Lo que dicen los columnistas

Diputados vetan la transparencia en la selección del INE

La determinación de la Cámara de Diputados de reservar esta información genera cuestionamientos legítimos. Se trata de un procedimiento directamente vinculado con la integración de un órgano constitucional autónomo encargado de organizar las elecciones en México.

JULIETA DEL RÍO

Proceso

La decisión del Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados de reservar por cinco años la información relacionada con todo el proceso de selección de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) evidencia, y mostró, la falta de voluntad para aplicar la ley y el principio de máxima publicidad. La clasificación adoptada resulta incorrecta y desproporcionada frente a las exigencias del marco normativo en materia de acceso a la información.

Ante la presión social y mediática, así como los señalamientos de expertos, se logró que anunciaran la elaboración de “versiones públicas”.

El Comité determinó reservar la totalidad del proceso por cinco años, incluyendo expedientes, evaluaciones y exámenes de los participantes, lo cual implicaba una restricción amplia e indiscriminada del acceso a la información en un procedimiento de alto interés público, directamente vinculado con la integración de la autoridad encargada de organizar las elecciones en México.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que la clasificación de información debe ser siempre excepcional, parcial y debidamente justificada, nunca absoluta. 

Bajo el principio de proporcionalidad, únicamente pueden reservarse aquellos elementos cuya difusión pueda generar un daño específico y comprobable (lo que, en su caso, se limitaría a datos personales o información confidencial), además de que el proceso ya concluyó.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 112, señala las causales que permiten clasificar información como reservada cuando su difusión pueda comprometer procesos deliberativos en curso, afectar la conducción de procedimientos administrativos o causar un daño presente, probable y específico a intereses públicos protegidos por la ley. Ninguno de estos supuestos resulta aplicable a un proceso que se realizó mediante convocatoria pública, con la finalidad de elegir a los integrantes de un órgano constitucional autónomo.

También deben acreditar la prueba de daño, es decir, demostrar que la divulgación de la información generaría un perjuicio mayor al interés público que deriva de su conocimiento. Los argumentos vertidos por el Comité de Transparencia no cumplen con ese requisito.

La determinación de reservar esta información genera cuestionamientos legítimos. Se trata de un procedimiento directamente vinculado con la integración de un órgano constitucional autónomo encargado de organizar las elecciones en México y llevado a cabo por una Cámara de Diputados que se erige como recinto de la democracia, donde se formulan leyes, decretos y se designa a integrantes de diversas instituciones y organismos del Estado.

Ahora incluso citan que actuaron con base en criterios del “INAI”. Sin embargo, existe el antecedente del recurso RRA 12249/20, donde el INAI ordenó transparentar las calificaciones de aspirantes a consejeros del INE, diferenciándolas del contenido íntegro de los exámenes. También está el recurso RRA 10405/20, en el que se instruyó al INE a realizar una nueva búsqueda exhaustiva sobre 16 variables de datos relacionadas con aspirantes, precandidaturas y candidaturas de distintos procesos electorales. Que no se confunda la opinión pública: hay antecedentes y criterios claros.

En este tipo de procesos, lo jurídicamente procedente sería reservar únicamente los datos personales o la información confidencial, generando una versión pública del expediente que permita el control ciudadano sin vulnerar derechos individuales. Esperemos sus versiones públicas para verificar si realmente cumplen con el principio de transparencia y no intentan, nuevamente, evadir el escrutinio público.

La discusión no es únicamente jurídica, sino también institucional. La pregunta central es si la reserva total del proceso fortalece la integridad de la elección o si, por el contrario, restringe el escrutinio público sobre decisiones fundamentales para la democracia mexicana.

En el caso de la Cámara de Diputados, la autoridad garante competente es la Contraloría Interna del Congreso de la Unión. El recurso de revisión puede presentarse de manera presencial ante la Unidad de Transparencia, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia o por escrito ante la propia Contraloría Interna, quien deberá sustanciarlo conforme a sus atribuciones.

Ante la resolución que emita la Contraloría Interna (en su carácter de autoridad garante de la Cámara de Diputados) procede el juicio de amparo indirecto ante los Juzgados de Distrito Especializados en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder Judicial de la Federación. Este mecanismo constitucional de control constituye la vía idónea para impugnar resoluciones en materia de acceso a la información que sean contrarias a derecho, garantizando así que el principio de máxima publicidad no quede supeditado a decisiones administrativas que vulneren el derecho fundamental a la información.

La lección de todo este tema es que ya no es tan fácil ocultar la información. Las redes sociales y los medios de comunicación permiten abrir aquello que antes se mantenía cerrado.

La ciudadanía hoy tiene más herramientas para cuestionar, verificar y exigir transparencia.

Arsenal

El fantasma de la intervención y la realidad de la narcoinfluencia

FRANCISCO GARFIAS

Excelsior

La presidenta Claudia Sheinbaum dice que “asesores” del presidente Donald Trump quieren intervenir en asuntos que le competen sólo a nuestro país.  

“¡México no es piñata de nadie!”, exclamó con esa retórica nacionalista que la caracteriza, en la mañanera de ayer. 

Habló incluso de las elecciones intermedias de 2027, donde se renuevan 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, y 2 mil 478 ayuntamientos. La verdad no veo condiciones ni necesidad de Washington de irrumpir en los comicios de 2027. 

Tiene otras herramientas para presionar al gobierno de México. Basta con mencionar el T-MEC que está por renegociarse, el fentanilo, migración, cárteles, remesas…

* Lo que sí debería hacer la mandataria es prevenir que los grupos del crimen organizado no vuelvan a meterse en los comicios. Eso lo aplaudiríamos todos los mexicanos y no sólo el sector al que el oficialismo incluye en la palabra “pueblo”. Es decir, los que están con ellos.

Un segundo escándalo como el de Sinaloa sería la puntilla para el movimiento de la 4T. México ya no lo aguanta.

Ya pasaron 21 días desde que Estados Unidos solicitó la detención con fines de extradición de Rubén Rocha Moya y nueve de sus colaboradores (dos de los cuales ya entregaron voluntariamente), y todavía no hay nada.

El gobierno está muy ocupado dándole proyección nacional a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, a quien acusan de “traición a la patria” por la destrucción de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, en el que participaron cuatro agentes de la CIA y decenas de integrantes de la Defensa Nacional. 

El discurso de “¡Pruebas!, ¡pruebas!, !pruebas!” quedó rebasado con la entrega de Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad, y el empresario Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas, a las autoridades de EU.

Las armas y la lana, nada más…

* Así habló la Presidenta de la intervención extranjera, en la mañanera de ayer: “Hasta dónde quieren intervenir algunos, porque no se puede decir Estados Unidos. No creo en eso. Ni siquiera, personalmente, creo que sea el presidente Trump. 

“Son algunos que lo asesoran que están allí que, por cierto, como tienen sus elecciones en noviembre, quieren meter a México en esas elecciones, en una elección, en una visión muy electorera de algunos cuantos. 

“Pues no, no, ¡México no es piñata de nadie! Y tampoco van a intervenir en las elecciones de 2027. ¡No! 

“¡Aquí decide México, los mexicanos!”, remató con esa retórica nacionalista que la ha caracterizado desde que estalló el escándalo de Rocha Moya y sus secuaces, hace ya 21 días.

* Va otra probadita de lo “bien” que caminan las relaciones con el vecino del norte. El presidente Trump pasó de las palabras a los hechos. 

Firmó un decreto que pega donde más duele a los indocumentados en Estados Unidos, la mayoría originarios de México. Ese decreto obliga a los bancos y las entidades financieras que los migrantes utilizan para enviar remesas a sus países de origen, a identificar el estado migratorio de sus clientes. 

En otras palabras, los indocumentados no podrán enviar directamente las remesas a sus familiares en México.

Va un dato que ilustra el tamaño de la medida y los perjuicios para nuestro país: en 2025, el Banco de México registró ingresos por remesas equivalentes a 64 mil millones de dólares. 

¿Cuánto de ese total corresponde a indocumentados? Misterio. 

* El diputado Sergio Mayer nos aclaró ayer, vía WhatsApp, que no dejó a Morena por algún acuerdo previo con otra fuerza política. “Jamás renunciaría por eso”, nos dijo.

Dijo: “Mi renuncia es a la militancia del partido. Yo sigo apoyando las causas y el movimiento por convicción, no por obligación”.

En su renuncia a la militancia del guinda y solicitud de baja del padrón, el también actor y productor señaló que obedece a “motivos personales”.

Por lo pronto, se queda como diputado independiente. 

* Luego del fracaso de la marcha morenista en contra de Maru Campos, a la que Morena quiere desaforar y procesar por “traición a la patria”, el PAN anunció que convocará a una reunión de respaldo a la gobernadora de Chihuahua.

Jorge Romero, jefe nacional del azul, adelanta que será una de las “marchas más grandes” que se hayan visto en el llamado “estado grande”.

“Estamos seguros que va a ser una movilización ciudadana… Ya se verá, ya se verá. En Chihuahua la gente está defendiendo a Maru Campos”, dijo.

No hay fecha para la marcha, pero cuando se realice, veremos de qué cueros salen más correas en Chihuahua.

Razones

Mex-EU: sin posibilidad de fuga

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Excelsior

La fuga, huida, hacia adelante, dicen los psicólogos, consiste en mantener una actitud de evasión de nuestra realidad, sin reconocer los errores y sin afrontar situaciones que resultan incómodas. Con esta fuga hacia adelante se pretenden solucionar los problemas manteniendo la actitud que nos ha llevado a estar en la situación comprometida que se intenta evadir.  

A López Obrador, que ante una crisis siempre recurría a ese método, las fugas hacia adelante parecían librarlo de las crisis hasta que la crisis por antonomasia, la de la relación de su gobierno con el crimen organizado y la corrupción, lo ha alcanzado. Por eso la presidenta Sheinbaum, salvo que quiera llevar la relación con Estados Unidos hacia un abismo, no puede seguir huyendo de esa realidad.

No sé qué más señales necesita el gobierno federal para reaccionar: el viernes, luego de que la administración federal y la FGR insistiera en que no había pruebas contra Rubén Rocha y los otros políticos sinaloenses, acusados de colaborar con el narcotráfico, dos de los principales acusados, Gerardo Mérida, exsecretario de seguridad, y Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas del gobierno de Rocha, se entregaron a la justicia estadunidense, aceptando su culpabilidad y convirtiéndose en testigos colaboradores. Toda la narrativa del gobierno federal quedó invalidada con ello.

Ayer, la jefa de la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca, Sara Carter, como adelantamos en redes, canceló la visita que tenía programada el lunes para una reunión con la presidenta Sheinbaum. No hay acuerdos, ni en la forma ni en el fondo, y las diferencias no han hecho más que profundizarse. 

El martes, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, insistió en exigir que los distintos países intensifiquen las acciones financieras contra los terroristas, “desde Hezbolá hasta el Cártel de Sinaloa”. Ayer. la OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro, amplió su lista de involucrados con el Cártel de Sinaloa a los que aplicó sanciones. 

Inmediatamente después, con el argumento de restaurar la integridad del sistema financiero, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que afecta potencialmente a las instituciones financieras, a las remesas que recibe México y a millones de paisanos que viven en Estados Unidos. Una norma que, en buena medida, es consecuencia de la irresponsable política seguida por las administraciones de la 4T (cuya máxima expresión financiera es el Banco del Bienestar) y cuyo costo pagarán, sobre todo, nuestros paisanos.

La orden ejecutiva firmada por Trump endurece la verificación de identidad y exige exhibir el estatus migratorio y solicitar información adicional para transferir dinero o abrir cuentas y permite rechazar transacciones asociadas con personas sin residencia legal. Si bien es una medida que permite combatir el lavado de dinero, en la práctica, restringe el acceso de migrantes a cuentas, crédito y servicios de envío de dinero.

El mayor efecto estará en las remesas: no las prohíbe formalmente, pero las encarecerá, las volverá, sobre todo, más difíciles de procesar para bancos y transmisores porque se exigirá más documentación e incluso se pueden bloquear las operaciones que se consideren riesgosas, una medida que busca excluir a clientes considerados vulnerables.

La medida generará una posible caída o desaceleración del flujo de remesas, que son una fuente importante de ingresos para millones de hogares en el país: representan 5% del consumo y 3.5% del PIB. Pero, además, es una fuente de presión para las instituciones financieras mexicanas por las exigencias de medidas drásticas de cumplimiento y verificación en sus operaciones internacionales, más allá incluso de las remesas.

No se prohiben o cancelan las remesas, tampoco les pone un impuesto especial, pero el endurecimiento regulatorio reducirá el flujo formal de dinero, alimentará vías alternas (relacionadas con el crimen organizado o que pueden ser cooptadas por éste) y complicará la operación de bancos y remesadoras que trabajan con clientes o migrantes mexicanos en Estados Unidos que, además, pueden ser objeto de sanciones muy graves por violar la nueva norma. Es una más de las consecuencias de esa fuga hacia adelante del gobierno federal, que no quiere romper las redes de protección y complicidad con el crimen organizado: las víctimas principales serán, ahora, los paisanos.

Pero hay más. Se supone que hoy llegará el director del Homeland Security, y la semana próxima el negociador del T-MEC, en un esquema en el que la seguridad, la seguridad jurídica, la seguridad financiera y las negociaciones comerciales y económicas irán en un mismo paquete. Sin T-MEC, la economía nacional pierde sustento y sentido.

Y después están las señales que trascienden nuestro país. Ayer, en una acción inédita contra el régimen cubano, ante una acusación del gobierno de Trump, un tribunal de Miami imputó a Raúl Castro por los delitos de conspiración para matar a ciudadanos estadunidenses, destrucción de un avión y asesinato. Los cargos se refieren al derribo, en 1996, de dos aviones civiles pertenecientes a la organización del exilio cubano-estadunidense Brothers to the Rescue. Castro, que era ministro de Defensa en ese momento, ordenó el ataque, que mató a cuatro hombres, incluidos tres ciudadanos estadunidenses. Esa acusación debe haber resonado hasta Palenque.

La fuga hacia adelante que intenta el gobierno federal sólo puede hacernos topar contra un muro llamado realidad.

Astillero

Evo: la farsa de EU contra el narco // Bolivia: protestas y represión // “Guerra”, para controlar // Lazzeri: embajada tecnócrata

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

La Jornada

Evo Morales, ex presidente de Bolivia, señaló ayer, en el contexto de la intensa movilización social contra el gobierno del derechista Rodrigo Paz, la represión a las protestas y el abierto injerencismo estadunidense: “La DEA está operando acá. Hay una abierta intromisión del gobierno norteamericano (…) Israel, Estados Unidos y gobiernos de derecha como el de Milei están en abierta intromisión para acompañar y consolidar las privatizaciones en Bolivia (…) Para mí, el Plan Cóndor sigue vigente. Antes, era ejecutado por coroneles y generales de las fuerzas armadas de América Latina, pero ahora lo ejecutan los fiscales y jueces (de Estados Unidos). Usan la lucha contra el narcotráfico, que es un falso pretexto para el control geopolítico de América Latina”.

También planteó: “Si fuera yo Rodrigo Paz, públicamente convocaría a la COB (Central Obrera Boliviana), a todos los sectores sociales y a los partidos, incluido Evo Pueblo (y diría): ‘me comprometo a no privatizar los servicios básicos, no voy a entregar el litio ni tierras raras a las trasnacionales, no privatizaré salud ni educación, no voy a cambiar la Constitución sin el pueblo, sin un referéndum’, y se bajaría la tensión” (entrevista en video: https://goo.su/4voJmV ).

En Bolivia, como en Cuba con la exigencia de que sea entregado Raúl Castro, como ha sucedido en otros países de Latinoamérica y ahora pretende hacerse en México, Washington pretende blandir una espada justiciera, utilizando de manera unilateral el tema del narcotráfico, con sustento en una legalidad a conveniencia del poder dominante para entrampar, desgastar y, de ser posible, controlar o sustituir a gobiernos progresistas.

La administración Trump extendió su beneplácito a la propuesta claudista de nuevo embajador: Roberto Lazzeri Montaño, quien se define en su cuenta de X como “director general de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior. Economista por el CIDE”. Sin experiencia diplomática ni política, es un tecnócrata cuyas principales referencias son que ha formado parte de los equipos de trabajo, principalmente, de Rogelio Ramírez de la O, y de Édgar Amador, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En uno de los momentos más delicados de la relación política con Estados Unidos durante muchas décadas, con un aparato de múltiples especializaciones ofensivas contra México, la apuesta de Palacio Nacional va marcadamente por el lado de la economía, el tratado comercial con Estados Unidos y las relaciones empresariales. Un perfil, el de Lazzeri Montaño, que apenas el pasado 14 de abril era anunciado en la página del gobierno mexicano como nuevo vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, en la que cumpliría la función de “impulsar la integración productiva regional, el fortalecimiento de las capacidades industriales y una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas en los entornos locales. Asimismo, promoverá el uso de recursos para desarrollar economías más competitivas y ambientalmente sostenibles”.

Ahora va a aprender diplomacia y política a Washington, en un momento sumamente complejo. El saliente Esteban Moctezuma Barragán, quien presidió durante casi 15 años la Fundación Azteca, queda en espera de la prometida reasignación en otra área del gobierno federal.

Y, mientras ha renunciado a Morena el actor de futilidades Sergio Mayer, cuya postulación a una diputación federal (en segunda ocasión) generó críticas fuertes en el partido guinda e incluso retórica defensiva, ahora doblegada por los hechos, desde algunos sitiales relevantes de tal organización, ¡hasta mañana, con similares pretensiones activas de algunos grupos morenistas de empujar postulaciones a cargos públicos bajo premisas de absoluto pragmatismo: ganar por ganar en las elecciones, aunque luego se pierda en lo subsiguiente!

México SA

Mayor infraestructura ferroviaria // Calderón-Peña, aporte raquítico // Trump, con la cuchara grande

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

La Jornada

Prácticamente desde el inicio de su mandato, la presidenta Sheinbaum anunció que sumaría alrededor de 3 mil kilómetros a la red ferroviaria del país (privatizada en 1997 por Ernesto Zedillo en beneficio de los barones de siempre), con el agregado de que se rehabilitaría, de forma prioritaria, el servicio de pasajeros que de un plumazo canceló, con bombo y platillo, el propio “demócrata” (él mismo dixit) privatizador en el año citado.

Como presidenta electa, días antes de su toma de posesión, la mandataria dio a conocer que a lo largo de su sexenio sumaría dichos kilómetros, que se agregarían a lo construido por el gobierno de López Obrador, de tal suerte que sería el mayor crecimiento de la red ferroviaria desde el porfiriato. “Seguiremos construyendo, y ahora nos vamos a ir hacia el norte. Hablamos de varios proyectos en campaña y los estamos consolidando; ahora estaríamos construyendo el doble del tren de pasajeros. Uno de ellos es hacia Nuevo Laredo, ése ya lo tenemos definido, y otro es el que estamos ya trabajando para hacerlo”, dijo entonces, y detalló que de entrada serían los tramos ferrocarrileros AIFA-Pachuca, México-San Luis-Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo y México-Querétaro-Guadalajara, con énfasis en que serán eléctricos, para lo cual “ya se analiza el derecho de vía”.

Pues bien, ayer, junto con el equipo gubernamental involucrado en esta tarea, ofreció algunos datos comparativos respecto de lo “construido” en los últimos dos sexenios neoliberales, que en la práctica no representaron mayor cosa, especialmente si se recuerda que en esta materia Zedillo prometió el oro y el moro a los mexicanos, aunque en los hechos se limitó a privatizar la red ferroviaria sin beneficio alguno para los usuarios del servicio de pasajeros. De hecho, sin más lo canceló y dejó a pie a centenas de comunidades que lo utilizaban para transportarse y/o aprovechar para vender sus productos. Además, lo que se avanzó en el primer gobierno de la 4T.

Detalló la mandataria: con Felipe Calderón en Los Pinos, se sumaron 65 kilómetros a la red ferroviaria (a razón de 10.8 kilómetros por año o, si se prefiere, poco menos de 30 metros por día, incluyendo sábados, domingos y días festivos) y 187 kilómetros con Enrique Peña Nieto (31 por año u 85 metros por día). Eso sí, de ellos ni uno solo para transporte de pasajeros. Algo más: con López Obrador se sumaron mil 736 kilómetros a dicha red, “y nosotros queremos hacer más que eso, por lo menos 2 mil 377 kilómetros públicos (proyección mínima para 2024-2030), porque no son concesionados”.

Como se ha comentado en este espacio, de 1997, año de la privatización ferrocarrilera (la deuda de Ferrocarriles Nacionales de México, íntegra, fue asumida por el Estado, para que los barones gozaran las concesiones limpias de polvo y paja), a 2018, el tendido de vía férrea a duras penas “creció” 1.1 por ciento, al pasar de 26 mil 613 kilómetros, en el primer año que se cita, a 26 mil 914 en el segundo, a razón promedio anual de 10.75 kilómetros, o si se prefiere, 29.8 metros por día (para que los barones los “administraran” en su propio beneficio). Con López Obrador, se incrementó más de mil 736 kilómetros (carga y pasajeros) y con Sheinbaum sumarán alrededor de 3 mil kilómetros adicionales, todos del sector público.

Para atender las exigencias de oscuros cuan tóxicos personajes, como Germán Larrea (quien se quedó con la rebanada más gruesa y productiva de la privatización ferrocarrilera, hoy Ferromex), Zedillo y su banda prianista de rufianes en el Congreso modificaron la Constitución y declararon al sector “no estratégico”, con lo que el Estado debió sacar las manos en su totalidad.

Eso sí, el siempre brillante Zedillo no paró por promesas (de hecho, al concluir su sexenio se fue a trabajar a una de las trasnacionales que benefició con la privatización ferrocarrilera, Union Pacific, originalmente socia de Larrea): con la entrega al capital privado, llegaría una catarata de inversión y el tendido de vías férreas se incrementaría de forma espectacular, lo que obviamente no sucedió.

Las rebanadas del pastel

Evasores fiscales como el de los abonos chiquitos tienen dos héroes: el esperpéntico Javier Milei, pues dice que aquellos que no pagan impuestos “son héroes, no delincuentes”, y Trump, que demandó (10 mil millones de dólares) al Servicio Interno de Impuestos, el organismo del Estado que a partir de ahora y por decisión del Departamento de Justicia “está para siempre impedido y excluido” de examinar o procesar las auditorías fiscales del magnate naranja, las de sus hijos y de la propia Organización Trump.