Lo que dicen los columnistas

Amparo para efectos: justicia aparente, resultados inexistentes

El modelo mexicano prolonga el litigio, contradice el artículo 17 constitucional y beneficia a quienes tienen más recursos.

Ernesto Villanueva

Proceso

El debate sobre la iniciativa presidencial de reforma a la Ley de Amparo se ha enfocado en sus virtudes y defectos. Se analiza su alcance en medio de una polarización social que todo lo contamina. Algunos destacan los beneficios. Otros señalan retrocesos. Pero se ha omitido un tema de crucial importancia que ninguna de las partes ha mencionado: el amparo para efectos. Esta figura, completamente mexicana, no se encuentra en la mayoría de los sistemas constitucionales de América o solo se permite en circunstancias realmente excepcionales. En naciones como Argentina, Chile o Colombia, el juez constitucional resuelve de fondo y no devuelve el caso a la autoridad. En Brasil, el recurso de amparo (mandado de segurança) también implica una decisión definitiva. En contraste, el modelo mexicano prolonga el litigio, contradice el artículo 17 constitucional y beneficia a quienes tienen más recursos. Abrogarlo es esencial para regenerar el tejido que sostiene al amparo, devolverle su carácter de protección real de los derechos fundamentales y corregir un sesgo que premia al poderoso y castiga al débil. Véase si no. 

Primero. El amparo para efectos surgió como una excepción y se convirtió en regla. El tribunal concede la protección, pero se abstiene de resolver lo esencial. En lugar de pronunciarse sobre la violación de derechos, ordena reponer el procedimiento y devuelve el asunto a la misma autoridad responsable. El resultado es típicamente predecible: el acto reclamado reaparece casi idéntico, apenas disfrazado con nuevos trámites. El ciudadano regresa al principio. Pierde tiempo, dinero y confianza. ¿No establece la Constitución que debe privilegiarse la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, siempre que no se afecte la igualdad ni el debido proceso? Así lo indica con claridad el artículo 17 en sus párrafos segundo y tercero, que reconocen el derecho a una justicia pronta, completa e imparcial, impartida por tribunales expeditos. Además, el artículo 1º constitucional exige que toda interpretación se realice bajo el principio pro persona y conforme a la norma que brinde mayor protección. El amparo para efectos viola ese mandato: no proporciona la tutela más amplia, diluye la garantía judicial efectiva y convierte en letra muerta la obligación estatal de promover, respetar, proteger y garantizar derechos. En la región, países como Perú o Costa Rica solo aceptan una reposición excepcional, nunca como regla. México, por el contrario, institucionalizó la excepción. Lo que debería ser justicia efectiva se reduce a un trámite vacío. Lo que debería cerrar un conflicto, lo multiplica. La garantía más importante del sistema termina atrapada en una simulación. Y una justicia diferida, repetida y costosa, es en la práctica una justicia negada.   

Segundo. La reforma presume celeridad. Se acortan plazos de noventa a sesenta días. Suena moderno. Suena eficiente. Pero si el amparo para efectos persiste, la reducción es solo un maquillaje. No sirve de nada correr más rápido si el camino lleva al mismo destino. El riesgo es mayor: con menos tiempo, el juez tenderá a utilizar esa figura como atajo. Resolver sin resolver. Proteger sin proteger. Emitir una sentencia que aparenta ser justicia, pero que solo prolonga el conflicto. La paradoja es brutal: una reforma que promete agilidad, pero que refuerza la práctica que más demora. ¿Quién se beneficia? Nadie. Se pierden recursos públicos, se multiplican los costos privados y se erosiona la confianza en el sistema. La sociedad no evalúa la justicia por calendarios, sino por resultados. ¿El conflicto fue resuelto? ¿El derecho fue restituido? ¿La autoridad corrigió su conducta? Si la respuesta es no, la reforma será vista como un engaño. Reducir plazos sin abrogar el amparo para efectos es andar en círculos. Un reloj que marca menos tiempo, pero sigue atado a la simulación. Y todo esto contradice directamente lo que exigen el artículo 17 —justicia pronta y completa— y el artículo 1º —reparación integral de las violaciones a derechos humanos—. Porque el amparo para efectos ni repara ni restituye, solo dilata. Una justicia que posterga indefinidamente es, en los hechos, una justicia denegada. Mientras en Colombia la Corte Constitucional emite fallos definitivos con efectos generales, en México se tolera una justicia repetida y estéril. Un sistema que aparenta rapidez, pero que perpetúa injusticias, solo multiplica la frustración ciudadana y normaliza la impunidad.   

Tercero.  El amparo para efectos no solo retrasa. También sesga. ¿Quién puede soportar litigios que se extienden por años, reposiciones inútiles y costos acumulados? Quien tiene recursos. Aquellos que pueden financiar abogados, apelaciones y estrategias prolongadas. El ciudadano común no. El trabajador tampoco. El pequeño empresario tampoco. Para ellos, la justicia diferida equivale a justicia negada. Cada reposición es tiempo ganado para el fuerte y tiempo perdido para el vulnerable. Nadie en su sano juicio puede afirmar lo contrario. Esta figura actúa como un filtro económico disfrazado de legalidad. Funciona como privilegio procesal para quienes más tienen y como barrera insuperable para quienes más requieren protección. ¿Ese es el espíritu del amparo? No. ¿Ese es el mandato constitucional? Tampoco. El artículo 17 exige solución antes que ritual, igualdad antes que ventaja táctica, justicia completa antes que un laberinto de trámites. El artículo 1º refuerza este mandato: interpretación pro persona, protección más amplia, reparación integral. El amparo para efectos lo invierte todo: privilegia el procedimiento sobre el derecho, convierte garantías en obstáculos y desnaturaliza al amparo como control constitucional efectivo. En la mayoría de los países latinoamericanos, este mecanismo simplemente no existe porque se considera contrario a la idea de recurso efectivo prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Abrogarlo no cancela derechos, los ordena. Restituye al amparo su función de proteger realmente. Mantenerlo es perpetuar una justicia de élites, diseñada para quienes pueden resistir, en detrimento de quienes más necesitan la protección inmediata de sus derechos. Y con ello se vulnera la esencia misma del principio pro persona, pues se convierte en regla lo que debería ser una excepción residual, transformando la justicia en privilegio y negando la universalidad de los derechos.   

El amparo para efectos diluye la tutela judicial efectiva, contradice el principio pro persona y posterga indefinidamente la protección de derechos. Viola el artículo 1º porque no garantiza la interpretación más amplia ni la reparación integral. Viola el artículo 17 porque niega justicia pronta, completa e imparcial. Abrogarlo no es un capricho: es una exigencia constitucional. Mientras subsista, la reforma será simulación. Y la justicia seguirá siendo privilegio de unos pocos, no derecho de todos. 

Arsenal

El peor momento de Adán

Francisco Garfias

Excelsior

En un día sí, y el otro también, Adán Augusto López Hernández es nota negativa, pero no hay señales de que vaya a ser “renunciado” o de una separación voluntaria de la coordinación de la bancada de Morena, para ser investigado.

Sus vínculos con Hernán Bermúdez Requena jalaron los reflectores hacía su persona y desde entonces los escándalos no paran. Bermúdez fue su secretario de Seguridad cuando López Hernández fue gobernador de Tabasco (2019-2021). Simultáneamente, era líder del grupo criminal de La Barredora, con ligas con el CJNG.

Adán volvió a repetir que no sabía de las actividades ilegales de su secretario de Seguridad. Recientemente, le estalló el tema de las transferencias por 79 millones de pesos en 2023 y 2424, por parte de las empresas privadas –GH Servicios Empresariales y Rabatte– “por asesorías legales” que algunos presentan como moches por contratos recibidos.

La cosa no paró allí. El viernes pasado, a petición de la presidenta Sheinbaum, salió a aclarar las millonarias transferencias recibidas. Dice que las desarrolló en los breves espacios en que no desempeñó servicios públicos.

En esa conferencia, dijo haber pagado 1.9 millones de pesos por concepto de ISR, pero no aclaró que eran los remanentes de su declaración anual. Ayer salió a aclarar, otra vez a petición de Sheinbaum, el “manejo doloso” de sus pagos a Hacienda, y la información que lo presenta como deudor fiscal.

Hizo pública su declaración fiscal en 2023 y en 2024.

En 2023 pagó 9 millones 179 mil 446 pesos con 16 centavos. En 2024 fueron 13 millones 667 mil 463 pesos (IVA incluido).

En lo que va del año, ha tenido ingresos por 24 millones 924 mil 206 pesos y ha pagado 3 millones 448 mil 30 pesos de impuestos.

* La información que se publicó en el reportaje de las transferencias recibidas la tiene SAT. ¿Quién la filtró? Ni la Presidenta ni el senador reconocen que la información filtrada es “fuego amigo”.

–Por supuesto que no. Si hay algo contra cualquier persona de Morena que se encuentre, que tenga pruebas, se procede, así como se procede contra cualquier persona militante del PAN, del PRI, de cualquier partido político. Aquí no cubrimos a nadie y menos vamos a estar con insidias –dijo la Presidenta.

Y se preguntó: “¿Qué clase de gobernantes seríamos si estuviéramos con insidias hacia algunos o hacia otros?”.

Dijo más: “El Senador aclaró, y si tiene que aclarar más cosas, que las aclare, no hay ningún problema. Siempre el SAT investiga a cualquier persona. No hay ninguna investigación en torno a Adán Augusto”. Más tarde, en el Senado, le preguntaron a Adán sobre la lana que recibió.

–¿Es fuego amigo? –le inquirieron.

–No creo que haya salido del gobierno… creo que anduvieron investigando y en algún lugar obtuvieron las declaraciones… No tengo ningún problema en aclarar. Por eso les estoy dando a conocer mis ingresos”, respondió.

Reiteró, eso sí, que sabe quién es y parte de quién. “En su momento lo daré a conocer, cuando yo lo considere políticamente oportuno”, señaló.

* El nombre de Hernán Bermúdez también apareció en la conferencia de prensa que el senador ofreció ayer.

–¿No tiene responsabilidad política por haber hecho ese nombramiento? –le preguntaron.

–Primero, acuérdense que a todo individuo se le debe respetar el principio de presunción de inocencia. Digamos que, hasta este momento, vuelvo a ratificar que yo no tenía ningún conocimiento. Ninguna autoridad, incluso yo hablé de CNI, de Defensa, de Marina, de las fiscalías. Nadie me informó y eso que todos los días nos reunimos en las mesas de seguridad.

“Hay que esperar a que las autoridades hagan sus investigaciones y deslinden responsabilidades”, puntualizó.

* La reforma a la Ley de Amparo, calificada de regresiva por especialistas y académicos, podría quedar dictaminada y aprobada esta misma semana. El senador del PRI, Pablo Angulo, reveló que la Junta de Coordinación Política, órgano de gobierno de la Cámara alta, quiere dictaminar este miércoles y aprobar esta misma semana. La intención de que salga antes del viernes fue ratificada ayer por el propio Adán Augusto.

No se entiende para qué convocaron a especialistas a una audiencia dos días para recoger sus puntos de vista. Empezó ayer. Se acaba hoy. Una burla más del oficialismo.

“Quien asista a estos foros está convalidando otro atropello más al Poder Judicial, otro atropello más a los ciudadanos. Ya no hay garantías en la Ley de Amparo. Ya no hay amparo, que se inventó precisamente para que los ciudadanos se defiendan de los abusos de autoridad. Todo indica que están queriendo consolidar el régimen autoritario. Por eso no vamos nosotros a convalidar jamás estos foros. Éstos ni siquiera han terminado y ya están citando el miércoles a sesión de Ley de Amparo”.

* Ya que estamos. La bancada del PRI pidió las comparecencias de los secretarios de Marina, de Defensa y de Salud para que informen a los ciudadanos sobre ese tema y el de huachicol fiscal.

Juegos de poder

La fortuna del “hermano” rico de López Obrador

El senador es un hombre afortunado, sin duda

Leo Zuckermann

Excelsior

No cabe duda de que los políticos mexicanos son gente muy afortunada. Muy. Son ricos porque les suceden cosas venturosas.

Fíjese usted, por ejemplo, en la suerte de Adán Augusto López Hernández.

Dejó la gubernatura de Tabasco, donde nunca se enteró que su secretario de Seguridad Pública era el jefe del grupo delincuencial más importante del estado, para irse como secretario de Gobernación del presidente López Obrador. Luego renunció para competir por la candidatura presidencial de Morena. Aunque perdió, se convirtió en el coordinador de la campaña de la ganadora, Claudia Sheinbaum, consiguió un escaño en el Senado por la vía plurinominal y acabó siendo el coordinador de los senadores de Morena.

Mientras tanto, en esos años, entre 2023 y 2024, recibió 79 millones de pesos de empresas privadas que no presentó en sus declaraciones patrimoniales. Dinero de corporaciones que fueron beneficiadas con recursos públicos y, por lo menos una, considerada como “fantasma” por el SAT.

De verdad, qué suerte.

El senador ha explicado de dónde le llegó tanto dinero. Un abanico impresionante de fuentes de recursos: herencias familiares, honorarios por servicios notariales, litigios en Estados Unidos y venta de ganado.

Un hombre afortunado, sin duda.

El “hermano” rico de un Presidente pobre que traía sólo 200 pesos en su cartera, sin cuentas bancarias y estaba a favor de la austeridad material como forma de vida.

Quien fuera López Hernández, que tapizó el país con propaganda a su favor en la contienda de las corcholatas. Recursos ilimitados que nadie fiscalizó.

Bien decía Maquiavelo que la fortuna desempeña un papel importante en el éxito de un líder. La suerte de la que un político puede beneficiarse de circunstancias favorables. Vaya que Adán Augusto la tuvo. Además de tener poder político gracias a su relación con su “hermano” que despachaba en Palacio Nacional, tenía cada vez más poder económico. Pertenecía al selecto grupo de 0.1% de la población nacional que tiene ingresos de alrededor de un millón de pesos al mes o más.

Sí, el entonces Presidente tenía un “hermano” muy rico.

Tan afortunado como aquellos políticos del “nuevo PRI” de Peña.

Ahí está Fidel Herrera, quien fue gobernador de Veracruz y, qué maravilla, se ganó el premio mayor de la Lotería Nacional no una, sino dos veces. “Siempre he tenido suerte desde chamaco”, presumió el afortunado, quien salió de la gubernatura con una enorme riqueza que justificó por haberle pegado dos veces al gordo.

¿Cuál es la probabilidad de ganarse dos veces el premio mayor de la Lotería? ¿Por qué eso sólo le pasa a un político mexicano?

O como Luis Videgaray, quien, siendo funcionario del Estado de México, le compró una casa en el club de golf de Malinalco a una empresa contratista del gobierno de esa entidad. Grupo Higa le financió más de medio millón de dólares en una hipoteca. Videgaray, como López Hernández, nunca dio a conocer esta casa en su declaración patrimonial.

Cuando se hizo pública la existencia de esta residencia, Videgaray señaló que él la había pagado con tres obras de arte y un cheque, fechado el 31 de enero de 2014, que fue cobrado hasta casi un año después.

¿Por qué ese tipo de situaciones tan favorables sólo les pasan a los políticos en México?

Y no olvidemos, claro, a Peña.

El mismo Grupo Higa, contratista favorito de los gobiernos mexiquense y federal, también le entregó una casa de varios millones de dólares en las Lomas de Chapultepec, la famosa Casa Blanca que presumió su esposa, Angélica Rivera, en una revista de sociales.

Cuando nos enteramos, ella salió a declarar que la mansión era de su propiedad, fruto de 25 años como actriz de telenovelas. Que la había adquirido como resultado de la terminación de su contrato laboral. El dueño de Higa, Armando Hinojosa, había comprado el terreno y les había financiado la construcción de la propiedad a su gusto.

¿Por qué los políticos mexicanos suelen tener la fortuna de casarse con mujeres prósperas para justificar su riqueza?

López Obrador prometió “purificar” la vida pública del país; acabar con la corrupción rampante que trajo la nueva generación de priistas liderados por Peña. Hoy nos enteramos de que “su hermano” Adán Augusto, a quien hizo secretario de Gobernación, era igual de afortunado que los suertudos del PRI.

Ya, en serio, que se vayan con esos cuentos chinos a convencer a otros cretinos.

La realidad es que son una bola de corruptos que se aprovechan de sus puestos para enriquecerse. Cuando los cachan, pretenden engañarnos con explicaciones absurdas.

Y ya ni hablar de la “purificación” que prometía López Obrador de la vida pública. Hoy, siete años después de que llegaron al poder, está igual o peor que antes.

Razones

La alianza Morena-Luz del Mundo

En las recientes elecciones judiciales, gracias al apoyo político, y los acordeones, tienen varias posiciones en el nuevo Poder Judicial

Jorge Fernández Menéndez

Excelsior

La protección política de Morena no alcanza solamente a personajes como el líder de los senadores, Adán Augusto López, a pesar de que está prácticamente cercado de acusaciones. Es suficiente como para proteger a alguna gobernadora, a varios presidentes municipales, a legisladores. Como decía algún alto funcionario del gobierno el temor es que quitando un ladrillo se caiga toda la pared. Pero incluso así me resulta incomprensible que se defienda y no se actúe ante a delincuentes condenados y para no castigar a grupos que son hasta una amenaza a la seguridad pública e interior.

Me estoy refiriendo a la iglesia Luz del Mundo y a su líder Naasón Joaquín, condenado a 16 años y ocho meses de prisión en California y ahora también procesado en la corte del sur de Nueva York (la misma de El Chapo Guzmán, García Luna y El Mayo Zambada). Naasón está condenado en California y acusado en Nueva York por los delitos de abuso sexual de menores; violación y abuso sistemático de niñas y mujeres de la congregación; tráfico sexual transfronterizo, tanto en Estados Unidos como en México y otros países; posesión y producción de pornografía infantil; crimen organizado, involucrando a familiares y colaboradores en una red de explotación sexual infantil; asociación delictuosa para intimidar y silenciar a las víctimas; creación y distribución de material audiovisual con contenido de abuso de menores; explotación de miembros de la iglesia a través de coerción y engaño religioso, todos esos delitos los ha cometido, como dicen las acusaciones, en Estados Unidos, en México y en otros países. Y en varios de esos delitos ha participado el grupo paramilitar Jahzer, de la propia iglesia, que sigue reconociendo a Naasón como su líder y como representante de Dios en la Tierra.

La semana pasada fueron detenidos en Michoacán 38 miembros de ese grupo paramilitar en un campamento de entrenamiento en una zona controlada por el CJNG. No duraron mucho en prisión, unos días después todos fueron liberados porque una jueza federal en Morelia declaró ilegal la detención, señalando que se violó el debido proceso.

La jueza argumentó que las fuerzas de seguridad ingresaron al inmueble (un campamento clandestino con gente armada) sin una orden de cateo y no presentaron pruebas suficientes para justificar la detención de quienes realizaban entrenamientos militares y portaban un arma de fuego real, además de 19 réplicas de armas y equipo táctico.

Durante la audiencia judicial, se determinó que la FGR no acreditó que los detenidos incurrieran en delitos graves, ya que la mayor parte del armamento incautado eran réplicas o utilería. La jueza ordenó la liberación inmediata de todos los detenidos sin reservas.

La FGR ha anunciado que “evalúa” apelar la decisión, pero no lo ha hecho y todos los detenidos están en libertad. Han quedado impunes como lo están, en México, Naasón Joaquín, su madre, su sobrino, el vocero de esa congregación y otros integrantes de Luz del Mundo, detenidos y procesados en Nueva York y California y que en México no son tocados ni por el pétalo de una rosa por la FGR y la justicia.

Puede haber muchas causas, pero la principal es la cercanía de esa iglesia con Morena (como en el pasado la tuvo con el PRI). La separación Iglesia-Estado y el Estado laico no se aplican a las relaciones de Morena con Luz del Mundo. Son demasiados los cargos que detentan miembros activos de esa organización y las prerrogativas que reciben de las instituciones locales y sobre todo federales.

En las recientes elecciones judiciales, gracias al apoyo político, y los acordeones, tienen varias posiciones en el nuevo Poder Judicial: Carmen Alejandra Lozano Maya, es jueza penal en la Ciudad de México; Madián Sinaí Menchaca Sierra, hija del obispo Nicolás Menchaca, es jueza de distrito en materia administrativa en Jalisco. También en ese estado, Eluzai Rafael Aguilar, hija de otro ministro de culto, es jueza penal. Salma Jaanai Martínez Macías es jueza penal federal en Coahuila. Job Daniel Wong Ibarra, exministro de La Luz del Mundo, fue confirmado por el Tribunal Electoral y se desempeña como secretario técnico del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar.

En el Congreso tienen posiciones importantes como militantes de Morena o sus aliados: Emmanuel Reyes Carmona, es senador, era el suplente de Marcelo Ebrard, fundador de la agrupación política Humanismo Mexicano, es uno de sus integrantes de mayor peso. Hamlet García Almaguer es diputado federal. Favio Castellanos Polanco es diputado federal y delegado de Morena en Jalisco. Rogelio Israel Zamora Guzmán, es senador por el Partido Verde, y es hijo de un alto dirigente de la iglesia. También son miembros de Luz del Mundo los legisladores Gloria Miramontes y Eligio Valencia López, ambos en Morena.

Luz del Mundo opera la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México y la agrupación oficial Humanismo Mexicano, aliada a Morena y con registro nacional ante el INE y podría contender en las próximas elecciones.

La presidenta Sheinbaum después del descubrimiento del campamento en Michoacán dijo que “quizás” habría que analizar quitarle el registro como asociación religiosa. No ha pasado nada, o mejor dicho sí: los integrantes de su grupo paramilitar ese mismo día fueron dejados en libertad. Ni Naasón Joaquín ni ninguno de los condenados y enjuiciados en Estados Unidos tiene proceso alguno abierto en México. La alianza con Morena funciona al cien por ciento.

Astillero

Primer año de Sheinbaum: retórica y giros // Cambio en lucha anticrimen // La pelea real es interna // Casos de senador y almirante

Julio Hernández López

La Jornada

A un año de su toma de posesión, la presidenta Claudia Sheinbaum sigue manteniendo los esquemas de operación política derivados tanto de la competencia entre precandidaturas presidenciales morenistas, a las que el antecesor instruyó darles posiciones relevantes en el siguiente sexenio, como de nombramientos, en el gabinete y en otros ámbitos, que ha hecho como una forma de compartir el proyecto de continuidad de la llamada Cuarta Transformación.

El primer año de gobierno ha estado marcado por las presiones arancelarias de Donald Trump y la exigencia de acciones contundentes contra el crimen organizado en México, como si sólo otros países fueran culpables del narcotráfico que surte a ávidos consumidores en Estados Unidos y deja ganancias económicas sistémicas (apenas ayer la DEA anunció la detención de más de 600 narcos en Estados Unidos, en una especie de confirmación oficial de lo publicado por Jesús Esquivel en su reciente libro, Los cárteles gringos).

La presidenta Sheinbaum, en ese mar picado, ha mantenido una alta popularidad, según diversas encuestas de opinión, y ha cuidado la unidad del movimiento político y social del que proviene. A pesar de las constantes exhortaciones divisorias que le plantean desde flancos opositores, permanece discursivamente fiel a los principios de la llamada Cuarta Transformación y del líder fundador, Andrés Manuel López Obrador.

En los hechos ha ido dando giros que toman distancia de algunos postulados obradoristas. El más notable ha sido en materia de combate a los cárteles, pues ha pasado a una fase sumamente activa, que sin mayores palabras establece una diferenciación notable respecto al sexenio anterior. Con Omar García Harfuch como operador policiaco y político (varias de las acciones del jefe policiaco han tenido y tienen intencionalidad política superior) se ha restablecido la cooperación con agencias de Estados Unidos, que el antecesor repudiaba.

Otro giro tiene como principales figuras a Marcelo Ebrard (negociador cedente de nuevos arreglos comerciales con Estados Unidos) y a Altagracia Gómez (coordinadora de alegres beneficios a empresarios), con tendido de alfombra a capitales extranjeros y reversa fáctica a algunos planteamientos que logró establecer el ex presidente (los “polos de desarrollo” como ofrenda guinda al neoliberalismo).

Muy cohesionado en las apariencias el poder 4T (gobernadores, gabinete, legisladores, Palenque y Palacio Nacional), e impotente a veces hasta niveles tragicómicos la oposición (Alito y su larga cola, Verástegui y sus rezos de rosarios y Salinas Pliego y sus deudas como aspirantes a algo cercano a un liderazgo), la batalla verdadera se da en un partido interescuadras.

No es entre buenos y malos, pues en ambos bandos hay suficientes elementos calificables en cualquiera de las dos categorías mencionadas. La pelea es entre la funcionalidad sexenal (el claudismo o algo parecido a esto) y la persistencia transexenal (el obradorismo que mantiene cuotas de poder condicionante).

Los casos de Adán Augusto López Hernández y Rafael Ojeda Durán son indicativos. El claudismo necesita quitar al senador tabasqueño (y al diputado federal zacatecano) del control de las cámaras, para así asentar el poder sexenal en curso. También requiere demostrar a los mandos militares que la PresidenciA es la que manda, así que un ex secretario almirante y sus sobrinos políticos contrabandistas de combustible bien sirven a ese propósito. Termina el primer año, ya se verá cuánto avanza el claudismo en su consolidación.

Y, mientras Ricardo Monreal ha declarado su respeto y solidaridad a Adán Augusto López Hernández (aunque en el pasado han tenido secos enfrentamientos, con mutuas acusaciones de actos de corrupción nunca aclarados ni sancionados), ¡hasta mañana, con Ricardo Salinas Pliego, en plena desesperación, dando entrevistas en aberrante modo “opositor” a Fox News!

México SA

Salinas Pliego en la picota // Se le acabaron las fichas // Juez “amigo” a revisión

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Al evasor Ricardo Salinas Pliego se le acabó el tiempo, sus trucos legaloides y sus “amigo$” en el Poder Judicial. Ya no le alcanzan sus chantajes, amenazas, campañas mediáticas, fanfarronerías y demás: se cierra el círculo y más temprano que tarde debe pagar sus voluminosos adeudos fiscales en México (hasta ahora estimados en 74 mil millones de pesos y contando) y todos sus “pendientes” con bonistas e inversionistas de Estados Unidos. De hecho, entre lo más reciente, el juez estadunidense Paul G. Gardephe puso freno a su intento de alargar artificialmente un juicio, por lo que debe cubrir alrededor de 580 millones de dólares (originalmente eran 400 millones).

De esto último da cuenta La Jornada (Dora Villanueva): “un juez del distrito sur de Nueva York ordenó a Tv Azteca desistir de un par de demandas que la televisora presentó en México contra sus acreedores, a fin de no pagar sus deudas por la emisión de bonos que en 2017 equivalía a 400 millones de dólares. También le prohíbe intentar un nuevo procedimiento en tribunales mexicanos; de no hacerlo, la empresa y sus representantes caerán en desacato, cuyas sanciones van de lo económico a lo penal.

“El juez Paul G. Gardephe resolvió que la televisora de Ricardo Salinas Pliego debe desistir de un par de procedimientos judiciales presentados en julio y septiembre de 2022 en México con el que Tv Azteca buscó blindarse frente a sus acreedores (el ‘impartidor de justicia’ que aquí lo protege es el presidente del sexagésimo tercer juzgado civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Miguel Ángel Robles Villegas, quien al de los abonos chiquitos concedió una serie de amparos para evadir los reclamos de sus demandantes estadunidenses).”

Para Salinas Pliego, el problema es que seis de las subsidiarias de Tv Azteca fueron constituidas bajo las leyes de Estados Unidos y con base en ellas deberá responder en los tribunales de aquel país, no en México, a cuyo gobierno pretende involucrar para que le saque las castañas del fuego.

Sobre este particular, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció: en las sucias maniobras de Salinas Pliego “hay un juez de lo civil en la Ciudad de México, en donde este grupo empresarial, durante la pandemia, asegura que no puede, que no está en condiciones de pagar dada la situación. Entonces, este juez (citado líneas arriba) no informa a las autoridades de Estados Unidos y le da, digamos, la validez. Tendrá que revisar el Tribunal de la Ciudad de México cómo fue que se dio esta situación”.

Dijo algo más: “¿qué es lo importante? ¿Por qué tenemos que ver nosotros? Porque sobre este caso y algunos otros hay arbitrajes internacionales relacionados con una queja que se puso relacionada con el Tratado Comercial en la que están pidiendo que el Estado mexicano intervenga. Nosotros, evidentemente, si hay una deuda, tiene que pagarse, igual que en el caso de México. ¿Qué dice el gobierno de México? En efecto, si hay una deuda tiene que pagarse. Y en todo caso, los tribunales tienen que resolverlo en este sentido”.

Para el caso mexicano (la evasión de Salinas Pliego), Sheinbaum reiteró que “si una persona –moral o física– que tiene deudas con Hacienda, con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), si decide pagarlo, tiene derecho a descuentos por multas (siempre en el marco de la ley) de acuerdo con lo establecido en el Código Fiscal. Entonces, si se acercan a pagar, van a tener sus descuentos; si no pagan, va a seguir el juicio, y ya el juicio lleva otras conclusiones relevantes, ¿no?”

Entonces, el bravucón Salinas Pliego quedó atrapado en un movimiento de pinza: por un lado, la autoridad tributaria mexicana; por el otro, el aparato judicial estadunidense, y en medio el evasor, de tal forma que el resultado es más que previsible: paga, aquí y allá, o se le embarga y va a la cárcel, porque se le acabaron las fichas, sus amigos “impartidores de justicia” y el tiempo.

Las rebanadas del pastel

Los genocidas Donald Netanyahu y Benjamín Trump anunciaron lo que denominaron “plan de pacificación en Gaza” (sin la participación de la Autoridad Nacional Palestina ni Hamas), que prevé el establecimiento de una “junta de paz” presidida por (¡sorpresa!) el presidente estadunidense, quien aseguró: “no lo he pedido yo; créanme. Estoy muy ocupado, pero teníamos que asegurarnos de que esto funcione (para proteger los intereses israelíes). Los líderes del mundo árabe e Israel y todos (¿?) me han pedido que lo haga, así que estará presidida por un caballero conocido como Donald Trump. Eso es lo que quiero. Algo más de trabajo extra”. Más cínicos, imposible.