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Nudo gordiano

Atacar al mensajero

Yuriria Sierra

Excelsior

Para los periodistas tendría que diseñarse un mecanismo de protección… también de la mañanera. Desde Palacio Nacional todos los días, sin excepción, se realiza contra la prensa algo que no puede calificarse como un ejercicio de rendición de cuentas, como se anunció en un inicio.

Ayer, por ejemplo: “Imagínense, si no existe una denuncia formal, nada más por la campaña de linchamiento encabezada por Denise Dresser…”, dijo el Presidente sobre el caso de Pedro Salmerón y su postulación como embajador de México en Panamá. Una campaña, aseguró el mandatario, haciendo a un lado, una vez más, los señalamientos de acoso que generaron, incluso, que el gobierno del país centroamericano expresara su rechazo a la postulación; luego vino entonces la “declinación” del historiador. Un día antes, el caso de Roberto Toledo, asesinado en Michoacán, pero de quien el gobierno tuvo sumo interés en aclarar que no se trataba de un periodista, sino de un colaborador de un despacho de abogados, como si esto restara valor a su homicidio. Aunque vale subrayar que en el lugar de la ejecución apareció una cartulina con una amenaza firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Una semana antes hizo lo mismo con el asesinato de Lourdes Maldonado. El Presidente de inmediato pidió no apresurar juicios, refiriéndose al antecedente de la disputa legal que la periodista tenía con el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, a quien le había ganado un laudo hacía apenas unos días. Cualquier intento por relacionar el crimen con la querella, para el Presidente es hacer politiquería.

Eventos inauditos hemos visto en los últimos años, en la administración que se vendió como la más transparente. Una conferencia matutina que no es sino un ejercicio propagandístico y una fuente de agresión contra la prensa.

“Esta violencia a la cual se enfrenta la prensa solamente ocurre en países que están en situación de guerra. Nos preocupa que, frente a la violencia que ocurre contra la prensa, no existen compromisos reales sobre cómo generar una política pública de protección integral que vaya más allá, porque son, lamentablemente, muy necesarias en este contexto. Mientras no haya acciones de prevención, y esto atraviesa incluso desde dejar de atacar y de estigmatizar a la prensa en las conferencias, desde el Presidente de la República, pero que, además, ha sido replicado por presidentes municipales y gobernadores. Entonces, es un efecto cascada, pero va desde eso hasta capacitaciones y derogación de leyes, así como a combatir la impunidad. O sea, qué mensaje se le está dando a la sociedad y a los perpetradores si nada más se fortalecen mecanismos de protección donde meten en refugios a periodistas, los terminan silenciando, porque dejan de hacer tu trabajo, y a ellos (los agresores) no les pasa absolutamente nada…”, me dijo en entrevista Itzia Miravete, coordinadora de Prevención del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19.

Agregó: “Su labor es proteger la libertad de expresión, proteger a periodistas y no estar señalando quién es bueno, quién es mal periodista. Al final, son mensajes inhibitorios porque la prensa decide entonces ya no cubrir, ya no criticar, evitar temas que pueden incomodar al poder y entonces eso va cerrando los espacios democráticos…”.

Y otro ejemplo, sin razón alguna, periodistas fueron desalojados de la sala del pleno en el Senado, durante el inicio del periodo de sesiones ordinarias este martes. Nada parecido había ocurrido jamás y, aunque minutos después se les volvió a dar acceso a los compañeros que cubren la fuente, aún no sabemos de dónde vino esa orden de desalojo ni el porqué.

¿En qué momento la prensa se convirtió en un enemigo sólo por realizar su trabajo? La única respuesta aceptable de éste y cualquier gobierno sería el contraste de hechos con cifras y datos reales que contradigan el ejercicio periodístico, no la denostación con la que construyen esa falsa narrativa con la que nos entienden como su enemigo.

Astillero

Malabares en la mañanera // Inquisición panameña // Aldana y Romero Deschamps // Investigar caso Houston

Julio Hernández López

La Jornada

El presidente de México enderezó hacia la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá el estigma de Santa Inquisición porque pidió en documento oficial que no fuera solicitado el beneplácito de ese país centroamericano para la postulación del historiador Pedro Salmerón Sanginés como embajador.

En la práctica diplomática no es necesario que un país de adscripción explique o justifique la razón por la cual no extiende un beneplácito (o, en el caso, por la cual pide que no se le coloque en una situación indeseada al pedir tal aprobación, llamada plácet). Basta que ese país no considere de su agrado una propuesta para que ésta sea desechada.

Sin embargo, el presidente mexicano asumió tal rechazo a Salmerón como algo litigable al menos en la conferencia mañanera de prensa, donde invocó el pensamiento del fallecido general Omar Torrijos, quien fue llamado líder máximo de la revolución panameña y recordó a Graham Greene y su libro Descubriendo al General (cuya lectura recomendó a la canciller Erika Mouynes).

Con anticipación, el historiador Salmerón había enviado a Palacio Nacional una carta ofreciendo declinar a la postulación diplomática y reiterando lealtad al proyecto político encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien a su vez anunció la posibilidad de asignarle algún otro cargo en el Ejecutivo federal.

En lugar de Salmerón fue anunciada la artista y activista de causas sociales Jesusa Rodríguez, senadora suplente que ya ocupó la titularidad durante el tiempo en que Olga Sánchez Cordero fue secretaria de Gobernación. Jesusa es defensora de los animales, vegana y promotora de la cultura indígena. Mujer que ha apoyado sin reservas el proyecto obradorista y que, en ese sentido, constituye una suerte de guiño al movimiento feminista. Aun así, AMLO dijo que esta es una propuesta, a ver si la acepta el gobierno de Panamá, no creo que el presidente de Panamá esté enterado; yo creo que esto tiene que ver más con la canciller (https://bit.ly/35JRjpd ).

Malabarismo en pista sindical es el relacionado con el arribo de Ricardo Aldana al control del sindicato petrolero. Ha sido pieza del primer círculo de la mafia dirigida por Carlos Romero Deschamps, símbolo de corrupción hasta ahora intocado y más bien protegido y hasta beneficiado, como puede verse ahora que su corriente ha conservado el mando en la mayoría de las secciones sindicales del país y a nivel nacional con el mencionado Aldana.

El presidente de la República ha dicho que no conoce personalmente a Aldana, lo que no exime de conocer su historial y las consecuencias nocivas de la continuidad de esos grupos en el poder. También se ha planteado que el resultado de esta elección es un producto de la libertad y la democracia, cuando son sabidas las prácticas de violencia física, administrativa y laboral que el romerismo, como sus antecesores, han practicado contra disidentes y opositores.

Por lo demás, tampoco ha habido un esfuerzo de la llamada 4T contra los líderes sindicales corruptos: ahí siguen personajes como Víctor Flores en el sindicato de ferrocarrileros, Víctor Fuentes en los electricistas y el romerismo en los petroleros. ¿Puede haber 4T si no hay ni pizca de cambio en el charrismo sindical?

El presidente volvió a hablar del tema de su hijo José Ramón y planteó: está abierta la investigación, a ver de quién es la casa, qué contrato recibieron de Pemex, quién los autorizó. Pues no van a encontrar nada, absolutamente nada. También informó que ha solicitado a la Fiscalía General de la República que entregue al Instituto Nacional Electoral (INE) un expediente de uno de sus hermanos sobre esto del dinero que recibió en un proceso, que ni siquiera era campaña.

Y, mientras el INE acepta ajustar el próximo ejercicio revocatorio a la disponibilidad de recursos, y la Corte deja intacta (por un voto de diferencia) la pregunta enviada por el Senado, que incluye la opción ratificatoria.

México SA

Hacienda: tajante no al INE // Córdova y su fallida pataleta // ¿Ganó Ricardo Aldana?

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

De nada sirvió la permanente pataleta ni el deprimente show de al chipotle, porque la Secretaría de Hacienda no abonará un solo peso adicional al presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados para el presente año, de tal suerte que, con todo y berrinche, el Instituto Nacional Electoral (INE), presidido por el comandante billetes, debe llevar a cabo la consulta de revocación de mandato tal cual lo establece la Constitución. Nada más, pero nada menos.

La dependencia notificó al INE, en tiempo y forma, que no es viable jurídicamente otorgar recursos adicionales a ese instituto, pues se reitera que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 aprobado por la Cámara de Diputados no existe disposición y asignación específica de recursos que permita aumentar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral u otorgar excepcionalmente recursos adicionales.

Es necesario recordar que, por ley, la Cámara de Diputados es la única facultada para aprobar, modificar o rechazar el Presupuesto de Egresos de la Federación que a su consideración presenta el Ejecutivo, lo que puntualmente hace año tras año, y una vez aprobado –con todas las adecuaciones y reasignaciones que, en su caso, realicen los legisladores– el monto que autoricen será el que se ejerza.

La negativa de la Secretaría de Hacienda estaba más que cantada, pero en el INE no se dieron por enterados y, sin más, los consejeros –en especial Córdova y Murayama– mantuvieron su campaña lacrimosa (no tenemos dinero, mientras degustaban exquisitas viandas y bebían excelentes vinos, entre otros tantos gastos). De hecho, semanas atrás el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, despejó cualquier duda y aclaró el panorama: no hay margen en el Presupuesto de Egresos de la Federación que permita destinar can-tidades adicionales a una ampliación (de recursos) de un órgano autónomo.

En dicha respuesta, Hacienda apeló a la autonomía presupuestaria del INE para realizar los ajustes, adecuaciones y esfuerzos financieros a fin de contar con los recursos para la realización del ejercicio de revocación de mandato. No obstante, reiteró al organismo su mejor disposición de apoyar (…) en la instrumentación de mecanismos de colaboración para que las diferentes dependencias y entidades del gobierno federal apoyen en las tareas del ejercicio. Ya sea en los trabajos de resguardo de la documentación e instalaciones, acompañamiento de personal, auxilio mediante equipo altamente cualificado que vela por la salvaguarda de los ciudadanos que participan en los ejercicios organizados por ese instituto, entre otras tareas, y estamos seguros de que coadyuvarán en la realización del proceso de revocación de mandato, ofreció la secretaría del gobierno federal ( La Jornada, Dora Villanueva).

Sin embargo, entre amenazas de no realizar la citada consulta, fúricas respuestas y una campaña permanente contra aquellos que osen afectar sus intereses económicos, y los de la pandilla, Lorenzo Córdova pretendía una ampliación presupuestal de mil 738 millones de pesos, por mucho que, en un ejercicio de sumas y restas, no de intimidación, el gobierno federal le sugirió ajustes económicos internos que permitirían al INE ahorros por 2 mil 972 millones, planteamiento que no sólo provocó la tajante negativa del comandante billetes, sino que desató su ira con la consigna ni un peso atrás (pa’lante lo que quieran; en reversa, nunca). En fin, no se le hizo al comandante billetes, a quien ni sus esqueléticos partidos políticos lograron darle cobertura.

De pilón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó modificar la pregunta para los ciudadanos en el proceso de revocación de mandato. El presidente de esa institución, Arturo Zaldívar, dijo que no se puede cambiar a la mitad del camino.

Las rebanadas del pastel

Dice la Secretaría del Trabajo que el flamante Sistema Remoto de Votación Laboral (diseñado por esa dependencia) funcionó eficientemente, pero si al final de cuentas las prácticas intimidatorias y la compra de votos son las mismas que antes de la modernización electoral en los sindicatos, entonces huele a tomadura de pelo. ¿En serio Ricardo Aldana, contlapache del mafiosi Carlos Romero Deschamps, obtuvo el voto mayoritario (alrededor de 70 por ciento, modestamente, según él), además del cariño y reconocimiento de los masoquistas trabajadores petroleros?

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