Lo que dicen los columnistas

La pederastia y los pecados de Benedicto XVI

Bernardo Barranco V.

Proceso

Por primera vez en la historia reciente de la Iglesia se acusa de manera contundente a un papa del peor de los oprobios.

El papa Benedicto XVI se encuentra bajo asedio. Es grave la acusación contra Joseph Ratzinger de haber encubierto a cuatro sacerdotes pedófilos cuando era arzobispo en Múnich, entre 1977 y 1982. Por primera vez en la historia reciente de la Iglesia se acusa de manera contundente a un papa del peor de los oprobios, es decir el encubrimiento a sacerdotes criminales pederastas. El santo inquisidor ahora está sentado en la silla de los acusados.

El papa emérito Benedicto XVI, a sus 94 años de edad, es presuntamente responsable de varios errores, omisiones e inacción en la gestión de los casos de pederastia ocurridos en su desempeño como pastor. Así lo sustenta el informe publicado encargado por la arquidiócesis a un equipo de abogados del despacho Westpfahl Spilker Wastl (WSW), que fue presentado el jueves 20 de enero último.

Es una extensa investigación de más de mil páginas sobre los ­abusos de pederastia clerical cometidos entre 1945 y 2019 en la diócesis de Múnich, una de las más pujantes de Alemania. Se registran al menos 497 víctimas de abusos de 235 religiosos victimarios.

Ratzinger, anciano y enfermo, enfrenta una vez más el juicio de la historia. Es considerado una de las mentes teológicas más brillantes del siglo XX, comparable a Hans Kung; ambos fueron jóvenes asesores teológicos progresistas durante el Concilio Vaticano II. Su natal Alemania se distingue por ser particularmente crítica a los giros conservadores que fue asumiendo Joseph Ratzinger a lo largo de su vida, por su acercamiento y encumbramiento al poder eclesiástico. Primero como cardenal, después como prefecto de la Sagrada Congregación de la Fe (exsanto oficio) y posteriormente como pontífice.

Las acusaciones que se le imputan no son nuevas. Por lo menos tiene cerca de 12 años que el semanario Der Spiegel, atribuyó responsabilidades en al menos cuatro casos de curas depredadores. Durante años Joseph Ratzinger, el papa en retiro, ha rechazado acusaciones históricas de indolencia y encubrimiento cuando fue arzobispo en Múnich. Recluido en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano, y con pocas energías, se ha defendido. Sin embargo, el nuevo reporte del despacho de abogados (WSW) lo incrimina con pruebas contundentes. Al grado que tuvo que rectificar, recientemente, parte de su alegato.

La Santa Sede hizo saber que todavía “no conoce el contenido” del informe, pero reiteró su vergüenza y remordimiento por los abusos sexuales contra menores en la Iglesia. Según declaró Matteo Bruni, portavoz del Vaticano. Muchos están extrañados, esperaban una defensa resuelta de Francisco en favor de su antecesor. Hasta ahora hay silencio. Sólo el cardenal Gerhard Muller, prefecto emérito de la Congregación de la Doctrina de la Fe, manifestó: “Hay personas y grupos en Alemania, y otros lugares, que quieren dañar a Benedicto. Es obvio que, si hubo errores, él no los conocía… no hizo nada malo deliberadamente”, dijo el purpurado alemán.

El primer pecado de Ratzinger es evidentemente el encubrimiento a depredadores. De comprobarse las imputaciones del informe, el entonces cardenal Ratzinger hizo lo que en ese tiempo hacían todos los obispos de la Iglesia. No demos tantas vueltas. Era el reinado del ocultamiento y el silencio. Es decir, la práctica eclesial de encubrir, subestimar acusaciones, trasladar a los abusadores a otro lugar –donde luego podrían repetir el hostigamiento– sólo para defender la imagen de la Iglesia. Había poca sensibilidad hacia el sufrimiento de las víctimas, quienes eran tratadas de manera hostil. Los niños ni las víctimas importaban. Lo que resguardaban era el buen nombre de la Iglesia.

Los defensores de Benedicto XVI refutan, pues precisamente la pederastia fue la marca de su pontificado. Como ningún pontífice, impuso la llamada “tolerancia cero”, endureció sanciones, modificó cánones y dictó nuevas leyes que penalizaban los abusos a menores. Aquí aplica el dicho que no es lo mismo ser Ratzinger en Alemania que Benedicto XVI en Roma. A pesar de todo, no fue severo. En los dramáticos casos del mexicano Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, y del arzobispo de Washington, Theodor McCarrick, teniendo evidencias plenas de su comportamiento desenfrenado, sólo les impuso el retiro, llevar “una vida de oración y penitencia”, que por supuesto no acataron. Ahí Benedicto XVI debió haber procedido con juicios canónicos.

El segundo pecado: Benedicto XVI ha mentido. En entrevista con Peter Seewald afirmó que la Iglesia llegó con lentitud y atraso ante la pederastia porque estaban bien ocultas dichas conductas. Ahí dijo: “Sólo desde aproximadamente el año 2000 contamos con asideros concretos” (Luz del Mundo, Herder, 2010. p. 51). Contrasta con diversos testimonios de víctimas que presentaron denuncias al entonces prefecto desde los años noventa. Aquí en México tenemos el contundente testimonio del respetado José Barba, que a nombre de ocho exlegionarios presentó una denuncia formal el 17 de octubre de 1998, misma que fue ratificada y presentada en texto en latín conforme al protocolo pontificio el 9 de febrero de 1999 por la doctora Martha Wevan, canonista austriaca (Depredadores sagrados, Grijalbo 2021, p.60). Con Aristegui, Barba afirmó: “Hemos sido víctimas no sólo de Maciel sino de Ratzinger y del sistema vaticano que prefiere que ocho hombres inocentes suframos a que miles de católicos pierdan la fe”.

El secretario personal del papa emérito, Georg Gänswein, en nombre de Benedicto XVI, reiteradamente ha negado que Ratzinger haya conocido un dossier con una lista de víctimas de abusos de la orden religiosa de los Legionarios de Cristo. Sin embargo, recientemente el cineasta angloalemán Christoph Röhl declaró tener expedientes y pruebas rotundas de que Ratzinger sabía de los abusos desde la década de los noventa. Él filmo en 2018 la galardonada película Defender of the Faith sobre la renuncia de Benedicto XVI como pontífice.

Los pecados de Benedicto XVI son los pecados de la Iglesia. Ratzinger ­refleja un sistema clerical agotado. La retórica de las disculpas, vergüenzas, arrepentimientos y solicitudes de perdón están marchitas. Los escándalos internacionales de Boston, Irlanda, Australia, Canadá, Francia y ahora Alemania, entre muchos otros, nos revela un rostro criminal de la Iglesia. Una religión que no tiene credibilidad está acabada. Aquí no se trata sólo del retrato de Joseph Ratzinger, sino de la crisis de todo un sistema cuya rigidez e inflexibilidad parece llevar a la catolicidad a un callejón sin salida. La actual crisis es mayor que la de la Reforma en el siglo XVI. La Iglesia debe ­reinventarse y aggiornarse, sobre todo, en materia de sexualidad.

El Estado frente a la crítica

Mario Luis Fuentes

Excelsior

La única forma en que una democracia puede funcionar y prevalecer es con base en el diálogo, la capacidad de procesar los conflictos de manera razonada y razonable, y con base en un profundo respeto a la diferencia y a la libertad de expresión.

Una constante del poder político es que es, por regla general, alérgico a la crítica. Y en el caso del presidencialismo mexicano, hemos tenido ejemplos históricos de excesos reprobables: desde el caso del golpe a Excélsior, de la década de los 70 del siglo XX, pasando por el férreo control vía el monopolio del papel y las deudas de medios, y hasta la burda compra de espacios, voces y opiniones.

Hoy vivimos, sin embargo, una nueva forma de relación del Estado con los medios y con líderes de opinión. Se trata de una de las más agresivas, pues busca dinamitar ya no sólo la posibilidad de hablar de ciertos temas, sino que recurre a una de las estrategias más corrosivas: la descalificación ética, vía la injuria y los adjetivos más duros.

En su cuarto año de gobierno, estamos viendo la versión más agresiva del jefe del Estado mexicano en contra de periodistas, académicos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil. Para hacerlo, argumenta su “derecho de réplica”. Pero, en realidad, estamos ante una andanada de agresiones injustificadas, porque incitan al odio y porque no promueven el encuentro de las inteligencias.

No es propio de un jefe de Estado, en un país democrático, injuriar a nadie; menos aún a quienes, en ejercicio del derecho constitucional de la libertad de expresión, expresan críticas a los resultados de un gobierno. Desde esta perspectiva, resulta más que preocupante que en la administración más militarizada, con mayor número de asesinatos de periodistas y con más violencia del crimen organizado en la historia del país, el Presidente destine tiempo y recursos a lanzar improperios a quienes expresan su desacuerdo con su visión del poder y del país.

Se percibe en el Presidente un ánimo beligerante, agresivo, que hace imposible no recordar expresiones como la del expresidente Peña, de “ya sé que no aplauden”; o la onerosa campaña —sobre todo por su inutilidad y sinsentido— que se lanzó para decirle a la ciudadanía que “ya chole con sus quejas”.

Un jefe de Estado que comprende a cabalidad su investidura no tomaría jamás la crítica como un ataque personal; eso implicaría creer que el Estado es ella o él. Por el contrario, daría cause a un debate institucional de altura, dirigido a justificar, de cara a la ciudadanía, la racionalidad o lógica de sus decisiones y acciones y, con capacidad autocrítica, explicar por qué hay áreas en las que no se han tenido buenos resultados.

Lo preocupante de todo esto es que la lógica que se ha impuesto en los últimos tres años define una peligrosa relación del Estado en contra de la prensa y la libertad de expresión. Por ello, debe construirse un nuevo diálogo público sobre cómo definir los límites del poder presidencial frente a quienes no comparten su visión y proyecto.

Es evidente que ninguna administración puede pretender que la prensa, en bloque, se ponga de su lado; por definición, el periodismo democrático no tiene bandera política porque su vocación se encuentra en informar, denunciar y promover el debate, sea quien sea que esté en el poder. Su compromiso está del lado de la libertad, la democracia y la mayor objetividad posible, y deben ser sus lectoras y lectores quienes decidan en torno a su credibilidad, y no un poder estatal exigiendo compromiso político con una causa.

Frente a la magnitud de estos desafíos, resulta a todas luces un despropósito que el Presidente desperdicie tiempo, energía y recursos del Estado para atacar a sus críticos. A final de cuentas, la mejor manera de defender a una administración es a través de su capacidad de cumplir con el mandato constitucional.

Tren Maya: absurdo trazo

Iván Restrepo

La Jornada

Poco después de que en 1993 el ingeniero agrónomo Mario Villanueva Madrid tomó posesión como gobernador de Quintana Roo, le hice llegar la propuesta para construir una moderna vía férrea de 120 kilómetros para comunicar a la ciudad de Cancún con Tulum. La intermediaria fue la licenciada María Cristina Castro, destacada especialista en temas de desarrollo urbano y regional creadora de un espléndido centro de documentación sobre la entidad. Ella me presentó a Villanueva Madrid en 1990, cuando era presidente municipal de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún. En esa ocasión él me explicó que la deformación facial que tenía se originó por haber estado en contacto con agroquímicos en el desempeño de su profesión.

Villanueva Madrid luego sería senador y, finalmente, gobernador de la entidad. Gozó durante buena parte de su gestión de la simpatía ciudadana, empresarial y la clase política por sus programas sociales y establecer entre Cancún y Tulum un exitoso corredor turístico de 120 kilómetros: la Riviera Maya. Creó el municipio de Solidaridad, nombre del programa insignia del presidente Carlos Salinas, el cual siempre lo apoyó. También lo tuvo de su sucesor, Ernesto Zedillo. Pero con éste y la dirigencia del PRI, se distanció al querer imponer a su sucesor y por sus nexos con narcotraficantes.

La idea del tren fue bien vista por Villanueva, varios secretarios de Estado y los grupos ecologistas. Era una forma de quebrar el imperio de los vehículos automotores, de generar menos gases de efecto invernadero, tema que comenzaba a discutirse en el mundo. Sin embargo, mi propuesta se descartó, pues una vía férrea le restaría poder a los sindicatos de taxistas, combis y autobuses en Cancún y su terminal aérea; en Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum. Eran fieles aliados del PRI-gobierno en tiempos de elecciones. Y siguen tan influyentes que impiden la presencia de las plataformas, como Uber y Didi.

En vez de una vía férrea se construyó una moderna autopista con un camellón poblado de frondosos árboles, palmeras y postes de alumbrado. A la par del exitoso crecimiento de la Riviera Maya muchos más vehícu­los de todo tipo, al grado de tener que construir un segundo piso de varios kilómetros en Playa del Carmen para agilizar el tránsito hacia Tulum. Además, un periférico. Otra vía, de cuota, enlazó Cancún con Valladolid, Chichen Itzá y Mérida.

La actual administración pública finalmente se propuso establecer una vía férrea moderna y de mayor extensión: el Tren Maya. Recorre mil 500 kilometros divididos en siete tramos. Su costo: 230 mil millones de pesos. Comunicará las principales regiones de Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo. Su objetivo: unir el polo turístico más importante del país con las comunidades rurales de esas entidades y así alentar su desarrollo económico y social.

Coordina la obra el Fondo Nacional de Turismo, Fonatur, y en la construcción de las vías y el equipo rodante participan empresas nacionales y del exterior. Sin embargo, la ruta original ha tenido siete cambios por mala planeación. La más reciente, en el tramo Cancún-Playa del Carmen-Tulum. Tendría una parte elevada al cruzar por Playa del Carmen. Pero las obras en este segmento se suspendieron luego de gastar 500 millones de pesos en ellas y talar y/o trasplantar de mala manera más de 20 mil frondosos árboles. La explicación oficial: causaría numerosos problemas a la población local. Ahora el tren irá por el periférico de esa ciudad. La estación, a siete kilómetros de su corazón turístico.

Recién recorrí el tramo eliminado y lo que destruyó. Me pregunto cómo pudieron aprobar tan absurdo trazo los responsables del multimillonario proyecto si eran obvios sus inconvenientes de todo tipo. ¿En qué nube dormían los encargados de supervisar los aspectos técnicos de la obra y las compañías constructoras? Ahora se deberá rellenar y reforestar el tramo excavado en la autopista Cancún-Tulum. Lo pagaremos con nuestros impuestos. ¿Y los culpables de este garrafal error y los seis anteriores? En la nómina, como si nada.