LO QUE DICEN LOS COLUMNISTAS

Libertad y responsabilidad de los medios

Ernesto Villanueva

Proceso

Al margen de las agudas diferencias de percepción y de criterio que vive México, la calidad de los contenidos- por cuanto a su veracidad, imparcialidad y criterios de selección de qué es noticioso y qué no lo es y porqué – debe ser evaluada.

Siempre he creído que en materia de comunicación debe haber la más amplia libertad que sea posible con las mínimas restricciones que sean necesarias en una sociedad democrática. Las libertades de pensamiento, de expresión y de información son no sólo derechos humanos, sino derechos fundamentales; es decir, prerrogativas establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los distintos tratados y convenciones internacionales reconocidas por México.

La protección de estas libertades en el Poder Judicial de la Federación no es nueva; antes bien, se aprecia de vieja data. En efecto, ya desde el 8 de febrero de 1934, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió una sentencia mediante la cual se otorgaba el amparo de la justicia federal al C. Juan Malpica Silva, quien había sido condenado por el juez primero de primera instancia de Veracruz por los delitos de difamación y calumnias en perjuicio del gobernador de ese estado, Adalberto Tejeda, quien interpuso la querella correspondiente por un artículo publicado en el diario El Dictamen de esa entidad.

En el segundo considerando para otorgar la protección de la justicia federal al promovente, la Corte señalaba que: “Ilógico sería prohibir la libre censura de aquellos actos del Poder que son ilegales, arbitrarios o inmorales, a juicio, naturalmente de los ciudadanos que ejercen el derecho de crítica y, de ningún modo, a juicio de las autoridades. La persecución de las ideas de crítica aun en el supuesto de ser equivocadas o apasionadas, la censura no conseguiría más fin que extender y propagar el error o la pasión de los que censuran sin razón los actos de los funcionarios públicos.”

En Estados Unidos, la clásica sentencia de 1964 de The New York Times vs. Sullivan, de la Corte Suprema estableció que: “El debate sobre temas públicos debe ser desinhibido, robusto y ampliamente abierto, y bien puede incluir ataques vehementes, cáusticos, y a veces desagradables y afilados, contra el Gobierno o los servidores públicos …una decisión que obligue al que critica la actuación oficial a garantizar la verdad de sus decisiones, y que tenga que hacerlo bajo la amenaza de juicio por libelo y que se puedan pedir indemnizaciones prácticamente ilimitadas, conduciría a algo comparable a la autocensura”.

De igual modo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha generado jurisprudencia desde el caso Handyside donde sostiene que: “La libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de la sociedad, una de las condiciones primordiales para su progreso y para el desarrollo de los hombres. Al amparo del artículo 10.2 es válido no sólo para las informaciones o ideas que sean favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquéllas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una

fracción cualquiera de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática”.

Y en España, el Tribunal Constitucional ha argumentado a partir de la sentencia 85/1992 que la libertad de expresión “no sólo ampara críticas más o menos inofensivas e indiferentes, sino también aquellas otras que puedan molestar, inquietar, disgustar o desabrir el ánimo de la persona a la que se dirigen, siendo más amplios los límites permisibles de la crítica, cuando éstas se refiere a las personas que, por dedicarse a actividades políticas, están expuestas a un más riguroso control de sus actitudes y manifestaciones que si se tratase de particulares sin proyección pública”.

Estas últimas sentencias han sido retomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para consolidar su postura sobre el tema. Con todo, las libertades de expresión e información no son absolutas en ningún lugar del mundo, ni en las Constituciones, tampoco en los tratados y convenciones internacionales. En este gobierno se ha dado un ejercicio intensivo de esas libertades. Los contenidos de los medios son prueba palpable de lo anterior, así como la ausencia del uso de medios legales o metajurídicos del Estado para inhibir la difusión de informaciones y opiniones. Sería cuesta arriba que los límites legítimos a estas libertades provengan de órganos administrativos del Estado.

Ya se ha visto, por ejemplo, que la sección de la conferencia de prensa presidencial “Quién es quién en las mentiras” ha resultado un ejercicio que carece del mínimo rigor metodológico, prevalece la subjetividad y se hace al margen de los estándares jurisprudenciales en la materia. Habría que voltear hacia otra parte para crear mecanismos de responsabilidad mediática. En la experiencia comparada existen tres vías complementarias, los estatutos de redacción, los sistemas de autorregulación y las veedurías u observatorios de medios. (Para un estudio de estos temas ver mi obra Autorregulación de la prensa: una aproximación ético-jurídica a la experiencia comparada. México. Miguel Ángel Porrúa. 2002).

En México no existe el primero, el segundo aparece sólo de manera simbólica en la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión y el tercero también está ausente. Al margen de las agudas diferencias de percepción y de criterio que vive México, la calidad de los contenidos- por cuanto a su veracidad, imparcialidad y criterios de selección de qué es noticioso y qué no lo es y porqué – debe ser evaluada porque el derecho a la información de la sociedad mexicana es al final del día la razón que justifica la existencia de los medios.

A mayor incidencia en las pautas de comportamiento de las personas más debe haber un control de calidad a la luz de los principios contenidos en los códigos deontológicos de los países democráticos. Los caminos de lo urgente han extraviado el sendero hacia lo importante. Hay que encontrarlo.

Arsenal

La justicia en tiempos de la 4T

Francisco Garfias

Excelsior

Rosario Robles seguirá encerrada por un delito que no amerita prisión preventiva: ejercicio indebido de la función pública, vinculado a la famosa Estafa Maestra. Así lo determinó anoche el juez Ganther Alejandro Villar Cevallos.

Emilio Lozoya, confeso de recibir millonarios sobornos de Odebrecht, no ha pisado la cárcel. Está en su casa y puede ir a restaurantes de lujo sin problemas. “Es legal”, dice AMLO.

* El juez negó la prisión domiciliaria a la exsecretaria de Estado con el argumento de que eso facilitaría los medios para abandonar el territorio nacional.

“Cuando él argumenta alto riesgo de fuga, dice que los hermanos tenemos las condiciones para ayudarla a fugarse”, nos comentó, entre irónico e incrédulo, Francisco Robles.

El juzgador alegó también que el deterioro de la salud de la exsecretaria de Estado no es obstáculo para que permanezca en la cárcel de Santa Martha Acatitla.

En otras palabras, Villar Cevallos se pasó por el “arco del triunfo” el amparo que el Noveno Tribunal Colegiado Penal concedió a Robles. Ese amparo ordena reponer el procedimiento mediante el cual le dictaron a Robles prisión preventiva justificada.

Los integrantes del citado Tribunal confirmaron el fallo que dictó el juez de amparo, Augusto Octavio Mejía, quien declaraba “infundados e inoperantes” los argumentos de la FGR para pedir que se mantuviera encerrada a Rosario, con base en el supuesto riesgo de fuga.

* Rosario fue encarcelada el 13 de agosto del 2019. El juez Felipe Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, enconada adversaria de la exsecretaria de Estado, se valió de una falsa licencia para enviarla a Santa Martha Acatitla.

Al igual que ayer, el juez alegó riesgo de fuga y le aplicó, en forma discrecional, una medida cautelar que se presta para consumar venganzas políticas o personales: prisión preventiva justificada.

Dos años dos meses después de su aprehensión, el Tribunal Colegiado en materia penal otorgó el amparo.

“Mi madre está acusada por un delito no grave. Nunca debió haber pisado Santa Martha Acatitla. La omisión no merece ningún tipo de medida cautelar”, dijo Mariana Moguel, hija de Rosario.

Mariana reclamaba ayer justicia de “piso parejo” para su madre antes de iniciar la audiencia. Simplemente, no llegó.

La Fiscalía General de la República tiene una segunda orden de aprehensión por delitos graves: lavado de dinero y delincuencia organizada.

* Hablábamos ayer de la frustración que provoca en la alianza Va por México la negativa de MC a sumarse al bloque opositor para hacer frente a Morena y sus rémoras.

Testigos presenciales nos cuentan que en la última reunión entre los dirigentes Marko Cortés, PAN; Alito Moreno, PRI, y Jesús Zambrano, PRD, se llegó al extremo de calificar de “esquiroles” a los integrantes del partido naranja, que comanda Dante Delgado. En esa reunión, el empresario Claudio X. González, líder de Sí por México, habría

sugerido a los mencionados dirigentes de la alianza Va por México: “Si no van juntos, no se agredan”.

Ese mismo día anunció que buscaría a los dirigentes de Movimiento Ciudadano para hacerles idéntica recomendación.

Sí por México es una organización ciudadana muy activa en el tema político. Pidió ayer a MC sumarse a la alianza Va por México “para echar a Morena del poder”.

“Tenemos una muy buena relación, mucha simpatía por Movimiento Ciudadano y, efectivamente, nos gustaría que se sumen a la coalición electoral para la elección del 24”, dijo.

Claudio ofreció la rueda de prensa junto con el exdirigente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos; Beatriz Pagés, vocera de Sí por México, y la activista Argelia Núñez.

Nos dicen que González ya habló con Dante, pero que el dirigente de MC es alérgico a las alianzas.

Le preguntamos al diputado emecista, Salomón Chertorivski, su opinión sobre una eventual coalición con Va por México. Fue muy claro en su respuesta: “Diálogo del bueno todos, electoralmente ya hemos tomado una definición”, subrayó.

* Arropado por los secretarios del Trabajo, María Luisa Alcalde, y Román Meyer, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, llegó Ramón Neme Sastré a la reapertura del Estadio Olímpico de CU a presenciar el partido Pumas-Bravos.

Nada tendría de extraordinario salvo que Neme Sastré, compadre de Adán Augusto López Hernández, se ”destapó” como el próximo presidente de los Pumas. Dice que vendrán cambios importantes en el equipo.

Astillero

Empresarios dan línea a partidos // Candidatura presidencial unitaria // Rosario Robles seguirá presa // Embajador de EU, en el sureste

Julio Hernández López

La Jornada

Cuatro fueron las figuras presentadoras del nuevo paso que los estrategas de una parte del gran capital han diseñado para los partidos políticos que han estado empleando en busca de desgastar y sustituir el proyecto encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Tres de esos anunciadores son de índole absolutamente empresarial: Claudio X. González Guajardo, orquestador en jefe; Gustavo de Hoyos, ex dirigente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y Argelia Núñez, quien fue directora de Coparmex en La Laguna. La cuarta partícipe es Beatriz Pagés, directora de la revista Siempre y militante priísta durante décadas; madracista que renunció al tricolor en junio de 2019.

González Guajardo y De Hoyos informaron que están convocando a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática a presentar una candidatura presidencial única en 2024, con el objetivo de echar fuera de Palacio Nacional a López Obrador y Morena. A ese propósito invitan

también a Movimiento Ciudadano, que hasta ahora ha sostenido que se presentará por sí a próximas elecciones.

Los activistas empresariales, Claudio y Gustavo, estuvieron en días pasados en la sede nacional del PRI para tratar de impedir que este partido vote en sintonía con Morena y sus aliados en el tema de la reforma eléctrica. La justificación que se asignan, para ese insólito intervencionismo, proviene del organismo llamado Sí por México, que devino en la coalición electoral y legislativa llamada Va por México. Y, como por falta de membretes no se ha de sufrir, ahora se añade, en este proyecto unitario, Ciudadanos al Rescate Nacional, Cirena, que hace rima con Frena y pretende confrontar a Morena.

En otro tema: el juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos estimó que prevalecería el riesgo de que Rosario Robles Berlanga, dos veces secretaria del gabinete peñista, pudiera darse a la fuga si se le permitía salir de la cárcel, donde está desde agosto de 2019 bajo una acusación menor (ejercicio indebido de servicio público en la modalidad de omisión), en comparación con el monto y las complicidades tejidas para el saqueo de dinero público (más de 5 mil millones de pesos) conocido genéricamente como estafa maestra.

Mantener en la cárcel a la ex dirigente perredista y ex jefa sustituta del Gobierno capitalino provocó las críticas inmediatas de quienes consideran que se le castiga por revanchismo político, utilizando como coartada pruebas presuntamente falsas para negarle la posibilidad de que siga su proceso penal en prisión domiciliaria o con libertad de movimiento restringido y uso de brazalete electrónico de control (al estilo Emilio Lozoya). Sin embargo, el juez federal no se detuvo en este punto de las pruebas presuntamente falsas y consideró que subsiste el alto riesgo de que ya fuera de la prisión intentara darse a la fuga.

Aún entre las aguas judiciales oscuras y siempre susceptibles de la acción bajo consigna, con una Fiscalía General de la República en sistemática y sospechosa lentitud e impericia, y con un proceso por la mencionada estafa maestra que mantiene en la impunidad a muchos de sus principales involucrados, ha de recordarse que en el caso de Robles Berlanga aún hay pendiente otra orden de aprehensión que pudo haberse cumplido si la ex secretaria hubiera sido beneficiada ayer con el buscado cambio de medidas cautelares.

Y no se olvide que en el fondo, en lo sustancial, en el robo a la nación, ni se ha hecho justicia ni las acciones en curso de la fiscalía federal parecen buscarla, al menos en lo inmediato.

Y, mientras el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, de manera sugerente acompaña en una mesa principal de Villahermosa el encuentro oficial de siete gobernadores del sureste, acompañado por el canciller Ebrard (por cierto, al embajador le hizo mal comer demasiadas frutas, por lo cual el encuentro hubo de suspenderse en dos ocasiones).