Lo que dicen los columnistas

Las trancas de López Obrador

Julio Faesler

Excelsior 

Las perspectivas para las elecciones en el tiempo de aquí a julio de 2024 que están por celebrarse son de cuidado. Una vez más hay mucho en juego.

Llevamos cuatro años de un programa centralizador del poder en un ensayo personalista, so pretexto de justicia social. Al ir terminando su sexenio López Obrador no ha alcanzado ni la mitad de su programa de socialismo tropical. El desmantelamiento de entidades que, con sus defectos, venían sirviendo, deja un triste saldo negativo de pobreza y enfermedad. Los sistemas de salud, de atención a la familia, de educación y respaldo a la ciencia sufren el abandono de asesinos recortes presupuestales.

Las bases populares que sostienen encuestas notoriamente favorables al gobierno del orden de más de 60% llevan tiempo sufriendo las realidades de la austeridad, que es cuesta para instaurar la Cuarta Transformación.

La variada colección de apoyos a adultos, jóvenes, estudiantes, campesinos y pescadores en las franjas más necesitadas de la población será la herencia más importante que el Presidente deje a su sucesor. Muchos estamos de acuerdo con la validez de ciertos apoyos que sostienen los niveles mínimos de consumo. Al faltar su indispensable contraparte, el estímulo financiero a la producción, la estrategia quedó truncada. Dejada la economía al arbitrio de la banca comercial, la producción pequeña y mediana sigue luchando su batalla diaria para subsistir, sin mencionar el inhumano atraco de mafias que lo esquilman sin temor a una policía inexistente, mientras el alto empresariado nacional, cultiva sus lucrativas relaciones internacionales.

La tensión aumenta. La sociedad azuzada desde las mañaneras se divide. No basta que la clase popular, rescatada, en parte, de la pobreza, se confíe en que los programas sociales en marcha seguramente serán respetados por la próxima administración presidencial. Esos apoyos no han elevado los niveles de vida a los que hay en otros países. Tampoco han convencido a cientos de miles de mexicanos a quedarse en casa y a no sumarse a los de centroamericanos y caribeños a buscar fuera mejores horizontes.

En este preocupante panorama sociopolítico se realizarán las elecciones que, con las de Coahuila y el Estado de México, arrancan este año un proceso que, además de la presidencial, se extenderá todo el 2024 en 9 estados de la República y 30 congresos locales.

Previsor de una posible derrota en 2024, López Obrador intentó su reforma electoral para asegurar la continuidad transexenal de su proyecto tropical-socialista. Al no alcanzar los votos suficientes para un cambio constitucional, urdió el plan B que, de aprobarse en ambas cámaras legislativas, busca inhabilitar al INE reduciendo sus cuadros profesionales, cerrando organismos electorales locales mediante la rebaja de su presupuesto y elección popular de consejeros.

Llegado a la Presidencia gracias a una vigilancia efectiva, AMLO larga andanadas interminables de insultos al INE acusando a sus consejeros de ser corruptos, cuando todo el país ha oído de la honda y sucia corrupción con la que Morena se financia valiéndose, entre otras, de fuentes incluso mafiosas, de lo que recoge en sus tres emblemáticos proyectos.

Lorenzo Córdova, Consejero Presidente Electoral, ha denunciado a AMLO repetidas veces de destazar al INE. Los consejeros electorales denuncian las falsedades de los ataques y señalan a personajes como Manuel Bartlett, hoy jefe de la CFE, que instrumentó el fraude de 1988 por el que ganó Salinas.

López Obrador empeña su haber político en asegurarse que, debilitando la capacidad del INE para impedir maniobras fraudulentas, los resultados adversos de las elecciones sean controvertidos e impugnados. Así, contaminada la confiabilidad electoral México regresaría a los viejos tiempos del invencible, e inauguraría la estrategia de desestabilización política continuada que, típico para la mentalidad de izquierda, es donde mejor se acomoda Morena.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, quiere que se apruebe rápidamente el plan B para que, ya promulgada, sea enviada de inmediato a la SCJN, donde se interpondrán los recursos de impugnaciones ya formalmente anunciados por los partidos de oposición.

El deterioro general por el que estamos pasando es resultado de las medidas instrumentadas por el gobierno para purgar a la sociedad del sistema capitalista neoliberal que ha regido al país desde mediados del siglo XIX y regalarle los horizontes de una inspirada Transformación.

Un nuevo despertar ciudadano, en su marcha del 13 de noviembre para defender al INE y la de 26 de febrero, sigue las huellas de las campañas de los años 90 como las de Adese, Alianza Cívica y Consejo para la Democracia para continuar la brega que, paso a paso, saltando trancas, va logrando sus objetivos.

Retrovisor

Van los 11 del INE vs. plan B

Ivonne Melgar

Excelsior

Los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) avalaron públicamente este miércoles una estrategia contra el plan B que Morena y sus aliados aprobaron en el Congreso.

Quieren que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral (TEPJF) y diversas instancias a las que habrán de recurrir suspendan la aplicación de esas reformas secundarias antes del 2 de junio, fecha límite para que entren en vigor, y confían en que serán invalidadas.

Se trata de una definición colegiada que se hizo pública en la sesión de Consejo General del día 25 de enero, dejando al descubierto que ninguno de los 11 consejeros confía en la viabilidad ni en la pertinencia del plan B. El anuncio revela un evidente fracaso político de la reforma morenista: los 11 consejeros les dicen no a esas reglas electorales. La determinación manifestada ese día y en una conferencia de prensa del jueves 26 es prueba de que el golpeteo al INE y la reforma que busca descuartizarlo terminó fortaleciendo la defensa de la autonomía del árbitro electoral, y que la colonización que la autoproclamada cuarta transformación pretendía no se logró hasta ahora.

Y aunque Morena sigue con el cuento que qué malos son Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, sus dirigentes, funcionarios y legisladores tendrán que prepararse para la lluvia de amparos que interpondrán cientos de integrantes del servicio profesional electoral por los 2 mil 600 despidos que el Plan B conlleva, incluido el del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, quien con el respaldo colegiado impugnará el artículo transitorio que explícitamente pide su renuncia para un día después de que las reformas entren en vigor. Al respaldar el informe que enumera la gravedad de las implicaciones del plan B, los 11 consejeros fijaron postura. Aquí una muestra del tono de sus señalamientos públicos.

Norma de la Cruz Magaña: “De aprobarse el proyecto de reforma en sus términos, desde este Instituto ejerceremos y utilizaremos todas las vías jurídicas necesarias para impugnar aquello que obstaculice al ejercicio de la función electoral, vulnere nuestra autonomía y lesione los derechos laborales de las y los trabajadores de este Instituto”.

Carla Humphrey: “Resulta preocupante una reforma que queriendo dañar gravemente a nuestra institución, pretende eliminar el 85 por ciento del personal del Servicio Profesional Electoral que es, ha sido y será nuestra columna vertebral, en contra de lo que señala la Constitución”.

Martín Faz: “Es nuestro deber evidenciar con datos duros y sustento empírico, cómo esta reforma afecta los procedimientos electorales, amplía privilegios de los partidos políticos, los exime de responsabilidades, levanta restricciones a servidores públicos y debilita a la autoridad electoral, lo que sólo se puede traducir en un menoscabo en la equidad de la contienda, que tantos años ha costado construir”.

Ciro Murayama: “Esa afectación a la estructura del INE viola el artículo 41constitucional, que señala que los órganos ejecutivos y técnicos del INE contarán, cito la Carta Magna, con personal capacitado necesario. Al despedir injustificadamente violan también los derechos laborales”.

Dania Ravel: “Tomé protesta para guardar y hacer valer la Constitución y las leyes que de ella emanen y, por tal motivo, asumo como una obligación el expresar mi preocupación ante temas que no son armónicos con la norma básica y pueden representar un retroceso en términos democráticos a lo conquistado en esta materia durante más de tres décadas”.

José Roberto Ruiz Saldaña: “¿Estarían (Morena, PT, PVEM) como partidos, dispuestos a no tener el 84 por ciento de sus representantes de casilla en las jornadas electorales y representantes generales?”.

Jaime Rivera: “La más grave afectación por los efectos nocivos, por la forma burda, hasta brutal de proponerse, es la amputación de los órganos distritales del Instituto Nacional Electoral, y la mutilación de las juntas locales y direcciones ejecutivas y unidades técnicas; busca esta reforma suprimir los brazos ejecutores de las atribuciones del INE y, por lo tanto, afectar gravemente a la democracia mexicana”.

Adriana Favela: “Me sumaría a solicitarle al consejero presidente que se instruya al secretario ejecutivo del INE para que se presenten todos los instrumentos jurídicos para que se plantee ante las instituciones correspondientes la posible inconstitucionalidad de la reforma electoral”.

Uuc-kib Espadas Ancona: “Al no poder tomar el control del Consejo General, para decirlo en castellano, al no poder apoderarse de la cabeza (con la reforma constitucional), la opción fue mutilar el cuerpo. Nos han mutilado, pero no estamos muertos”.

Claudia Zavala: “Este tema de austeridad es un pretexto para desmantelar todas las condiciones y las garantías que hoy tenemos en nuestro sistema electoral para las y los ciudadanos y nuestra democracia se recree conforme lo decida la ciudadanía. Seguimos encontrándonos porque esto no se acaba, apenas empieza”.

Lorenzo Córdova: “Ésta es una estrategia de amplio espectro. Vamos con todo, porque aquí se trata de salvar a la democracia (…) Sí, la democracia está en riesgo, afortunadamente tenemos los mecanismos institucionales y los vamos a explotar todos, para que los órganos de control frenen a los abusos del poder que estamos viviendo, del poder, del que sea, en este caso del Ejecutivo y del Legislativo, que son los involucrados”.

Así que la ilusión morenista de que, con la salida en abril de los consejeros Córdova y Murayama, se pasaría de la ola rosa a las mareas guindas ahora sólo es eso: una ilusión. Porque a los enterradores del INE aún les espera una ruidosa primavera en su defensa.

México SA

Pemex: deuda creció mil 430 veces // Con neoliberales, avance continuo // ¿Por qué no se preocuparon antes?

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Preocupadísimos dicen estar algunos sectores por los pasivos de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo cual externan sus dudas: en 2023, dicen, ¿la empresa productiva del Estado en realidad tiene capacidad financiera para cubrir 10 mil millones de dólares de su débito, sólo este año? Y de ese monto, casi 6 mil millones deberán cubrirse en el primer trimestre. De ahí la pregunta: ¿el gobierno federal va a apoyar a pagar esa cantidad? En caso de que sí, ¿de dónde van a conseguir el dinero?

Tal cuestionamiento obtuvo respuesta del presidente López Obrador, pero esa pregunta debió plantearse desde hace mucho, tanto como 36 años, a los timoneles del régimen neoliberal que desmantelaron, exprimieron y asfixiaron financieramente, y endeudaron a niveles insostenibles a la hoy empresa productiva del Estado, siempre con afán privatizador (aunque, entregada al capital privado, de cualquier forma el pasivo lo asumía el sector público, no los nuevos participantes).

Dijo el mandatario: sí, hemos estado apoyando a Petróleos Mexicanos y lo vamos a seguir haciendo, porque es el rescate de la empresa pública más importante de nuestro país y del mundo en el sector petrolero, y todos los vencimientos de deudas anteriores se están pagando puntualmente y siempre con el apoyo de la Secretaría de Hacienda; no dejamos a Pemex sin respaldo. Hacienda tiene un plan junto con la dirección de Pemex y se va a cumplir en tiempo y forma; los recursos están contemplados en presupuesto público, en los techos de endeudamiento que autoriza el Congreso; respaldo total. Por ejemplo, disminuir impuestos a Pemex para ayudar a la empresa.

Y, sí, los pasivos de Pemex son gigantescos, pero como bien dice el filósofo tabasqueño, texto sin contexto no es útil. Por ello, no hay que olvidar que se trata de una de las nefastas herencias del régimen neoliberal: seis gobiernos al hilo que destrozaron a la empresa y la quebraron, amén de la corrupción galopante, porque era necesario, según decían, adaptarse al nuevo paradigma que depara para México desarrollo y prosperidad (Peña Nieto dixit). ¡Ole!

Pues bien, la estadística histórica de Pemex da puntual cuenta de cómo el régimen neoliberal se adaptó al nuevo paradigma: con los tecnócratas instalados en Los Pinos, los pasivo de Pemex se multiplicaron por mil 430 entre diciembre de 1982 (con Miguel de la Madrid en la residencia oficial) y noviembre de 2018 (con Peña Nieto habitándola), pero sólo hasta hoy esos preocupadísimos sectores preguntan si la empresa productiva del Estado tiene con qué hacer frente al pago de deuda y si el gobierno federal la apoyará.

De acuerdo con esa misma estadística, cuando inició el gobierno de Miguel de la Madrid (uno de diciembre de 1982), Pemex reportó pasivos totales por 2 mil 472.1 millones de pesos (de los nuevos, aunque esta figura inicio en enero de 1993, pero se utiliza para dimensionar el fardo que dejaron en la ex paraestatal); el último día de noviembre de 2018, ya con Enrique Peña Nieto de salida, sumaron 3 billones 534 mil 602.7 millones de pesos, un incremento de 143 mil por ciento en el periodo. Pero los ahora preocupadísimos no preguntaban si el erario tenía con qué responder, tal vez porque sabían que se contrataba deuda para pagar los intereses de la deuda.

Con ese nuevo paradigma, los pasivos de Pemex crecieron constantemente en los seis gobiernos neoliberales: con Miguel de la Madrid se incrementaron 14 mil por ciento, en números cerrados; cerca de 200 por ciento con Carlos Salinas; 700 por ciento con Ernesto Zedillo; casi 300 por ciento con Vicente Fox (con enormes excedentes petroleros, al igual que su sucesor); alrededor de 200 por ciento con Felipe Calderón (en su sexenio se registraron los precios más altos para el crudo mexicano de exportación; en la decena trágica panista se dilapidaron esos ingresos y muchos más), y 154 por ciento con Enrique Peña Nieto. Y nadie preguntó.

En fin, todo (versión oficial) para el desarrollo y prosperidad de México, que, dicho sea de paso, se mantienen prófugos.

Las rebanadas del pastel

Canallada contra Claudia Sheinbaum: la cara visible es la pandillera, disfrazada de alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien resguardaba propaganda con mensajes de odio en contra de la jefa de Gobierno y arengó a los trabajadores a partirle la madre a la mandataria capitalina ( La Jornada, Alejandro Cruz Flores). ¿Y dónde están Lorenzo y sus valientes? Pues en la depre, porque ya se va.