Lo que dicen los columnistas

CURP vs. INE: batalla por la identidad digital

La CURP biométrica puede representar un paso adelante en términos de interoperabilidad digital y simplificación burocrática, pero también es una amenaza si se impone sin diálogo, sin garantías de protección de datos.

Jorge Bravo

Proceso

El 16 de julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Población, la cual establece que la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos será el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal en todo el territorio nacional.

La CURP biométrica cambia cómo los mexicanos nos identificaremos y plantea interrogantes de fondo: ¿qué pasará con la credencial para votar del INE? ¿Estamos ante una duplicidad institucional o una disputa por el control de la identidad digital?

Según el nuevo artículo 91 Bis de la Ley General de Población, la CURP incorporará huellas dactilares y fotografía en formato físico y digital. Será obligatoria para todos los trámites públicos y privados. La CURP se vinculará con el Sistema Nacional de Salud, se integrará a una Plataforma Única de Identidad y su versión digital estará a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Habrá multas para quien incumpla.

Desde una visión de transformación digital, la CURP busca unificar la identidad de los habitantes en un solo documento, simplificar trámites, fortalecer la interoperabilidad entre dependencias y facilitar el acceso a servicios. La gran pregunta es: ¿a qué costo institucional, ciudadano y de derechos?

Durante más de tres décadas, la credencial para votar con fotografía del INE ha sido el documento oficial de identificación en México. Avalado por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este instrumento contiene los datos personales y biométricos del ciudadano y su georreferenciación electoral: sección, municipio, entidad y claves del padrón electoral.

La coexistencia de dos documentos de identidad con funciones similares (ambos con fotografía, huellas digitales y CURP) abre la puerta a una redundancia y a una tensión institucional. ¿Cuál prevalecerá como documento oficial? ¿Se le restará autoridad al INE en materia de identificación y registro ciudadano?

Los artículos transitorios de la Ley General de Población establecen un calendario preciso. Noventa días naturales para que la Secretaría de Gobernación, con el apoyo de la ATDT, desarrolle la Plataforma Única de Identidad (a más tardar el 14 de octubre de 2025). La Plataforma Única de Identidad será la fuente primaria de consulta permanente, en tiempo real, tendrá un diseño descentralizado y el reglamento establecerá los mecanismos mínimos de seguridad.

También en 90 días las autoridades de los tres órdenes de gobierno habilitarán los mecanismos que permitan la consulta, transferencia y validación de la información correspondiente para su integración a la CURP mediante la Plataforma Única de Identidad. A más tardar el 14 de octubre todos los entes públicos y privados adoptarán la CURP como requisito en los trámites y servicios que realicen.

En 120 días naturales se implementará el Programa de Integración al Registro Nacional de Población de los datos biométricos de niñas, niños y adolescentes (13 de noviembre). Un movimiento que abre un debate de gran calado sobre la protección de datos de los menores.

Todo esto se ejecutará sin la existencia operativa de un órgano autónomo de protección de datos como el INAI, que fue eliminado por la 4T. ¿Quién auditará y protegerá el manejo de los datos personales y biométricos de la población? El propio gobierno.

Uno de los aspectos más polémicos es la transferencia de datos biométricos. La ley indica que podrá hacerse previa autorización del titular. Pero surge otra pregunta: ¿el INE, que ha recopilado durante años huellas, fotos y firmas de más de 97 millones de ciudadanos, debe ceder esta base de datos al Registro Nacional de Población y la Plataforma Única de Identidad?

La reforma a la Ley General de Población menciona que la transferencia de los datos biométricos sólo corresponde a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, pero el INE es autónomo. No obstante, la presidenta Sheinbaum designó a siete integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Uno de ellos es José Peña Merino, titular de la ATDT. Es previsible que la nueva reforma electoral contemple la obligación del INE de compartir los datos de los electores para reforzar la CURP.

La presión para facilitar la interoperabilidad entre bases de datos podría derivar en presiones legales y políticas sobre el INE, debilitando su autonomía. ¿Están dadas las condiciones institucionales para garantizar que esta colaboración no derive en un vaciamiento del Padrón Electoral?

La credencial del INE cumple una función doble: identificativa y electoral. La nueva CURP no menciona ninguna vinculación con los procesos comiciales. Si la CURP desplaza la credencial para votar en el uso cotidiano (trámites bancarios, notariales, viajes o servicios públicos), ocurriría un alejamiento del ciudadano respecto de su participación electoral y una menor renovación de credenciales para votar, afectando la actualización del padrón y, en el extremo, la concurrencia a las urnas. Sin embargo, en este punto no tenemos más remedio que esperar el contenido de la nueva reforma electoral.

El Programa de Integración de menores al Renapo contempla incluir a niñas, niños y adolescentes en el sistema de identidad biométrica. A falta de garantías explícitas sobre su protección de datos y consentimiento, se corre el riesgo de crear una base masiva de datos de menores sin mecanismos efectivos de control ciudadano ni auditoría externa. Es preocupante porque la infraestructura digital en México aún enfrenta vulnerabilidades críticas en ciberseguridad y no existe un régimen legal para el manejo y resguardo de datos biométricos infantiles.

La ley tampoco establece protocolos específicos de protección tecnológica para esta nueva base de datos nacional. Los estándares mínimos de ciberseguridad, encriptación, anonimización, segmentación o almacenamiento en servidores nacionales deberán contemplarse en un futuro reglamento.

La CURP biométrica puede representar un paso adelante en términos de interoperabilidad digital y simplificación burocrática, pero también es una amenaza si se impone sin diálogo, sin garantías de protección de datos, sin coordinación con el INE y sin claridad institucional.

Más que una disputa entre instituciones, estamos ante un choque de modelos de identidad. Uno ciudadano, construido desde la autonomía electoral. Otro centralista, pensado desde la gobernanza digital del Estado. El futuro de la democracia y los derechos ciudadanos dependerán de cómo se gestione la identidad. Porque en la era digital, quien controla la identidad, controla el acceso a los derechos.

Juegos de poder

Reforma electoral y sucesión presidencial

Quieren que Morena se quede gobernando en el país por muchas décadas.

Leo Zuckermann

Excelsior

Yo no tengo duda: la reforma electoral que está por emprender el gobierno de Claudia Sheinbaum es para consolidar un régimen político hegemónico. Se trata de un elemento más del proyecto de López Obrador que la actual administración ha seguido a pie juntillas: concentrar el poder en el Ejecutivo federal acabando con contrapesos democráticos y limitando la pluralidad política.

La idea es que Morena se quede gobernando en el país por muchas décadas impidiendo que una minoría pueda convertirse en mayoría. Será, en este sentido, una reforma regresiva que llevará a México a un régimen autoritario.

Ya veremos los detalles y tendremos oportunidad de analizarlos, pero creo que por ahí va la jugada.

Ahora bien, puede que la susodicha reforma sea exitosa en concentrar el poder e inclinar la competencia electoral aún más a favor de Morena. Sin embargo, quién sabe si logrará resolver el eterno problema mexicano de la sucesión presidencial.

Porque una cosa es instaurar un régimen autoritario, otra muy diferente es asegurar que cada seis años se renueve el gobierno con un flamante presidente, a menos que, desde luego, se imponga un dictador como ya sucedió en nuestra historia.

La sucesión presidencial ha sido un dolor de cabeza histórico en México. Durante el siglo XIX nunca pudo resolverse. El país se la pasó en una lucha descarnada por el poder en que varias veces salieron a relucir tendencias dictatoriales hasta que, por fin, Porfirio Díaz las hizo realidad permaneciendo 31 años en la Presidencia.

Aunque la Revolución comenzó como un intento de establecer un régimen democrático en la sucesión presidencial, tampoco solucionó este tema.

Calles trató de imponerse como dictador con presidentes títeres que él controlaba.

Sin embargo, Lázaro Cárdenas se rebeló y lo envió al exilio estableciendo nuevas reglas de la sucesión presidencial que, si bien resolvieron la rotación de las élites políticas, lo hacía de manera autoritaria, desde arriba, con la hegemonía de un partido controlado por el Ejecutivo federal.

El sistema autoritario priista funcionó durante ocho sexenios, de 1940 a 1988, hasta que ese año hubo una ruptura de grandes proporciones en el PRI, debido a la sucesión presidencial, paradójicamente liderada por el hijo de Cárdenas (Cuauhtémoc).

Las sucesiones volvieron a descomponerse. El sistema priista ya no daba para más. Hasta que, en 2000, por fin, se resolvió el problema con un nuevo sistema democrático.

Se dirá todo lo que quiera de la transición a la democracia, que tuvo muchos déficits y problemas, pero sí resolvió la sucesión presidencial en cuatro ocasiones seguidas (2000, 2006, 2012 y 2018). Incluso la empatadísima elección de 2006 pudo procesarse de manera institucional y pacífica. Hubo competencia real y en tres ocasiones alternancia en el poder.

Nunca, en la historia del país, se consiguió procesar por la vía democrática la sucesión presidencial por tanto tiempo.

No incluyo la sucesión de 2024 porque el lopezobradorismo comenzó a desbalancear la competencia a favor de su candidata utilizando recursos del Estado. El hecho es que, ahora, la ganadora de esa elección quiere cambiar las imperfectas reglas del juego con el fin de consolidar una nueva hegemonía política.

Eso, sin embargo, no resolverá el eterno problema de la sucesión presidencial en México. Si bien la oposición no tendrá posibilidades reales de conquistar el poder, la lucha por el poder se dará dentro de Morena porque la política seguirá siendo la política. Nadie, ni siquiera el dictador más sanguinario de la historia, ha podido detener por completo las ambiciones de poder.

Alguien tiene que procesarlas y resolverlas. Idealmente, instituciones democráticas. El PRI la resolvió con su peculiar sistema de rotación de élites decidido desde la cima del poder.

¿Cómo lo hará Morena?

¿Qué papel jugará la Presidenta en la próxima sucesión de 2030 una vez que se consolide un régimen de partido hegemónico?

¿Intervendrá el expresidente López Obrador, el gran líder fundador del movimiento/partido?

¿Cómo se elegirá al candidato presidencial que con toda seguridad ganará las elecciones?

¿Seguirán utilizando encuestas?

¿Quién regulará las precampañas?

¿De dónde saldrá el dinero de los aspirantes presidenciales?

Puede ser que la reforma elimine los legisladores plurinominales, reduzcan significativamente el financiamiento público a los partidos y Morena se apodere definitivamente de las instituciones electorales. Pero todo eso no asegurará que el nuevo régimen hegemónico resuelva el problema de la sucesión presidencial que tantos dolores de cabeza le ha causado a este país a lo largo de su historia.

Corrupción y élites políticas

Mario Luis Fuentes

Excelsior

La corrupción en México no es, en buena medida, el engranaje invisible que ha articulado durante décadas las relaciones inconfesables entre el poder político y el poder económico, en un pacto tácito que opera más allá de las leyes, los discursos y las promesas de campaña. No estamos pues, únicamente ante un problema del entramado público que pueda combatirse exclusivamente con decretos morales o exhortos públicos, sino ante una estructura de intereses reales que, mientras no se modifique, continuará reproduciendo sus propias formas de dominación y de operación en la política cotidiana.

En el régimen presidencialista mexicano, cada jefe del Ejecutivo ha tendido a erigir su propia aristocracia. Una élite de beneficiarios compuesta por empresarios, contratistas, intermediarios financieros, operadores políticos y viejos aliados que han sostenido, financiado o facilitado su ascenso al poder. Se trata de un círculo de reciprocidades donde el pago no se hace con “monedas visibles”, sino con licitaciones arregladas, contratos privilegiados, concesiones ventajosas o impunidad asegurada. Este fenómeno no se restringe a un sexenio o partido: es un patrón histórico que, bajo distintas ideologías y estilos de gobierno, ha mostrado la misma lógica de premiar lealtades políticas con privilegios económicos.

Bertrand Russell habría advertido que la corrupción es también un problema de concentración de poder; cuando el poder económico se pone al servicio del poder político, o viceversa, sin controles efectivos, se abre el camino a una forma de aristocracia moderna, no de sangre ni de títulos nobiliarios, sino de contratos y cuentas bancarias. Isaiah Berlin, por su parte, nos recordaría que la libertad positiva — la de decidir colectivamente el rumbo de un país o nación— se vacía de contenido cuando una minoría captura el aparato estatal y convierte la política en instrumento de enriquecimiento privado.

En este contexto, resulta indispensable examinar con seriedad la experiencia mexicana reciente. El expresidente Andrés Manuel López Obrador colocó la lucha contra la corrupción como uno de los ejes de su gobierno. La narrativa era potente: combatir al “cáncer” que minaba la vida pública y devolver al pueblo lo que le pertenecía. Sin embargo, los resultados distan de las expectativas. En términos de control interno, los mecanismos de supervisión y auditoría no alcanzaron la autonomía ni la fuerza política y jurídica necesarias para frenar la corrupción sistémica. Peor aún, en el plano ideológico, no se logró cimentar una cultura política generalizada en la que el rechazo abierto y explícito a prácticas corruptas fuera norma de conducta.

Un Estado que concentra tanto poder en la figura presidencial, pero que carece de contrapesos institucionales sólidos, está condenado a depender del talante moral del mandatario en turno. Esto es una apuesta frágil y peligrosa: cuando el liderazgo personal sustituye al control institucional, la corrupción encuentra resquicios para adaptarse, mutar, sobrevivir e incluso expandirse.

La lección es clara: no basta con proclamar una “república honesta” si no se construye un sistema que la garantice. El combate a la corrupción requiere, simultáneamente, un cambio cultural y un andamiaje normativo e institucional que actúe sin sumisión al poder político.

La honestidad política no es una virtud que florezca por sí sola en desiertos de instituciones débiles. Es una “planta delicada” que necesita el terreno fértil de las normas estrictas y claras, la vigilancia activa y la participación ciudadana. Pretender que el cambio se dará únicamente por inspiración moral es, como advertiría Spinoza, confundir el deseo con la realidad.

En última instancia, la tarea urgente no es solamente generar una cultura de la honestidad, sino diseñar y aplicar los controles institucionales que garanticen el adecuado uso de los recursos públicos. Sólo cuando el poder esté obligado a actuar bajo la transparencia, y cuando la rendición de cuentas deje de ser un ritual formal para convertirse en una práctica efectiva, podrá afirmarse que la corrupción dejó de ser el lenguaje oculto de la política mexicana. Hasta entonces, la aristocracia del poder seguirá reconfigurándose, sexenio tras sexenio, bajo nuevos nombres, pero con la misma voracidad.

Astillero

Dato Protegido y Layda Sansores // El poder exige (y obtiene) disculpas // Colima: Fabián y Maggy, ejecutados // Seis meses de lentitud indagatoria

Julio Hernández López

La Jornada

Ayer terminó el vergonzoso y preocupante ciclo de 30 días de disculpas públicas de la ciudadana sonorense Karla María Estrella Murrieta a la diputada federal Diana Karina Barreras Samaniego, quien promovió y obtuvo una sentencia en su contra por violencia política de género, pues ésta expresó en su cuenta de X, en febrero de 2024: “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”.

Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y su esposa (conocida como “dato protegido”), han recibido un aplastante rechazo por este tema en específico y, en general, se han difundido con amplitud los lujos, privilegios y excesos que han caracterizado a esa pareja, en paralelo a su carrera política en la 4T (sobre todo a partir de investigaciones del periodista Jorge García Orozco).

Y ayer, también tres periodistas de Campeche tuvieron que expresar disculpas públicas a la gobernadora Layda Sansores por violencia política de género determinada por el Tribunal Electoral estatal y confirmada por una sala regional del federal.

El 2 de febrero del presente año fueron asesinados en Manzanillo, Colima, Arturo Fabián Galván Birrueta, quien había sido director del Registro Civil y secretario del ayuntamiento, y Rosa María Magdalena Frías Medina, su esposa. Fabián era un activista de izquierda, impulsor de movimientos políticos y sociales, en específico de Morena, a cuya fundación como partido colaboró, al igual que en la campaña para llevar a Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional. Sin embargo, Galván Birrueta se convirtió en una de las voces más críticas del desempeño de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y de la presidenta municipal de Manzanillo, Rosa María Bayardo Cabrera, llegadas ambas al poder a nombre de Morena.

A seis meses de esas ejecuciones, un colectivo de ciudadanos y varias decenas de firmantes solidarios han expresado en una carta pública que “las carpetas de investigación correspondientes avanzan con una preocupante lentitud, lo que evidencia una presunta falta de acción. Los pobres y opacos resultados que hay por parte de la fiscalía local son más supuestos que efectivos y se acercan más a lo que popularmente se conoce como ‘chivo expiatorio’ que a un avance sólido y fundado en el esclarecimiento de los reales autores materiales e intelectuales de tan atroces crímenes”.

El crimen de Fabián, aseguran los firmantes, “está claramente relacionado con sus críticas abiertas y públicas a quienes gobiernan actualmente el municipio de Manzanillo y el estado de Colima. Como el fiscal de la entidad es parte del mismo grupo político que gobierna localmente, consideramos que incurre en claro conflicto de intereses, por lo que está impedido, desde la ética, para realizar una investigación creíble y efectiva”. Por ello, demandan “que la investigación y castigo a los responsables de los asesinatos sea atraído por las instancias federales”.

Al mismo tiempo, señalan que “en fechas recientes se ha activado una tenaz persecución política en contra de Griselda Martínez Martínez”, quien fue presidenta de Manzanillo (durante su administración fue funcionario Galván Birrueta), sufrió dos atentados contra su vida y ahora le han abierto carpetas de investigación por presunto peculado y le han retirado la protección que le habían asignado con base en las amenazas provenientes de grupos criminales.

Griselda fue expulsada de Morena por Mario Delgado, entonces presidente de ese partido, luego de que denunció que dinero del crimen organizado estaba financiando en 2024 actividades de campañas del partido guinda, incluyendo la presidencial. En el estado de Colima, y en especial en el municipio de Manzanillo, la política sigue siendo sumamente densa, llena de riesgos e impunidad.

México SA

Fox y su “éxito” en gas natural // México, importador neto // Netanyahu, infame

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Allá por los tiempos del “cambio” (2003), el de las ideas cortas y la lengua larga, Vicente Fox, presumía que con la “exitosa adjudicación” del primer “contrato de servicios múltiples” en la Cuenca de Burgos a la trasnacional española Repsol, “México no sólo será autosuficiente en gas natural, sino que, en el corto plazo, se convertirá en exportador neto” de ese combustible. Y todos aplaudieron como focas.

El tenebroso consorcio Repsol se quedó con las mayores reservas en la Cuenca de Burgos, con lo que se “lograría” –versión oficial– la tan cacareada “autosuficiencia”, amén de exportar miles de millones de pies cúbicos de ese combustible, aunque en los hechos la trasnacional española sólo utilizó ese primer “contrato de servicios múltiples” para especular financieramente, hincharse de ganancias y no producir ni un suspiro.

Ante el sonado fracaso, no reconocido por el “cambio”, Fox dijo que nuestro país debía importar gas natural de Texas y aseguró que ese combustible “es extraído de los mismos yacimientos mexicanos de la Cuenca de Burgos” en la zona fronteriza: “nos lo sacan por abajo y se los compramos por arriba; hay quien dice que los pozos de ellos los empezaron a hacer chuecos para llevarse nuestro gas natural” mediante “la técnica del popote”, según su versión.

Lo bueno de todo esto, celebraba el de las ideas cortas y la lengua larga, era que “afortunadamente, ya se están invirtiendo 5 mil millones de dólares en la Cuenca de Burgos en nuevos pozos para extraer el gas y se están instalando nuevas plantas para procesarlo”.

Y Felipe Calderón repitió el “esfuerzo” de Fox con la misma empresa española, Repsol, y en la misma Cuenca de Burgos. Este detestable personaje fue el que más contratos entregó a la trasnacional “e incumplió la mayoría de ellos, y un ejemplo son los firmados para obtener gas de la cuenca; solamente se llevó el dinero y no aumentó la producción”, de acuerdo con una denuncia pública (2011) del entonces el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Pues bien, en los hechos, una década después de tan “exitosa adjudicación” (Fox dixit), el secretario peñanietista de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, se vio en la penosa necesidad de reconocer que México se convirtió en importador neto de gas natural, sobre todo del mercado estadunidense.

Y 12 años más adelante, el actual director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, advirtió que nuestro país tiene una dependencia brutal del gas estadunidense, utilizado principalmente para la generación de electricidad, “y hay meses en que ha llegado a suspenderse hasta en 96 por ciento. Nos pueden cerrar la llave, como ya lo hicieron en 2000 y 2021” (La Jornada, Georgina Saldierna y Andrea Becerril).

En un foro en el Senado, “expuso que es necesario reducir esa dependencia –se importan 7 mil millones de pies cúbicos de Estados Unidos–, pues es un problema de seguridad nacional, lo que plantea a México la necesidad de aprovechar sus propios yacimientos, aunque la mitad de ellos no son convencionales, lo que dificulta la explotación; estamos en un momento crítico en términos de campos convencionales y lo que se puede hacer en el futuro, para que decida; las importaciones estadunidenses provienen principalmente de Texas”.

Cuando ocurrió el vórtice polar de 2021, el gobernador de esa entidad (Greg Abbott) disminuyó a México la dotación de gas natural, “aunque no tenía facultades legales para ello”, pero de todas maneras lo hizo. “En aquella ocasión, la Comisión Federal de Electricidad tuvo que erogar 70 mil millones de pesos para dotar a la población de energía eléctrica, añadió Rodríguez Padilla frente a senadoras, diputados y representantes empresariales” (ídem). Y siendo México riquísimo en gas natural, se mantiene como importador neto de ese combustible.

Las rebanadas del pastel

La versión oficial de lo recientemente dicho por Benjamin Netanyahu es que su “nuevo plan militar para Gaza es la mejor forma de terminar la guerra y no tiene como objetivo ocuparla, sino desmilitarizarla”, pero el mensaje real es, sin comillas, que el criminal de guerra continuará con el genocidio palestino y anexará Gaza y demás territorios a su país, el cual ha más que duplicado su tamaño original a lo largo de casi ocho décadas de expolio. Pero no está satisfecho: quiere el resto y sin población palestina (siempre apoyado por su principal cómplice, EU y los títeres de éste) a la que está decidido exterminar sin que nadie lo impida, en uno de los capítulos más infames desde el final de la Segunda Guerra Mundial.