Lo que dicen los columnistas

Álvarez-Buylla, la lucha por la verdad

Redes sociales, medios de comunicación y diversos intereses económicos compiten sin tregua por imponer sus propios relatos

Ernesto Villanueva

Proceso

En el escenario público actual la verdad ya no se persigue como una meta, sino que se disputa como un trofeo. Redes sociales, medios de comunicación y diversos intereses económicos compiten sin tregua por imponer sus propios relatos. En esa contienda, la reputación termina convirtiéndose en blanco fácil. Los ataques no se centran en debatir ideas; más bien, deforman la realidad. En el caso de María Elena Álvarez-Buylla, quien estuvo al frente del CONACYT y luego del CONAHCYT, la guerra mediática se transformó en un auténtico laboratorio de manipulación.

Aclaro sin ambigüedad que no tengo conflicto de interés al escribir estas líneas: a) mi nivel del SNII III lo obtuve dos años antes de su llegada al cargo; b) nunca solicité apoyos de investigación durante su gestión —aunque habría sido legítimo hacerlo—; y c) jamás he trabajado, directa o indirectamente, bajo su administración. Si no lo hice entonces, menos ahora que ya no ocupa ningún cargo público. Escribo porque su gestión representó un cambio de fondo en temas que desde 2012 he venido denunciando en estas mismas páginas.

Primero. ¿Qué logró Elena durante su gestión, con datos públicos y verificables, en beneficio del interés colectivo? Mucho más de lo que sus detractores suelen reconocer. Entre 2001 y 2018, el Estado destinó 45 mil millones de pesos al sector privado para proyectos sin innovación ni patentes a favor del Estado. En su administración, esa fuga estructural se redujo de forma sustancial. El apoyo a la educación y a la investigación en instituciones públicas subió del 57,3% al 91,4%. Al asumir el cargo, descubrió 91 fideicomisos envueltos en opacidad y sin justificación institucional; al cerrarlos, se devolvió al erario 21 mil millones de pesos. Las becas postdoctorales, que en 2018 alcanzaban apenas 691, se dispararon a 4 mil 789 en el 2024, lo que representa un incremento del 593,1%.

Asimismo, se depuraron las comisiones dictaminadoras y revisoras que durante años habían funcionado como auténticos refugios de poder. Finalmente, se implantaron normas claras y una representatividad nacional, democratizando el acceso y rompiendo la concentración de privilegios que antes se limitaba a unos pocos centros. Y así se podría seguir enumerando un largo etcétera, donde el cambio no fue de personas o cosmético, sino de fondo con lo que tal odisea implica para muchos intereses que habían visto en esta institución una fuente de extracción ilegítima de recursos públicos.

Segundo. No es sorprendente que una transformación de tal magnitud choque con intereses ya consolidados. Por eso la campaña en su contra no surgió de forma espontánea; estuvo planeada. Fue una ofensiva meditada, que combinó manipulación emocional, ataques personales y ecos en el entorno digital. Su objetivo era evidente: socavar su credibilidad y desmantelar su prestigio. Primero se sembró la duda, se magnificó un error, se distorsionó un dato, se inventó un conflicto. Luego se repitió hasta que esa versión se presentara como una supuesta “verdad”.

Cada mensaje se diseñó para despertar la indignación. Las redes hacen resonar el ruido, los bots lo convierten en escándalo y diversos medios lo avalan. El método ya es viejo, aunque la tecnología es reciente. Los algoritmos no separan argumentos; perciben emociones. Detectan las palabras que avivan la ira y las sitúan en el epicentro del debate. Así, la verdad se difumina mientras la sensación se impone. Lo viral pesa más que lo real. Utilizan algoritmos para amplificar mensajes específicos, creando la impresión de un apoyo u oposición masiva. Convertir a una científica íntegra en villana fue parte del guion. Elena Álvarez-Buylla, reconocida por su prestigio y por vivir la honestidad como principio, se volvió blanco del ataque. Su exigencia de rendición de cuentas se presentó como una amenaza. Y para neutralizarla, muchos no dudaron en cruzar la línea: dejaron atrás la ética, la decencia y hasta los mínimos que marca la ley.

Tercero. Cuando el ruido se vuelve ensordecedor, los hechos se vuelven refugio. En la campaña contra Elena Álvarez-Buylla se aplicaron técnicas clásicas de manipulación: el asesinato de carácter, el framing calculado y la distorsión de la verdad. No buscaban informar, sino fabricar percepciones. Sustituyeron la evidencia por emoción. La verdad no se improvisa: se construye con método. La transparencia fue su defensa más sólida. Frente al agravio a su derecho al honor, los datos son escudo. Donde entra la luz, la mentira se disuelve. Los datos son contundentes: redistribuyó recursos, fortaleció la investigación social y rompió con viejos privilegios.

Por eso intentaron reducirla a la villana que el guion exigía. Y en ese contexto emergió la espiral del silencio, amplificada por los algoritmos. Una parte de quienes ha apoyado su gestión optó por callar ante la hostilidad digital. El miedo al linchamiento simbólico impuso autocensura. Así, las redes amplificaron un consenso aparente, fabricado por minorías ruidosas y bots programados para acallar voces disidentes. En la era digital, el silencio no surge de la indiferencia, sino del temor a la condena colectiva artificialmente creada. Es lo que en comunicación política se denomina la espiral del silencio donde la pobreza de espíritu y de carácter son las primeras en caer.

Cada ciudadano que contrasta y verifica se vuelve barrera contra la manipulación. La transparencia no es vitrina: es ética pública en acción. En una era donde los falsos rumores parecen superar a los hechos en velocidad, la transparencia se transforma en una forma de resistencia civil. El caso de Elena Álvarez-Buylla demuestra que decir la verdad exige coraje. Ella lo tiene, y lo ejerce. Su convicción no vacila, su honestidad no se negocia y su compromiso con el bien público no se rinde.

Combatir la desinformación no es una batalla personal: es defender el derecho colectivo a conocer los hechos. La verdad no necesita gritar; basta con resistir. Cuando los datos la sostienen, ninguna campaña logra derribarla. La magnitud del ataque revela la magnitud del cambio. Y ese cambio —real, tangible, irreversible— es lo que más temen quienes vivían de la opacidad.

Arsenal

La vida no vale nada

Francisco Garfias

Excelsior

La violencia no da tregua, aunque nos traten de vender lo contrario. Este lunes fue asesinado Bernardo Bravo, líder de los productores limoneros en Michoacán. Su cuerpo fue hallado sin vida y con signos de tortura en la carretera Apatzingán-Presa del Rosario, localidad de Tinaja.

Pagó con su vida la osadía de alzar la voz contra las extorsiones que sufren los citricultores por parte de crimen organizado, en la región de Tierra Caliente.

Las investigaciones apuntan hacia el grupo criminal denominado Los Blancos de Troya, cuyo líder, Rigoberto López, alias El Pantano, ya fue detenido.

En la última transmisión que Bravo subió a sus redes sociales advirtió que “ningún corredor, ningún coyote” que ponga precios a la fruta que no es de él sería admitido en el “tianguis del limón”, celebrado ayer en Apatzingán, Michoacán.

Bravo no es el único limonero asesinado en Michoacán. En agosto de 2024 fue ejecutado José Luis Aguinaga, otro de los líderes limoneros, quien también denunció extorsiones a los agricultores.

* Aunque en el país hay una tendencia a la baja, el número de asesinatos sigue alto. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad cifra en 18 mil 407 los homicidios durante los primeros nueve meses de 2025.

Esto representa una reducción de 4 mil 348 casos respecto al mismo periodo de 2024.

* ¡Recórcholis! Gerardo Fernández Noroña, cuya vida poco austera ha sido motivo de severas críticas, anunció ayer que pedirá licencia temporal de su cargo como senador.

“Será por un tiempo, tengo que hacer cosas… es necesario, es para bien, es temporal, tengo suplente”, dijo.

Puntualizó: “Debo hacerlo, pero no se preocupen. Yo tengo cinco años ahí de senador”.

Hoy va a precisar los motivos a las 11 de la mañana

* La presidenta Sheinbaum irrumpió ayer en la vida interna de Acción Nacional. Criticó los actos que el principal partido de oposición hizo el sábado pasado para anunciar su “relanzamiento” bajo el lema “Patria, Familia y Libertad”.

Acusó “muy poca sensibilidad” de Acción Nacional por haber celebrado el acto el mismo día que decenas de miles de familias damnificadas por las torrenciales lluvias luchan por subsistir. “Podrían haberse esperado 15 días, ¿no?, hasta que definiéramos que la emergencia se levanta”, comentó.

Desde aquí le preguntamos a la Presidenta si no podría dejar para otra ocasión el chalequito guinda que ha usado en sus visitas a los damnificados por las torrenciales lluvias. Es la Presidenta de todos los mexicanos, no de Morena. No es correcto promoverse en la tragedia.

* Nos cuentan que el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar desbarató el acuerdo de no agresión que su coordinador, Ricardo Monreal, construyó con la oposición para que el debate sobre el paquete económico, que se legisló la semana pasada en San Lázaro, fluyera sin el desgaste de sesiones maratónicas.

La fuente nos dice que, deliberadamente, Ramírez Cuéllar provocó un enfrentamiento verbal con Elías Lixa, coordinador de la bancada del PAN

¿Resultado? El acuerdo de civilidad se vino abajo.

Nos dicen también que Claudia Sheinbaum no quería a Kenia López como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

La Presidenta argumentaba que Kenia ha golpeado fuerte a Morena y, vía Monreal, le pidió al azul que propusiera a otro(a) diputado menos “sesgado”.

Al final no escuchó los motivos del zacatecano y Kenia es la presidenta de la Mesa Directiva desde el primero de septiembre pasado.

El comportamiento neutral de la panista en la conducción de las sesiones ha sido reconocido por propios extraños.

* La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Janine Otálora notificó ayer al Senado su decisión de concluir sus funciones el próximo 31 de octubre.

Lo hace, subraya en su cuenta de X, acorde con la protesta que rindió en 2016 por un periodo de nueve años, junto con otros magistrados del TEPJF.

El aval de la mayoría de magistrados a la elección de jueces, magistrados y ministros tuvo su recompensa.

La reforma judicial aprobada por el Congreso determinó que pueden quedarse hasta 2027, a pesar de que Mónica Soto y Felipe de la Mata cumplen este año el periodo para el que fueron electos. Nueve años.

Estos dos magistrados, junto con Felipe Fuentes, avalaron otorgar al oficialismo una mayoría calificada (dos tercios de los legisladores presentes) en San Lázaro.

Palomearon con su voto que con 54% de los votos, Morena y aliados tuvieran 74% de las curules en San Lázaro. Es decir, una mayoría calificada que les permite hacer con la Constitución lo que les dé la gana.

Son “cómplices” de la elección de jueces, pero también de la eliminación de los órganos autónomos y la militarización de la Guardia Nacional.

La ausencia de Otálora favorecerá los intereses de Morena. Ella y el magistrado Reyes Rodríguez son los únicos que no se doblaron ante la cuatroté.

Juegos de poder

¿Puede volver a ser el PAN un partido competitivo?

Nunca hicieron la autocrítica por las derrotas de 2012, 2018 y 2024.

Leo Zuckermann

Excelsior

El sábado, el PAN realizó un evento de relanzamiento como partido político. Ya era hora. Llevaban mucho tiempo en el letargo. Nunca hicieron la autocrítica por las derrotas de 2012, 2018 y 2024. Tres elecciones presidenciales que perdieron, y gacho.

No es que los partidos sean muy propensos que digamos a hacer una autocrítica de los errores cometidos. Menos en México, donde no existe esa cultura. Pero, por lo menos en ocasiones anteriores, los responsables de las derrotas se veían obligados a renunciar asumiendo su responsabilidad.

No fue el caso ni el 2018 ni en el 2024. El grupo que comandaba el excandidato presidencial Ricardo Anaya se mantuvo como dominante, primero bajo la dirigencia de Marko Cortés y después con Jorge Romero. En este sentido, se quedaron los mismos. Un grupo sin mucha imaginación y liderazgo menguado.

A pesar de eso, el PAN está intentando reposicionarse con este relanzamiento. Hacerse más competitivo.

En lo anunciado hay, me parece, tres elementos interesantes.

Primero, la renuncia a aliarse con otros partidos. Con ello se acepta que las alianzas no funcionaron. Primero en 2018 con el PRD y Movimiento Ciudadano. Luego, en 2024, con el PRI y el PRD.

Yo tengo mis dudas sobre esta evaluación. Si se ve por resultados, obviamente, las alianzas resultaron fallidas. Lo que no sabemos es el contrafactual, es decir, cómo hubiera quedado el PAN en 2018 y 2024 si hubiera ido solo en la contienda. Igual y le hubiera ido mejor, igual y peor. Simple y sencillamente nunca lo sabremos.

Lo que sí es un hecho es que las alianzas tuvieron un costo: diluyeron la imagen del partido. Sobre todo la que se hizo con el PRI en 2024. Durante décadas, los panistas fueron los principales adversarios de los priistas. De repente, ahora eran sus aliados. Para un panista tradicional no fue nada fácil tragarse ese sapo ni con toda la narrativa de que lo prioritario era ganarle al nuevo adversario ideológico, es decir, Morena, de López Obrador.

Ahora la apuesta es a ir solos. Lo cual ya generó un problema interno desde el primer día. Y es que los panistas de Nuevo León ya tenían arreglada la alianza con el PRI para lanzar a Adrián de la Garza como candidato a gobernador de ese estado en 2027. Juntos tienen la posibilidad de ganarle a Movimiento Ciudadano, que actualmente gobierna, y a Morena, que será el otro competidor importante de esta contienda.

¿Dejará el Comité Ejecutivo Nacional del PAN que sus dirigencias locales puedan hacer alianzas pragmáticas o les negará el permiso?

El segundo punto interesante de lo anunciado el sábado es el cambio de lema. De “por una patria ordenada y generosa” pasaron a “patria, familia y libertad”. Creo que el PAN le está apostando a convertirse en un partido conservador de derecha en el ambiente cada vez más polarizado que hay en la política nacional.

Tiene sentido. Abandona el centro, que cada vez tiene menos electores, y se propone ocupar el mercado que ningún partido está atendiendo en este momento, para así competir en contra de Morena, que tiene tomado el otro lado del espectro político, el de la izquierda.

Puede que a muchos no les guste este cambio ideológico, pero es lo correcto en el contexto actual donde impera la polarización no sólo en México, sino en el mundo.

Finalmente, el tercer elemento interesante del relanzamiento del PAN es el anuncio de que los panistas están dispuestos a abrir ese partido a candidaturas ciudadanas. Esto puede y debe interpretarse como un guiño a varios personajes de la sociedad civil que están pensando en involucrarse en la política.

Está por verse, desde luego, si la dirigencia del PAN va en serio con eso de abrir el partido a candidaturas ciudadanas porque una cosa son los dichos y otros los hechos.

Sin alianzas, moviéndose más a la derecha y abriendo el partido a candidatos externos, ¿podrá volverse el PAN más competitivo?

Ésa es la pregunta que todavía no tiene respuesta.

Lo que sí sabemos es que si hubieran seguido haciendo lo mismo, hubieran tenido los mismos resultados: pésimos. Iban directito hacia una muerte gradual.

Les falta mucho a los panistas: aterrizar un proyecto alternativo que compita en las urnas en contra de Morena y encontrar a un líder que encarne dicho proyecto.

Por lo menos ya dieron un primer paso.

Razones

Nuestros datos no están seguros

El gobierno podrá saber en tiempo real y permanentemente qué usan o compran las personas por plataformas digitales, así como los datos fiscales asociados de todos los consumidores.

Jorge Fernández Menéndez

Excelsior

La reforma fiscal aprobada la semana pasada faculta al SAT para conocer datos individuales sobre qué bienes o servicios se compran o usan, cuánto se gasta, y todos los movimientos comerciales realizados a través de plataformas digitales, sin necesidad de una orden o control judicial previo.

Es una invasión a la privacidad e implica el monitoreo permanente de la actividad digital de todos los consumidores. No se limita a la información total de las plataformas, sino que se basa en la información fiscal personal de los usuarios. Por esa vía, el gobierno podrá saber en tiempo real y permanentemente qué usan o compran las personas por plataformas digitales, así como los datos fiscales asociados de todos los consumidores.

Es una legislación lesiva de los derechos a la privacidad y el comercio digital de todos, pero es más grave aun, porque el gobierno federal y las instituciones no cumplen con las medidas de ciberseguridad mínima para preservar esa delicadísima información ante ataques de hackers. La ciberseguridad es algo en lo que el gobierno mexicano no invierte, no como un Estado moderno tendría que hacerlo.

Hace varios meses fue el hackeo de la Defensa por el grupo Guacamaya, que sustrajo varios terabytes de información, pero también ha habido hackeos en Pemex, la CFE, el Banco de México, entre otras muchas instancias gubernamentales. Semanas atrás hackearon el C5 de la Ciudad de México y ahora nos enteramos por la prensa estadunidense que un grupo de estudiantes y académicos de Maryland y San Diego, con equipos que costaron unos 650 dólares, entraron a los sistemas del gobierno mexicano, incluso militares y de grandes empresas y obtuvieron la transmisión de informes de incidentes, seguimiento de casos y documentación de pruebas por parte del personal de campo y administrativo, incluyendo actividades relacionadas con el narcotráfico. Lo hicieron el 4 de abril de 2025 a los sistemas del gobierno mexicano y de empresas como Telmex, Santander de México, Banjército y Banorte, entre otros.

No hackearon nada porque no era su objetivo, dieron la información a un centro especializado en amenazas cibernéticas, pero pudieron penetrar en casi todo. Según la información pudieron acceder a “tráfico sensible que se transmitía sin cifrar, incluyendo infraestructura crítica, comunicaciones internas corporativas y gubernamentales, llamadas de voz y mensajes de particulares, así como tráfico de internet de consumo procedente de redes wifi y móviles en vuelos comerciales”.

En el caso del gobierno y Fuerzas Armadas de México, los académicos “observaron tráfico satelital no cifrado de varias organizaciones de la Administración, incluyendo agencias militares, policiales y gubernamentales”. El documento asegura que lograron “captar referencias a terminales, regiones y zonas militares, así como un inventario de activos de las fuerzas del orden, registro de personal y monitoreo de tráfico”. También obtuvieron la transmisión de informes de incidentes, seguimiento de casos y documentación de pruebas por parte del personal de campo y administrativo, incluyendo actividades relacionadas con el narcotráfico. De igual manera, afirman haber encontrado datos sobre “la medición y transmisión remota de objetos militares en tiempo real con geolocalización precisa, identificadores y telemetría en vivo”.

El gobierno federal, a pesar de la creación de la agencia federal a la que le ha dado enormes atribuciones bajo la dirección de José Merino, no invierte ni remotamente lo que debería en ciberseguridad, no lo hace para sus instituciones, incluidas las de seguridad, y tampoco garantizará la seguridad de nuestros datos personales, que acumulará en una dimensión mayor que nunca en su historia y con propósitos que son demasiado difusos, tanto en la recolección como en el uso.

Por eso tampoco hemos llegado a un acuerdo que se planteaba en el T-MEC sobre una suerte de coraza cibernética regional con Estados Unidos y Canadá, ya que –según los especialistas estadunidenses, por la estrecha relación que tienen los tres países, pero sobre todo México en todos los ámbitos con Estados Unidos– ésa es una de las puertas de entrada que existen para ingresar a los propios sistemas estadunidenses.

Y a los nuestros. El gobierno federal con las nuevas leyes fiscales se dio a sí mismo el derecho de intervenir toda la información en redes que usted genere desde lo que ve en streaming hasta lo que compra por esa vía, desde sus comunicaciones hasta los portales de citas. Y todos estos datos podrán ser utilizados por el gobierno como le plazca, pero además no estarán suficientemente encriptados, cualquiera con equipos que no son siquiera sofisticados podrá acceder a ellos, como lo hicieron con equipos caseros los estudiantes y académicos de Maryland y San Diego.

El gobierno federal quiere saber todo de todos, pero hoy no es capaz siquiera de cuidar los datos de los que se apropia. La ciberseguridad de las instituciones de gobierno debería ser una prioridad del poder y, mientras tanto, no debería exigir hacerse con un cúmulo de información que no puede digerir ni, mucho menos, proteger.

Astillero

Claudia, ante la provocación gringa // Pragmatismo frente a genocidio // Y, ¿en casos Venezuela y Colombia? // PAN: rifa mensual de iPhones

Julio Hernández López

La Jornada

El más frío de los pragmatismos ha hecho que el gobierno de Claudia Sheinbaum se desentienda de una franja notable de su base social que exige romper relaciones con Israel y expresar de manera más enérgica el repudio al genocidio contra el pueblo palestino, en particular respecto a Gaza.

En Palacio Nacional es probable que se hayan medido las consecuencias que tendría un acto de congruencia en este tema: el impacto en términos económicos, de inversión extranjera y paridad cambiaria, habida cuenta del poder de castigo que tienen los poderosos capitales relacionados con lo que sucede en Gaza y Palestina; no sólo desde el flanco israelí, sino desde el nefastamente acaudillado por Donald Trump.

Los vientos de la provocación y la agresión, sin embargo, van avanzando en un terreno cada vez más cercano a México, de tal manera que la presidenta Sheinbaum deberá asumir definiciones que, en caso de defender a Venezuela y Colombia, amenazadas grotescamente por el reyezuelo instalado en Washington, implicarían consecuencias reprensivas desde la Casa Blanca o, en caso de que Palacio Nacional pretendiera mantener la misma pose imperturbable (“cabeza fría”), significarían el abandono de una posición histórica de solidaridad y ayuda a pueblos hermanos de Latinoamérica.

Nicolás Maduro, como personaje ejecutante de poder, merece capítulos aparte, sobre todo en función de claridades electorales, pero sin perder de vista el permanente acoso de Estados Unidos, siempre deseoso de gobiernos que le faciliten, entre otras cosas, el control de recursos energéticos.

Pero el tema mayor de estos momentos es la pretensión de los poderes gringos de consolidarse como instancia de explícita desestabilización de gobiernos (en este caso, abiertamente la CIA), de asesinato de ciudadanos sin juicio o base legal alguna y de uso apabullante de la fuerza militar para forzar el cambio de régimen e instalar a marionetas agradecidas (María Corina Machado y su premio Nobel de la Guerra y el desvaído Edmundo González Urrutia).

Gustavo Petro sobrelleva el navegar en las aguas mediáticas y políticamente agitadas de Colombia, con un estilo que irrita a sus opositores y un discurso que confronta al trumpismo y sus aliados, Israel destacadamente entre éstos. Trump ha sumado a Petro en su lista negra, con castigos económicos a Colombia e intenciones golpistas como en Venezuela.

La presidenta Sheinbaum no debería capotear lo que ya está sucediendo en estos dos países sudamericanos. Solidarizarse con naciones agredidas por los poderosos de cualquier época no sólo ha sido un gesto generoso de México, sino una forma de protección a sí mismo. En estos casos, Venezuela y Colombia, México debe expresar rechazo puntual a acciones criminales contra embarcaciones en el Caribe y contra golpes económicos y políticos desestabilizadores contra Petro, porque, a fin de cuentas, esos aires devastadores ya están también en ruta hacia México, tal vez con menos descaro y letalidad, pero con la misma fuerza destructora.

En otro tema: el “relanzamiento” del Partido Acción Nacional ha sido sumamente criticado por su evidente vacuidad. Ayer, en entrevista, el dirigente nacional Jorge Romero lo confirmó: “Vamos a rifar para todos los jóvenes, y es totalmente legal, un iPhone 17 Pro cada mes, por si quieren meterse a la aplicación. Así le hacían nuestros fundadores, hacían rifas: de todo, refris, teles” (nada más que esos fundadores lo hacían porque no tenían presupuesto público millonario a su disposición, como ahora lo tienen los gerentes del negocio partidista).

Astillas

Fue asesinado Bernardo Bravo, dirigente de citricultores en Apatzingán, en el Michoacán donde Alfredo Ramírez Bedolla mal gobierna a nombre de Morena. Contexto: el líder de limoneros fue denunciante constante del predominio del crimen organizado en esa región y de la inacción gubernamental.