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Razones
Caminar por la cuerda floja
No se puede sostener un doble discurso: uno nacionalista old fashion para las tribus más duras de la 4T y otro de una intensa cooperación que trasciende todo lo que se ha hecho público.
Excelsior
Con el envío a Estados Unidos, el día de ayer, de 37 importantes operadores del crimen organizado, son más de 100 los personajes clave del narcotráfico que durante esta administración están bajo órdenes del sistema judicial de la Unión Americana. A los 92 entregados a la justicia, se deben sumar los extraditados, como Ovidio Guzmán López, los que llegaron por operaciones encubiertas aún no explicadas suficientemente, como las de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, y muchos otros.
Pero, con excepciones, la plana mayor del narcotráfico mexicano de las últimas décadas está en Estados Unidos y de ese centenar, la gran mayoría se han convertido en testigos colaboradores de las fiscalías de la Unión Americana. El caudal de información que tiene la justicia de ese país sobre el tráfico de drogas y otras actividades es enorme, incluyendo la corrupción y los cómplices o protectores políticos de esos criminales.
Es verdad que aún faltan por detener en México capos importantes: Iván Archivaldo Guzmán Salazar y su hermano Jesús Alfredo, jefes de Los Chapitos; El Mayito Flaco, Ismael Zambada Sicairos, hijo y sucesor de El Mayo Zambada; varios de los aliados de alguno de esos grupos, sobre todo El Chapo Isidro, Fausto Isidro Meza Flores, sucesor de los Beltrán Leyva. Y varios de los líderes del CJNG, comenzando por Nemesio Oseguera, El Mencho, y El Sapo, Gonzalo Mendoza Gaytán; Julio Alberto Castillo Rodríguez, El Chorro, y Audias Flores Silva, El Jardinero. Y hay más, del propio CJNG, de las organizaciones de Tamaulipas, Durango, Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Veracruz, Zacatecas y Chiapas, entre otras. Pero de todos esos grupos hay enviados a la justicia estadunidense.
Los golpes que se han dado son innegables: 40 mil detenidos (cuántos han permanecido en prisión ante la negligencia de la pasada FGR y las fiscalías locales es un dato que no se tiene públicamente); unos cuatro mil laboratorios y depósitos de precursores para drogas sintéticas; toneladas de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y otras drogas incautadas; la migración a través de la frontera se ha reducido drásticamente; el Gabinete de Seguridad a través de la secretaría de SPC federal, la Defensa y la Marina mantienen una muy buena interlocución con sus pares estadunidenses.
Y sin embargo no alcanza, porque el crecimiento notable que tuvo el narcotráfico el sexenio pasado, no sólo generó más de 200 mil muertos y cerca de 100 mil desparecidos en nuestro país, sino también, como consecuencia de la política de abrazos, no balazos, y de la complicidad y protección de políticos y funcionarios se expandió nacional e internacionalmente.
Por eso lo que falta es lo que hemos denominado el golpe sobre la mesa: la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que decidir acabar esos espacios de complicidad en ocasiones tan cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador. No puede no hacerlo porque, paradójicamente, con la información que tienen por su propio trabajo de inteligencia las agencias estadunidenses, más la colaboración del centenar de criminales que están ofreciendo información a cambio de sentencias más benignas, no hay forma de proteger a los personajes más involucrados, muchos de ellos ya develados por los medios, nacionales e internacionales.
Lo mismo sucede con los mecanismos de colaboración con EU en el ámbito de la seguridad. No se puede sostener un doble discurso: uno nacionalista old fashion para las tribus más duras de la 4T y otro de una intensa cooperación que trasciende todo lo que se ha hecho público, incluso sacrificando, como ocurre con los 92 criminales enviados a EU este año, hasta los límites de la legalidad. La Presidenta queda atrapada entre estos dos discursos antagónicos, como le ocurrió esta semana con el tema del avión Hércules que aterrizó en Toluca el sábado pasado.
No se puede estar todo el tiempo en la cuerda floja, aunque en varios ámbitos de la seguridad se esté desarrollando una labor muy positiva. La seguridad, al fin y al cabo, es un tema de percepciones, y si más allá de los hechos la percepción indica que se está protegiendo a criminales o cómplices, lo único que queda es asumir los costos sin ninguno de los beneficios.
UN SOSPECHOSO EN LA SEP
Francisco Garduño, exdirector del Instituto Nacional de Migración, el responsable de la muerte de 40 migrantes en un centro de detención de en Ciudad Juárez, el mismo que no combatió el tráfico de personas durante su sexenio y permitió una corrupción extraordinaria de esa dependencia durante su gestión, investigado por autoridades de EU, fue designado ahora como alto funcionario de la SEP por Mario Delgado.
Es incomprensible, pero Garduño será el responsable de los Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública, una actividad que Garduño no conoce en absoluto, y con la que no ha estado involucrado en toda su larga vida en la política, centrada sobre todo en áreas policiales y de seguridad. Y siempre cuestionada. Es otro premio para Palenque, y otro argumento de confrontación con Washington.
Juegos de poder
Un desastre llamado Trump
A diferencia de Brasil, donde al expresidente Jair Bolsonaro lo castigaron con 27 años de cárcel, los estadunidenses no llevaron al banquillo de los acusados a Trump, quien pudo volverse a lanzar como candidato…
Leo Zuckermann
Excelsior
Ayer se cumplió el primer año de Donald Trump en su segundo periodo como presidente de Estados Unidos. Mucho se puede decir de los efectos negativos que ha tenido este gobierno para el mundo entero, incluyendo a México. Sin embargo, quienes eligieron a Trump para liderarlos fueron los estadunidenses. A ellos son a los que tiene que darles resultados. Ellos deben llamarlo a rendir cuentas. La pregunta es, entonces, si Trump ha sido un buen o un mal presidente para Estados Unidos.
No soy estadunidense. Mi opinión es la de un extranjero que vivió muchos años en ese país, que ha estudiado su sistema político, que sigue de cerca sus noticias y que conoce, como todos los mexicanos, a mucha gente querida residiendo en esa nación.
Este mexicano no tiene duda: Trump ha sido un desastre para Estados Unidos.
Lo fue durante su primer periodo de gobierno. Está resultando peor en su segundo.
Baso mi juicio en un tema político: Trump le está haciendo un daño quizá irreparable a la democracia-liberal de su país.
Se trata de un gobernante de talante autoritario que no cree en las instituciones democráticas y se ha dedicado a mermarlas.
De hecho, pienso que Estados Unidos debió haber enjuiciado y metido a la cárcel a Trump por subvertir el orden democrático. Cuando perdió las elecciones en 2020 no aceptó los resultados y alegó que le hicieron un fraude electoral sin presentar prueba alguna. Instó a sus seguidores a tomar la sede del Congreso el día que se calificaron los comicios. Nunca en la historia de Estados Unidos se había visto un asalto al Capitolio como el observado el 6 de enero de 2021.
A diferencia de Brasil, donde el expresidente Jair Bolsonaro hizo algo similar y lo castigaron con 27 años de cárcel, los estadunidenses no llevaron al banquillo de los acusados a Trump, quien pudo volverse a lanzar como candidato presidencial en 2024 ganando esos comicios.
Acto seguido, el magnate se ha dedicado a gobernar sin respetar los contrapesos democráticos.
Durante su primer año de gobierno, Trump 2.0 firmó 228 decretos ejecutivos ordenando cosas para las que no tiene autoridad; por ejemplo, aranceles a las importaciones, por causas de seguridad nacional, cuando le corresponde al Congreso legislar los impuestos.
Al Poder Legislativo, de hecho, lo tiene sometido por completo gracias a que su partido cuenta con una mayoría en ambas cámaras. Ejerce un control férreo de los legisladores republicanos.
La Suprema Corte de Justicia, de mayoría conservadora, no ha querido enfrentarse al Presidente. Los ministros han dilatado la resolución de los casos más controversiales, como el de su extralimitación al imponer aranceles.
Trump ha purgado la burocracia federal y el aparato militar. Ha formado una policía migratoria (ICE) que opera brutalmente matando, incluso, a ciudadanos estadunidenses. Se ha rodeado de puros funcionarios que le dicen que “sí” a todo y se la pasan alimentando su colosal narcisismo.
Ha utilizado el aparato de justicia para sus venganzas personales, pagar favores de campaña y presionar a funcionarios independientes que se atreven a desafiar sus deseos, como el presidente de la Reserva Federal.
Con el enorme poder del gobierno federal ha sometido a las universidades y bufetes de abogados que solían litigar para defender derechos humanos. Ha recortado subsidios a organizaciones no gubernamentales con agendas que le disgustan.
Ni se diga la amenaza que ha sido para la libertad de expresión en ese país. Ha presionado a los medios para que despidan a conductores y comentaristas críticos de su gobierno. Ha demandado a la prensa con el fin de amedrentarla. Le choca que se exponga la enorme cantidad de mentiras que cotidianamente dice con fines propagandísticos.
Súmese el aumento de la polarización que Trump fomenta. Ya no se trata únicamente de la incapacidad de llevar a cabo un diálogo civilizado entre personas que piensan diferente. En un país armado hasta los dientes, esto ha tenido consecuencias nefastas en asesinatos por cuestiones políticas, como el homicidio de Charlie Kirk.
Termino este recuento con otro aspecto nefasto: la abierta corrupción de Trump. The New York Times daba cuenta cómo él y su familia se habrían embolsado alrededor de mil cuatrocientos millones de dólares durante este primer año de su segundo periodo. Esto incluye el regalo de un avión por parte de Qatar. Sin pudor alguno. Al revés, presumiéndolo.
Me atrevo a predecir que, si los republicanos pierden la mayoría en la Cámara de Representantes en las próximas elecciones intermedias de noviembre, Trump desconocerá el resultado.
Es el precio de tener a un aspirante a dictador en la Casa Blanca.
Paradoja constitucional
Vivir en democracia genera muchos costos, ya que se deben organizar elecciones y garantizar la observancia de los derechos humanos en un Estado de derecho.
Martín Espinosa
Excelsior
Al más puro estilo del pragmatismo político, el oficialismo aplica la vieja cultura del chantaje para presionar a sus aliados a aceptar la iniciativa de reforma electoral, preparada por uno de los sectores más radicales de la izquierda mexicana. Hoy presenciamos por parte de la llamada clase política una “puesta en escena” de alta contradicción, como es el hecho de que “el freno” a la modificación de las reglas de la competencia electoral no proviene de una defensa del Estado de derecho ni de la autonomía que desde hace más de 30 años gozaba el árbitro que calificaba los comicios en nuestro país.
Con dicha reforma, de ser aprobada a cambio de ceder gubernaturas y alcaldías a los aliados y reducir al mínimo a los opositores, el fundamento de los argumentos está, no en una defensa constitucional de las primeras modificaciones al órgano electoral del país que datan de 1990 para separarlo de quienes gobernaban en esos años, sino en algo “más simple” y paradójico: no perder plurinominales (diputados y senadores por voto proporcional) ni financiamiento por parte del Estado (dinero y prerrogativas para poder existir).
En pocas palabras, el sistema electoral mexicano comienza a dejar de ser un aparato de principios y preceptos constitucionales para depender ahora de “intereses de partido”, haciendo a un lado la integridad democrática y la fortaleza del pluralismo político que desde hace varias décadas ha caracterizado a la sociedad mexicana.
Lamentablemente, lejos de significar fortaleza democrática, ello demuestra precariedad institucional, que más temprano que tarde habrá de reflejarse en el énfasis hacia un nuevo sistema de “partido único” cuyas consecuencias las hemos vivido millones de ciudadanos, principalmente en el siglo pasado.
Ello cerrará espacio a las voces opositoras, necesarias en una democracia. Asimismo, cancelará espacios de participación ciudadana y –de nuevo– le entregará el control de la organización y arbitraje de la contienda al propio gobierno.
Vivir en democracia genera muchos costos, ya que deben atenderse y resolver las exigencias sociales, organizar elecciones y garantizar la observancia de los derechos humanos en un Estado de derecho. En cambio, vivir en una dictadura “es barato” económicamente hablando, porque basta un dictador y un cuerpo represor que acalle la protesta y desaparezca a los opositores, al tiempo de que no exista más ley que la que imponga el “iluminado”. Por ello, quienes hoy advierten el riesgo afirman que más vale una democracia cara que una dictadura gratuita. Las ocurrencias siempre salen muy caras.
Como diría el clásico: “Esa película ya la vimos”. Y lo peor, ya conocemos el final.
YUCATÁN “BAJO FUEGO” QUINTANARROENSE
Para los “altos” mandos de la policía del otrora pacífico Yucatán no hay otra explicación a lo sucedido en el municipio yucateco de Dzilám González (cerca del litoral norte del estado), la tarde del pasado 5 de enero cuando sicarios del narco atacaron y asesinaron a balazos a tres personas en un rancho, que la protección que ha dado a los criminales el fiscal de Quintana Roo, Raciel López Salazar, a quien señalan de estar “embarrado” con las mafias que controlan la entidad del Caribe mexicano. Hasta el momento están detenidos 9 pistoleros pertenecientes al Cártel de Caborca, y dos permanecen prófugos “por culpa del fiscal”, asegura la policía yucateca. “Son facturas que nos cobran de otro estado”, advierte quien con su larga experiencia en la Seguridad de Yucatán lleva a cabo la persecución de los delincuentes que, aprovechando la debilidad del gobierno estatal, se “han asentado” en municipios de la costa yucateca para ampliar su poderío criminal en un estado que hasta hace unos meses se caracterizaba por ser apacible y tranquilo. Pueril la versión del fallido gobernador Huacho Díaz de que se trató de “un pleito entre familias”.
Astillero
Trump: demencia (no sólo política) // ¿Incapacitado para gobernar? // Frisbie: ¿llegará al Mundial? // ¿México escuchará a Carney?
Julio Hernández López
La Jornada
Una conferencia de prensa en la que él no estaba programado (llegó a la que desarrollaba su vocera) multiplicó ayer las observaciones críticas sobre la salud mental del presidente de Estados Unidos.
Más allá de su estilo retórico deshilachado, que puede llevarle de un tema a otro, en esa sesión con periodistas Donald Trump agregó frases y actitudes que han fortalecido la insistente percepción de que padece demencia frontotemporal y que no está capacitado para seguir gobernando a la potencia norteamericana.
Las divagaciones e incoherencias de ayer ante medios se produjeron en el contexto de las expresiones y conductas no sólo polémicas sino probablemente dañinas a su propio interés que ha sostenido Trump en relación con otros mandatarios y en temas trascendentes de política y economía.
Agresivo, grosero, narcisista, megalómano y supremacista, el multimillonario que ocupa la Casa Blanca lo mismo filtra comunicaciones privadas con mandatarios que escribe a un primer ministro noruego para reprocharle que no le hubieran entregado el Nobel de la Paz y eso le esté arrojando ahora a guerrear, no sólo en Groenlandia. La ruptura del derecho internacional, la pretensión de imponer la ley del más fuerte, la elaboración de la “doctrina Donroe”, la invasión de Venezuela y secuestro de Nicolás Maduro y las constantes amenazas con aranceles y acciones físicas directas contra otras naciones parecerían responder a una autenticidad ideológica fascistoide, pero sumamente agravadas por la disociación de la realidad y la convicción, alterada, de que lo planteado es una verdad absoluta, conforme a la que le es obligado actuar.
El doctor Héctor Frisbie (34 años en medicina, cirugía, salud pública, misiones médicas y educador en salud) hizo en videoentrevista una notable exposición sobre el tema, al grado de pronosticar que la demencia frontotemporal avanzará rápidamente e impedirá a Trump seguir en el poder a más tardar al final del primer semestre de este año, tal vez impidiéndole llegar a las ceremonias del Mundial de futbol: https://goo.su/eXPAC.
La degeneración neurocognitiva impulsa a sectores adversos a Trump a pedir la aplicación de la enmienda constitucional 25, para declararlo incapacitado de cumplir con sus funciones y ser relevado. Aún así, los factores de poder que le rodean, y que probablemente suplen actualmente las carencias ejecutivas de Trump, mantendrían el poder, aunque en un escenario sumamente complejo, con una especie de rebelión europea contra Washington, no sólo aunque expresamente por la pretensión de apropiarse de Groenlandia; con el tema venezolano sin inversionistas petroleros estadunidenses y el probable descrédito mayor para el actual presidente por los expedientes Epstein.
Por lo pronto, aparte de la postura contestataria del presidente francés, Emmanuel Macron, destacó ayer el discurso del primer ministro canadiense, Marck Carney, quien habló de “la ruptura del orden mundial, del fin de la grata ficción y del amanecer de una realidad brutal en la que la geopolítica de las grandes potencias no tiene freno”.
En México, sería importante que su gobierno y sociedad atiendan parte de lo dicho por Carney con dedicatoria a naciones con economías medianas o pequeñas: “Un país que no puede alimentarse, abastecerse de energía o defenderse tiene pocas opciones. Cuando las normas ya no te protegen, debes protegerte tú (…) En un mundo de rivalidad entre grandes potencias, los países intermedios tienen una elección: competir entre sí por el favor o unirse para crear un tercer camino con impacto. Los poderosos tienen su poder. Pero nosotros también tenemos algo: la capacidad de dejar de fingir, de nombrar la realidad, de construir nuestra fuerza en casa y de actuar juntos (…) Debemos actuar juntos, porque si no estamos en la mesa, estamos en el menú”.
Y, mientras México ha enviado otra ofrenda a Estados Unidos: 37 “operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país”.
México SA
Apartheid económico y social // Riqueza hiperconcentrada // Políticos, sirvientes de la oligarquía
Carlos Fernández-Vega
La Jornada
Una vez más, en la ciudad suiza de Davos se congrega la crema y nata de la oligarquía internacional y, a sus pies, buena parte de los gerentes (disfrazados de “líderes” políticos) que le sirven y le procuran mayores haberes, de por sí abundantes. A la par, y muy alejada de ese paraíso, gran parte de la humanidad pasa hambre y afronta un sinnúmero de carencias sin que nadie muestre interés en cuando menos aligerar la brutal diferencia, por mucho que se trate de uno de los más lacerantes problemas globales, promovido por el modelo de apartheid económico y social que impera: la hiperconcentración del ingreso y la riqueza, por un lado, y la creciente miseria de miles de millones, por la otra, que se acentúa año tras año.
El reciente informe de la organización Oxfam da cuenta de ello: en 2025, la riqueza de los grandes millonarios del mundo creció tres veces más rápido que en los últimos cinco años, con peligrosas consecuencias para las democracias; el caso del presidente Donald Trump en Estados Unidos es el ejemplo más claro de cómo el poder económico ha tomado el control político para impulsar agendas regresivas que benefician a un puñado de magnates; el auge de las oligarquías impacta negativamente en todas las sociedades del mundo ( La Jornada, dora Villanueva).
Algo más: desde que ( fuck) Trump ocupa la Casa Blanca por segunda ocasión, la riqueza conjunta de quienes poseen miles de millones de dólares creció más de 16 por ciento, y alcanzó un máximo histórico de 18.3 billones de dólares en el último año, debido, en parte, a la contribución de Estados Unidos a esta lista de acumuladores, arropados por una administración que redujo impuestos a los superricos, bloqueó avances en cooperación fiscal internacional, revirtió esfuerzos contra el poder de los monopolios y empujó el valor de las acciones ligadas a la inteligencia artificial (ídem).
Paralelamente, advierte la organización, casi la mitad de la población mundial en pobreza (con un ingreso menor a 8.3 dólares por día) y una cuarta parte con hambre moderada o grave, el problema ya no se limita al poder de mercado de los magnates y sus empresas ni en la creciente desigualdad, sino en la toma del poder político que legitima agendas regresivas para la mayoría de la población, es decir, en la compra de la democracia, señala el informe global Contra el imperio de los más ricos; Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios ( ibidem).
Y lo que revela Oxfam resulta terrorífico: los 12 magnates más acaudalados del mundo concentran mayor riqueza que la mitad más pobre de la población mundial (alrededor de 4 mil millones de personas). Además, un ultrahiperrico tiene 4 mil veces más probabilidades de ocupar un cargo político que cualquier otra persona. “Las personas más acaudaladas del mundo han construido su poder político principalmente de tres formas: comprando apoyo, invirtiendo en legitimar el poder de las élites y garantizándose un acceso directo a las instituciones”, advierte.
Y en el caso de la históricamente exprimida América Latina el panorama no es diferente: en el último año, la riqueza conjunta de los magnates regionales creció 39 por ciento, 16 veces más rápido que el crecimiento económico de dicha zona, en la que “se ha consolidado una élite cuya prosperidad avanza al margen y a costa del resto de la sociedad”. Actualmente hay 109 latinoamericanos con grandes fortunas, 14 más que a finales de 2024, y concentran una riqueza conjunta de 622 mil millones de dólares. “Este desequilibrio perpetúa élites que compran influencia política y reproducen la desigualdad por generaciones, condicionando decisiones públicas y limitando los recursos en beneficio de las mayorías”.
De ese micro universo latinoamericano, 22 son mexicanos, apellidos que se repiten una y otra vez a lo largo de al menos tres décadas, aunque algunas de esas fortunas vienen desde tiempos de Miguel Alemán y aumentan generación tras generación, como en el caso de las familias Larrea y Bailleres. Pero no son las únicas: están los “nuevos ricos”, como Carlos Slim, cuyos haberes se han incrementado en alrededor de 6 mil por ciento del salinato a la fecha, y contando.
Así, mientras no se erradique el modelo de apartheid económico y social, solo se profundizará la de por sí brutal concentración del ingreso y la riqueza, ni la perversa compraventa del poder político.
Las rebanadas del pastel
Por cierto, Slim suma otra petrolera a sus innumerables haberes: Fieldwood (que opera en el sureste mexicano), hasta ahora propiedad del gigante ruso Lukoil. ¿Algo más se le ofrece al señor?
