Lo que dicen los columnistas

El narco golpea la evaluación de un sexenio

México se encuentra en el centro del huracán. Lo más llamativo, hasta ahora, es el grado en el que las agencias mexicanas de seguridad quedaron desdibujadas, ajenas, al parecer, de una operación de captura (del Mayo Zambada) que puede ser histórica.

Olga Pellicer | Proceso

Nos adentramos ya en las últimas semanas del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como es normal en estos casos, es el momento de cerrar cuentas, de valorar, de confirmar o poner en duda los resultados obtenidos en diversos ámbitos de la vida nacional.

El de las relaciones exteriores es uno de los más importantes para el futuro del país.

Como hemos señalado en múltiples ocasiones, México es un país particularmente vulnerable a situaciones que provienen del exterior. La credibilidad del país, la confianza en sus instituciones, el profesionalismo o no con que conduce sus relaciones con el exterior son factores importantes para determinar su futuro económico y político. De especial importancia es tener un buen entendimiento con sus socios principales, en particular Estados Unidos.

Durante los últimos días, un acontecimiento muy mediático ha capturado la imaginación de la opinión pública, nacional e internacional. Se trata de la detención en El Paso, Texas, de Ismael Zambada García, el Mayo, uno de los capos más famosos que durante más de 40 años logró evadir las órdenes de aprehensión en su contra, pese a los 15 millones de dólares que ofrecía Estados Unidos a quien pudiese lograrla.

Se trata del fundador, junto con el conocido narcotraficante, el Chapo Guzmán, del Cartel de Sinaloa. Éste viene recibiendo enorme atención de las autoridades estadunidenses por ser uno de los principales responsables del envío a Estados Unidos de cápsulas de fentanilo, la droga que está causando la muerte de cientos de jóvenes estadunidenses y ha sido declarada por el presidente Biden un problema de seguridad nacional.

La noticia de su detención conduce inevitablemente a tres preguntas: ¿cómo fue posible detenerlo? ¿Quiénes llevaron a cabo su detención? Y el punto de mayor importancia, ¿qué enseñanzas deja su captura sobre el trabajo conjunto entre México y Estados Unidos en materia de seguridad?

Son muchas las versiones que han circulado sobre la detención de Ismael Zambada García. La más aceptada por diversos analistas es la publicada por reporteros encargados de temas de narcotráfico en The New York Times (07/ 29/ 2024).

Dos puntos caben destacar del largo relato periodístico: en primer lugar, el protagonismo de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, quien fue la persona que mantuvo, durante varios meses, contactos con autoridades de Estados Unidas encargadas de problemas de seguridad.

En segundo lugar, las actividades que tuvieron lugar en el territorio mexicano para subirlo a la aeronave que lo condujo a El Paso, Texas, donde fueron de inmediato detenidos y puestos a disposición de las autoridades tanto el Mayo Zambada como Joaquín Guzmán.

Se trata de una operación que tendrá gran resonancia y consecuencias por diversas razones. Llega a su fin el liderazgo mantenido durante muchos años por un capo de influencia mundial. Desafortunadamente, de acuerdo con las opiniones de expertos, no será el fin del tráfico de fentanilo, pero sí detonará luchas internas muy violentas entre quienes buscarán sustituirlo y, en otro orden de cosas, proporcionará mucha información sobre personajes de todo tipo que están comprometidas con el narcotráfico. 

La utilización de esa información puede usarse a discreción por las diversas agencias que tendrán acceso a ella. Todas las pertenecientes al Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y la Oficina de Seguridad Nacional.  

México se encuentra en el centro del huracán. Lo más llamativo, hasta ahora, es el grado en el que las agencias mexicanas de seguridad quedaron desdibujadas, ajenas, al parecer, de una operación de captura que puede calificarse de histórica.

De acuerdo con lo ocurrido en las conferencias de prensa matutinas conducidas por el presidente de la República, las autoridades mexicanas no tenían información de lo que estaba pasando. Cuando el tema ya circulaba en los periódicos del mundo, el embajador estadunidense en México envío un corto documento informando lo que acaba de ocurrir en El Paso, asunto que seguramente llevaba años preparándose.

La primera reacción expresada en la conferencia de prensa matutina por parte del presidente López Obrador y la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, fue de sorpresa.

“México no participó en esta detención o entrega”, toda la información que tenemos nos llega de Estados Unidos. Semejante reconocimiento es señal de un pésimo funcionamiento de los sistemas de seguridad, civiles y militares que son parte del gobierno mexicano.

¿Qué pasa con el Centro Nacional de Inteligencia, con las fiscalías especializadas en delincuencia organizada, o los servicios de inteligencia de la Sedena o la Semar? Según la información de la secretaria de Seguridad, han fijado siete mil 500 objetivos prioritarios ¿Entre ellos no se encontraba el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán?

Como señala muy acertadamente en su columna semanal Sergio Aguayo (Reforma 31/07/ 24) se requiere una reestructuración integral de las dependencias federales encargadas de seguridad.

Esperemos que la presidenta electa y el ya nombrado secretario de Seguridad realicen esa tarea. De lo contrario, sólo recibiremos informes de Estados Unidos sobre cómo perseguir a la delincuencia mexicana.

Por lo pronto, podemos afirmar que la captura del Mayo golpea la credibilidad del trabajo que se llevó a cabo en el sexenio de López Obrador. Su defensa de la soberanía, mediante prohibiciones para que los agentes de la DEA trabajen en México sin autorización del gobierno mexicano, fue una disposición puramente formal, que en poco alteró la influencia real que las agencias estadunidenses desempeñan en problemas de seguridad en nuestro país.

—

Disonancias

Un buen presidente

Ricardo Alexander Márquez | Excelsior

Quién lo hubiera dicho. Esa promesa —una apuesta— que hizo López Obrador cuando ganó las elecciones de 2018 de que lo único que buscaba era ser un “buen presidente”, en contra de la marea y de condiciones adversas, como el covid, se cumplió.

Lo cierto que es dejó sin palabras a la oposición y a sus detractores que pensaban que el país se iba a convertir en Venezuela. Su mejor acierto, incluso cuando le incomodaba, fue terminar el Aeropuerto Internacional de Texcoco. Ahora es un polo de inversión y nos ha vuelto a poner en el centro del mundo por nuestra posición privilegiada como la puerta de entrada de Europa, Asia y América Latina con Estados Unidos, el administrador del sistema internacional.

Tal vez esa acertada decisión fue gracias a que se rodeó de las personas más calificadas del país, incluso algunos con una ideología diferente al mandatario, pero que sabía que le podían aportar. Y claro, no se trató de sólo nombrarlos sino también de escucharlos y dejarse asesorar por ellos.

Si bien es cierto que gran parte de su política social estuvo basada en apoyos directos a los jóvenes estudiantes, personas de la tercera edad y mexicanos en condiciones de pobreza, los programas funcionaron porque estuvieron basados en resultados y en inversión para generar un verdadero cambio en la sociedad.

Claramente, esa forma de pensar y de actuar le trajo al Presidente la confianza y apoyo de la comunidad internacional, al grado que pudo influir en procesos democráticos en la región y fue capaz de lograr soluciones a crisis como la electoral de Venezuela, donde el dictador Maduro estaba dispuesto a sostenerse en el poder con el ejército, en contra del voto popular, y también facilitó la transición democrática en Cuba.

No podemos dejar de mencionar la gran valentía y lo acertado que ha sido invertir en fuerzas de seguridad de carácter civil como es la Policía Federal, que después de lograr su consolidación, fue capaz, de la mano con las agencias de Estados Unidos, la captura de los principales capos de la droga —como El Mayo Zambada— y el desmantelamiento de las organizaciones criminales que le quitan la libertad y la vida a cientos de miles de mexicanos.

También se tiene que reconocer que, aunque se tardó más de seis meses en disminuir el índice de homicidios a la mitad, tal y como prometió en su campaña, de la mano de quien fuera el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, logró revertir la tendencia, y hoy los mexicanos pueden salir a la calle y devolvió esa vida a cientos de pueblos que estaban cooptados por el crimen organizado.

Y aunque no lo vemos los mexicanos que no somos expertos, tenemos que aceptar que cumplió su promesa de no aumentar la deuda del país y continuó en los mismos niveles a los de 2018, que es del 43.6% del producto Interno Bruto.

Por eso hay que aplaudir que el presidente López Obrador cumplió su palabra de ser un “buen presidente”. Lo vamos a extrañar. Ajá.

* Maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard y profesor en la Universidad Panamericana.

—

Número cero

Ayotzinapa, herencia envenenada para Sheinbaum

José Buendía Hegewisch | Excelsior

Ayotzinapa está a punto de dar vuelta a la página a otro sexenio con lecturas de signos oprobiosos. El caso queda en entredicho por el respaldo del poder presidencial a estrategias jurídicas de indiciados castrenses involucrados en el crimen, porque debilita las garantías institucionales para avanzar en la investigación, después de haberse estrellado antes en la muralla de silencio del Ejército en el proceso.

Las víctimas llegan a este punto con profunda decepción y frustración sobre el hallazgo de los 43 estudiantes desparecidos. Ni la verdad ni la justicia llegan después de una década de promesas incumplidas, como le reclaman al Presidente en la víspera de concluir su mandato. Ayotzinapa es una mancha en su gobierno y también una herencia envenenada para su sucesora, Claudia Sheinbaum, porque no pudo resolverse, ni darle “carpetazo”, como intentó, para cerrarlo antes de irse.

Este crimen es un agravio que suma años de afrentas en los vacíos del sistema de justicia y el socavamiento de otros esfuerzos institucionales para subsanar sus inconsistencias como la Comisión de la Verdad. La mayor decepción es la persistencia del silencio y la desconfianza de la indagatoria que ocasionó frenar la actuación de esta Comisión; y después permitirse su desprestigio al dejar que la empujen a la “pena del banquillo”, como se designa al asiento en que se coloca a un acusado en un juicio. Ese es el contexto del reciente citatorio a Alejandro Encinas a una diligencia judicial por su actuación cuando ocupó la presidencia de la Comisión, así fuera como testigo, ya que sienta un precedente grave sobre el respeto a las garantías que necesitan esta clase de instancias para contribuir al esclarecimiento de crímenes y violaciones a los derechos humanos cuando no pueden hacerlo los fiscales. Porque abre la puerta a los indiciados a tratar de poner a sus acusadores en el banquillo dentro de la estrategia de la defensa de los militares acusados por la desaparición de los estudiantes.

El propósito de la audiencia solicitada por la defensa de ellos, como escribió el propio Encinas, es que se “autoincrimine” con declaraciones para vincularlo a las quejas que presentaron en su contra ante la FGR por informes de la Comisión. Lo más preocupante es que la maniobra parece, al menos, una forma de desacreditar el trabajo y la credibilidad de un mecanismo que tuvo avances en el esclarecimiento de lo que llegó a calificar como “crimen de Estado”, aunque nunca logro superar el silencio del Ejército sobre su responsabilidad en el caso y abrir sus archivos como reclaman las víctimas.

Los militares implicados en el caso Iguala acusaron a Encinas en 2022 ante la FGR por el delito de falsificación de pruebas cuando todavía ocupaba la subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación. Realmente es una denuncia inusual entre dependencias bajo el mismo mando del Presidente; y porque las comisiones de la verdad no son autoridades judiciales ni ejercen acción penal, se limitan a investigar y dar recomendaciones para destrabar casos que la justicia no ha podido resolver de graves violaciones a derechos humanos.

Sobre todo, la comparecencia da cuenta del empoderamiento de los militares. Sus tribunales no tienen jurisdicción sobre personas civiles, pero con el citatorio mandan el mensaje de que pueden ejercerla sobre cualquier ciudadano. Una pretensión que el Presidente refuerza al avalar el litigio al que los militares someten a su excolaborador. Así, lejos de resolverse, la investigación de Ayotzinapa pervive entre signos muy inquietantes para las garantías institucionales frente al crecimiento del poder del Ejército. Por eso, las víctimas despiden a López Obrador con el reclamo de que la investigación ésta entrampada porque no quiere tocar a los militares; y la defensa del Presidente, como en su última carta, de que “no se les ha probado” su implicación en la masacre. Y el ciudadano común pensará que cualquiera podría ser llamado a los tribunales militares si ya pasó con Encinas.

Menudo pendiente recibirá el próximo gobierno de Sheinbaum, que es visto por padres y familiares como clavo ardiente de sus últimas esperanzas de alcanzar verdad y justicia para los hijos que se tragó la tierra la noche del 26 de septiembre de 2014 y nunca volvieron a saber más de ellos.

—

Los ambiciosos de siempre

Antonio Gershenson | La Jornada

Todo mundo sabe que gran parte de la riqueza de Venezuela son sus reservas de petróleo. Según datos oficiales y de acuerdo con declaraciones del gobierno bolivariano, el país dispone de la energía necesaria para abastecer a toda Europa.

Una ventaja que la nación del general Simón Bolívar tiene sobre muchas otras son sus innumerables fuentes de energía y de tierras fértiles que producen alimento para consumo local y otros pueblos, además de diversos minerales que se utilizan en la industria mundial. Los bloqueos económicos, políticos y comerciales que le imponen son una muestra de la gran voracidad de los países neoliberales e intervencionistas, con ya sabemos quién a la cabeza y, como comparsas, todos sus aliados.

Y, si existiera la voluntad para evitar o solucionar los conflictos geopolíticos, la escasez de energéticos se resolvería prácticamente sin grandes obstáculos. Dejando a un lado el cáncer del hegemonismo, Venezuela podría ser para Europa o cualquier otra región que lo demandara una garantía de suministro seguro en los momentos de riesgo por falta de electricidad, gas u otro insumo necesario.

América es un continente que cuenta con riquezas naturales abundantes, de las que siempre han echado mano aquellas naciones que buscan el beneficio especulativo propio sin importar el de la saqueada. Especialmente, América Latina continúa siendo asediada por el principal país hegemonista y saqueador: Estados Unidos.

Las exportaciones latinoamericanas son diversas e innumerables: petróleo venezolano; litio boliviano; café, plátano y aguacate mexicano; miel de abeja, plata, cobre y muchos productos más de Centro y Sudamérica. No obstante, el comercio de América Latina se enfrenta casi todo el tiempo a medidas arancelarias sacadas de la manga. Éstos son principalmente los bloqueos estadunidenses o de sus aliados. Siempre decidiendo el valor, según la voluntad del poderoso comprador, y no la del productor. Así se marca la línea de dominio y de injusticia mercantil.

No podemos decir de Venezuela lo mismo que señalamos de nuestro país (“pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos) porque la distancia de poco sirve en este caso para que cese la intromisión nefasta, ya que, desde su fundación, después de destruir a los verdaderos dueños de ese territorio norteamericano, se ha autonombrado el capataz del mundo y el administrador de la abundancia natural de los demás países.

La nación de la democracia más imperfecta y tóxica, como lo es la democracia presidencialista, punto de partida de su política de gobierno, ya sea republicano o demócrata, no alcanza un porcentaje de credibilidad verdadero para que la cantidad de votantes no deje duda del triunfo de cualquiera de los contendientes mayoritarios, siempre está presente la amenaza y la extorsión, tanto demócrata como republicana.

Entre otros, Estados Unidos cuenta con los siguientes organismos políticos: Partido Libertario, Partido Verde de Estados Unidos, Partido por el Socialismo y la Liberación, Partido de la Constitución, Partido Comunista de Estados Unidos –por cierto, fundado en 1919, y para sorpresa también tienen un Partido Nazi Estadunidense, fundado en 1964 (en el fervor de la guerra fría)–. La lista es larga e interesante por la cantidad de organizaciones que declaran su política hacia el socialismo. Sin embargo, falta fuerza a las tendencias de izquierda para bloquear las actitudes intervencionistas y perjudiciales hacia los países vecinos en América y en otras latitudes.

Tuve el honor de prologar el libro En defensa de nuestro petróleo, del estimado y reconocido abogado, activista y periodista Natalio Vázquez Pallares, de quien hemos tomado el ejemplo de su honestidad en el análisis de los conflictos políticos por el abuso de los países neoliberales, tanto en América como en Europa, en cuanto a la defensa de nuestro petróleo. Fue precisamente en Caracas donde nos conocimos e iniciamos una sensible amistad. Coincidíamos en que la lucha por el petróleo de nuestras repúblicas era larga y ardua. No se equivocó.

El montaje circense por parte de la OEA y sus títeres ya se ha repetido muchas veces con motivo del triunfo de las propuestas progresistas de nuestras patrias. Y, como el viejo Natalio decía, palabras más, palabras menos: ni contratos mañosos ni sabotajes criminales van a lograr que desistan los países hostigados por las mafias petroleras extranjeras ante la arremetida constante contra nuestra soberanía energética. Ni en Venezuela ni en México los enemigos de la libertad pasarán.

Colaboró Ruxi Mendieta.

—

¿Qué está pasando en el mundo?

Alonso Romero | La Jornada

El sector energético a nivel mundial siempre se encuentra cambiando, por eso es importante voltear a ver lo que pasa en otras partes del globo. ¿Qué discusiones se están dando y qué políticas se están implementando? ¿En qué consisten y qué alcances tienen en el contexto de la transición energética y el ámbito energético en general?

Empecemos por Estados Unidos. El candidato Donald Trump, en su discurso en la convención republicana, estableció que en su política energética, en caso de ganar, prevalecería la producción de petróleo y gas, con el objetivo de suministrar a todo el mundo. Los demócratas prometen acelerar la transición energética con la aplicación de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés). Contrario al discurso demócrata, en 2023 Estados Unidos produjo 12.9 millones de barriles diarios, más que cualquier país en la historia, y es el mayor productor y exportador de gas natural del orbe. Dato curioso, durante los tres primeros años de la administración Biden, de acuerdo con el Departamento del Interior, se han dado 50 por ciento más permisos de perforación para petróleo y gas que durante la administración de Trump. El 1º de julio, un juez federal dio un revés a la pausa para emitir permisos de exportación de gas natural en Estados Unidos.

En materia eléctrica, según datos de la Asociación Americana de Energía Pública, las empresas estatales que dan ese servicio en aquella nación ofrecen tarifas entre 12 y 45 por ciento más baratas que las empresas privadas. Ya dan el servicio a uno de cada siete clientes en el vecino país del norte. Y continúan los apagones en diversas zonas de Estados Unidos por la falta de inversión en redes eléctricas (se puede dar seguimiento en http://poweroutages.us).

En Latinoamérica, la producción petrolera de Guyana sigue aumentando, pasando de alrededor de 100 millones de barriles diarios a poco más de 600 millones y se proyecta que para finales de 2025 esté cerca de 900 millones de barriles diarios. Guyana se encuentra en el ojo del huracán, países del norte global le piden que no extraiga petróleo, Guyana señala la hipocresía. Exxon consiguió un permiso para continuar operaciones en Venezuela y exportar ese petróleo a Estados Unidos. La empresa estatal brasileña Petrobras tuvo literalmente que rescatar a Argentina y le vendió un buque de gas natural que evitaría un apagón total en su territorio, dejando claro la importancia de la soberanía energética.

Del lado europeo, la discusión de la independencia energética y alimentaria se encuentra más viva que nunca. En mayo, Rusia suministró más gas natural licuado (GNL) a la Unión Europea (UE) que cualquier otra región. De hecho, la UE es su principal comprador del GNL y de gas por ducto, así como el segundo comprador de gas licuado de petróleo y tercer comprador de petróleo crudo. A pesar de las sanciones, los ingresos petroleros de Rusia se encuentran ya por arriba del nivel preconflicto. Las exportaciones a la UE de países como Kirguistán, Kazajistán y Azerbaiyán se han multiplicado, lo mismo ha pasado con las exportaciones de Alemania, Polonia, Italia, Australia y España a esos países asiáticos, muy probablemente para evadir las sanciones.

En el tema de soberanía alimentaria, la UE discute soluciones a su dependencia de Rusia en materia de fertilizantes. Actualmente importan 30 por ciento, llegando a 80 por ciento en casos como el de Francia. Se discute cómo rescatar la industria petroquímica del continente, en especial ahora que los altos precios de la electricidad están haciendo inviable esa industria en Alemania. Subsidios multimillonarios se encuentran sobre la mesa para no permitir que esa industria se vaya del continente. A esto se añaden los masivos subsidios al sector energético para cubrir los costos tan altos en Alemania (este año se etiquetaron 20 mil millones de euros para este propósito). Algo importante de destacar es que esos subsidios van a garantizar la rentabilidad de las empresas privadas. En México, como comparación, los subsidios eléctricos son de alrededor de 3.5 mil millones de euros, van directo al consumidor.

En un giro de 180 grados, España y Portugal han logrado tener los precios de la electricidad más bajos. La solución fue la intervención del Estado para aplicar la excepción Ibérica y modificar el mercado marginalista. El Estado logró lo que en más de 30 años el mercado no pudo. La UE aprobó también una reforma energética en la cual uno de sus principales objetivos es incrementar la independencia energética del continente.

En Reino Unido los laboristas incluyen en su plataforma de gobierno la creación de una Ley de Independencia Energética, así como la creación de la empresa estatal Great British Energy para reducir el alto costo de la energía. De igual manera se discute la renacionalización de los servicios de trenes de pasajeros, de distribución de agua potable y del operador de las redes eléctricas.

Como vemos, los problemas, discusiones y soluciones en el sector energético son muy variados, pero la constante es el cambio. México no es una isla en el tema y debemos continuar arreglando el desastre que nos dejó la reforma energética de Peña Nieto, es momento de cambiarla por completo.