Lo que dicen los columnistas

Espionaje sin inteligencia

Las baterías del gobierno hoy apuntan a los “enemigos útiles” para la demagogia anticorrupción, pero no contra quienes blandieron la información de probables ilegalidades de López Obrador y su entorno… y se lo hicieron saber para comprar impunidad.

Erubiel Tirado

“(NSO Group es) una industria que no debería existir, su única actividad es vender un producto dañino contra el que no hay protección… Que (Pegasus) sólo se venda a gobiernos, no lo hace mejor… nos muestra una realidad nunca antes vista…”

Edward Snowden.

Las revelaciones del conjunto de medios internacionales sobre la intromisión a la privacidad de las comunicaciones personales de periodistas, activistas, críticos gubernamentales y políticos, pone al descubierto la degradación de una función de seguridad que ha servido a grupos de poder en México, incluyendo a un sector duro que rodea y convence, cada vez más, al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Descubrir en detalle el uso de un programa informático intrusivo de telefonía celular (Pegasus, que en México se denunció hace seis años) revela la gravedad de un comportamiento que deslegitima a los últimos gobiernos (desde Calderón hasta el presente) y desnuda nuestra vulnerabilidad, como individuos y sociedad, ante el pulso autoritario que permea ahora al país.

Falsa victimización y utilitarismo perverso

Antes de que saliera a la luz pública, el gobierno se negó a comentar con los reporteros los detalles e implicaciones de los resultados de la investigación periodística. Contrariamente, el presidente López Obrador y miembros de su círculo cercano se victimizan en forma frívola por haber sido espiados en el pasado reciente (20 y 21 de julio). Pero no se dice palabra alguna sobre la evidencia de continuidad del uso de Pegasus (creado por la empresa israelí NSO Group), ni se aclara la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como primer cliente institucional (2011), incluso promotor en la compra del programa espía. Las declaraciones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hacen énfasis en señalamientos sólo en tiempo pasado sobre la Sedena, Marina y la antigua PGR como ejes de las transacciones sobre el programa de espionaje.

En México se espía no sólo para intimidar, reprimir o asesinar (como es el caso de los periodistas, líderes y movimientos sociales), sino para negociar impunidad para el caso de los políticos. López Obrador así lo demuestra desde su arribo al poder, en cuyo contexto se explica el nuevo y exagerado papel que juegan altos mandos militares en Ejército y Marina en su gobierno civil. Los aparatos de inteligencia militar en ambas dependencias cobraron auge con más recursos desde hace dos sexenios.

Tampoco es casual que quienes autorizaron la adquisición de estos caros sistemas de espionaje (el general Cienfuegos entre ellos) tengan asegurada la protección de un renovado sistema autoritario con reglas no escritas desde la retórica de la victimización populista. Sólo así se entiende la necedad de no ejercer la aplicación estricta de la ley por conductas que, en otras latitudes, están generando una conciencia y discusión sobre acciones de verdadera protección a los derechos ciudadanos.

También explicaría aquel larguísimo primer encuentro entre el general Cienfuegos, aun como secretario de Defensa, y López Obrador, donde no sólo se trató de revisar la seguridad del país y repasar la sucesión en el alto mando del sector.

Las baterías del gobierno hoy apuntan a los “enemigos útiles” para la demagogia anticorrupción, pero no contra quienes blandieron la información de probables ilegalidades de López Obrador y su entorno… y se lo hicieron saber para comprar impunidad.

En México la aplicación de la ley se negocia y la justicia no es para todos, lo mismo que el uso y abuso discrecional del espionaje político: en un estado de derecho, López Obrador no habría sido presidente de no haber negociado una y otra vez sus conductas ilegales que solaparon gobernantes anteriores, basados en falsos cálculos de costo-beneficio en aras de una gobernabilidad sui generis… de la que ahora serán víctimas.

Cisen-CNI, la deformación militarista y política

El arribo de López Obrador, hay que decirlo, significó el desmantelamiento final de los esfuerzos del Estado mexicano por crear y desarrollar un sistema de inteligencia para la seguridad nacional. Pese a deficiencias y retrasos en el diseño institucional (la ley, programas e instancias decisorias en la materia surgieron con un desfase de décadas) respecto de la operación misma del llamado sistema de información. Había avances relativos que debían fortalecerse para madurar y consolidar dicho sistema con una visión de Estado. La guerra contra las drogas y el agravamiento de la penetración de estructuras institucionales (empezando por las de seguridad, tanto civiles como militares), junto con la miopía de gobernantes y operarios del sector, terminaron por distorsionar y reducir la perspectiva de la seguridad nacional y concentrar actividades y recursos a la mera “inteligencia contra el crimen” y a desplazar la noción de inteligencia por el vulgar espionaje, lo que fue ampliándose a otros ámbitos.

El espionaje contra López Obrador muestra el descontrol y los abusos que se aprovechan políticamente. La desaparición del Cisen, como se concibió originalmente, aniquiló la aspiración de tener un sistema de inteligencia estratégica. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como sucedáneo (militarista) de seguridad pública, junto con la creación de la Guardia Nacional, muestran características de control social, ya sea por la presencia física del aparato de seguridad en el territorio (que no responde a criterios de protección) o por la peculiar práctica de espionaje de la 4T (ver: Raymundo Riva Palacio, columna “Estrictamente Personal”, El Financiero, 23 de junio).

“Impulso autoritario” Mx, vulnerabilidad extrema

Mientras se presume una investigación sólo por la adquisición de Pegasus en administraciones pasadas, la actual omite que se han renovado licencias y actualizaciones que, de acuerdo con las investigaciones independientes, son más nocivas e indetectables. El deseo controlador del gobierno no se limita ni termina con Pegasus. Desde el primer año (2019) mostró su intención de hacerse de información personal y confidencial de la población al exigirle al INE, sin sustento legal, la base ciudadana de datos biométricos (ahora de más de 93 millones de registros con referencias domiciliarias). El INE se negó.

Este año, con la reforma a la ley de telecomunicaciones, se impuso inconstitucionalmente la creación de un padrón de usuarios de telefonía celular (Panaut) que se conformaría también con biometría (con cerca de 126 millones de registros no depurados de la población). Esto último ha acarreado una severa crítica y litigio legal por parte del INAI y el Instituto Federal de Telecomunicaciones contra autoridades de seguridad civil y militares que se escudan en la lucha anticrimen para hacerse de información privada sin control sobre su uso.

La indolencia ciudadana e institucional, fuera de los ámbitos críticos, bajo la premisa de un falso dilema (espionaje “sí o no”), admite el abuso transgresor de su intimidad por el gobierno, “porque no es nuevo pues es normal” y “porque el que nada debe…” Se está dejando pasar la oportunidad para, desde la sociedad, demandar e imponer regulaciones y límites a una actividad de la llamada inteligencia de Estado (incluyendo el componente necesario de espionaje que lo conforma). Si no cambiamos el juego (Snowden dixit) y, según dice la académica argentina Rut Diamint, se detiene el “impulso autoritario” que hay en el hemisferio, terminaremos indefensos, sin posibilidad de vivir seguros y en democracia.

Arsenal

Las maromas de Morena y el “pacto de impunidad”

Francisco Garfias

* Ni el diputado pederasta, Saúl Huerta, ex de Morena ni el presunto diputado corrupto del PT, Mauricio Toledo, reelecto, perderán su fuero el próximo viernes.

Las conveniencias políticas prevalecieron sobre la posibilidad de que los órganos correspondientes los investiguen y, en su caso, se proceda penalmente en contra de ellos.

El dictamen para convocar el viernes a un periodo extraordinario, a fin de quitarles la inmunidad parlamentaria, no alcanzó la mayoría calificada requerida.

Se necesitaban 24 de los 35 votos emitidos. Sólo 20 legisladores votaron a favor, 12 lo hicieron en contra y tres se abstuvieron (dos de Morena y uno del PAN.) Por segunda vez consecutiva no pasó la convocatoria al extraordinario.

* Sólo un ciego no se daba cuenta de que todo estaba armado para que abortara el intento de convocar al periodo. Se trataba de desaforar a un exmoreno y a un petista. Las alianzas se respetan para que se respeten los votos a la hora que se necesitan.

¿Qué hacer para que no se note que protegen a uno de ellos?

¡Eureka! En un solo dictamen metieron los dos desafueros; los nombramientos del titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino. Pero también la prórroga de un mes a la entrada en vigor de la ley que prohíbe la subcontratación.

De última hora incluyeron sospechosas modificaciones en los tiempos de la revocación de mandato, la regulación de la propaganda y las facultades del INE. Todo en el mismo paquete. Así nomás, sin dictámenes ni consensos.

“Qué casualidad que una vez que han perdido la mayoría calificada en la Cámara de Diputados quieren procesarla con extrema urgencia”, destacó el diputado del PAN, José Elías Lixa, uno de los que votó en contra del extraordinario.

Dijo más: “Seamos claros, no pretenden hacer cambios a la iniciativa, sino modificarla absolutamente para dar plena libertad presupuestal y propagandística al Ejecutivo federal. Desde luego que este asunto es gravísimo”.

* La sesión de la Comisión Permanente estuvo plagada de errores, desaseo legislativo, maromas de Morena y sus aliados, debates estériles. Era un ir y venir interminable. Un caos.

Vimos a panistas dividirse en la votación (dos de seis votaron favor del dictamen), a morenistas que cuestionaban la estrategia de sus jefes parlamentarios, a priistas avalando la cancelación del extraordinario.

El mundo bizarro, pues.

El presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, desechó definitivamente el dictamen luego de que, en votación económica, el pleno votara en contra de que se devolviera a comisiones para volverse a discutir. Lo cantó desde la tribuna.

No era lo que Morena tenía planeado. Al desechar definitivamente el dictamen se llevaba entre las patas las modificaciones al outsourcing —la ley dice que entrará en vigor el primero de agosto—; los citados nombramientos, y los sospechosos cambios sobre el revocatorio.

Larga la discusión sobre si se enviaba nuevamente a comisiones. Se impuso la voluntad de Morena. Se repitió la votación y esta vez ganó el sí. No se desechó.

“Nunca había visto tanta maroma en los tres años que llevo en el Senado”, nos dijo Damián Zepeda. El senador del PAN no prejuzgó sobre la inocencia o culpabilidad de Toledo y de Huerta. “He sido testigo de abusos, pero no por eso avalo pactos de impunidad y eso es lo que está pasando”, afirmó.

Xóchitl Gálvez, su correligionaria del PAN, completó: “por supuesto que están protegiendo los votos de sus aliados (del PT) Todo esto lo hicieron adrede”.

* Hay noticias del PRI mexiquense. Elías Rescala Jiménez rindió protesta como coordinador del grupo parlamentario tricolor en el Congreso local, y Gustavo Cárdenas Monroy será coordinador de la bancada del Estado de México en la legislatura federal.

Rescala, hombre muy identificado con el gobernador Alfredo del Mazo, se comprometió a construir acuerdos en el Congreso, “siempre en busca del interés superior del Estado”.

Cárdenas adelantó que la voz de la bancada mexiquense en la Cámara de Diputados federal será firme, respetada y valiosa.

Astillero

Ruega: no deje solo a México // Residuo peñista-perredista // Casarrubias: muerte y bruma

Julio Hernández López

No fue un acto desesperado o propio de un botarate: Silvano Aureoles Conejo fue a la Organización de Estados Americanos (OEA), el repudiado instrumento histórico de intervención de Estados Unidos en asuntos continentales, a sentar las bases para eventuales acciones correctivas contra el proceso político que se vive en México, denominado Cuarta Transformación.

Pedirle a Luis Almagro, tan dúctil ante las instrucciones del poder estadunidense, que “no deje solo a México en este escenario de riesgo que puede llevarnos a la configuración paulatina de un narcoestado”, es no solamente un acto de hipocresía redomada (Aureoles, el deficitario y cómplice gobernador de Michoacán, ¡denunciando un “ narcoestado”!), sino una provocación sembrada, un antecedente formal en espera de evolución que justifique acciones contra un gobierno y un Presidente de la República a los que buscan deponer por la vía que sea.

Aureoles, vale recordarlo, llegó al poder ejecutivo de Michoacán merced al empuje de Enrique Peña Nieto, ocupante de Los Pinos que encontraba en Silvano características similares a las suyas en cuanto a frivolidad en el ejercicio del cargo y proclividad sin remilgos a las mieles de ese poder. Michoacán, como otras entidades del país, suelen ser asumidas en términos de gobierno como un regalo para efectos de enriquecimiento, sobre todo si se practica una aceitada convivencia con los poderes criminales dominantes.

Convertido en el último de los perredistas en ocupar una gubernatura, pues Morena le ganó por la vía de Alfredo Ramírez Bedolla, luego que las autoridades electorales tumbaron a Raúl Morón, Aureoles Conejo se sentó en un banquito verde a montar un espectáculo itinerante de presuntas preocupaciones republicanas, a destiempo, y de rechazo a los narcopoderes, también a destiempo, cuando él ya va de salida.

Así, dijo ante el impugnado Almagro, en la sede de la OEA, también tan impugnada, que le movía la preocupación por la profunda crisis de inseguridad que vive México y por el riesgo de que en 2024 haya un “ narcopresidente”. Consideró que es urgente la participación de la OEA para que el Estado mexicano reconozca la gravedad del problema y auxilie en la revisión de la actual estrategia nacional de seguridad. En pocas palabras, el todavía gobernador pretende que un personaje, Almagro, caracterizado por generar condiciones para golpes de Estado como el de Bolivia, se meta en los asuntos nacionales que, por difíciles que fueran, deben ser resueltos sólo por los propios ciudadanos de esa nación.

La muerte de Mario Casarrubias Salgado, quien fue jefe del grupo delictivo llamado Guerreros Unidos, cierra de una manera brumosa una probabilidad de acuerdos con el gobierno federal para que ese personaje, clave en los sucesos que llevaron a la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, hubiese hecho declaraciones y revelaciones sobre aquellos hechos aún no esclarecidos en términos judiciales.

Vidulfo Rosales, abogado de familiares de los jóvenes desaparecidos, declaró que había una ruta de trabajo de acercamiento de las autoridades con esta persona, en el sentido de que pudiera aportar datos de relevancia para dar con los responsables de la desaparición de los jóvenes (…) había una ruta, sí había acercamientos con él, había diálogos que se estaban haciendo y estaban muy avanzados.

Diabético e hipertenso, Casarrubias fue alcanzado en el penal por el Covid-19, según la versión oficial, y a pesar de los esfuerzos médicos, falleció. Y se llevó a la tumba la posibilidad de haber hecho declaraciones formales, judicialmente válidas. Aunque es de esperarse que en esos diálogos sin validez jurídica le hayan dado al gobierno obradorista datos y claves importantes sobre lo sucedido en Iguala, Guerrero. Por lo pronto, hoy habrá reunión del subsecretario Alejandro Encinas con los familiares de los desaparecidos.