Lo que dicen los columnistas

Número cero

El decretazo y los jueces

José Buendía Hegewisch | Excelsior

La respuesta del gobierno a la Corte por su fallo contra el decretazo que reserva información de las megobras del sexenio profundiza la guerra con el Poder Judicial en las costuras de la ley, para mantenerse lejos de su alcance y del escrutinio público. La escalada es peligrosa porque no se confrontan razones jurídicas, sino visiones políticas de la justicia.

El encono asciende como toda espiral bélica: del ataque verbal contra la ministra Piña a desconocer fronteras, ignorar decisiones y defender la ley para socavar equilibrios entre poderes. En el fondo, el gobierno ve a la Corte como vehículo de ataques políticos o de la guerra ritualizada contra la ley de grupos de poder que la usan en beneficio individual. ¿Qué poderoso acusado de un delito no tiene un amparo en el bolsillo?

Cuando el Presidente pide al gobierno no contestar ni el teléfono a los ministros, algunos ven un síntoma de salud de la división de poderes. Pero les sería más difícil admitir que no escuchar sus fallos pone en riesgo el respeto por los derechos individuales, en este caso, el de saber de los actos de las autoridades. Pasan por alto estas prerrogativas por considerarlas una Quinta Columna para paralizar obras y proyectos públicos valiéndose del Poder Judicial.

La Corte, con una mayoría de 8 contra 3 ministros, declaró inconstitucional un decreto de 2021 que resguarda la información de los grandes proyectos como el Tren Maya o Dos Bocas por motivos de seguridad nacional, con base en una controversia del Inai. La mayoría aceptó el argumento del ministro González Alcántara para tumbarlo por obstaculizar e inhibir el derecho de acceso a la información pública. Los pronunciamientos en contra, entre ellos del expresidente Arturo Zaldívar, consideran que el argumento es una inferencia porque su objetivo no es ocultar información, aunque la sitúa en el mismo supuesto de reservas de la ley de transparencia.

¿Para qué el decreto entonces? El gobierno contesta a la pregunta con otro decreto que, además de insistir en la clasificación de seguridad nacional, apela al interés público de las obras para que ningún particular pueda detenerlas como ha ocurrido con amparos contra el Tren Maya o el interoceánico.

De un plumazo, la ley regresa a la época en que este derecho se regía por el criterio de petición y otorgaba amplia discrecionalidad a la autoridad para decidir la validez de las solicitudes de información para cuidar el interés público, aunque se trate de un derecho que el Inai debe garantizar.

El obús vuelve a pegar en el eje del Inai. Casi inoperante desde abril cuando el Senado dejó incompleto su consejo para sesionar, y ahora maniatado para responder al nuevo decreto porque la ley exige el aval de su pleno. La CNDH o la FGR, los otros que podrían impugnar, carecen de otro criterio que defender la opacidad como recursos de la autoridad para asegurar la marcha de las obras en nombre del interés público. Y la Corte tendrá que acusar este revés en una semana que la ministra Piña ha salido mal parada por una comunicación inapropiada con el presidente del Senado.

Aunque eso no implica que el enfrentamiento decaiga. En la mecánica acción-reacción vemos que se intensifica la exigencia de jueces al Senado para nombrar las vacantes del Inai. La lógica de presión podría extenderse a la investigación de funcionarios públicos y del entorno presidencial como la reciente de un juez para indagar a López-Gatell, por actuación irregular y negligencias por el número de muertes en la pandemia.

La 4T está convencida de que el freno a sus iniciativas en la Corte o a través de amparos de sus obras son una estrategia de golpe blando del Poder Judicial, aun a costa del respeto a los derechos individuales. Peor aún, los miran como parte del arsenal de sus oponentes para atacarlos, como emplean la transparencia y el acceso a la información para detener sus obras. La persecución de sus funcionarios servirá para confirmar la teoría del uso de la ley contra ellos por motivos políticos.

El desacuerdo profundo sobre la ley es la larga sombra que se proyecta sobre la guerra abierta del presidente con la Corte, en la que el INAI es una víctima visible del principio de acción reciproca que enfrenta a las instituciones de la República con armas legales cada vez más potentes y sofisticada.

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Entre la autoalabanza y los hechos consumados

Carlos Ornelas | Excelsior

La subsecretaria de Educación Básica, Martha Velda Hernández, alegó que pronto la SEP pondrá en marcha nuevos planes y programas de estudio para prescolar primaria y secundaria.

“Palo dado ni Dios lo quita”, reza un refrán. Al tiempo que la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya remacha consignas como si fueran mantras, su dependencia prepara un golpe curricular para agosto próximo. Nos sorprenderá, dice la subsecretaria de Educación Básica.

Como se sabe, en su acepción alejada de la divinidad, mantra significa la reiteración invariable y monótona de un dicho o un conjunto de frases que invocan algo que puede ser imaginario. En el encuentro internacional Educar es Transformar, organizado por el gobierno de Sonora, la secretaria Ramírez Amaya sostuvo: “[…] para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la educación es un derecho del pueblo y no un privilegio para unos cuantos, ya que así se combate la desigualdad, el racismo y todas las formas de discriminación, además de construir una enseñanza que reconoce la diversidad” (Boletín SEP 95, 18/V/23).

Si no en el texto, sí en el espíritu del artículo 3, desde 1917, se dispuso que la educación es un derecho. En la reforma de 1993, en el primer párrafo el legislador asentó: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación”. La reforma de 2019, que impulsó López Obrador, nada más cambió la segunda palabra y el género de la primera, “Toda persona…”. Lo que dice la secretaria Ramírez es que es un derecho del pueblo, no de cada persona. Aunque el cambio de palabras pudiera ser inocente y sólo implicar un cambio retórico (el pueblo es una palabra cara a la Cuarta Transformación), acaso el sesgo ideológico va más allá de la gramática. Tal vez los fifís y los conservadores no sean parte del pueblo; menos los mestizos, según los documentos de la misma SEP. Pero a la secretaria le encanta echar flores a su gestión.

La subsecretaria de Educación Básica, Martha Velda Hernández, en entrevista con Laura Poy (La Jornada, 18/V/23), alegó que pronto la SEP pondrá en marcha nuevos planes y programas de estudio para prescolar primaria y secundaria: “Estamos nerviosos, pero en agosto nos van a ver y se van a sorprender, como los hemos sorprendido siempre… estamos en la insistencia de elaborar la familia completa de libros de texto gratuitos, es decir, de primero a sexto grado de primaria, así como por primera vez de los tres grados de secundaria… Seguramente los tendremos todos”.

Pero la sorpresa ya no será tan sorpresiva, la subsecretaria nada más confirmó lo que ya se sabía, aunque por meses la SEP trató de mantener los libros en secreto. Y sí, será por primera vez que toda una nueva generación de libros de texto gratuitos para nueve grados se pondrá en las escuelas (si es que llegan).

Aunque Hernández aseguró que la SEP tiene evidencias de que sí hubo consultas a docentes y padres de familia para la construcción de esos materiales, no dice a cuántos consultó. Sospecho que fueron pocos. Pero en agosto nos enfrentaremos a hechos consumados y, aunque el Poder Judicial conceda amparos, el gobierno no dará marcha atrás.

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¿Quiénes forman el primer mundo?

Antonio Gershenson | La Jornada

Cualquier opinión, en sí, es un medidor y evaluación de la certeza y calidad de la información que obtienen las personas. El punto de vista de cada quien tiene un valor social y también uno cultural. Las diferentes expresiones nos muestran cómo vamos interpretando la realidad y, gracias al método de análisis propuesto por Federico Engels y Georgui Plejánov, filósofos y economistas marxistas, contamos con un arma importante para acercarnos a la verdad.

El materialismo histórico permitió a la investigación política de los años 50 y 60 señalar las condiciones económicas que llevaron a la clasificación del mundo, de acuerdo con el desarrollo y el crecimiento de los países.

Sin embargo, en la actualidad, el mundo se ha convertido en una versión globalizada del libro de Sara Sefchovich, País de mentiras . Se miente con la facilidad con la que se respira o se bosteza. El hábito de ocultar la verdad va encontrando mayores fracasos al intentar confundir a la población. El antídoto para identificar y rechazar la mentira es la información veraz y diversa que, en el caso de México, han logrado las redes sociales y los analistas políticos de las páginas web, el YouTube y otros. Es una opción para acercarse a la verdad.

Y, aunque el hábito de mentir de la oposición, léase prianprd, ha sido denunciado constantemente, también es aceptado como arma de defensa para los argumentos políticos inconsecuentes y fantasiosos, generalmente aquellos que provienen del sector de derecha de la población y avalados por las autoridades corruptas del sistema judicial, cuyas gestiones erradas han sido motivo de reclamos y críticas por permitir la impunidad.

Se pasan por alto las consignas pretenciosas de las campañas electorales de algunos partidos políticos, los ya mencionados en el párrafo anterior, instituciones políticas, otrora famosas, dominantes y dueñas del destino del país. Es decir, no se castiga la mentira, cuando sabemos por experiencia que es una acción profundamente dañina.

Un ejemplo de este modesto, pero significativo avance en la civilidad de la población nacional, es la participación masiva en la votación electoral de 2018. Se votó por una transformación de la realidad y por el deseo de contar con un gobierno anticorrupción decidido a rescatar la soberanía, en todos los sentidos, del país.

En pocos años, relativamente, se han desdibujado las fronteras entre el primer mundo, el segundo y el tercero. México estaba incluido en los países del tercer mundo. Y, de acuerdo con diversos estudios y análisis hechos por especialistas en economía, sociología, ciencia política y otras más, la división entre países ricos y pobres no ha desaparecido, pero sí se ha difuminado por el crecimiento de la clase media en países considerados, hasta hace pocos años, como atrasados o en vías de desarrollo.

El primer mundo, el segundo y el tercero, como lo había explicado en 1952 el economista francés Alfred Sauvy, se han modificado sustancialmente. En este proceso, el mejor de los ejemplos ha sido la transición que está experimentando la República Popular China, país que, según el presidente Xi Jinping, su sistema económico, avalado una vez más durante el XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, se ha desarrollado dentro del ámbito socialista al estilo de esa nación. No existe temor de que para 2030 la clase media aumentará aproximadamente a 500 millones del total de su población.

Otras opiniones, en el caso de México, también van en el sentido de que el aumento de la clase media podría fortalecer la transformación que se está gestando. Al cambiar el presente gobierno, existe el ánimo colectivo de que, quien esté al frente del Poder Ejecutivo, se garantice la continuación de la transformación de la vida política, económica y social en general. La consigna que alimenta y alimentará el actual proceso es el combate a la corrupción, la impunidad y la mentira.

Los cambios sustanciales en la recuperación de la dignidad de la población y sus gobiernos, prácticamente, tendrán su base en la disminución de la pobreza, la insalubridad, el belicismo, la delincuencia, el analfabetismo, en la participación de la población en actividades como el arte, el deporte, la literatura y otras de formación social de gran importancia.

Actualmente, en países de Europa y América los índices de deterioro social, el aumento de indicadores como el analfabetismo, el hambre, la violencia, la delincuencia en todos los estratos sociales, la escasa seguridad médica y de salud pública, las viviendas inalcanzables por sus precios y condiciones de crédito, complican las expectativas de vida.

¿Cómo llamaremos a los países ricos con gran deterioro social? Algunos muestran gran capacidad financiera para la fabricación de armamento bélico, como es el caso de Estados Unidos y otros en Europa (OTAN). Por otro lado, es evidente el poco financiamiento para controlar el aumento de indicadores de pobreza. Ya no podremos llamarles primer mundo.

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Socialismo y migración

Jorge Durand | La Jornada

Los procesos migratorios, en general, se planteaban como un fenómeno que respondía a la oferta y la demanda. En América, se decía que sobraban las tierras feraces y que se requería de colonos y trabajadores que las cultivaran. La larga marcha de migrantes hacia el lejano oeste es un buen ejemplo. En términos más formales, se decía que los países ricos en capital solían ser pobres en mano de obra y es ahí donde confluía la oferta y la demanda. Hoy los países ricos suelen tener poblaciones envejecidas y no sólo requieren mano de obra, sino de servicios personales y cuidados especiales; si bien no hay personal nativo que quiera realizarlos, los migrantes sí están dispuestos a llevar a cabo esas labores.

Los países socialistas no atraen población, en realidad la expulsan, por eso suelen controlar las entradas y las salidas. En algunos países ni siquiera está permitida la migración interna. En Cuba la migración hacia La Habana está controlada por medio del acceso a la vivienda y los sistemas de control de cada barrio o comuna. Los cubanos que viven en Santiago no pueden disfrutar de los dólares del turismo habanero.

Pasa lo mismo en China, donde la población campesina no puede ir ni quedarse a vivir en las ciudades, mientras el acceso a la vivienda está restringido y controlado.

Por el contrario, en la Rusia soviética hubo una gran migración entre los países del bloque, hasta el punto que, con el desmembramiento de la URSS, las estadísticas señalaban a esta región como la más relevante a nivel mundial en temas migratorios.

En Latinoamérica, en los tres países llamados socialistas, los procesos son diferentes. En Cuba siempre han existido restricciones para salir y volver, lo que resulta fácil dada su condición de insularidad. El proceso de salida es complejo, se requiere de un pasaporte vigente, de una visa, de dinero para el viaje y de muchas razones y constancias que justifiquen la salida y que convenzan al agente migratorio o al político a fin de que dé el visto bueno. La otra opción es la balsa.

No es el caso de Venezuela ni de Nicaragua, donde la salida por múltiples pasos fronterizos legales o trochas irregulares facilitan la salida e impiden que se pueda ejercer un control estricto. Si bien en Venezuela acceder a un pasaporte puede ser un suplicio, en ambos casos se podía transitar, entre países vecinos, sin pasaporte ni visa, gracias a los acuerdos regionales de libre circulación. Este fue un factor que facilitó la emigración y el tránsito por diversos países de América Latina.

Las razones para explicar la emigración de estos países son muy conocidas: la falta de libertad, la persecución política, la carencia de oportunidades, la ausencia de bienes de consumo, el racionamiento, etc. No obstante, en Cuba la población tiene acceso universal y gratuito a la salud, al estudio y a un trabajo que proporciona el Estado; no así en Venezuela ni en Nicaragua.

Más allá de los factores internos, en el caso cubano existe y persiste un efecto llamada de Estados Unidos. Por más de medio siglo, los cubanos que llegaban a ese país tenían asegurado el asilo, lo cual era un factor crucial en la política de desestabilización de Cuba por parte de Estados Unidos, al facilitar la emigración. Este factor no opera en Venezuela ni en Nicaragua, salvo el atractivo que siempre ofrece el imperio, así como el sueño americano.

Donde sí hay coincidencias es en el carácter persecutorio de los regímenes socialistas con respecto a sus opositores; en un tipo de democracia sui géneris donde los dirigentes se perpetúan en el poder y donde la oposición, que quiere participar en elecciones, es fácilmente defenestrada, como acaba de pasar en Nicaragua. Todo esto genera migración.

Otra coincidencia tiene que ver con la clara conciencia que tiene la población, de que viven en un régimen socialista. No sucede lo mismo con el modelo capitalista neoliberal, en el que gran parte de la población no tiene conciencia de lo que es ni de lo que implica. En ese sentido, la mayoría de la población de los países socialistas tiene claridad con respecto al fracaso del modelo económico socialista y la falta de ciertas libertades, como la libre circulación.

Por el contrario, en el capitalismo no hay esa conciencia generalizada del fracaso de un modelo, que hace más ricos a los ricos y pobres a los pobres, ni siquiera entre los más desprotegidos y explotados. La ideología neoliberal impregna a todos los estratos de la población hacia un consumismo desmedido, con la globalización todo está al alcance de los ojos, pero no de la mano y menos aún del bolsillo.

La emigración en los países socialistas puede ser fomentada por los mismos gobernantes como una válvula de escape para paliar los problemas sociales, económicos y políticos del régimen. Por su parte, en Venezuela, es claro que al tener 7 millones de opositores en el exterior resulta imposible una rebelión. Lo mismo pasa en Nicaragua, donde todos los posibles candidatos a la presidencia fueron encarcelados.

La emigración es inherente a los regímenes capitalistas, pero también a los socialistas.