Lo que dicen los columnistas

Justicia energética es soberanía energética

Alejandra Ancheíta

Proceso

La reforma energética de 2014 se ha venido enmarcando en un discurso de apertura y mundialización de mercados, pero ha invisibilizado aún más a quienes se han visto afectados sustantivamente con ese modelo de gestión energética: las comunidades agrarias e indígenas.

En el debate internacional sobre las diferentes modalidades de políticas del sector energético está muy presente la idea de “soberanía energética”. En España y Francia, por mencionar sólo dos casos muy notorios, han sido claras las posiciones de los gobiernos de modificar el estado de cosas para depender menos de los modelos de libre mercado.

En el caso de Francia, el gobierno reelecto busca recuperar el control de la producción para asegurar la independencia energética mediante la nacionalización de empresas de ese sector.

En el caso de España, el gobierno negocia, a nivel europeo, una “isla energética” que permita fijar precios máximos en el mercado eléctrico de la zona. Los incrementos de precios energéticos generados por la guerra en Ucrania son el más reciente recordatorio sobre los riesgos de someter a los vaivenes del mercado el estratégico sector eléctrico.

En México existe, desde al gobierno federal, un claro cuestionamiento político sobre las ganancias de las corporaciones privadas (nacionales e internacionales) y los modelos de autoabastecimiento y contratos “leoninos” que las reformas eléctricas de 1992 y 2013 generaron, pues afectan sustantivamente a las finanzas públicas del país.

Con esa idea como corazón argumentativo, la actual administración ha defendido un proyecto que le devuelva soberanía energética y poder operativo a la empresa estatal de energía (CFE).

La reforma energética de 2014 se ha venido enmarcando en un discurso de apertura y mundialización de mercados, pero ha invisibilizado aún más a quienes se han visto afectados sustantivamente con ese modelo de gestión energética: las comunidades agrarias e indígenas, que han tenido que soportar los abusos y las violaciones sistemáticas y prácticas corporativas abusivas, ya presentes antes de esa reforma, pero potenciadas con esas nuevas “reglas del juego”.

En esa “nueva” visión del sector, que mira a la competitividad como el valor supremo a lograr, se han consolidado prácticas ilegales y abusivas de las empresas.

Los casos de abusos crecen y están documentados: falta de mecanismos reales de consulta a las comunidades, ausencia de información sobre los proyectos y sus efectos sociales y medioambientales, estigmatización y agresiones a defensoras y defensores, división comunitaria del tejido social, despojo violento de tierras, fabricación de contratos ilegales, entre un largo etcétera.

En síntesis: la apertura del sector eléctrico a la libre competencia y la llegada de proyectos de energía renovable ha generado que las comunidades indígenas y agrarias atestigüen “transiciones energéticas” mediante violaciones a sus derechos y el despojo de sus tierras.

Los únicos beneficiarios son aquellos quienes han torcido leyes, quienes han acaparado más tierra y quienes reciben “pagos” de empresas, lo que ha acentuado la desigualdad preexistente.

¿Cómo darle vuelta a esta lógica de injusticias? Una vía es la de aportar evidencia, a través de casos, que permita ampliar la perspectiva para cuestionar de fondo el modelo vigente de producción de energía. El caso de la comunidad de Unión Hidalgo, Oaxaca, es ejemplar e ilustrativo en ese sentido.

El caso se inicia en enero de 2017 cuando la CFE Suministrador de Servicio Básicos (CFESSB) y Eólica de Oaxaca SAPI de CV, filial mexicana de la empresa francesa Électricité de France (EDF), celebraron un contrato de cobertura eléctrica para la compraventa de energía y certificados de energía limpia por 818 mil 264.52 MWh, por un costo anual de 572 millones 609 mil 625.29 pesos.

El contrato prevé también la obligación de CFESSB de pagar a Eólica de Oaxaca una bonificación para cubrir los costos de la tarifa de transmisión de energía eléctrica y la tarifa de operación del centro nacional de control de energía asociados con la energía producida, hasta por la energía contratada; es decir, el costo por transmitir y operar 818 mil 264.52 MWh.

Para cumplir el contrato de compraventa de energía, Eólica de Oaxaca se obligó a construir, operar y mantener la central eléctrica Gunaa Sicarú, a partir de la cual pueda generar la cantidad de energía eléctrica con los certificados de energía limpia establecidos en el contrato.

El contrato no estableció la fecha de construcción de la central eléctrica, pero el permiso de generación de energía E/1922/GEN/2017 otorgado por la Comisión Reguladora de Energía, que recientemente multó a la española Iberdrola por prácticas presuntamente irregulares en el modelo de autoabastecimiento, preveía el inicio de construcción el 1 de diciembre de 2017 y la fecha de terminación para el 31 de mayo de 2019, iniciando la operación comercial el 1 de junio de 2019 o, en su caso, la que resulte de las prórrogas que se realicen conforme a los supuestos establecidos en el contrato.

Sin embargo, en términos del contrato, por ninguna circunstancia la fecha de operación comercial podrá modificarse para que sea posterior al 1 de enero de 2022, situación que ya aconteció, pues el proyecto Gunaa Sicarú se encuentra detenido por mandamiento de un juzgado federal que ordenó a la Secretaría de Energía realizar un procedimiento de consulta para obtener el consentimiento de los miembros de la comunidad de Unión Hidalgo, apegado a los más altos estándares de derechos humanos.

En este contexto, la CFESSB puede dar por terminado el contrato, sin responsabilidad de las partes, mediante una simple notificación a la empresa Eólica de Oaxaca, sin necesidad de declaratoria judicial.

Esta situación no requiere de un ejercicio de interpretación pues las cláusulas del contrato establecen claramente el supuesto de terminación en cuanto a los plazos y términos para el cumplimiento de las obligaciones. Incluso, ante un posible escenario de demanda arbitral para cumplimiento forzoso del contrato por parte de la empresa Eólica de Oaxaca o de su matriz EDF, no existe posibilidad de que un panel le dé la razón y obligue a CFESSB a mantener vigente el contrato, ya que el plazo para la entrada en operación de la central y, por ende, la entrega de energía al comprador, feneció el pasado 1 de enero de 2022.

En el caso del proyecto Gunaa Sicarú, ni siquiera los costos por transmisión y operación son cubiertos por la empresa, sumado a que el proyecto ha sido cuestionado por las y los defensores de derechos humanos de Unión Hidalgo, quienes han emprendido acciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales, a nivel nacional e internacional, por la serie de violaciones documentadas a sus derechos humanos, así como por una serie de irregularidades en la suscripción de contratos individuales en el usufructo de las tierras que son de propiedad social.

La CFE tiene hoy la oportunidad de dar por terminado un contrato desventajoso que va en detrimento de los bienes de la nación por sus cláusulas abusivas pero, sobre todo, tiene la oportunidad histórica de dar por terminado un proyecto que ha violado de manera reiterada los derechos humanos de la comunidad de Unión Hidalgo.

El debate mundial de las diferentes modalidades de políticas del sector energético no sólo se trata de la “soberanía energética”, sino que también incluye la dimensión urgente de lograr la “justicia energética”, como el caso de Unión Hidalgo lo muestra.

Está en manos de la CFE dar cuenta de ello.

Juegos de poder

Los huevos rotos de Alito

Leo Zuckermann

Excelsior

“A mí me sobran huevos”, le dice Alejandro Moreno, presidente del PRI, al senador Manuel Velasco en una conversación privada que el primero grabó y dio a conocer como prueba que el gobierno de AMLO lo amenazó con el fin que el tricolor votara a favor de la reforma constitucional en materia energética. Pues vaya patada en esta parte blanda del cuerpo que le han propinado a Alito. Lo espiaron y, sin recato alguno, la gobernadora de Campeche se ha dedicado a publicar estos audios privados. Así el nivel de la política mexicana hoy. Canibalismo puro y duro.

Si las encuestas preelectorales no fallaron, hoy el PRI, al partido que gobernó durante más de 70 años, le quedarán dos gubernaturas: Estado de México y Coahuila. Muchos piensan que estamos observando la muerte lenta del otrora partidazo. Yo tengo mis dudas porque, desde que era joven, se viene anunciando los funerales del PRI que ahí sigue vivo.

Es cierto, el tricolor ha perdido mucha presencia regional. Sin embargo, en las encuestas hay un 17% de mexicanos que dicen que votarían por el PRI en la próxima elección presidencial (dato de Buendía&Márquez el mes pasado). Será el sereno, pero el “desahuciado” es actualmente el tercer partido con más intenciones de voto en México, sólo superado por Morena y el PAN.

A lo largo de su historia, los priistas se han sabido adaptar a las condiciones políticas del momento. Su más reciente estrategia de sobrevivencia es la alianza con el PAN y el PRD para enfrentar el vendaval de Morena.

Mucho se ha escrito, y seguirá escribiéndose, si la alianza PAN-PRI-PRD funciona o no. Con los resultados de las elecciones de ayer deberán recalibrarse la conveniencia para estos tres partidos de ir juntos en los próximos comicios de 2023 y 2024.

Por lo pronto, el gobierno de AMLO se ha ido con todo en contra del PRI y en particular de su dirigente nacional, Alejandro Moreno.

Era previsible.

Para empezar, la oposición en su conjunto le propinó una derrota dolorosísima al gobierno rechazando la reforma constitucional en materia energética. Sabíamos que se trataba de la pieza legislativa más importante para AMLO por su contenido ideológico. Necesitaban los votos del PRI en la Cámara de Diputados. Este partido, sin embargo, no se los dio.

Y, como suele suceder en la política, llegó el momento de pagar las facturas. El gobierno se ha ido con todo en contra de Alito Moreno filtrando unos audios donde el presidente del PRI queda como un corrupto, cretino, arrogante y frívolo.

Lo que me parece increíble de esta historia es que Alito no se haya cuidado sabiendo a quién tenía enfrente. Se lo había advertido Manuel Velasco, el finísimo exgobernador del partido Verde, hoy operador político de López Obrador.

A pesar de lo que dice el Presidente que ya no se espía a los adversarios, la realidad es exactamente la opuesta. Claro que se espía. Ahí están las grabaciones de Moreno dadas a conocer por Layda Sansores. Increíble que un político tan experimentado como Alito haya dicho tantas barbaridades sin pensar que lo estaban grabando. Craso error. Ya le costó muy caro.

Pero, además que el gobierno le está cobrando la factura, también es parte de la estrategia política de AMLO rumbo al 2024. El Presidente está obsesionado con romper la alianza del PRI con el PAN. Los audios de Alito presionan a los panistas a reconsiderar la conveniencia de ir con los priistas y su dirigente nacional.

Más aún, el golpe en contra de Moreno es parte de la campaña rumbo al 2024 donde AMLO no quiere dejar que crezca ningún candidato de la oposición. Ya usaron a la Fiscalía de la República para perseguir judicialmente a uno de los posibles aspirantes: Ricardo Anaya. Ahora sacan la escopeta del espionaje para tirarle a un Alito que, después de la votación de la reforma energética, quedó empoderado. La idea es descabezar a la oposición para que no haya ningún candidato viable y quede la impresión que la victoria de Morena es inevitable en 2024, un hecho consumado.

AMLO va con todo por todo en 2024. Están usando y seguirán utilizando todo el poder del Estado para ganar incluyendo el espionaje ilegal.  

Increíble que una gobernadora es la que esté divulgando estos audios como si fuera algo normal.

¿Se imaginan qué hubieran dicho los de Morena si un gobernador del PRI hubiera dado a conocer grabaciones ilegales del entonces presidente morenista, Andrés Manuel López Obrador, el sexenio pasado?

Ganó la democracia

Cecilia Soto

Excelsior

1. No por obvio hay que dejar de resaltar el mejor resultado de estas pasadas elecciones: la democracia electoral salió fortalecida. El árbitro electoral, nuestro INE, nuevamente cumplió con creces sus responsabilidades, así como los miles de funcionarios del INE, los integrantes de los organismos electorales estatales y los y las ciudadanas que cubrieron cada una de las etapas de la jornada electoral que, por cierto, no termina hoy. Esto no sería noticia si no fuese porque desde el gobierno se desconocen estos logros y se ha desatado una andanada de ataques encabezada por el Presidente de la República, que pretende reemplazarlo por un engendro. Mejorarlo, claro, pero si funciona y funciona bien, ¿para qué cambiarlo?

La democracia electoral es uno de los pilares de la democracia, el sistema en el que creemos la mayoría de los y las mexicanas. De hecho, después de que encuestas como el Latinobarómetro venían detectando en décadas pasadas una creciente erosión de la confianza de los mexicanos en la democracia, ésta nuevamente viene fortaleciéndose. En la encuesta del Inegi sobre cultura ciudadana, ENCUCI 2020, 65.2% de las personas mayores de 15 años considera que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”. Solo 16.2% considera que, en ciertas circunstancias, podría admitirse un gobierno no democrático. El INE es la tercera institución que genera más confianza entre la ciudadanía después del Ejército y la Marina y la Guardia Nacional; en cuarto lugar, el presidente, tres puntos abajo del INE.

2.- También ganó el principio constitucional de la paridad. No puede haber una democracia fuerte y vibrante si ignora o discrimina a la mayoría de su población, es decir, nosotras las mujeres. Aunque en el Congreso y en el Senado la paridad en candidaturas e integración ya están firmemente establecidas, en ámbitos locales falta mucho; en gubernaturas y presidencias municipales vamos cuesta arriba. De ahí que en esta ocasión casos como el de Aguascalientes, en el que todas las candidaturas fueron de mujeres, sea un importante paso para igualar las oportunidades para las mujeres. En Quintana Roo, las dos principales candidaturas fueron de mujeres, y en Hidalgo y en Durango se enfrentaron candidato y candidata. En general, la confianza en las mujeres es creciente cuando se trata de puestos en los que se toman decisiones colectivas como la Cámara de Diputados y la de Senadores o los cabildos. En cambio, la confianza en las mujeres como titulares del Ejecutivo es menor, pues por siglos los hombres son los que han tomado las “decisiones importantes”. De ahí la importancia de que aumenten gobernadoras y presidentas municipales.

3.- Ganó la persistencia ciudadana, a pesar de la mediocridad de los partidos políticos. Todos. La asistencia a las urnas no se desplomó a pesar de los dimes y diretes de los partidos y el reciclaje de nombres y la falta de renovación.

4.- Ganó la lógica estatal. En la ENCUCI 2022 del Inegi la preocupación por los asuntos locales está 26 puntos arriba de la preocupación por los asuntos de la República, 84.1% frente a 58 por ciento. Las preocupaciones locales tienen que ver con los servicios básicos: alumbrado, pavimento, agua, precios de los productos básicos, muy por arriba de temas nacionales como corrupción, igualdad, pobreza. Ello explica uno de los factores de los triunfos en gubernaturas de Morena o las pérdidas de tantas gubernaturas del PRI: gobernaban bien o mal, pero el electorado quería un cambio, especialmente por la experiencia de cambio en 2018. En un contexto económico de pobreza fiscal, difícil que los beneficios puedan llegar a todos y competir con los programas sociales presentados como dádiva del Presidente. En las elecciones de 2024, los gobernadores de Morena enfrentarán el mismo juicio del electorado, ¿les llevaron el alumbrado? ¿Disminuyó la inseguridad en mi barrio? ¿Me sometiste al tandeo del agua?

5.- Aunque todavía no se confirman los resultados oficiales, me quedo con el anticipado por los conteos rápidos del INE: 4 triunfos de Morena por 2 de la alianza. Bueno para Morena, regular para la alianza. Sin embargo, no creo que este resultado anuncie un triunfo inminente e ineluctable de Morena y aliados para las elecciones presidenciales de 2024. Son dinámicas muy diferentes. En lo local, el electorado vota por el pavimento, el servicio de basura y de la policía local; en lo federal, por un nombre que le dé esperanza, orgullo y confianza: por un hombre o mujer que puedan devolver la paz al país y el crecimiento a la economía. El tsunami electoral de 2018 es irrepetible. El carisma del Presidente no se hereda. Sí habrá, sin duda, la intervención gubernamental ilegal semejante a la que realizó en su beneficio el presidente Peña Nieto. Pero contará también la experiencia de las personas al comprobar la inflación, la falta de empleos de calidad, los triunfos constantes del crimen organizado y el desastre en la atención a la salud. Hagamos todo para ganar.

Astillero

Morena: más gubernaturas // Durango y Tamaulipas, tensión // Duelos de estructuras // García Cabeza de Vaca y El Truko

Julio Hernández López

La Jornada

Los reportes disponibles a la hora de elaborar la presente columna apuntaban a un triunfo de los candidatos de Morena y sus aliados a gobernar Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo, y de Acción Nacional y sus aliados en Aguascalientes. La mayor tensión e incertidumbre se ubicaba en Durango y Tamaulipas.

Una primera lectura del domingo de urnas muestra que a pesar de la alta temperatura política registrada previamente, y durante la jornada electoral, no hubo incidentes graves (aunque los más preocupantes se dieron justamente en Tamaulipas), en un duelo de poderes estatales y federal que tuvo sus expresiones más enconadas en la antes mencionada entidad norteña, en Durango y en Aguascalientes, con acciones policiacas contra activistas y una abierta injerencia de autoridades locales.

Morena no pareciera estar en riesgo de perder su paso: desde el inicio se hablaba de un 4-6 seguro, que puede quedar en 5-6. La concentración de gubernaturas color guinda será, de cualquier manera, apabullante, y eso va a significar una ventaja en los comicios de 2024, con el relevo presidencial como principal contienda.

Lo que suceda en ese año no estará definido sólo por popularidades, clientelismo e ideología, sino también por la realidad específica de las tesorerías y su capacidad de habilitar los respectivos ejércitos electorales. Un ejemplo de ese pragmatismo se ha dado justamente este domingo.

La oposición no pudo capitalizar la presunta inconformidad ciudadana contra el obradorismo y Morena, aunque (o justamente por ello) su discurso sigue estancado en la diaria descalificación estridente de la llamada Cuarta Transformación (4T), en tales términos y con tal graduación que a boca de urna se supondría que esa molestia, esa supuesta ira contra Morena y sus personajes relevantes, devendría en contundentes derrotas electorales, lo que no está sucediendo.

A reserva de que se precisen las cifras electorales que permitirán apreciar la distancia o cercanía en los triunfos de Morena y de sus adversarios, vale advertir que hubo un duelo de estructuras no sólo ciudadanas, sino también aquellas aceitadas por poderes y finanzas locales y nacionales.

Lo vivido este domingo no alienta la expectativa de que se estén superando añejas prácticas ante las cuales las autoridades electorales (el instituto nacional y los organismos locales) siguen comportándose con una rigidez procesal, con una obstrucción de los sentidos básicos que no les permite ver ni oír lo que sucede, dejando todo, a fin de cuentas, a una especie de permisividad de lo anómalo, en aras de resultados finales que terminarían haciendo innecesarios los castigos por las adulteraciones habidas en el camino.

Por lo pronto, en los tres estados aparentemente ganados sin gran problema por Morena hay tres gobernadores oficialmente no morenistas que quedan en espera de cargos diplomáticos o alguna otra compensación por haber abatido las banderas de sus partidos y propiciado el triunfo del partido oficial: Omar Fayad, distante de Rubén Moreira y de Carolina Viggiano; Alejandro Murat, distante del candidato priísta y sumamente propicio para la victoria de Morena, y Carlos Joaquín, que deja a una corriente tricolor y al Verde como ganadores reales en Quintana Roo, aunque a nombre de la Regeneración Nacional.

En Aguascalientes, el morenismo dio una fuerte pelea al predominio histórico de la corriente conservadora en el poder (actualmente, con Martín Orozco como gobernador). En Durango, las dificultades de Morena tienen como antecedente la postulación forzada e impugnada de Marina Vitela, dejando fuera al senador José Ramón Enríquez, y en Tamaulipas el carácter y el estilo de Américo Villarreal, demasiado suaves para una entidad tan bronca, permitió que la desesperación del gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, con César Verástegui, El Truko, como candidato de la coalición antiobradorista, diera la apariencia de ir recortando la amplia ventaja inicial del citado Villarreal.

México SA

Remesas, imparables // Récord tras récord //Salazar: ridículo y beato

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

En el transcurso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (hasta abril de 2022), contra viento y marea los paisanos han realizado remesas por alrededor de 146 mil millones de dólares, equivalentes en moneda nacional a cerca de 3 billones de pesos (algo así como 11 por ciento del producto interno bruto a precios actuales, todos inyectados en la economía mexicana), un monto dos veces superior al ingreso por exportación petrolera en el mismo periodo (72 mil millones de billetes verdes).

Los paisanos han enfrentado a todos y de todo: expulsión de su país, coyotes, muro, migra, gobiernos gringos, violencia, xenofobia, racismo, pandemia, etcétera, y nunca se han doblado ni dejado de enviar dinero a sus respectivas familias. Son calificados de héroes, pero en los hechos superan con creces ese calificativo. Los recursos por ellos remitidos no sólo contribuyen a elevar el nivel de bienestar de sus respectivas familias, sino que contribuyen al fortalecimiento de la economía nacional, es decir, la misma que en su propia patria los ha obligado a buscar la vida en otra parte.

Las cifras oficiales (Banco de México) revelan que sólo en el primer cuatrimestre de 2022, las remesas sumaron 17 mil 240 millones de dólares, monto superior a lo que se captó en todo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Año tras año, el régimen neoliberal, su apartheid económico y sus recurrentes crisis expulsaron a millones de mexicanos, quienes debieron emigrar para no morir de hambre.

Así, del sexenio salinista al de Enrique Peña Nieto, el monto de remesas pasó de 15 mil 952 millones a 160 mil 117 millones de dólares, un incremento cercano a mil por ciento. En ese periodo nada, ni lejanamente (salvo la fortuna de Carlos Slim, que se incrementó alrededor de 4 mil por ciento), creció en esa proporción. Mientras aumentaba el número de mexicanos expulsados de su tierra, del gobierno de CSG al de EPN, los paisanos enviaron, en total, 437 mil 534 millones de billetes verdes, monto equivalente a alrededor de 45 por ciento del producto interno bruto nacional.

Con López Obrador el monto de remesas ha registrado un aumento prácticamente constante, y de un promedio mensual de 3 mil 36 millones de dólares en 2019 ahora, al cierre de abril pasado, se tiene uno de 4 mil 310 millones (ese monto corresponde al ingreso por exportación petrolera en enero y febrero del presente año), es decir, un incremento de 42 por ciento en el periodo.

Con base en información del Banco de México, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados detalla que en abril pasado, con cifras originales, los ingresos por remesas familiares alcanzaron un monto de 4 mil 718.1 millones de dólares, lo que significó un incremento de 16.5 por ciento en comparación con el mismo mes de 2021.

En términos nominales, con este resultado los ingresos por remesas familiares permanecieron por arriba de los 4 mil millones de dólares. En abril, se registraron poco más de 12 millones de operaciones de envío, cifra 11.7 por ciento superior a la de hace un año, cuando fueron 10.8 millones de operaciones. La remesa promedio fue de 391 dólares, mayor en 4.3 por ciento al de igual mes del año anterior (375 dólares) y dos dólares menor a la media registrada en marzo de 2022. Con ello, el monto acumulado en los cuatro primeros meses del año asciende a 17 mil 240.1 millones de dólares, 17.6 por ciento por arriba de lo registrado en el mismo lapso de 2021. Con cifras desestacionalizadas, en abril pasado, las remesas exhibieron un incremento de 4.9 por ciento respecto a marzo.

En su comparativo anual, en los últimos 24 meses sólo en cuatro ocasiones el monto de las remesas enviadas fue ligeramente inferior al de igual lapso del año previo. Ello sucedió en mayo, julio y agosto de 2020, y en marzo de 2021. En todos los meses restantes se registraron cifras positivas, y récord en muchas ocasiones.

Las rebanadas del pastel

Hoy, en Los Ángeles, California, se inauguran formalmente los trabajos de la novena Cumbre de las Américas. ¿Ya llegaron las invitaciones, o a qué espera el presidente López Obrador para notificar al respetable si asistirá o no? En vía de mientras, ayer Ken Salazar, el ridículo embajador gringo en Palacio Nacional, se apersonó en la Basílica de Guadalupe: le ruego a la patrona que ayude a nuestros líderes a establecer una nueva era transformadora para las Américas (¿cuáles?, porque sólo hay una) y la relación entre Estados Unidos y México. Mejor que rezar es no excluir a nadie.