Lo que dicen los columnistas

La coyuntura del Congreso

Las tómbolas para seleccionar los cargos judiciales que se van a renovar son un claro mensaje del extravío en la vida democrática de la República, preludio de la intervención e influencia política sobre el Poder Judicial.

Abraham Madero Márquez* | Proceso

En diciembre del año 2000 México abrió la brecha de la primera transición política lograda en las urnas que permitió, luego de casi siete décadas, derribar el régimen instaurado por el entonces partido hegemónico oficial que durante la segunda mitad del siglo XX controló en términos absolutos el ejercicio del poder y anuló cualquier resquicio para su equilibrio y control constitucional.

Paradójicamente, con un bono democrático similar al de hoy, en aquel momento el país festejaba que el sistema federal mexicano se regiría por pesos y contrapesos, en donde el gobierno federal, las cámaras del Congreso de la Unión, el Poder Judicial, gobiernos estatales, congresos locales, la sociedad civil organizada y los partidos políticos debían adaptarse a una nueva dinámica de necesaria cooperación y diálogo para el funcionamiento ordenado de la República, o al menos para la conformación de bases mínimas de gobernabilidad.

Veinticuatro años transcurrieron para que este escenario cambiara de manera radical. Tan radical que ahora esa misma aspiración de pluralidad y desarrollo democrático simplemente parece ya no tener cabida en las formas de actuación del gobierno.

La división de poderes, el federalismo, la cooperación intergubernamental, la representación plural en las cámaras y el diálogo parlamentario, los mecanismos de control constitucional, la transparencia y rendición de cuentas, el control de la acción de gobierno a través de organismos autónomos, hoy se asoman como principios etéreos y hasta políticamente incorrectos ante una narrativa centrada en la visión única del país que el propio movimiento político mayoritario ha sabido posicionar, ciertamente con la legitimidad y el respaldo popular.

El botón de muestra de lo que parece constituir un nuevo orden de la institucionalidad mexicana se expresó con claridad durante las últimas seis semanas. Luego de la apertura de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, a sabiendas de una mayoría calificada y del inicio de una nueva administración del gobierno federal, se da trámite a la reforma al Poder Judicial de la Federación, cuyas implicaciones generan escenarios de confrontación y develan cualquier cantidad de anomalías en el ejercicio de la función legislativa. Un proceso de reforma constitucional tan transcendental para la vida de México se llevó a cabo sin diálogo, y sin tomar en cuenta las aportaciones de todos en cuanto participaron en las audiencias.

Dada la evolución del sistema presidencial, es entendible que los reflectores de la agenda pública siempre coloquen el foco en el accionar de los gobiernos ante este tipo de episodios. Sin embargo, no todo lo que ocurre a escala nacional debe centrarse en el Ejecutivo Federal, a juzgar por lo visto durante las últimas semanas, también resulta necesario realizar un ejercicio autocrítico sobre el accionar del parlamento mexicano y el debilitamiento, a mi juicio, de sus funciones constitucionales a partir de tres factores cruciales que hoy resultan evidentes.

En cuanto al primer factor, el Congreso federal se ha convertido en uno de los aparatos más improductivos del Estado. No se trata de una suposición, los datos oficiales del Sistema de Información Legislativa (SIL) muestran que tan solo durante la pasada LXV Legislatura del Congreso de la Unión, la tasa de aprobación de iniciativas fue de 5%; para expresarlo en número fríos: entre 2021 y 2024 ambas cámaras presentaron un total de 10 mil 879 iniciativas de las cuales únicamente 606 fueron turnadas al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor. Cosa aparte sería entrar a un análisis de calidad de dicho trabajo parlamentario y su impacto real en la vida diaria de la ciudadanía.

El dato es alarmante en varios sentidos, desde luego por el cuestionamiento sobre el costo beneficio acerca del presupuesto que anualmente se otorga al Congreso para sus actividades y la evaluación de impacto en sus resultados, pero también porque es síntoma del exceso de activismo de los legisladores quienes proponen iniciativas de leyes y reformas a granel para justificar su participación ante sus electores, no obstante la gran mayoría de las veces estas carecen de factibilidad técnica, son irrelevantes, de mera coyuntura y sobre todo no están respaldadas por diagnósticos de impacto presupuestario, haciendo inviable su aprobación.

El segundo factor tiene que ver con la precaria deliberación técnica respecto de la agenda legislativa propuesta desde el Ejecutivo. Fue el caso de la multicitada reforma judicial, la cual, tras un apresurado procesamiento, generó errores de elemental técnica legislativa en los decretos al llevar al límite los tiempos, normas y procedimientos parlamentarios al grado de que se ha reconocido por los propios actores que la impulsaron, la necesidad de ejecutar reformas adicionales para enmendar o rectificar diversas inconsistencias y antinomias detectadas posteriormente por académicos y medios de comunicación.

Asumir que en los próximos años las Cámaras del Congreso de la Unión – tanto en comisiones como en pleno– funcionarán como ventanillas u oficialías de parte del Ejecutivo sin que la mayoría de sus integrantes revisen, discutan o mejoren los proyectos enviados desde la Consejería Jurídica, definitivamente no es una buena noticia para la salud de la democracia mexicana.

Quizá el tercer factor resulta el más inquietante. Los acontecimientos recientes demostraron una vez más, que el perfil de buena parte de los legisladores que hoy integran el Congreso dista de ser el adecuado para cumplir cabalmente las tareas con el rigor técnico y asegurar la calidad del debate que exigen áreas como la salud, economía, seguridad, educación, justicia y la atención transversal de los derechos humanos. 

Por ejemplo, en un estudio reciente elaborado por la agencia Dinamic se dio a conocer que prácticamente la mitad de los integrantes de la actual Cámara de Diputados no cuentan con experiencia legislativa previa, y un 40% no ha concluido estudios de licenciatura. En el caso del Senado, si bien la experiencia en temas legislativos es casi del 80%, es llamativo que la mayoría de sus integrantes mantiene un perfil directamente asociado a su trayectoria partidista o de grupo.

Aunado a la necesaria revisión del estatuto parlamentario donde se tenga mayor profesionalismo en el estudio y conocimiento de las iniciativas para garantizar su legalidad y validez, es criticable que los lineamientos y obediencias partidistas lleven a los extremos de la sumisión abyecta, negando la esencia del parlamento. Las tómbolas para seleccionar los cargos judiciales que se van a renovar, es un claro mensaje del extravío en la vida democrática de la República, preludio de la intervención e influencia política sobre el Poder Judicial.

Nadie que abrace el constitucionalismo democrático y plural quiere la vuelta al pasado con un Congreso que no revise una coma a las iniciativas del Ejecutivo y renuncie al control político y fiscalización del poder.

La sociedad demanda un cuerpo legislativo orientado en el debate libre y el respeto a las minorías mediante el diálogo y entendimiento, con la fuerza ética y moral de corregir la plana a cualquier propuesta que ponga en riesgo las libertades y derechos del pueblo mexicano.

Un Congreso que no se estanque en el pragmatismo político de sus miembros ni se dedique a reformar el poder para el poder mismo, sino, con buenas leyes, tenga la estatura histórica de proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como a la población vulnerable que no puede esperar más.

“El Parlamento, ayer como hoy, sólo puede caminar en dos direcciones: o en la de recoger el palpito real del ser y del sentir del pueblo representado o en la de convertirse en un estéril y prosaico “salón de los pasos perdidos” (Claro-José Fernández-Carnicero González).

*Abogado. Doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana. Director Ejecutivo del Think Tank mexicano Early Institute.

—

Razones

La sentencia de García Luna

No se ha encontrado ni en México ni en Estados Unidos, después de cinco años, ni un solo depósito que pudiera ser calificado como dinero proveniente del crimen organizado

Jorge Fernández Menéndez | Excelsior

El miércoles 16 el juez Brian Cogan, si no hay otra postergación de última hora, dará a conocer la sentencia en el caso de Genaro García Luna. No dudo que García Luna haya cometido abusos, es discutible si su trabajo al frente de la seguridad pública durante el gobierno de Felipe Calderón fue eficiente o no, pero, después de cinco años de detención, de un largo proceso penal, de una condena por relación con el crimen organizado, seguimos sin ver pruebas materiales sobre su participación en esos delitos: cuentas, grabaciones, audios, seguimientos, lo que sea, lo único que tenemos es testimonios de criminales muy peligrosos que recibieron condenas muy indulgentes a cambio de hacer declaraciones, muchas de ellas extemporáneas e inverosímiles, contra el exsecretario.

García Luna se sigue declarando inocente cuando podría haber aceptado los acuerdos que le ofrecieron la DEA y la fiscalía desde el mismo momento en que fue detenido. Si se hubiera declarado culpable, que era lo que esperaban luego de su detención, García Luna hubiera podido llegar a un acuerdo rápido, una sentencia corta y para esta fecha habría recuperado probablemente su vida. Está a punto de recibir una condena que puede ser muy larga, mínimo 20 años, y no se declarará culpable.

El jurado declaró culpable a García Luna, sin que los fiscales de Nueva York hubieran presentado pruebas materiales. Todos los testimonios fueron de delincuentes reconvertidos en testigos protegidos que habían sido detenidos en el periodo de García Luna y extraditados a Estados Unidos, y que allí cambiaron largas condenas por testimonios que tampoco sustentaron con pruebas.

A pesar de que se tuvo toda la maquinaria del Estado y de que se habla de que recibió millones de dólares, no se ha encontrado ni en México ni en Estados Unidos, después de cinco años, ni un solo depósito que pudiera ser calificado como dinero proveniente del crimen organizado. Entonces no hay pruebas materiales de su presunto delito y tampoco, siguiéndole la pista al dinero, se llegó a ninguna prueba de la relación con los criminales.

La embajada estadunidense de esa época reconoció en el juicio que no supieron de investigaciones de que García Luna estuviera relacionado con el narcotráfico y, por el contrario, la colaboración con las agencias de ese país era estrechísima. García Luna fue condecorado varias veces por el gobierno estadunidense, recibió cursos (hasta poco antes de ser detenido), tenía una alta autorización de seguridad para acceder a documentos confidenciales, colaboraba con las agencias antidrogas de ese país, antes, durante y después de su paso por el gobierno. ¿Y no tienen más pruebas que testimonios de narcotraficantes reconvertidos en testigos protegidos ni una prueba material?

Sigo pensando que su detención pasa por una añeja ambición: realizar un maxiproceso contra México. El primer paso era el juicio de El Chapo Guzmán, el segundo el de García Luna, luego la detención del general Salvador Cienfuegos y, más tarde, uno o varios expresidentes.

El plan, hemos dicho muchas veces, se trastocó porque en las Fuerzas Armadas la detención sin la menor prueba del general Salvador Cienfuegos tuvo un rechazo total y el gobierno se vio en la obligación de defenderlo y exigir su regreso a México. No había ninguna prueba material en su contra, lo único eran unos absurdos chats de narcotraficantes de segundo nivel, con textos sin sentido para un secretario de la Defensa.

En la larga entrevista que le hicimos sobre su detención, el general Cienfuegos, además de contar la forma humillante en la que fue tratado, explica cómo en muchas ocasiones, durante el mes de detención, le ofrecieron que se convirtiera en colaborador, lo que por supuesto siempre rechazó.

No quiero hacer un paralelismo entre García Luna y el general Cienfuegos, porque son dos trayectorias, dos historias, dos personajes muy diferentes, pero la forma en que se trataron sus casos en Estados Unidos sí son similares.

La reacción que obligó a la liberación del general provocó un profundo alejamiento con las agencias estadunidenses, que se fue profundizando en los meses y años posteriores y que quedó exhibida con la detención de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López el pasado 25 de julio de las que el gobierno mexicano, ni el de López Obrador ni el de Claudia Sheinbaum, al día de hoy tienen información.

García Luna recibirá el miércoles su sentencia y ya anunció que la apelará. Me imagino que la condena de García Luna será ampliamente festinada desde el oficialismo, quizás sin comprender que las mismas armas y argumentos que se usaron en su contra pueden ahora dirigirse contra autoridades actuales y del pasado inmediato, contra instituciones y personajes. Es difícil festinar la condena a García Luna y olvidar que dos días después el que estará en esa misma corte de Nueva York será El Mayo Zambada, mientras Ovidio y Joaquín Guzmán López esperan su turno para salir a escena.

LAS DIVERGENCIAS DE MORENA

Será difícil para un movimiento tan heterogéneo como el de Morena mantener la unidad. Una muestra de ello es el conflicto que ha estallado en la Cámara de Diputados con la distribución de las comisiones, 26, que le tocaron a la mayoría legislativa, distribuidas en 13 hombres y 13 mujeres. La negociación del líder, Ricardo Monreal, tuvo apoyo en las principales, que fueron sacadas por unanimidad, pero existieron duras divergencias en otras. Las corrientes en Morena existen, se mueven y pueden tener cada vez mayor protagonismo en el futuro.

—

Juegos de poder

El caos de la reforma judicial

Con unas bolitas se está decidiendo el futuro de cientos de juzgadores. No importaron sus carreras. Les valió un pepino si han sido buenos o malos, honestos o corruptos

Leo Zuckermann | Excelsior

Mal comenzó el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. El primer sorteo para definir cuáles plazas se elegirá en 2025 y cuáles en 2027 duró cuatro horas. Se realizó en el Salón de Plenos del Senado, donde tuvieron que traer un pizarrón para explicar una dinámica que nadie entendía.

Se tenían que definir las 350 plazas de magistrados de circuito y 361 de jueces de distrito que estarán en la boleta el uno de junio de 2025. A esto hay que sumar las vacantes existentes, por lo que el número subió a 464 y 386, respectivamente. Agréguese los nueve ministros de la Suprema Corte. Esto sólo para el ámbito federal.

La imagen de la insaculación que circuló en las redes, retomada por algunos medios tradicionales, lo dice todo.

En la tribuna del Senado vemos unas mesas donde se han colocado canaletas de acrílico que contienen pelotitas de ping-pong con las que se sortearán las plazas a elegir en 2025. Unas bolas se han caído al piso. Un par de hombres están agachados recogiéndolas.

Es el desorden de una reforma sin pies ni cabeza.

Ahí, con esas bolitas, se está decidiendo el futuro de cientos de juzgadores. No importaron sus carreras. Les valió un pepino si han sido buenos o malos, honestos o corruptos. Intrascendente cuántos años llevan en la función judicial. El futuro de cientos de hombres y mujeres con familias decidiéndose, no por su capacidad, sino en una tómbola. No faltó el chistosito que tararea la canción de La vida es una tómbola. Y el impresentable presidente del Senado burlándose: “De aquí directo a la Lotería Nacional”, dijo, sin respeto a las vidas de cientos de profesionales que estaban perdiendo su trabajo ese día.

Se ha dado, así, el primer paso, caótico, de la elección de todos los jueces del país. Se va cumpliendo el capricho que le regalaron los legisladores oficialistas a López Obrador al final de su sexenio.

Siguiente aduana: el 31 de octubre, cuando los tres Poderes de la Unión instalen sus respectivos comités de evaluación. Estos revisarán y aprobarán si los candidatos inscritos reúnen los requisitos, evaluarán su idoneidad, entrevistarán a los finalistas y nominarán a los candidatos que aparecerán en las boletas. Un tercio los definirá el Ejecutivo, un tercio el Legislativo y un tercio el Judicial. Morena controla los dos primeros poderes, por lo que dos tercios de las candidaturas serán definidas por esa fuerza política. En ese filtro estará uno de los mecanismos para que el oficialismo se apodere del único poder que todavía no controla: el Judicial.

Al Instituto Nacional Electoral (INE) le tocará organizar las elecciones. Serán las más difíciles que les haya tocado realizar en su historia.

Tan sólo pensemos en el reto de las boletas.

No me puedo imaginar las de magistrados de circuito y jueces de distrito por la complejidad que involucran. De la de ministros de la Suprema Corte han sido publicadas algunas muestras.

La secretaria de Gobernación del gobierno pasado, Luisa María Alcalde, presentó una de ellas en una de las mañaneras de AMLO. En el lado derecho aparecen tres columnas con 27 nombres cada una. Son la suma de los tres candidatos que propuso el Ejecutivo por cada uno de los nueves ministros de la Suprema Corte, los tres del Legislativo para cada uno de los nueve y lo mismo para el Judicial. Un total de 81 nombres. En la parte de abajo aparecen los nombres de los ministros que actualmente sirven en la Corte y que tendrán derecho a participar si así lo deciden. En el lado izquierdo de la boleta se le pide al votante que escriba el nombre de los nueve nombres por los que desee votar: cinco mujeres y cuatro hombres para asegurar la equidad de género. También, si así prefiere, puede poner el número de los candidatos que aparecen en el lado derecho.

Una versión más sencilla sería la de tachar el nombre de los nueve candidatos que aparezcan en una lista de casi 90 nombres en la boleta.

Sí, efectivamente, es un enredo.

Esto tan sólo para la Suprema Corte. Ahora pensemos que también habrá boletas para magistrados de circuito y jueces de distrito. Y, en 2027, de jueces locales.

Se trata de una locura sin precedentes en el mundo.

¿Qué va a pasar?

Imperará el caos, como en el sorteo. Bolitas saltando al piso.

En 2025 la participación electoral será baja. Irán a votar los que movilicen los partidos, en particular Morena, que tiene la mayor capacidad de hacerlo. Muchísimos votos se anularán. Quizá la mayoría. Como ha ocurrido en Bolivia, donde se eligen a los altos magistrados. A los bolivianos ni les ha interesado esa elección ni han entendido cómo votar. Pero, eso sí, en su momento, esa “elección” le sirvió al presidente Evo Morales para apoderarse del Poder Judicial.

—

Astillero

Morena madruga; oposición duerme // Va por Chihuahua y Nuevo León // PRI y PAN: pleitos y confusión // Tamaulipas: balas federales

Julio Hernández López | La Jornada

El PAN y el PRI viven pleitos internos que buscan el control cupular de estructuras estancadas (en el mejor de los casos). En el blanquiazul la pelea se da entre el grupo identificado con lo que llaman el cártel inmobiliario, con Jorge Romero como candidato a suceder a Marko Cortés, y Adriana Dávila, en aparente desventaja. Nada apunta a una verdadera recomposición en el panismo, más bien ansiosos sus cuadros representativos por ganar posiciones personales. En el PRI se vive la era Alito, caracterizada por el cinismo y el agandalle, con la esperanza puesta en algún alquiler de votos legislativos al morenismo en momentos claves. MC pareciera haberse quedado en el limbo: deseoso de que sus favores sean comprados, pero sin comprador necesitado en lo inmediato.

En Morena, en cambio, se ha planteado una campaña de reafiliación y afiliación que busca fortalecer las estructuras operativas, sobre todo con la vista puesta en las elecciones de 2027, que incluirán la cámara federal de diputados, varias gubernaturas, congresos locales, presidencias municipales y centenares de cargos legislativos.

Luisa María Alcalde, Carolina Rangel y Andrés Manuel López Beltrán (presidenta, secretaria general y secretario de organización), con un poderoso apoyo derivado de sus posiciones estatales y federal, han iniciado recorridos regionales. Y han adelantado dos objetivos: las gubernaturas de Chihuahua, ocupada por la poco eficaz panista Maru Campos, y de Nuevo León por el estrafalario Samuel García, cuyos revuelos de Internet han menguado (con su esposa Mariana Rodríguez derrotada en Monterrey).

Una oposición oportunamente activa tendría la vista puesta en su reorganización interna, la depuración, la relaboración programática y, cuando menos, la pelea por la agenda cotidiana. Pero sigue pasmada, mientras el aparato Morena-gobierno avanza.

Astillas

Pablo Majluf, férreo opositor de la llamada 4T y ex participante en foros de opinión en Televisa, envió a esta columna el siguiente texto: “En tu editorial de hoy (lunes) dices que soy uno de los personajes ‘que reivindican las hechuras del mencionado Garci’. Sólo una aclaración: jamás mencioné a Garci ni su foto, ni lo respaldé ni apoyé a él ni a su foto en particular. Cuestioné y desafié una Ley (la Ley Olimpia: nota astillada) que me parece peligrosa por razones que he mencionado”… Como contexto se reproduce aquí uno de los mensajes en X de Majluf que más polémica causaron, en el marco temporal implícito de las hechuras de Garci contra las cuales de inmediato se blandió la Ley Olimpia: Esa Ley Olimpia es realmente espeluznante, un arma ideológica al servicio del régimen para perseguir críticos. Hasta el nombre mismo de la ley evoca épocas oscuras en México (¿evoca Majluf al Batallón Olimpia del 68?: pregunta astillada, sin diazordacismo resucitado). Estamos en una suerte de macartismo de género. Y desde luego ya empezó la autocensura por miedo… En Nuevo Laredo fue asesinada la enfermera Yuriccie Rivera Elizalde, quien viajaba en un vehículo automotor en compañía de su esposo y un menor de edad, cuando en apariencia quedaron en medio de un fuego cruzado. Según diversas versiones y el relato del esposo de la empleada del IMSS, fueron disparos de militares los que la impactaron y, además, ignoraron las peticiones de ayuda… En la misma ciudad tamaulipeca, Lydia Galván viajaba en un vehículo con su nieta de ocho años de edad, siendo impactadas por un automotor de la Guardia Nacional, cuyos integrantes dispararon y causaron la muerte de la niña. Relató la abuela Galván que los uniformados no atendían su petición de auxilio: Ustedes me chocaron, y me hirieron a la niña. Y ya nomás se miraban el uno al otro. Ya me ayudaron a sacarla rápido, pero ya había tirado mucha sangre. Mucha sangre… Y en Reynosa queda otro caso en espera de esclarecimiento, en cuanto al asesinato del joven Diego Alfredo…

—

México, SA

¿Y los abonos de Ancira? // Adeuda más de la mitad // Mineros, tras cooperativa

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

En el inventario de pendientes del gobierno federal aparece uno que de tiempo atrás debió ser saldado, aunque permanece en el aire: el gánster Alonso Ancira no ha resarcido al ciento por ciento el descarado fraude por él cometido en contra de la nación, es decir, aquel que, en contubernio con otro gánster, Emilio Lozoya Austin, realizó con la venta de Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex) en diciembre de 2013 y a precio escalofriantemente elevado (chatarra por millones de dólares) a escasos días de iniciarse la administración de Enrique Peña Nieto.

Al destaparse la cloaca del fraude, el mafioso marca Carlos Salinas de Gortari huyó a España, donde lo atraparon y encarcelaron sólo para extraditarlo a México. Ya en el país, fue remitido al Reclusorio Norte y para salir de él llegó a un acuerdo reparatorio con el gobierno de López Obrador: paga los 216.6 millones de dólares y sales de chirona. Pidió hacerlo a plazos, pero sólo cubrió poco menos de la mitad (alrededor de 100 millones), y ya en la calle agarró el avión y se fue a vivir a Estados Unidos, país del que también tiene nacionalidad.

La última información que sobre el particular divulgó el otrora director de Pemex Octavio Romero (mayo de 2024), detalló que como parte de la lucha contra la corrupción, en el caso del fraude en la compra de la planta de Agronitrogenados, efectuada en 2013, de los 216.6 millones de dólares que el ex presidente de Altos Hornos, Alonso Ancira, acordó pagar, se ha logrado ya el pago de 104 millones de dólares, ergo, restan 112.6 millones por cubrir, pero ni sus luces, mientras el barón goza de su libertad en Estados Unidos. Ello, con todo y que habría logrado un aplazamiento, hasta el 30 de noviembre de 2024, para saldar la cuenta.

Paralelamente, Ancira reventó a la otrora paraestatal Altos Hornos de México (AHMSA): la quebró y dejó tirados a cerca de 20 mil trabajadores y a cientos de acreedores; fingió una restructuración con nuevos accionistas e inyección de capital fresco, pero nada de ello sucedió y la empresa se mantiene insolvente. El mafioso se hizo de este consorcio gracias a Salinas de Gortari, quien se la regaló, en 1991, por módicos 145 millones de dólares, cuando su precio real (incluido el de 11 empresas adicionales con las que también se quedó en el paquete, entre ellas seis mineras, se aproximaba a 4 mil millones de dólares; eso sí, por decreto, los pasivos quedaron en manos de todos los mexicanos).

Por aquellos ayeres, Ancira presumía que si Salinas de Gortari le entregó AHMSA fue “porque tenemos un proyecto a prueba de balas; fue el mejor y esto fue lo que le gustó al gobierno, pero no resistió los excesos, errores y fraudes cometidos por el gansteril empresario, solapado por el régimen neoliberal.

Sirva lo anterior de contexto para ponderar la propuesta –ya presentada a la presidenta Sheinbaum– que ha hecho pública el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, por medio de su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, para analizar la posibilidad de rescatar Altos Hornos de México mediante una cooperativa en la que participen mineros, empresarios con visión social y gobierno federal. Debido a la malversación de fondos, saqueo de maquinaria y deudas con el extranjero se requerirían al menos 3 mil millones de dólares, por lo que hay que buscar esquemas viables ( La Jornada, Raúl Robledo, corresponsal).

Cerca de 20 mil trabajadores recuperarían su fuente de trabajo, con todos sus derechos; se restablecería el potencial económico de la zona; los acreedores cobrarían lo que el mafioso no les pagó y el país tendría de nuevo un sector estratégico. Como bien lo apunta el líder minero, la quiebra de AHMSA es un ejemplo nefasto de las privatizaciones; debe investigarse a fondo para fincar responsabilidades a dueños, accionistas y directivos que la llevaron a esa situación por su ineficiencia y gran corrupción al operarla; Ancira dejó a la empresa como un gran cementerio: instalaciones abandonadas y saqueadas; vendió e hipotecó parte de la maquinaria, y a oscuras, porque la Comisión Federal de Electricidad les cortó la luz por falta de pago. Su quiebra es un grave problema social que hay que resolver; fue una gran acerera y ahora es un sitio fantasma.

Las rebanadas del pastel

Patricia Aguayo, una energúmena técnica en enfermería militar que dice despachar como vocera de los trabajadores del Poder Judicial, con todo el ácido del mundo aparece un día sí y el siguiente también en el circo mediático de la derecha. La pregunta es si a él asiste porque le pagan, o es ella y lo que representa quien paga por estar.

—

Las frases de AMLO

Pedro Salmerón Sanginés | La Jornada

En su más reciente libro, así titulado, Martí Batres Guadarrama enfatiza una de las características centrales del liderazgo político y el carisma de AMLO: su capacidad para conectar con las mayorías. Así, tras sintetizar los más destacados éxitos del sexenio recién concluido, Martí se pregunta: ¿cómo sucedió todo esto?, y responde para aterrizar en el tema de su libro: Entre las muchas claves que empleó AMLO, debemos reconocer su gran talento para comunicarse con el pueblo. Esta capacidad, forjada metódicamente desde hace muchos años, se convirtió en toda una revolución de la comunicación política al llegar a la Presidencia de la República.

Millones de personas escuchan cotidianamente la mañanera, un ejercicio de comunicación que fija la agenda política nacional y que permitió a AMLO contrarrestar las noticias falsas, la desinformación y las calumnias de los medios de comunicación vinculados a la oligarquía, antes dominantes y hoy en creciente descrédito, cada vez más intrascendentes y, por tanto, cada vez más rabiosos. Con la conferencia mañanera, AMLO inauguró un canal que ahora, con igual fuerza y eficacia, pero con su propio estilo, agudo y preciso, continúa la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pero no era sólo la mañanera: desde antes, AMLO se comunicaba directamente con el pueblo. Escribe Martí: Al interactuar con la gente, es decir, escuchándola y hablándole en miles (sí, miles) de mítines, reuniones, asambleas, encuentros, recorridos. Ahí forjó su excepcional capacidad de conectar con lo popular. Esos ejercicios de comunicación directa permitieron a AMLO (nos permitieron: simultáneamente, de 2005 a 2024 miles de ciudadanos recorrimos las plazas, las calles y fuimos casa por casa) derrotar el cerco mediático que no era cerco: era una burda campaña de odio y calumnia que, aunque arreció con AMLO en la Presidencia, perdió su filo y su eficacia en buena medida gracias a la mañanera.

Parte de esta pedagogía, de este ejercicio de comunicación, se dio a través de frases cortas y contundentes, de enorme profundidad: más allá de las de enorme efecto, masivamente festejadas y aplaudidas como lo que diga mi dedito, me canso ganso, mi pecho no es bodega y otras que la gente coreaba y aplaudía, más allá de ésas, repito, hay frases conceptuales, como República amorosa, cambio verdadero, honestidad valiente y otras que, “pronunciadas por un maestro que desea que todos aprendan algunos principios fundamentales del pensamiento y la acción política… constituyen una pedagogía de la transformación”. Martí seleccionó un centenar de esas frases y las explica, las interpreta desde su fino talento político.

Paréntesis: acompañé a AMLO como dirigente y candidato en varias ocasiones entre 2012 y 2018, años en los que me hizo uno de los más honrosos encargos que he tenido en mi vida: el de ser parte del equipo responsable de los cursos de formación política de Morena, de los que surgió una red nacional de jóvenes, muchos de los cuales hoy desempeñan encargos y responsabilidades de alto nivel, con gran eficacia y responsabilidad. De esas veces quisiera recordar hoy una gira por poblaciones medianas del estado de Guanajuato, en el verano de 2017. Fui con él a Salvatierra, Cortazar, Yuriria, Pénjamo y Abasolo (municipios en los que, entre otros, me tocó tomar protesta a los comités de base de Morena, con los dirigentes locales que son la sal de la tierra), en las que vi, desde el templete y con las bases, la eficacia de esa comunicación directa. Habían salido meses antes unos espots con una frase que todos esperaban que llegara, y que llegaba: frijol con gorgojo, pollos, patos, puercos, cochinos, cerdos, marranos.

De esa experiencia de décadas surge la mañanera, en la que AMLO informa, responde, enseña “y también habla de lo que quiere: da clases de historia, cuenta anécdotas, revela secretos, ofrece datos que no dan los medios formales de… Debate, fija posturas, construye conceptos, educa políticamente”. Clases de historia. Ahora, que ya no es presidente, puedo decir con orgullo que tuve cierto trato personal con él antes de que lo fuera y que me gustaría hablar de él como historiador, y de la relación de los estadistas y los revolucionarios del siglo XX con la ciencia histórica… pero no todavía.

Terminemos con el libro de Martí: “AMLO pudo triunfar por su clara estrategia, por su conocimiento de la historia, por su capacidad organizativa, por su perseverancia, por su resistente fortaleza y por muchas otras razones. Pero de entre todos esos motivos subrayo uno: se comunicó eficazmente con el pueblo… y le habló con claridad, sencillez y profundidad a la gente… se debió a su talento para convertir grandes ideas en frases sencillas que se quedaron en la mente y en el corazón del pueblo”.