus legal de los acusados había cambiado: desde el momento en que se entregaron el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz, que se declararon culpables y comenzaron a colaborar con las autoridades, Rocha, Enrique Inzunza y los otros seis ya no son pedidos para su detención con fines de extradición, sino ya son procesados, ya comenzó en Estados Unidos el juicio contra ellos, porque los que se entregaron ya los inculparon. Y por eso demandó la extradición inmediata de todos ellos.

La presidenta se negó, sostuvo que serán juzgados en México, si es que se encuentran pruebas en su contra y, en tono mañanera, le volvió a recetar a Mullin el discurso de la soberanía. La negativa se mantuvo férrea, pero entonces el secretario Mullin le informó a la mandataria que seguirán las denuncias contra políticos y funcionarios mexicanos e incluso le adelantó los que vienen en los próximos días: el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y 20 funcionarios y cercanos suyos en el estado; la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y otros 12 acusados en el estado; el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo,  y nueve políticos y funcionarios estatales; y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, acompañado por 11 miembros de su equipo y personajes cercanos. Mullin informó que, en la medida en que no se avance en las detenciones, se irán tomando medidas contra éstos y otros personajes políticos mexicanos, porque la lista es mucho más extensa.

La presidenta Sheinbaum insistió en que no habrá entregas, en la reciprocidad y el intervencionismo, Mullin endureció su posición. Trató de mediar el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el principal interlocutor con Mullin y otras autoridades civiles estadunidenses, y fue frenado por la propia Presidenta, que le pidió que no interviniera, y la mandataria concluyó en forma abrupta el encuentro. La reunión en Palacio Nacional terminó mal y sin acuerdos.

El comunicado posterior del Homeland Security lo dio a entender de forma bastante explícita: después de decir que fue un placer sostener esa reunión, dice que el primer punto acordado fue “fortalecer los esfuerzos de México contra los narcoterroristas”. No se habla de esfuerzos bilaterales, sino de mayores esfuerzos de México contra los grupos que, como con razón los califica Estados Unidos (y se niega a hacerlo México), son “narcoterroristas”. 

El desarrollo de la reunión explica por sí mismo el tono de la relación, las contradicciones profundas existentes y por qué, por ejemplo, se canceló la visita de la responsable de la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca, Sara Carter: hay poco para acordar con posiciones tan antagónicas en el tema principal, que es la destrucción de las redes políticas de protección de los criminales. 

Habrá que estar muy atentos a qué pasará esta semana con la visita del negociador estadunidense del T-MEC, Jamieson Greer, porque el tema de la seguridad, la seguridad jurídica y financiera van de la mano con las negociaciones comerciales. Pero también a cómo avanzan las acusaciones que desde Washington (en realidad desde la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, entre otras oficinas de la fiscalía estadunidense) se presentarán contra políticos y funcionarios mexicanos por su relación con el crimen organizado.

LA FGR JUEGA A LA POLÍTICA

Mientras tanto, el gobierno federal y la FGR juegan a la política en forma bastante burda. En el fin de semana decidieron citar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el tema de los capacitadores de la CIA muertos en un accidente en ese estado. El citatorio, como bien lo señaló en redes Pascal Beltrán del Río, es una suma de errores legales y jurídicos, pero es la demostración de que la Fiscalía, de la mano con Morena, quiere distraer con el caso Chihuahua, la gravísima situación que viven Rocha, sus cómplices y como acabamos de ver varios otros gobernadores y funcionarios acusados de ser parte del crimen organizado en nuestro país. 

Poco después, la FGR anunció que citará a Rocha, Inzunza y otros a declarar, pero la Secretaría de Gobernación (demostrando la independencia de la FGR) explicó que están citados sólo en calidad de testigos. Así el trato diferenciado de la FGR y el gobierno contra quien combate al crimen y quien es cómplice de los criminales.

Hablando de cómplices de los criminales, el viernes se reunieron en el Country Club de Culiacán dos imputados impunes. El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, debería haber sido detenido y procesado por fraude y otros delitos en su estado y fue rescatado por el entonces fiscal capitalino (ahora segundo en la FGR) Ulises Lara cuando iba a ser apresado en un bar. Fue protegido por la fiscalía capitalina hasta que pudo protestar como senador y así tener fuero. Corral se reunió en Culiacán con Enrique Inzunza, el principal acusado, junto con Rocha, por Estados Unidos, protegido, como Corral, por la FGR. Ambos reconocieron ser amigos y no tener por qué ocultar su cercanía y amistad. Es verdad: son iguales.

Juegos de poder

Blindaje a Morena

LEO ZUCKERMANN

Excelsior

Morena está en problemas y ellos lo saben.

La economía no crece, la percepción de mala seguridad aumenta y ahora, para colmo, se les acabó la narrativa de que son diferentes, honestos y llegaron al poder para hacer una gran transformación que incluía la purificación de la vida pública del país.

En lugar de eso, cada día se instala más una narrativa de que se metieron en la cama con el crimen organizado.

No les está siendo sencillo salir de este hoyo.

Han tratado de distraer con el presunto involucramiento de cuatro agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio por parte del gobierno de Chihuahua. Este asunto es un escándalo por la ilegalidad en la participación estadunidense sin la anuencia del gobierno federal.

Pero no se compara, ni de lejos, con el escándalo en el que está involucrado Morena, es decir, la acusación de la Fiscalía federal estadunidense de la asociación del gobernador de Sinaloa (con licencia), Rubén Rocha, y nueve funcionarios más con el cártel de ese estado.

Han tratado de envolverse en la bandera, con un discurso nacionalista, rechazando la injerencia extranjera en asuntos internos del país. Con poco éxito porque, al hacerlo, aparecen defendiendo lo indefendible, es decir, a Rocha y compañía. Sí, los mexicanos no queremos que Estados Unidos se meta en nuestros asuntos, pero tampoco que nos gobierne el crimen organizado como sucedía (o todavía sucede) en Sinaloa.

Para que todo este contexto no tenga consecuencias en las próximas elecciones intermedias de 2027, y menos en las presidenciales de 2030, ya echaron a andar la maquinaria del clientelismo electoral que tan bien manejan.

No es sorpresa que hayan mandado a la exsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, como dirigente nacional de Morena. La apuesta es clara: repartir más dinero en efectivo con el fin de ganarse la simpatía ciudadana. Con un pequeño problema: las finanzas públicas están pendidas de alfileres, el gobierno no tiene dinero y, si siguen por ese camino, la deuda soberana perderá el grado de inversión para convertirse en chatarra. Pero eso será en el futuro y, como decía Pablo Milanés, “el futuro algún día llegará”.

El primer blindaje a un posible revés de Morena en las elecciones son los programas sociales. Eso ya inclina la cancha electoral a su favor.

El segundo blindaje es el control que tienen de las autoridades electorales. Tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) ya responden a los intereses morenistas. Hemos regresado a los años ochenta del siglo pasado cuando el PRI controlaba los órganos electorales que protegían al partido hegemónico.

No contentos con eso, ahora quieren cambiar las reglas del juego para evitar que Morena pueda perder en las urnas. Esta semana piensan aprobar una reforma para que las elecciones se anulen si se comprueba una injerencia extranjera.

Yo, desde luego, no estoy de acuerdo con que los extranjeros intervengan en los procesos electorales del país. Pero este concepto es tremendamente amplio. Una injerencia puede ir desde un tuit de un funcionario menor del gobierno ecuatoriano refiriéndose a algún candidato mexicano hasta el ataque cibernético de una agencia estadunidense para cambiar los resultados de la elección.

De hecho, lo que está pasando en este momento con Rocha Moya y nueve más podría ser interpretado como una injerencia extranjera para afectar los intereses electorales de Morena. El castigo sería la anulación de la elección si le va mal en 2027, una solución que vamos a llamar “nuclear” por su extremismo.

Y he aquí el problema: ¿quién apretará el botón “nuclear” anulando una elección?

El TEPJF, hoy controlado por Morena.

Precioso blindaje.

Los magistrados, de acuerdo con las órdenes que reciban de sus jefes morenistas, decidirán si anulan o no una elección ya sea por un inocente tuit o algo más gordo.

Con este tipo de iniciativas de reforma, Morena está enseñando el miedo que tiene de perder el poder debido a la inmundicia que está saliendo porque, en lugar de haber purificado la vida pública del país, la pudrieron más. 

La iniciativa de Ricardo Monreal de anular los comicios por injerencia extranjera no es una defensa nacionalista. Es el tercer blindaje para inclinar todavía más la cancha electoral y evitar una derrota de Morena.

Adelanto que vendrá una cuarta. La típica cuando los políticos se sienten amenazados: censurar a los medios de comunicación. Lo harán escudándose con el pretexto de defender el derecho de las audiencias.

Están preocupados, se sienten amenazados, creen que podrían perder el gran poder que han acumulado y, para evitarlo, se están blindando

Astillero

Maru, ¿otra Xóchitl? // Crecerla, para dividir: tío Richie // Tropiezos en medios amabilizados // No veía ¿las señas, el teleprómpter?

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

La Jornada

En su condición de precandidato presidencial subyacente, el empresario Ricardo Salinas Pliego advirtió ayer en sus redes sociales de la trampa de dar tanta exposición mediática y política a la gobernadora panista María Eugenia Campos, conocida como Maru.

La referencia del principal accionista de Televisión Azteca, autodenominado “tío Richie”, fue en respuesta (que llevaba 68 mil visualizaciones el sábado en la noche) al mensaje en redes colocado por la propia gobernadora Campos (que a la misma hora consultada anoche tenía 624 mil vistas), en el que asegura ser víctima de una persecución política, ante la cual seguirá dando la cara y “luchando por tu familia y la libertad; hasta donde tope, por Chihuahua y por México”.

Salinas Pliego consideró necesario prevenir (ya el tiempo dirá si por su interés personal en ser candidato presidencial o de una figura aledaña, como la senadora del corporativo Azteca, Lilly Téllez): “Me suena a la misma estrategia que utilizó el #NarcoRégimen con Xóchitl G. De hacerla ‘crecer’ políticamente para dividir a la oposición y así enfrentar en 2027 un frente fragmentado y no uno único… aguas, esta película ya la vimos”.

Con este apercibimiento, Salinas Pliego coloca a Xóchitl Gálvez en condición cuando menos de ingenua útil, a los cuadros directivos del PAN, el PRI y lo que quedaba del PRD como políticos susceptibles de engaños simples o de perversidad gandalla, y a los votantes a favor de la Dama de las Gelatinas (y uno que otro chicle) como una masa burlada, manipulada, llevada taimadamente al fracaso (para Xóchitl y los votantes, pues los líderes panistas y priístas se quedaron con sus cargos legislativos plurinominales, y el PRD en la ruina prevista).

Y, sin embargo… la analogía se mueve. La gobernadora panista, Maru, está recibiendo una enorme publicidad, que teóricamente debería catapultarla a aspiraciones electorales como la candidatura presidencial panista o de una alianza opositora. Pero, entre más habla y se muestra, más exhibe sus carencias. Ni siquiera en una gira por medios nacionales amabilizados le fue imposible tropezar declarativamente, enredarse y, lo peor para ella, dejar por ese satinado camino varias referencias y confesiones, judicialmente susceptibles de investigación, respecto a agentes extranjeros en acción operativa en Chihuahua.

Estelarizó un episodio que en redes se viralizó. En pleno embrollo sobre DEA, FBI, CIA y acciones en Chihuahua, volteó hacia algún lugar del estudio y, ayudándose con señas de mano, dijo “me ayudan mucho si se mueve un poquito así, porque no veo nada”. Al menos a algún tecleador astillado le hizo recordar al demencial argentino Javier Milei quejándose en algunas entrevistas de voces extrañas, que los demás decían no escuchar, porque le “distraían” y le evitaban concentrarse en las respuestas.

¿O se refería la entrampada chihuahuense a un teleprómpter de respuestas propuestas por su equipo o alguna otra forma de tutelaje declarativo? “Es que están haciendo muchas señas desde ahí, y entonces no entiendo lo que…”, argumentó Maru Campos. El entrevistador en Radiofórmula, Joaquín López Dóriga, al tratar de salvar el momento preguntó “¿Quién está de mánager de tercera base aquí?” En el beisbol, ese mánager o coach mediante señas indica a bateadores y corredores lo que tácticamente deben hacer. Y la gobernadora Campos no alcanzaba a ver bien las “muchas señas”.

Y, mientras la Fiscalía General de la República recibe los testimonios de la gobernadora panista y del gobernador morenista, con licencia, Rubén Rocha Moya (ella por lo de los agentes extranjeros en operación en suelo mexicano; él y otros sinaloenses, por las acusaciones estadunidenses de narcogobierno), en una especie de empate de cartones beisboleros, con Rocha y ocho más en posibilidad de ser anclados judicialmente en México, para evitar su extradición, y a Campos sin riesgo en su Congreso local, pero tal vez sí en el federal.

México SA

Testificarán Maru y Rocha // Entra en acción la FGR // Felipe Calderón frente al espejo

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

La Jornada

Víctima de su propia incapacidad, balbuceos y contradicciones, a Maru Campos se le acabó el tiempo de las entrevistas a modo, de derrochar dinero público para “cuidar su imagen” en vergonzosa gira mediática con “comunicadores” amigos y de soltar cuanta tontería se le ocurra. Con el citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR), recibido antier para que comparezca y declare ante esa autoridad el miércoles próximo, la supuesta gobernadora está obligada a proceder como no lo ha hecho hasta ahora; es decir, con la verdad.

La gringa de Chihuahua (y su ejército de “asesores”, quienes por lo visto cobran mucho y no dan una, aunque de una u otra forma es entendible, dado que su clienta con toda facilidad se autoincrimina) creyó que con tal gira y suficiente “ ungüento comunicacional” bastaba para enterrar el capítulo, pero, como siempre, calculó mal; es decir, lo hizo como las sumas y restas que suele hacer (por ejemplo, 100 menos dos igual a ocho). También concluyó la etapa de las marchas morenas y la recolección de firmas, de intentar dar un trato político a un asunto netamente judicial, y de dar largas y más largas a la acción legal en contra del Ejecutivo estatal de Chihuahua, algo que por lo demás debió ser la línea de acción desde que se destaparon los enjuagues de Maru Campos con las agencias estadunidenses, como la Agencia Central de Inteligencia y la DEA, al quedar claro que violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

Pero no sólo la gringa (que mantiene el fuero) fue requerida por la FGR, sino el gobernador con licencia (sin fuero). La Jornada (Gustavo Castillo) lo reseñó así: “la Fiscalía General de la República citó a ‘rendir entrevista’ a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado de Sinaloa, por lo que hace a las acusaciones del gobierno de Estados Unidos de recibir sobornos del cártel de Sinaloa, y a María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, a comparecer en calidad de testigo en el expediente que se inició por delitos contra la seguridad nacional por la participación de dos elementos de la CIA de Estados Unidos en un operativo antinarcóticos”.

Algo más: “luego de que la FGR informó de las notificaciones para comparecer ante el agente del Ministerio Público, la Secretaría de Gobernación aclaró que los citatorios a autoridades de Chihuahua y Sinaloa son ‘un asunto de procedimiento en las investigaciones para que acudan como testigos’ y precisó que las ‘actuaciones se desarrollan con fundamento en la ley y no tienen interés político’. La fiscalía puntualizó que estas citaciones son para que acudan a la sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad en ambos casos”.

Al conocerse el citatorio a Maru Campos, los jilgueros de siempre intentaron armar escándalo y se desgañitaron: “¿por qué a la gobernadora sí y a Rubén Rocha no”?, a sabiendas de que el primer requerido por la FGR fue el gobernador con licencia y más tarde la gringa de Chihuahua (también ha sido “convocado” el ex fiscal general de Justicia de Chihuahua César Jáuregui Moreno, quien adelantó su renuncia para, se supone, “proteger” a la mandataria estatal, aunque en realidad se apuró a cruzar la frontera norte). Con violines de fondo, al borde la lágrima y rodeada de su pandilla (en primera línea Roberto Gil Zuarth, secretario de Felipe Calderón cuando éste ocupaba Los Pinos), la “mártir” Maru Campos recibió un citatorio “por el asunto del narcolaboratorio (no: en realidad, por la presencia y operación de cuatro agentes de la CIA); no lo habían hecho, pero después de las entrevistas de estos días ya se decidieron; sí, la persecución política en mi contra continúa, y como siempre seguiré dando la cara y dando la lucha por tu familia, por nuestro país, por Chihuahua y por la libertad, hasta donde tope; voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque tenga fuero constitucional; a Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer…” (en los hechos, el sinaloense fue citado antes que ella por la misma autoridad).

Las rebanadas del pastel

Y como el show debe seguir, Felipe Calderón decidió sentarse frente al espejo y auto-incriminarse: “cobardes e hipócritas; esconden y protegen a los criminales de su partido y persiguen judicialmente a quienes sí combaten el crimen; las instituciones al servicio de la delincuencia, no de los ciudadanos. ¿Qué más prueba quieren que eso?” No queda duda: extraña a Genaro García Luna… De pilón, el siempre creativo presidente nacional panista, Jorge Romero, convoca a la ciudadanía a “expresar su indignación” y “alzar la voz en defensa de Maru Campos”. No, pos sí.