Lo que dicen los columnistas

Trump y la bala mediática

El atentado revivió el debate, con demócratas utilizando el incidente como una necesidad urgente de reformas en las leyes de armas; mientras que los republicanos, liderados por Trump, insisten en que el problema sólo es la falta de seguridad para proteger a los ciudadanos.

Jorge Bravo

Proceso

El 13 de julio de 2024 un atentado fallido contra Donald Trump en un mitin en la Pensilvania rural desató una tormenta mediática y en redes sociales sin precedentes: sacudió a la opinión pública y reavivó el debate sobre la violencia política y armada en Estados Unidos. 

El ataque, que sólo dejó a Trump con una herida en su oreja derecha, catapultó una intensa cobertura mediática y una avalancha de reacciones en redes sociales, como un reflejo de las profundas divisiones políticas del país.

Tras el atentado, Trump y su equipo de campaña han seguido una estrategia para reforzar su imagen de líder fuerte y resiliente. En su cuenta de Truth Social, Trump publicó: “No temeremos, permaneceremos resistentes en nuestra fe y desafiantes ante la maldad”. Este mensaje, acompañado de imágenes heroicas de él, buscó proyectar una imagen de invencibilidad y de lucha constante por los valores estadunidenses que él y sus seguidores defienden.

En sus mensajes posteriores, Trump ha enfatizado su narrativa de victimización, presentándose como un mártir de las políticas del Partido Demócrata y del gobierno de Joe Biden. Ha utilizado el intento de asesinato para subrayar la amenaza que enfrentan sus seguidores y para demonizar a sus opositores políticos, especialmente a los demócratas y a los medios de comunicación que considera hostiles.

Durante su presidencia, Trump enfrentó críticas por su manejo de la violencia armada en Estados Unidos. Entre 2017 y 2021 el país experimentó un aumento en el número de tiroteos masivos, con más de 200 incidentes y múltiples víctimas inocentes, incluidos niños en sus colegios. Trump se mantuvo firme en su apoyo a la Segunda Enmienda, resistiéndose a implementar controles más estrictos sobre la venta y posesión de armas de fuego de alto calibre como la que se detonó en su contra. 

Esta posición contrastó con la de los demócratas, quienes abogaron por una legislación más estricta en materia de armas. El atentado de Pensilvania revivió el debate, con demócratas utilizando el incidente como una necesidad urgente de reformas en las leyes de armas; mientras que los republicanos, liderados por Trump, insisten en que el problema no es la disponibilidad de armas, sino la falta de seguridad y de medidas para proteger a los ciudadanos, siendo él un ejemplo viviente.

El atentado también puso en primer plano la agenda temática de Trump, caracterizada por la polarización y temas controversiales como la inmigración y el aborto. Desde el comienzo de su carrera política, Trump ha utilizado una retórica incendiaria para movilizar a su base, demonizando a los inmigrantes que cruzan la frontera con México y tomando una posición dura contra el aborto. 

Durante la Convención Nacional Republicana, apenas dos días después del tiroteo, Trump nombró como compañero de fórmula a James David Vance, un declarado antiabortista, quien podría llegar a ser el vicepresidente de Estados Unidos en caso de que Trump triunfe en la elección de noviembre próximo, como ya indican algunas encuestas, aunque lo importante es ganar en ciertos distritos electorales muy competidos. 

Estas tácticas han profundizado la polarización realmente existente en Estados Unidos, creando un ambiente político confrontativo. El atentado ha exacerbado estas divisiones, con seguidores de Trump reafirmando su apoyo incondicional y sus detractores criticando su retórica como factor que contribuye a la violencia.

La respuesta de los republicanos al tiroteo ha sido de solidaridad con Trump. Han utilizado el acontecimiento para reforzar su estrategia de que los conservadores están bajo ataque y que es necesario unir filas en defensa de sus valores, pese a que el tirador (Thomas Matthew Crooks) estaba afiliado al Partido Republicano. La narrativa ha sido de desafío y de rechazo a cualquier crítica que sugiera que las políticas o la comunicación de Trump contribuyeron a un ambiente de violencia.

Los demócratas han subrayado la necesidad de un discurso más moderado, unificador y de medidas que aborden las causas de la violencia. Este discurso conciliador rindió frutos hace cuatro años cuando por un margen muy limitado triunfó Biden, pero en 2020 no se cuestionaban las facultades mentales ni la capacidad para gobernar del actual presidente demócrata.

El atentado también desencadenó un fenómeno comunicativo abrumador: la rápida proliferación de desinformación y teorías de la conspiración. Instantes después del tiroteo, las redes sociales se llenaron de especulaciones, de teorías sobre los responsables y los motivos detrás del ataque.

Algunos sugirieron que se trataba de un montaje de Trump para ganar simpatía electoral, otros aseguraron que Biden lo había ordenado, unos más acusaron a grupos extremistas. Partidarios republicanos en el mitin imprecaron a los periodistas diciendo “esto es culpa de ustedes” los medios de comunicación, pero “ustedes son los siguientes”. Trump instó a su personal de campaña a “condenar todas las formas de violencia” y dijo que “no tolerará una retórica peligrosa en las redes sociales”.

Pero la velocidad y el alcance de estas teorías reflejan la desconfianza que muchos estadunidenses sienten hacia los medios, sus periodistas y las instituciones. La desinformación ha sido amplificada por figuras mediáticas y políticos de ambos bandos que buscan capitalizar el incidente para sus fines.

Un aspecto llamativo fue la proliferación de fotos heroicas de Trump tras el atentado. Imágenes de él incorporándose, con expresión desafiante y el puño en alto, han sido ampliamente difundidas por sus seguidores, los medios y las redes sociales. Esta iconografía busca consolidar el discurso de Trump como un líder capaz de enfrentar cualquier adversidad.

El atentado a Trump en Pensilvania es un microcosmos de las dinámicas mediáticas y políticas en Estados Unidos, por tratarse de un ataque desde el corazón de un imperio que muestra grietas y resquebrajadura en sus valores y unidad nacional. Estas señales son vistas y analizadas por el mundo. 

La reacción de los medios y las redes sociales reveló el pulso de la sociedad estadunidense, las profundas divisiones del país y la importancia de una comunicación responsable y veraz en tiempos de crisis. Mientras Trump y sus seguidores utilizan el incidente para reforzar su narrativa de resistencia y victimización, el resto del país debate las causas y las soluciones a la violencia que acecha a la nación con más armas en las manos y los hogares de su población.

• – – –
• Nudo gordiano

Prepararse para Trump y Vance

Yuriria Sierra

Excelsior

A medida que Estados Unidos se adentra en la vorágine de su ciclo electoral, México se encuentra en una posición delicada, observando con cautela el desarrollo de las campañas al norte de su frontera. Con la nominación de Donald Trump como candidato republicano y la reciente selección de J.D. Vance como su compañero de fórmula, el panorama político estadunidense presenta desafíos significativos para México, tanto para el gobierno saliente de López Obrador como para la administración entrante de Claudia Sheinbaum.

La campaña de Trump y Vance promete ser particularmente relevante para México. Pero también hostil. Trump, conocido por su retórica antiinmigrante y su insistencia en la construcción de un muro fronterizo, probablemente volverá a colocar a México en el centro de su discurso sobre inmigración y seguridad nacional. Su historial de amenazas arancelarias y presión diplomática sugiere que una victoria republicana podría resultar en una relación bilateral más tensa y volátil.

J.D. Vance comparte muchas de las posturas de Trump en temas de inmigración y de comercio. Como autor de Hillbilly Elegy y senador de Ohio, Vance ha sido crítico de los acuerdos comerciales internacionales y ha expresado preocupaciones sobre la inmigración ilegal y el tráfico de drogas hacia EU. Su presencia en la fórmula republicana podría reforzar una plataforma que ve a México más como un problema que como un socio. Ante este escenario, tanto López Obrador como Sheinbaum deben prepararse para varios escenarios:

Presión migratoria intensificada: es probable que la campaña de Trump-Vance prometa medidas más duras en la frontera. México podría enfrentar demandas de mayor control migratorio en su frontera sur y presiones para aceptar más solicitantes de asilo.

Renegociación comercial: aunque el T-MEC está vigente, la administración Trump-Vance podría buscar renegociar aspectos del acuerdo o implementar medidas proteccionistas.

Seguridad y narcotráfico: el tema del tráfico de drogas, especialmente el fentanilo, podría ser utilizado como arma política, lo que podría resultar en demandas de acciones más agresivas por parte de México.

Retórica divisiva: la campaña republicana podría utilizar a México como chivo expiatorio para problemas internos de EU, lo que requeriría una estrategia diplomática cuidadosa.

El gobierno de López Obrador deberá mantener un delicado equilibrio, defendiendo los intereses de México sin provocar confrontaciones innecesarias que puedan complicar la transición para la administración de Sheinbaum, cuyo equipo deberá prepararse para potencialmente asumir el poder en medio de una relación bilateral tensa y volátil.

La estrategia de México debería incluir una diplomacia proactiva que fortalezca los lazos con diversos sectores en EU, incluyendo estados fronterizos, empresarios y la comunidad méxicoamericana. Por supuesto, también que potencie la diversificación económica. México deberá consolidar su papel de liderazgo en AL, fomentando la cooperación regional para trabajar con los demás países latinoamericanos para abordar temas como la migración de manera conjunta.

El gobierno de Sheinbaum debe diseñar una estrategia de comunicación estratégica para resaltar la importancia de la relación bilateral y los beneficios mutuos de la cooperación. Y claro, México deberá fortalecer la economía y las instituciones democráticas y de justicia nacionales para resistir presiones externas. Es crucial que mantenga la calma y la dignidad frente a posibles provocaciones durante la campaña. La estabilidad y prosperidad de ambos países están estrechamente ligadas, y es en interés de todos mantener una relación bilateral constructiva, independientemente del resultado electoral en EU.

El desafío para México será navegar estas aguas turbulentas con prudencia y firmeza, defendiendo sus intereses mientras se mantiene abierto al diálogo y la cooperación. La resistencia de la relación México-EU se pondrá a prueba una vez más, y corresponderá a sus líderes asegurar que prevalezca el entendimiento mutuo sobre la retórica divisiva. Ni a EU ni a México nos conviene que la escalada polarizante siga devorando la agenda cotidiana y dinamitando todas las enormes ventanas de oportunidad para ambas economías y sociedades.

• – – –
• Violencia política

La ira, el miedo y la desesperación son vectores de actos violentos. Algunos individuos pueden sentirse justificados en usar la violencia para defender sus creencias y su fanatismo. Por ello,  la historia registra una gran multiplicidad de hechos de violencia política materializados en magnicidios.

Juan Carlos Sánchez Magallán

Excelsior

La violencia consiste en el uso de la fuerza física o psicológica contra una persona o grupos de ellas y en atentar contra su integridad física, la violencia política radica en la comisión de conductas que buscan generar un detrimento en el goce y ejercicio de un derecho político-electoral que incida en los cambios sociales, así, las diferencias en creencias, valores y objetivos políticos pueden generar tensiones y conflictos que, cuando éstas se radicalizan, dan lugar a la violencia.

La desigualdad económica, la falta de acceso a recursos básicos y la percepción de injusticia generan frustración y descontento. Algunos individuos pueden recurrir a la violencia como una forma de expresar su malestar.

En muchos países, la historia está marcada por conflictos, guerras civiles y opresión. Estos eventos pasados pueden dejar cicatrices y perpetuar la violencia política.

Los grupos extremistas, ya sean de derecha o de izquierda, a menudo promueven la violencia como medio para lograr sus objetivos. La radicalización ocurre en entornos sociales específicos.

La política implica competencia por el poder y los recursos. Cuando los intereses de diferentes grupos entran en conflicto, la violencia puede surgir como una herramienta para ganar ventaja.

La polarización política y la falta de espacios para el diálogo constructivo pueden dificultar la resolución pacífica de conflictos, ahí están los conflictos armados de Rusia-Ucrania e Israel-Palestina.

La ira, el miedo y la desesperación son vectores de actos violentos. Algunos individuos pueden sentirse justificados en usar la violencia para defender sus creencias y su fanatismo. Por ello, la historia registra una gran multiplicidad de hechos de violencia política materializados en magnicidios e intentos de liquidar a líderes políticos en el ejercicio del poder o en su ruta de acceder al mismo. Ejemplos sobran en Estados Unidos.

Abraham Lincoln fue el primer presidente de Estados Unidos en ser asesinado (1865). James Garfield, la historia se repitió 15 años después del asesinato de Lincoln, el 2 de julio de 1881. William McKinley, asesinado en 1901 por un anarquista en Buffalo, Nueva York. El asesinato, en 1963, del presidente John F. Kennedy, en Dallas, Texas, conmocionó al mundo. Robert F. Kennedy, senador y precandidato presidencial demócrata, fue asesinado en 1968 en Los Ángeles, California. Ronald Reagan (1981): sobrevivió a un intento de asesinato en Washington, D.C., y recientemente el expresidente Donald Trump, rival electoral del presidente Joe Biden, que busca la reelección para el siguiente periodo presidencial. En mucho contribuye a esta violencia política la producción y venta de armas en Estados Unidos, al tener el mercado más grande y desregulado del mundo.

El asunto es que decenas de personas al día mueren por incidentes relacionados con armas de fuego en Estados Unidos y en el mundo. Miles de millones de dólares y euros se pierden por la violencia consecuencia de las decisiones políticas de los jefes de Estado, esto incluye no sólo la pérdida de vidas humanas y de gastos médicos en los heridos, sino también la pérdida de calidad de vida para los afectados y sus familiares.

Estos sucesos afectan la seguridad, la economía, la salud y el futuro de las sociedades nacionales. La violencia política es multifactorial, se manifiesta desde la falta de respeto hacia los demás, la violencia, la corrupción, el egoísmo, la falta de solidaridad, la ausencia de educación en valores y principios que permiten la adopción de conductas negativas, como el individualismo y el consumismo. Reflexionar sobre las causas y promover la educación desde temprana edad son pasos fundamentales para revertir este desafío social. Además, a nivel mundial, la falta de respeto a la ciencia, el incumplimiento de derechos humanos, la creciente brecha económica y la lucha por el poder afectan la integración social. ¿O no?, estimado lector.

• – – –
• Astillero

México, en varias miras de Trump // También autos chinos y nearshoring // ¡Va por 52 años de líder telefonista! // Triunfos de mafia sindical petrolera

Julio Hernández López

La Jornada

Sabido es que México y algunas de sus circunstancias críticas (crimen organizado y migración, sobre todo) están en la mira electoral de las campañas presidenciales estadunidenses. Para incentivar a sus potenciales votantes, los principales políticos del país vecino utilizan a México como costal de boxeo (otras visiones metafóricas hablan de una piñata).

Donald Trump, quien pareciera encaminarse clamorosamente hacia la Casa Blanca en un segundo periodo, discontinuo, mantiene el discurso antimexicano y antinmigrante, con insistencia en muros y barreras en la frontera entre México y Estados Unidos. Y ahora, potenciado por su candidato a la vicepresidencia, J. D. Vance, se insiste en la visión belicista, de abierta confrontación directa, con grupos mexicanos del crimen organizado.

Pero en el plano económico también anuncia golpeteo el candidato republicano a suceder a Joe Biden (la carta del Partido Demócrata, perdida entre desmemorias, errores en debates e, incluso, ahora, afectada por el covid). Trump va perfilando una serie de medidas que beneficien a su país en detrimento del vecino.

En una entrevista con Bloomberg Businessweek, por ejemplo, se refirió a la instalación de plantas de vehículos chinos en México y reiteró la postura de guerra, no sólo de aranceles, para evitar que lleguen al mercado estadunidense. También tiene en la mira el tema de la relocalización de empresas (el nearshoring tan nombrado), con la intención de evitar que se trasladen a nuestro país.

Francisco Hernández Juárez lleva 48 años al frente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y busca ser electo por decimotercera ocasión, para llegar a 52 años al frente de la organización, precisó Alicia Colchado Ariza, integrante de la Alianza Nacional Telefonista y del propio STRM.

Tal dirigente, añadió, no representa la necesidad del gremio telefonista de revisar la concesión de Telmex a Carlos Slim y es ajeno a las necesidades de un gremio que corre el riesgo de desaparecer, puesto que no constituye ningún contrapeso a las decisiones del máximo multimillonario mexicano.

“En el momento en que no hay un contrapeso real a las decisiones del empresario, no hay quien frene el huachicoleo de las telecomunicaciones a favor de las empresas de Grupo Carso, por lo que nuestra desaparición es inminente”, señaló Colchado, quien aseguró que fueron frenadas las pretensiones de presentar planilla de oposición a Hernández Juárez, quien va en el proceso actual de elección de secretario general sin contrincante al frente, candidato único rumbo a más de medio siglo en el cargo, al que llegó enarbolando la bandera de la no relección (https://goo.su/kdUe).

En el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, por su parte, está en curso la confirmación del mando en las 36 secciones del país del grupo originalmente encabezado por Carlos Romero Deschamps, quien murió intocado por la justicia a pesar de constituir un ostentoso ejemplo de corrupción, y ahora a cargo de su heredero en prácticas caciquiles, Ricardo Aldana, quien fue tesorero del citado Romero Deschamps.

Sin verdadera supervisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con inspectores oficiales convertidos en mudos testigos de las maniobras del cacicazgo sindical petrolero de Aldana y sus aliados seccionales, se va consumando el proceso de elección democrática, según lo señalado, entre otros quejosos, por Hugo Carlos Venegas Leija, quien ha buscado competir en la demarcación correspondiente a Ciudad Madero, Tamaulipas, sin poderlo hacer por las trampas y manejos excluyentes de los aldanistas (https://goo.su/DMzBeE).

Y, mientras el mandatario en funciones y la virtual presidenta electa solicitan a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, que informe de lo hablado y tal vez acordado en una cena privada que tuvo con otros juzgadores y el presidente del PRI, Alito Moreno.

• – – –
• México SA

Barones deben 100 mil mdp al fisco // Togados les garantizan protección // PJ: ¿ceguera o antifaz?

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Sin convencer a nadie, salvo a los aplaudidores oficiales, el ministro Javier Laynez Potisek intentó esforzarse durante su presentación en el parlamento abierto sobre la reforma al Poder Judicial para defender la idea de que no deben cambiarse las reglas, y como colofón dijo: me rehúso a creer que 30 años después este sistema sólo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias.

El togado se refería a la reforma que tres décadas atrás hiciera el entonces inquilino de Los Pinos, Ernesto Zedillo, por medio de la cual y de un plumazo corrió a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los repuso con un nuevo equipo acorde a sus gustos e intereses. Obviamente, Laynez Potisek es tajantemente contrario a que se modifique la reforma zedillista. De hecho, de forma muy diplomática, exige que a ella no se le toque ni con el pétalo de una rosa.

Sin embargo, ayer el presidente López Obrador se refirió a tal reforma e indirectamente al posicionamiento de Laynez Potisek y demás opositores a los cambios, y lo hizo con un solo ejemplo: el Poder Judicial tiene desde hace meses retenidas audiencias y resoluciones sobre el pago de impuestos de grandes corporaciones. Son asuntos parados en el Poder Judicial. No voy a dar a conocer todos los casos, pero debe de haber 10 que significan como 100 mil millones de pesos, y los deudores gozan de la impunidad que les garantiza un ministro, o varios, de la SCJN, quienes mantienen los expedientes en el fondo de su escritorio para que los potentados estén tranquilos.

Y a esos asuntos fiscales convenientemente parados en el Poder Judicial deben sumarse cualquier cantidad de liberaciones, amparos, sobreseimientos, exoneraciones y demás mañas de jueces, magistrados y ministros, quienes un día sí y el siguiente también tienen la gentileza de regresar a las calles a todo tipo de delincuentes (con los de cuello blanco y los narcos en destacada posición). Entonces, por mucho que se rehúse a aceptarlo, si eso no es corrupción, ineficiencia, impunidad o tráfico de influencias, pues que el ministro Laynez Potisek tenga la amabilidad de explicar de qué se trata.

Uno de los casos más sonados (con más de tres lustros de historial, desde tiempos de Felipe Calderón) es el de Ricardo Salinas Pliego y su adeudo fiscal por 63 mil millones de pesos, monto que crece día tras día por la suma de multas, recargos, actualizaciones y demás que, por ley, aplica el Servicio de Administración Tributaria.

Casi un año atrás, el presidente López Obrador denunció que el ministro Luis María Aguilar Morales ejerció la facultad de atracción para atender personalmente el litigio fiscal contra Ricardo Salinas Pliego, pero en lugar de pronunciarse, simplemente lo archivó en el último cajón de su escritorio durante no menos de 10 meses, lo que da puntual cuenta de cómo los impartidores de justicia no hacen su trabajo, sino que se dedican a proteger a los barones. ¿Para quién trabaja el ministro?, preguntaba entonces el presidente López Obrador, y la respuesta resulta más que obvia.

Y aunque Laynez Potisek se rehúse a aceptarlo, si este delicado asunto se hizo de conocimiento público fue gracias a lo denunciado por el mandatario, lo que de una u otra suerte zarandeó al Poder Judicial, aunque, si bien el empresario ha sido condenado a pagar otras facturas fiscales pendientes, a estas alturas se mantiene en condición de evasor, siempre bajo el cobijo de los togados.

Ante tal panorama, el presidente López Obrador anunció: vamos a dar a conocer la lista de los casos en donde hay deudas con la hacienda pública y han pasado, en algunos casos, un año y no hacen nada, o sea, están archivados los expedientes, es decir, evasores con protección plena de los impartidores de justicia.

Por cierto, como cápsula de memoria, Laynez Potisek fue Consejero Jurídico Adjunto del Ejecutivo Federal con Ernesto Zedillo y Vicente Fox en Los Pinos; encargado de las reformas constitucionales, especialmente al sistema de seguridad pública y la energética de Enrique Peña Nieto, quien lo hizo ministro de la SCJN, junto a Norma Piña, quien no ha dicho ni pío sobre su encuentro en lo oscurito con Alito Moreno y magistrados electorales. Entonces, la justicia es ciega o en realidad utiliza antifaz.

Las rebanadas del pastel

A los iracundos cuan irracionales perdedores en el pasado 2 de junio que hoy se retuercen y vociferan contra la sobrerrepresentación en el Congreso, nada mal les caería la lectura del artículo 54 constitucional.

• – – –
• Aprovechar el consenso entre economistas y gobiernos progresistas

Orlando Delgado Selley

La Jornada

La próxima presidenta ha repetido varias veces que no habrá reforma fiscal y que la deuda se mantendrá en los parámetros actuales. Esta decisión tiene que razonarse en términos de la situación presupuestal con la que operará el siguiente gobierno. La situación fiscal prevista en los próximos años parece mostrar complicaciones presupuestales que será difícil resolver. Se tendrán que aumentar las asignaciones a programas sociales por la pensión del bienestar a mujeres de 60 años en adelante y becar a todos los estudiantes de escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria.

El gobierno de AMLO, en su momento, se comprometió a que no habría reforma fiscal, ni crecería la deuda como proporción del PIB. Advirtió que atacando la corrupción y con austeridad era posible financiar los programas sociales que proponía. En sus seis años de gobierno los recursos presupuestales fueron suficientes para financiar los programas sociales, pero en términos de deuda, hubo endeudamiento neto adicional en 2024 para cerrar los proyectos de inversión estelares.

La pregunta obvia para el próximo gobierno es ¿hay recursos para enfrentar estas asignaciones presupuestales? La respuesta es que no se ve cómo podrán financiarse. Esta dificultad se incrementa ya que el déficit fiscal de 2024 terminará en 5.9 por ciento del PIB y se propone llevarlo en 2025 a 3.5. Además, queda poco espacio en las finanzas del sector público para recuperar recursos en fideicomisos, gastos innecesarios y remuneraciones fuera de la ley. Así que resulta indispensable incrementar los ingresos públicos. Hay dos fuentes: las tributarias y las no tributarias. La posibilidad de aumentar los ingresos presupuestales no tributarios existe, pero es insuficiente. Queda la deuda y aumentar ingresos tributarios.

Para fundamentar el incremento a la recaudación fiscal puede aprovecharse el consenso entre gobiernos y economistas progresistas del mundo. En el G-20, se está planteando gravar a los superricos del mundo. Se ha encargado a Gabriel Zucman elaborar una propuesta para instrumentar este gravamen. Por otro lado, un grupo importante de economistas reunidos recientemente en Berlín en el seminario Recuperar para el pueblo ( Winning back the people) difundió la Declaración de Berlín con consideraciones para construir un futuro compartido. En México, un grupo de economistas divulgó un documento titulado Para la prosperidad, reforma fiscal justa. Entidades relevantes, como Oxfam, el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, Fundar, el Instituto de Estudios sobre Desigualdad y otros, propusieron que construyamos un sistema fiscal que reduzca desigualdades y logre un crecimiento sustentable.

La situación actual exige que los gobiernos resuelvan problemas creados por décadas de dominio de los mercados. Para un futuro distinto al que nos llevaba el Consenso de Washington, para recuperar a favor de la gente es necesario remplazar el liberalismo de mercado. La Declaración de Berlín señala que es necesario “enfrentar las desigualdades en la riqueza y el ingreso reforzadas por las herencias y los automatismos de mercado, fortaleciendo el poder de los pagados pobremente a través impuestos apropiados a los altos ingresos y riquezas, asegurando que se reduzcan las desigualdades…”

En el G-20 se ha propuesto una tributación progresiva en la que los superricos del mundo paguen un impuesto anual de por lo menos el 2 por ciento de su riqueza. De acuerdo con Zucman, algunos de los 3 mil ultrarricos del mundo no pagan ningún impuesto por sus ingresos anuales. Zucman informó que 20 o 30 mexicanos milmillonarios (personas cuya riqueza acumulada supera los mil millones de dólares) y cerca de mil cienmillonarios (más de cien millones de dólares de patrimonio) tienen más de 200 mil millones de dólares depositados en bancos del extranjero, lo que equivale a 15 por ciento del PIB mexicano.

Oxfam y otras entidades han hecho 12 propuestas fiscales (ver La Jornada 16/7/24) para impulsar un desarrollo económico que sea sostenible e incluyente. La nota de La Jornada destaca modificar tramos y tasas del ISR aumentando su incidencia en los estratos de mayores ingresos; limitar beneficios fiscales para los ingresos altos; fortalecer la capacidad administrativa de los gobiernos locales para recaudar impuesto predial, y un impuesto que sorprende: a aviones privados y yates (México es el segundo país en el mundo con más jets privados).

De modo que el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene una oportunidad para actuar fiscalmente. No es necesario sostener que la situación tributaria no va a cambiar. Por el contrario, el momento es globalmente oportuno. Pueden introducirse modificaciones fiscales fundamentadas en la justicia tributaria, al tiempo que lo hacen otros países del G-20 y que permitirían incrementar ingresos públicos en condiciones sustentables y equitativas.