Lo que dicen los columnistas

Arsenal

“Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto”

FRANCISCO GARFIAS

Excelsior

A Andrés Manuel López Obrador le gustaba decir las palabras que llevan el título de esta columna. La frase está que ni mandada a hacer para la situación actual.

Morena quiere hacernos creer que la participación de cuatro agentes de la CIA en una operación para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua, sin notificar a la Federación, es más grave que la acusación de EU a Rocha Moya de infiltrar a Los Chapitos en el gobierno de Sinaloa.

Eso sí es creer que el pueblo es tonto.

* A Maru Campos la quieren desaforar para sacarla del gobierno de Chihuahua. Los ataques en contra de la panista son reiterados. La presidenta Claudia Sheinbaum trae peor a la gobernadora que a Isabel Díaz Ayuso.

Ariadna Montiel, jefa nacional de Morena, apareció en el estado grande para anunciar un juicio de desafuero y movilizaciones contra Campos. La acompañaron en el anuncio, fíjese usted, dos aspirantes guindas a la gubernatura de Chihuahua: Andrea Chávez, que no dejó de mostrar una sonrisa malévola, y Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal de Ciudad Juárez. ¿Raja electoral?

La FGR se sumó al acoso. Sacó ayer un comunicado en el que avisa que indaga a las autoridades de Chihuahua, por invadir competencias exclusivas de la Federación y hacer tratos con otros países, sin tener facultades. 

A Rocha Moya, en cambio, lo apapachan, lo cuidan y repiten el estribillo “no hay pruebas”, como si los gringos se hubieran inventado lo que se vive a diario, no sólo en Sinaloa.

La presidenta Sheinbaum reveló en la mañanera que el gobernador de Sinaloa solicitó protección y se le otorgó. Sabemos que estaba en el Palacio de Gobierno de Culiacán y hasta un helicóptero le mandaron.

La Presidenta aseguró también que en la elección de gobernador de 2021, que ganó Rocha Moya con la ayuda del narco, no hubo denuncias por parte de partidos o ciudadanos. Ni de violencia ni de intervención del crimen organizado. Las autoridades electorales (incluido el TEPJF) validaron los resultados, dijo, y criticó que se cuestione ahora, cinco años después. “No hay nada que ponga en duda esa elección”, remató.

Tres horas después, el senador Ricardo Anaya Cortés, coordinador de la bancada del PAN, desmintió la aseveración de que no hubo denuncias hace cinco años.

“Falso que no se haya impugnado la elección de Rubén Rocha Moya en 2021. Por supuesto que se impugnó. Les digo el número del expediente: 06/2021”, dijo en conferencia de prensa en el Senado.

Preguntó: “¿Y quién creen que fue la magistrada ponente que resolvió que no había intervenido el crimen organizado? Él mismo respondió: “Se llama Aida Inzunza Cázarez”.

¿Les suena? Es la hermana del senador Enrique Inzunza Cázerez, uno de los diez implicados en las acusaciones de alianza con el narco que hizo el Distrito Sur de Nueva York.

Inzunza, por cierto, cumple dos semanas sin aparecer en el Senado. No ha pedido licencia. Su oficina está vacía. Alejandro Murat lo suple en las sesiones de la Comisión Permanente.

* El grupo parlamentario de Morena en la Comisión Permanente convocó a una rueda de prensa para promocionar la famosa “Marcha por la Seguridad en Chihuahua y la Defensa de la Soberanía”.

Al escuchar el mensaje y las respuestas de los guindas me vino a la memoria la frase de López Obrador con la que abrí esta columna. “Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto”. La utilicé en mi pregunta sobre el contraste en el oficialismo en relación a los casos Rocha-Maru. No les gustó. 

Me contestaron los diputados Arturo Ávila y Gabriel García y el senador Carlos Cantón Zetina.

Ávila: “Nosotros no protegemos a nadie. No condecoramos delincuentes como hace el PAN, donde ha habido delitos, no señalamientos, hemos perseguido. En el caso específico de Sinaloa, estamos en un proceso administrativo… en el otro caso hay una confesión de parte”.

Gabriel García: “Aquí sí se trata de comparar los métodos para atender cada caso. Vamos al fondo. Se está convocando al pueblo de Chihuahua. Es al pueblo de Chihuahua al que la gobernadora tiene que dar la cara. Violentó la soberanía. 

“Si no tuviera temor y defendiera una buena causa, hubiera tenido que poner de pretexto para no pedir licencia y comparecer ante el Senado de la República. 

* La plana mayor del PAN, encabezada por Jorge Romero, ofreció ayer una conferencia de prensa en el Senado, donde sesiona la Comisión Permanente, para anunciar que ya presentaron la solicitud de desaparición de Poderes en Sinaloa.

“Procede desaparecer Poderes si ya existe imposibilidad para gobernar esa entidad y si se ha impedido la vigencia del orden jurídico”, dijo el jefe panista, parafraseando la ley.

Añadió: “La desaparición de Poderes no es para sancionar a nadie. Es para rescatar a Sinaloa que, simple y sencillamente, no tiene gobernabilidad”, puntualizó.

Razones

El fantasma de la CIA

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Excelsior

“Un fantasma recorre México, es el fantasma de la CIA”, así podría comenzar, parafraseando a Marx, el nuevo manifiesto de la 4T. El gobierno federal comenzó a agitar el fantasma de la intervención cuando coincidieron el operativo en Chihuahua, donde habrían participado en calidad de observadores, dos agentes de la agencia que murieron en un accidente, con el pedido de detención con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha, el senador Enrique Inzunza, el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz, y otros siete funcionarios sinaloenses acusados por el gobierno de Estados Unidos de ser cómplices de Los Chapitos.

Ambos eventos no son siquiera comparables. Estamos hablando de la participación, en realidad observación, sin autorización federal, de dos agentes de una agencia extranjera, comparado con una estructura criminal que controlaba para un cártel de la droga las más altas instancias de gobierno, seguridad y justicia de un estado. La gran diferencia se establece en el intento de Morena y el gobierno federal de enjuiciar a la gobernadora Maru Campos por combatir a los cárteles al mismo tiempo que se defiende a capa y espada a diez funcionarios corruptos y aliados del crimen organizado.

Decir que no existen pruebas ni evidencias de la relación de Rocha y su estructura de gobierno con el crimen organizado es simplemente una falsedad. Existen denuncias y pruebas desde la misma elección de 2021, denuncias presentadas en el ámbito judicial y electoral: que el gobierno las haya desechado, a pesar de todas las evidencias y testimonios, es diferente. En la solicitud de detención con fines de extradición la administración Trump no necesitaba ni necesita entregar las pruebas al gobierno mexicano: esas pruebas pasaron por un gran jurado y un juez expidió las órdenes de aprehensión con base en ellas. La obligación del gobierno mexicano es detenerlos, entregarlos y el juicio en la Unión Americana dirá si son culpables o no. 

Pero, mientras tanto, sólo con la solicitud, sabemos que la narrativa principal de los hechos deviene del testimonio de notables narcotraficantes que se están acogiendo a un régimen de colaboración con la justicia estadunidense: entre ellos Ismael El Mayo Zambada y Ovidio Guzmán López, aunque no son los únicos, el centenar de delincuentes enviados por México a Estados Unidos durante esta administración están buscando lo mismo, al tiempo que otros, desde Iván Archivaldo Guzmán hasta algún gobernador en funciones, están tratando de hacer lo mismo.

La línea argumental del gobierno federal enarbolando la soberanía para defender a un grupo de delincuentes está tan condenada al fracaso como la que busca condenar a una gobernadora de la oposición por combatir el narcotráfico. Con un punto adicional que no es menor: esa línea argumental está llevando a la ruptura con el gobierno de Estados Unidos. Lo ocurrido en los últimos días no es casualidad. Primero las declaraciones del presidente Trump, del fiscal Todd Blanche, de Pete Hegseth, secretario de Guerra, y del director de la DEA, Terry Cole, quienes dijeron en un lapso de apenas 48 horas que si México no combate a los cárteles lo harán ellos, es apenas el comienza de la ofensiva de su gobierno para desarticular las redes de protección política de los grupos que considera narcoterroristas.

Inmediatamente después, la nota de CNN sobre operaciones encubiertas de la CIA en México fue desmentida por la SSPC de México y un vocero de la agencia, pero el artículo fue ratificado por el New York Times, que especificaba que en el ataque con bomba contra un narcotraficante, saliendo del aeropuerto Felipe Ángeles, la CIA dio la información y fueron agentes mexicanos los que colocaron el explosivo. Todo puede ser, en lo personal, veo mucho más probable que haya sido una venganza entre cárteles que una operación encubierta tan compleja, porque, si se trataba de eliminar a alguien, podría haber sido mucho más sencilla (desgraciadamente comprobamos día con día que matar a alguien en nuestro país es baratísimo en términos judiciales y económicos). 

Pero en la información está el mensaje. Es inocultable que hay presencia de la CIA y, legalmente, de otras 13 agencias de Estados Unidos en México, con agentes que van desde el combate a las drogas hasta el lavado de dinero, y participan, de una u otra forma, en muchos espacios territoriales, políticos y económicos. Esa trama y esos acuerdos son los que pueden comenzar a ser develados, con todas sus implicaciones, porque, más allá de la colaboración “sin precedentes” de las que habló, entre otros, el secretario Hegseth, lo cierto es que, como hemos insistido, si no se desarticulan las redes de protección y complicidad con el crimen organizado, éste simplemente se regenera. Y eso es lo que se niega a hacer el gobierno mexicano protegiendo a Rocha y a muchos otros más, y es lo que ha generado la reacción de Washington.

Con un agravante. Como escribió Ciro Gómez Leyva, en Morena tendrían que aprender de su propia experiencia: del intento de desafuero, con bases legales firmes, pero políticamente intransitable, de 2005 contra López Obrador, que catapultó su candidatura para 2006. Tenemos un muy buen capítulo sobre el tema en el libro que hicimos junto con Julio Scherer Ibarra, Ni venganza ni perdón (Planeta 2026), que les podría dar claridad sobre cómo aprovechó el entonces precandidato esa situación. Se llama efecto búmeran.

Juegos de poder

¿Soberanía para defender al crimen organizado?

LEO ZUCKERMANN

Excelsior

Ayer me dio tristeza ver cómo Claudia Sheinbaum dilapidaba su capital político para defender a Rubén Rocha Moya en la mañanera. La Presidenta insistía que no había investigaciones abiertas en México sobre este personaje y los otros nueve acusados por Estados Unidos a la vez que demandaba pruebas para inculparlos.

Como si todo estuviera kósher con el gobernador de Sinaloa con licencia. 

Resulta un espectáculo patético ver cómo Sheinbaum, una mujer honesta y comprometida con los ideales de su movimiento, se rebaja al papel de abogada defensora de un personaje tan deleznable como Rocha. 

La Presidenta no puede tapar el sol con un dedo porque la luz de las pruebas que han salido sobre la vinculación del gobernador con el Cártel de Sinaloa es cegadora, tanto en la elección de 2021, como durante su gestión al frente del gobierno estatal. 

A pesar de la caída que ha tenido la aprobación presidencial en las encuestas, Sheinbaum sigue siendo popular. Los mexicanos aprecian sus atributos personales, entre ellos su honestidad. Es una mujer con buenas intenciones que no para de trabajar. 

Es una pena verla defendiendo lo indefendible. 

¿Por qué lo hace?

Creo que el primer impulso de Rocha cuando se enteró de la acusación que le hacía el gobierno estadunidense nos da una buena pista. El entonces gobernador escribió en X: “Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”.

Parece que la Presidenta piensa que, si cae Rocha, efectivamente se derrumba Morena. De extraditar al gobernador sinaloense a Estados Unidos, se corre el riesgo que éste involucre en la narcopolítica al mayor liderazgo emblemático del movimiento, es decir, a López Obrador. La caída del líder fundador de Morena significaría el colapso del proyecto político que prometió purificar la vida pública del país. 

Por eso, supongo, en lugar de detener y extraditar a Rocha, la Presidenta se ha convertido en su abogada defensora. Y, como está muy difícil esta labor por la apabullante cantidad de pruebas que existen, lo que le queda es envolverse en la bandera. 

Sheinbaum ha dicho que en este caso hay tres pilares innegociables para su gobierno: verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional. 

Los primeros dos son retóricos porque el gobierno no está buscando ni lo uno ni lo otro. 

Muchos colegas han dicho que una alternativa para Rocha y los otros nueve implicados por la fiscalía estadunidense es que los juzguen aquí en México. Sin embargo, no parece ser una opción, ya que tanto la Presidenta como miembros de su gabinete han dicho que no hay indicios del involucramiento de estos personajes con el crimen organizado. 

Sería una machincuepa monumental si, de repente, la Fiscalía General de la República encontrara las pruebas para procesar a Rocha, al senador Inzunza, al alcalde de Culiacán y otros siete más. Nadie, ni los estadunidenses ni los mexicanos, le darían un ápice de credibilidad a un posible juicio en México.

Así que la Presidenta no puede presumir mucho en los pilares de verdad y justicia. Le queda, entonces, la soberanía. 

La gran mayoría de los mexicanos estamos, sin lugar a duda, a favor del ejercicio de la autoridad mexicana en nuestro territorio sin intervención extranjera. Queremos un gobierno propio que haga cumplir nuestras leyes, controlar el territorio nacional, proteger las fronteras, decidir cómo relacionarnos con el exterior y ejercer el monopolio legítimo de la fuerza.

Sí, queremos ser soberanos. Para mí, el principal riesgo que hoy tenemos para serlo no es Estados Unidos, sino el crimen organizado que controla regiones enteras del país, cobra derecho de piso a las empresas y utiliza las instituciones gubernamentales para hacer negocios ilícitos. En otras palabras, lo que hemos visto estos últimos cinco años en Sinaloa. 

Invocar a la soberanía nacional para defender a Rocha Moya es una contradicción y un sinsentido. 

Es una contradicción porque, por un lado, la Presidenta rechaza la injerencia de Estados Unidos en la política interna de México, pero, por el otro, defiende la principal amenaza a la soberanía nacional que tenemos, es decir, la captura del Estado por parte del crimen organizado. 

Es un disparate porque Sheinbaum parece que está encubriendo la relación de los criminales con un gobierno de su partido. Supongo que la Presidenta no quiere mostrarse como la tapadera de lo peor de su movimiento. Pero así se está viendo interna y externamente. De hecho, le está dando la razón a Trump cuando dice que a México lo gobierna la delincuencia organizada.

Lo dicho: muy triste verlo. 

Astillero

Maru Campos: por acción o por omisión // Fiscalía estatal depende de ella // ¿Invasión de competencia? // FGR investiga, Morena presiona

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

La Jornada

Más allá de las motivaciones electorales estatales, que Morena está haciendo evidentes con prontitud, y del uso defensivo que del caso llamado CIAgate realiza la administración claudista frente a la trumpista, ha de puntualizarse que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, está en una situación judicial difícil.

Nacida en la ciudad capital 50 años atrás, abogada, de carrera hecha en el panismo y llamada Maru, la mandataria norteña puede ser encuadrada en la tipificación de delitos varios, entre ellos el de traición a la patria, y otros de orden administrativo, pues a diferencia de lo que sucede en otras entidades y a nivel federal, donde las fiscalías son teóricamente autónomas, y por tanto quien es titular del Poder Ejecutivo puede argumentar con fundamento que no es responsable de lo que en ellas suceda, en Chihuahua la fiscalía es una “dependencia del Poder Ejecutivo del Estado”.

Conforme al decreto 1142-2010 Xll P.E, publicado en el Periódico Oficial del Estado en septiembre de 2010 por el gobernador priísta José Reyes Baeza Terrazas (la reforma más reciente a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua fue en 2025), tal fiscalía está “encargada”, entre otras áreas, de “la Agencia Estatal de Investigación” y de “Operaciones Estratégicas”.

Cierto es que no hay hasta el momento ninguna prueba de que la gobernadora Campos Galván hubiese estado enterada de la participación de agentes extranjeros (presuntamente de la CIA) en la operación que des-manteló narcolaboratorios en un municipio de la Sierra Tarahumara. Tampoco hay prueba de que la citada mandataria hubiese instruido que esos agentes foráneos se unieran, con uniforme local y armamento, a las decenas de agentes estatales que participaron en el operativo mencionado.

Pero Campos Galván nombró y sostuvo como fiscal estatal a César Jáuregui, persona de su entera confianza política y administrativa a quien movió desde la secretaría general de gobierno, que ocupaba, hacia la citada fiscalía, además de que ya se promovía como carta de la gobernadora para buscar la presidencia del municipio de la capital.

JÁuregui tuvo que renunciar, a título de fiscal expiatorio, cuando estalló el escándalo que sigue vigente. Y ayer diversos medios chihuahuenses aseguraron que el fiscal especializado en “Operaciones Estratégicas”, Guillermo Arturo Zuany Portillo, había renunciado a su cargo en la Fiscalía General. La carga operativa contra los narcolaboratorios desmantelados estuvo a cargo de Zuany Portillo. Incluso otra fiscal especial, Wendy Chávez, a quien la gobernadora nombró al frente de una “unidad especializada” para investigar el llamado CIAgate, mencionó en un informe oficial que uno de los “extranjeros” había sido visto con un arma larga en las oficinas de la fiscalía especial de Zuany Portillo.

Hasta ahora, se ha pretendido encasillar la responsabilidad de la participación de agentes extranjeros en quien era titular de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, fallecido en el accidente que evidenció la participación de los supuestos agentes de la CIA.

La investigación que realiza la Fiscalía General de la República mostrará el grado de responsabilidad de la gobernadora Campos Galván en cuanto a acciones u omisiones. Por abrir las puertas a agentes extranjeros o por no saber lo que sucedía. El artículo 2, fracción B de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, señala entre sus atribuciones: “en materia de investigación y persecución del delito, las que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” y otras normas locales “encomienden al Ministerio Público del Estado”.

La gobernadora de Chihuahua no respetó ni hizo cumplir la Constitución federal. Ya se verá hasta dónde avanza el proceso judicial y cuáles serían las violaciones legales atribuibles, que podrían incluir la traición a la patria; también está por verse la viabilidad de su desafuero.

México SA

Maru Campos, en el éter // Nada supo, nada sabe, dice // Mario Delgado: por goliza

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

La Jornada

Según su propio dicho, la gringa Maru Campos no sabe nada de nada; permanece en el éter y la nulidad absoluta; no se entera ni de lo que sucede en el estado que dice “gobernar” desde octubre de 2021 y permanentemente se lava las manos con jabón industrial. “Es su estilo”, dicen algunos, pero en realidad a ella le tiene sin cuidado el bienestar de los chihuahuenses, porque sólo vive para atender los “requerimientos” de la Casa Blanca y agencias relacionadas.

Dice que nada supo, nada sabe, sobre la ilegal presencia y operación de agentes de la CIA en la sierra Tarahumara, en particular, y en el estado, en general, donde los muchachos de Langley se mueven con total libertad. Menos aún que la entidad que dice gobernar ocupa la primera posición nacional en homicidios dolosos, entre tantos otros “detalles”.

Sin embargo, alguien debió recomendarle dar la cara, así fuera por medio de un “videomensaje” para “deslindarse” de la “responsabilidad” y de todo aquello que apeste a la ilegal operación de la CIA en el estado y cancelar el “mucho ruido, desinformación y ataques políticos a propósito del operativo en la sierra Tarahumara”. Según dice, “el operativo fue diseñado y ejecutado por quienes tienen las atribuciones, la experiencia y formación de policía e investigación criminal; en ningún momento gestioné, autoricé ni tuve conocimiento de la presencia de personas extranjeras en esa acción; he instruido a la Fiscalía General del Estado que, en el marco de sus atribuciones y con la información que tiene, proceda conforme a derecho, caiga quien caiga; he actuado con legalidad y transparencia, respetado la Constitución y las leyes”. Y listo, a otra cosa.

Pero en el sálvese quien pueda, la fiscal especial Wendy Chávez brincó a la palestra y dio a conocer que no fueron dos, sino cuatro los agentes de la CIA en lo que para la “gobernadora” es “un orgullo”, es decir, el presumido narcolaboratorio “desmantelado”.

La Jornada (Jesús Estrada) nos ilustra: “Los cuatro agentes estadunidenses que acompañaron a policías estatales para desmantelar el narcolaboratorio localizado en la comunidad El Pinal, municipio de Morelos, estuvieron en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas de Chihuahua –uno de ellos portando un arma larga– en dos fechas previas al 16 de abril, día del operativo; los agentes extranjeros tuvieron interacción con el director general de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Oseguera –uno de los fallecidos– y se presume la posible intervención, conocimiento y vínculos de más funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE); se halló un patrón de convivencia e interacción en contextos informales entre los agentes de la CIA, el director de la AEI y otros integrantes de la FGE; las imágenes muestran que estas personas convergen en distintos momentos en las inmediaciones de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas”. Como en su casa, pues.

Eso sí, los jefes de Maru Campos fingen demencia, en lo que son especialistas. Dijo doña Wendy: hasta hace un par de días, “la representación consular y la embajada de Estados Unidos no habían respondido las solicitudes de información realizadas respecto de la identidad de los cuatro estadunidenses implicados, ni han aclarado qué cargo ejercen o a qué agencia de seguridad pertenecen”.

Y en todas estas andanzas aparece la flamante presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, para “convocar a la militancia” de su partido a la “movilización social en Chihuahua para exigir juicio político contra la gobernadora panista María Eugenia Campos, debido a la intervención de agentes de la CIA en el operativo para desmantelar un narcolaboratorio”, en lo que sería, dijo, ”una primera manifestación el sábado 16 de mayo; el Comité Ejecutivo Nacional de Morena ha determinado acciones de movilización que acompañen la demanda de juicio político a la gobernadora”. Sin embargo, se requiere juicio político, no manifestaciones.

Eso sí, el defensor en jefe de la oposición, Ricardo Monreal, asegura que “la guerra de juicios políticos no vale la pena ni sirve”. Y en medio de todo esto, nado sincronizado de los “comunicadores” gringos.

Las rebanadas del pastel

Al parecer concluyó la primera temporada del culebrón de la “unanimidad” (en reversa y por goliza) en beneficio de millones de estudiantes –más padres de familia– y en contra de un “secretario” más que chamuscado. ¿Cuál será la siguiente? ¿Acaso un ex funcionario de origen itamita instalado en un palco de lujo en el estadio Azteca y nuevo titular de la SEP? A ver si la FIFA no le retira las “cortesías” mundialistas.