Lo que dicen los columnistas

Arma de intimidación masiva

Sería un error concluir que porque Putin no ha usado la bomba nunca la utilizará. Las armas existen, la doctrina contempla su empleo en circunstancias más amplias y una crisis militar puede evolucionar de maneras que ninguno de sus participantes había previsto ni deseado.

Karolina Gilas

Proceso

La última semana de septiembre Rusia envió a la OTAN una advertencia por escrito: si la alianza intentaba aislar Kaliningrado, Moscú estaba dispuesta a responder con todo su arsenal, incluidas las armas nucleares. La nota mencionaba incluso ataques contra los centros de decisión de los países de la OTAN. El 1 de octubre, en el Foro Valdái, Vladímir Putin reiteró que, ante un ataque a territorio ruso, se consideraría el uso de todas las armas disponibles; al mismo tiempo, aseguró que Rusia no tiene la intención de atacar a ningún país europeo. Hay que asumir que una cosa no excluye la otra. Para amenazar no hace falta presentarse como agresor; resulta más conveniente anunciar que se responderá a una agresión que aún no ha ocurrido.

Kaliningrado, el territorio ruso encajado entre Polonia y Lituania y abierto al mar Báltico, es el escenario elegido. Alberga instalaciones militares estratégicas y misiles capaces de transportar ojivas nucleares. Moscú acusa a la OTAN de preparar un bloqueo marítimo y aéreo, aunque la alianza niega que exista un plan semejante. Lo que sí existe es una actividad militar creciente en el Báltico que incluye la vigilancia de buques, la protección de infraestructura submarina y ejercicios destinados a reforzar la defensa aliada. Algunas de esas medidas afectan a la llamada flota sombra rusa, utilizada para evadir sanciones petroleras. Para justificar su amenaza, al Kremlin le basta con presentarlas como el inicio de un ataque.

Durante la Guerra Fría, la disuasión nuclear se basó en una premisa terrible pero sencilla. Atacar a una potencia nuclear podía provocar una represalia igualmente devastadora. La utilidad de las bombas consistía, precisamente, en que no se utilizaran. Putin intenta extender esa lógica a una cuestión distinta. No se limita a advertir contra un ataque nuclear o una invasión de su territorio; utiliza la posibilidad de una respuesta nuclear para condicionar lo que otros Estados pueden hacer con sus fuerzas convencionales, sus alianzas y sus decisiones sobre Ucrania. En otras palabras, Rusia declara que defenderá su territorio y, al mismo tiempo, amplía la definición de amenaza, reclamando para sí el derecho de decidir cómo sus vecinos pueden defenderse y qué alianzas pueden integrar.

En noviembre de 2024 Rusia modificó su doctrina nuclear. La versión anterior contemplaba el uso de estas armas ante una agresión convencional que pusiera en peligro la existencia misma del Estado. La nueva incluye situaciones que representen una amenaza crítica para su soberanía o su integridad territorial, así como la de Bielorrusia. Esto no significa que un incidente en el Báltico desencadene automáticamente un ataque nuclear. Significa que Moscú se ha reservado un lenguaje más amplio para justificarlo.

La intimidación tiene una función inmediata: alterar los cálculos europeos. Desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania, el Kremlin ha anunciado repetidamente límites que Occidente no debía cruzar. Llegaron los tanques, los misiles de largo alcance y los aviones de combate; Rusia no respondió con armas nucleares. La sucesión de amenazas incumplidas ha reducido su eficacia. Por eso el tono se endurece, los destinatarios cambian y los escenarios se multiplican. La amenaza de ayer contra la ayuda militar a Ucrania se convierte hoy en una advertencia sobre la seguridad de Kaliningrado.

Para que la intimidación funcione, sus adversarios deben creer que Rusia podría cumplir sus amenazas. De ahí la tentación de subir el volumen, acercarlas a escenarios concretos y hacer cada vez más difícil distinguir una señal política de un preparativo real. La reiteración puede acostumbrar a los gobiernos a ignorar las advertencias y, a la vez, aumentar el riesgo de una interpretación errónea ante un incidente verdaderamente grave.

La presión no está dirigida únicamente a los militares de la OTAN. Los gobiernos europeos responden ante electorados que pueden apoyar a Ucrania y, al mismo tiempo, temer una guerra con Rusia. Mantener la ayuda militar, reforzar la vigilancia en el Báltico o financiar nuevas capacidades defensivas son decisiones que deben justificarse públicamente. Moscú intenta introducir una consideración adicional en cada debate. ¿Y si esta decisión desencadena una guerra nuclear? No necesita que toda Europa se vuelva prorrusa. Le bastaría con que suficientes gobiernos concluyeran que actuar resulta más costoso que abstenerse.

La reacción de la OTAN evidencia la delicadeza de ese cálculo. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, rechazó la amenaza rusa y descartó un peligro inmediato para el territorio aliado. Esta semana, la organización confirmó que celebrará sus ejercicios nucleares anuales, Steadfast Noon, sin armas reales y lejos de Rusia. Sus responsables señalaron que no han detectado cambios alarmantes en la postura nuclear rusa. No es garantía de que nada salga mal. Es una forma de distinguir entre el incremento de la retórica y la preparación militar observable.

Sería un error concluir que porque Putin no ha usado la bomba nunca la utilizará. Las armas existen, la doctrina contempla su empleo en circunstancias más amplias y una crisis militar puede evolucionar de maneras que ninguno de sus participantes había previsto ni deseado. En febrero de 2022, mientras los servicios de inteligencia estadunidenses advertían sobre la invasión, algunos observadores la consideraban improbable debido a los enormes costos que implicaría para Rusia. Putin invadió de todos modos. Aquel antecedente recuerda lo arriesgado que resulta suponer que los costos que desde fuera parecen disuasorios lo serán también para el Kremlin.

Aun así, sería un error confundir una amenaza con la decisión de ejecutarla. Los costos de un ataque nuclear, incluida la posibilidad de una respuesta militar devastadora y la pérdida de apoyo internacional, serían enormes para Moscú. La incertidumbre sobre si aceptaría pagarlos es precisamente lo que Putin busca aprovechar.

Razones

Seguridad, inteligencia y el 2028

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Excelsior

El acuerdo firmado esta semana entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha pasado casi desapercibido para la opinión pública, pero tiene una importancia crucial. Se trata del convenio para interconectar los sistemas de información y dar acceso a la Guardia Nacional a la Plataforma Central de Inteligencia. 

El convenio fue firmado por el general Ricardo Trevilla Trejo y por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para potenciar las investigaciones contra el crimen organizado y deberá permitir, sobre todo, que los sistemas operativos, bases de datos y registros administrativos de la Guardia Nacional se vinculen directamente con los operados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Al poder cruzar los datos de campo de la Guardia Nacional con el sistema central, las autoridades de ambas instituciones podrán identificar con mayor precisión patrones delictivos, estructuras financieras y vínculos de organizaciones criminales. El objetivo principal, se dijo, es generar “datos de prueba” sólidos para que las detenciones se traduzcan en vinculaciones a proceso efectivas ante los jueces, un tema crucial porque cerca de 50 por ciento de los detenidos por delitos de alto impacto no terminan tras las rejas o con las condenas que deberían tener.

Usted se podrá preguntar cómo es que después de cuatro décadas de lucha contra el crimen organizado las plataformas de inteligencia no están comunicadas. Ésa es una de las deficiencias evidentes durante todos estos años y un espacio que ha permitido, además, la ineficiencia y la corrupción. El problema no es que existan diferentes agencias, civiles y militares. En Estados Unidos hay 18 agencias de información e inteligencia operando simultáneamente, pero después del fracaso que significaron los atentados del 11-S, se creó la Oficina del director de Inteligencia Nacional que supervisa toda la comunidad de inteligencia, información y contraterrorismo y asesora directamente al presidente. El actual director, por cierto, es Jay Clayton, el exfiscal del sur de Nueva York, que realizó las investigaciones y pidió las órdenes de captura contra los narcopolíticos de Sinaloa, comenzando por Rubén Rocha y Enrique Inzunza.

Este esquema de colaboración, además del mensaje político que envía al ser presentado en forma conjunta por García Harfuch y el general Trevilla, es fundamental para lo que viene. En términos legales, en 2028 las Fuerzas Armadas tendrán que dejar todas las tareas de seguridad pública. Esas responsabilidades quedarán en manos de las autoridades civiles y de la Guardia Nacional, que depende de la Defensa, pero que está específicamente dedicada a la seguridad pública. Las fuerzas militares sólo atenderán la seguridad interior y nacional. Por eso es tan importante el fortalecimiento de la Guardia Nacional y su coordinación en todos los ámbitos con las autoridades de seguridad civiles.

Pero el retiro militar de 2028 implica un desafío mucho mayor. Como lo comprobamos día con día, sin policías estatales y federales eficientes, ni operativos, la presencia de la Guardia Nacional nunca será suficiente, esté o no coordinada por las otras fuerzas federales. No tenemos policías capacitadas en el ámbito local más que en un puñado de estados y ciudades. En los lugares en los que funciona la estrategia de seguridad es porque las autoridades locales han logrado crear policías eficientes y están coordinadas con las fuerzas federales. Coahuila o Yucatán, hay otros pocos casos, son ejemplos evidentes de ello.

Pero lo cierto es que durante los seis años de López Obrador no se destinaron recursos ni esfuerzos presupuestales y políticos a las policías locales, que dependieron de los gobernadores o presidentes municipales en turno para su desarrollo. Y la mayoría prefirió usar sus recursos en otros temas, pedir apoyo federal o coludirse con los grupos criminales. De ahí la ineficiencia y corrupción que hemos visto en muchos estados y municipios.

Desde 2020, los alcaldes perdieron el control de recursos etiquetados, que fueron exclusivamente para patrullas, chalecos y exámenes de control de confianza. Para que los militares regresen a los cuarteles en 2028, los estados deben certificar a todos sus elementos, mejorar sus salarios y adquirir tecnología de punta, metas que se ven lejanas para la enorme mayoría sin una fuerte intervención y apoyo federal que, por lo menos en el paquete económico 2027, el año previo al retiro de los militares de las calles, no aparece de ninguna forma.

Los estados, con una fuerte astringencia financiera y sin demasiado apoyo presupuestal federal (sobre todo en los gobernados por la oposición), tampoco parecen estar en condiciones de dar por sí solos esos pasos. Recordemos que, a pesar de todo lo que vivimos, lo que invertimos en seguridad es menos de la mitad del porcentaje del PIB que destinan países como Colombia o Chile. Cuando Estados Unidos, por ejemplo, reclama que México invierta mucho más en seguridad para atacar los grupos narcoterroristas, está hablando precisamente de esto.

Por eso, entre otras razones, el acuerdo establecido entre la Defensa y la secretaría de seguridad federal es un paso importante, porque comienza a unificar sistemas e información de distintos ámbitos para coordinar mejor esas acciones. Pero no nos engañemos: falta muchísimo más por hacer y el 2028 ya está en el horizonte.

Juegos de poder

Del azar, especulaciones y traiciones a la patria

LEO ZUCKERMANN

Excelsior

Rara, muy rara, la detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, acusado de traición a la patria.  

Toda esta historia es producto del azar, en este caso de un accidente automovilístico. 

El 19 de abril, dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos murieron junto con dos funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua cuando la camioneta en la que viajaban cayó a un barranco en la Sierra Tarahumara. Regresaban de un operativo exitoso contra laboratorios clandestinos de drogas sintéticas. 

El accidente reveló la participación de agentes estadunidenses en operaciones antidrogas en territorio mexicano sin autorización del gobierno federal. 

De no haber ocurrido este incidente, nada hubiera pasado. Cosas del destino. 

La Presidenta enfureció cuando se enteró de la noticia. Denunció que su gobierno desconocía la presencia operativa de los estadunidenses. Exigió explicaciones a Washington y a Chihuahua, argumentando que se había vulnerado la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

Claudia Sheinbaum aclaró que, hasta ese momento, no existían pruebas de que la gobernadora hubiera ordenado el operativo. La propia Maru Campos negó haberlo hecho. Aunque defendió la actuación de las autoridades estatales, reconoció necesario investigar posibles irregularidades. Ordenó crear una unidad especializada para esclarecer los hechos y solicitó la renuncia del fiscal. 

La 4T se le fue duro a Campos. Incluso amenazaron con promover un juicio político en su contra. 

Por su parte, el panismo cerró filas con su correligionaria. El 30 de mayo, la gobernadora encabezó un acto multitudinario bajo la consigna “Yo con Maru”. Al evento asistieron destacados panistas, entre ellos los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, Xóchitl Gálvez, Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Marko Cortés. Los participantes denunciaron una presunta persecución política del gobierno de Morena contra la gobernadora. César Jáuregui, ya exfiscal, encabezó una caravana de simpatizantes panistas en apoyo a Campos que culminó en el evento.

Hasta ese entonces, Campos y Jáuregui parecían unidos frente a las acusaciones del gobierno federal. 

En octubre, el panorama cambió radicalmente. 

El sábado, agentes estatales detuvieron a Jáuregui por el presunto delito de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Jáuregui se declaró inocente. El juez determinó que podía continuar el proceso en libertad, sujeto a medidas cautelares. Acto seguido, al salir del tribunal estatal, la Fiscalía General de la República lo aprehendió por el delito de traición a la patria; lo trasladaron al penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Es obvio que la gobernadora cambió de postura: de proteger a Jáuregui, aunque lo haya despedido, pasó a entregarlo en charola de plata al gobierno federal. Porque nadie puede creer que no haya habido una acción coordinada de los gobiernos estatal y federal para detenerlo primero uno y luego el otro. 

Aquí la pregunta central es por qué el cambio de Maru, acción que algunos panistas han calificado de traición.

¿Hubo una negociación entre Campos y Sheinbaum?

 Sólo ellas lo saben porque así son las negociaciones políticas: secretas. 

Se especula, eso sí, que Jáuregui ya le incomodaba a la gobernadora porque pretendía lanzarse como candidato del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua el año que entra cuando Maru quería en esa posición a su actual secretario de Gobierno, Santiago de la Peña. 

También se especula que Jáuregui fue el precio que pidió Sheinbaum a Maru para lanzar a Cruz Pérez Cuéllar como candidato de Morena a la gubernatura del estado en lugar de Andrea Chávez, quien odia a Campos y prometió que, de llegar a gobernar, la metería en la cárcel. 

Tomando en cuenta el modus operandi de Morena en elecciones pasadas, también se especula que Maru habría negociado entregar a ese partido la gubernatura de Chihuahua y a Jáuregui a la justicia federal a cambio de impunidad y alguna embajada o consulado. 

Agréguese a las especulaciones que Maru habría recibido información de que Jáuregui estaba involucrado con el crimen organizado y no habría tenido de otra más que entregarlo a las autoridades federales. 

No se puede descartar de las especulaciones que el cambio de postura de la gobernadora sea simplemente por impericia política porque la chihuahuense no se ha caracterizado por ser una lumbrera en el ejercicio del poder. 

Lo que comenzó con un acto azaroso, hoy se ha convertido en la comidilla política del país. Huelga decir que de corte bananero por la ridícula acusación de traición a la patria por la que hoy está encarcelado el exfiscal de Chihuahua.

Astillero

“Declarar inexistentes huelgas laborales” // Para no “inhibir” inversiones // Jueza denuncia castigo // Ebrard: bórrenme de listas

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

La Jornada

Luego de resolver a favor de los trabajadores sindicalizados las huelgas de Compañía Hulera Tornel y de Nacional Monte de Piedad, la jueza de distrito Graciela Treviño Garza fue castigada con una suspensión de meses, mediante acusaciones de las que no se le permite tener copia ni tomar fotografías del expediente.

Electa conforme a la reforma judicial y adscrita al ámbito laboral, Treviño Garza asegura haber recibido presiones de instancias gubernamentales para declarar inexistentes las huelgas laborales. En específico, nombra a entidades del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, perteneciente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

¿Por qué habría la instrucción general de declarar inexistentes las huelgas de trabajadores?, se le preguntó. Y respondió: muy probablemente porque en la STPS desean mantener la visión de que “todo está muy bien, porque no vaya a ser que se inhiba la inversión extranjera o nacional, ¿no? Lo que yo digo es que se deben respetar los derechos de los trabajadores, y que además, México debe ser un país donde los inversionistas sepan que se van a respetar esos derechos, ¿o no era así la cosa por la reforma? Es lo que yo estoy asombrada” (entrevista en video: https://goo.su/dFnn).

Mexicalense de origen, sin carrera judicial, pero “con trayectoria”, fue electa con más de 46 mil 600 votos. Relata como “a mí se me explicaba cómo declarar inexistencia, que no… que no hubiera habido huelga. Y quiero decir a la gente que el poder que tiene un juez o una jueza es mucho, porque puedes afectar a casi 2 mil familias, como en el caso de Nacional Monte de Piedad”, y otro, el de Tornel.

Treviño Garza afirma que en instancias del Poder Judicial persiste una estructura dominada por personal que fue activamente adverso a la reforma judicial y que, por ello, enreda, distorsiona y bloquea toda intención de justicia laboral. En su caso, señala, le impidieron tener un equipo propio de trabajo, y luego de acusaciones, primero cinco de carácter anónimo, de presunta corrupción, violencia y maltrato, la suspendieron, con pago de 33 por ciento de sueldo, y no le permiten tener copias de su expediente.

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, cerró las puertas a las pretensiones de que haya cambios en algunas de las coordinaturas designadas para 17 gobiernos estatales (“ya están dadas”, precisó), e invocó los compromisos firmados por los participantes en las encuestas para respetar los resultados, y el valor de la palabra empeñada.

En particular, defendió la condición inamovible de Clara Luz Flores, aspirante por segunda ocasión a gobernar Nuevo León. En ese proceso de evitar que la caída de una candidatura pudiera generar un efecto dominó, Montiel informó que nombró al senador Félix Salgado Macedonio asesor para dialogar con “algunos que andan medio inconformes” y “sensibilizarlos” (¿?).

Por cierto, Celeste Salgado, hija del senador y asesor Salgado Macedonio, y hermana de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, busca sensibilizar las encuestas para ser candidata de Morena a presidir el municipio de Iguala.

Astillas

Marcelo Ebrard nada más pide que lo borren de las listas actuales de precandidatos a la Presidencia de la República, pero no que lo maten políticamente (AMLO llegó a decir, en su momento, que lo dieran por muerto respecto a aspiraciones presidenciales, aunque…). Sobreviviente experto, el secretario de Economía dijo ayer a periodistas: “yo estoy trabajando en lo que estoy trabajando. Mi concentración hoy es sacar esto adelante (…) Bórrenme de sus listas, no se preocupen, yo estoy en lo del tratado”… Y, mientras en la sede estatal de Acción Nacional en Chihuahua se manifestaban ayer decenas de militantes inconformes con el proceso judicial abierto contra el ex fiscal César Jáuregui, de lo cual algunos de los manifestantes culpan por traicionera a la gobernadora panista Maru Campos.

México SA

Se soltó el “periodismo ficción” // Maru Campos, ¿exonerada? // ¿Embajada por Jáuregui?

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

La Jornada

Con tal de zafarse de su innegable cuan ilegal beneplácito para que agentes de la CIA (y otras dependencia de la Casa Blanca) operen libremente en el estado que dice “gobernar” (y con ello –supone– librará cualquier acusación formal por traición a la patria), la panista Maru Campos está dispuesta a pasar a cuchillo a todo aquel que hasta hace poco llamaba “amigo”, entre los que hasta ahora destaca el ex fiscal general de Chihuahua y su primer secretario general de Gobierno, César Jáuregui (sustituido por el priísta Santiago de la Peña Grajeda), hoy preso en penal federal. Pero el catálogo de esas “amistades” no es infinito, por lo que tarde que temprano a La Gringa se le acabarán las piezas “sacrificables” e irremediablemente terminará en la cárcel, a menos, claro está, que cruce la frontera norte en busca de protección por los servicios prestados.

Ante tal panorama, la casta panista (con los indecentes Vicente Fox, Felipe Calderón, Jorge Romero, Roberto Gil Zuarth, Ricardo Anaya y demás pandilleros blanquiazules) ¿reforzará su campaña propagandística “YoConMaru”, iniciada en abril pasado? Ello, porque, ¡cuidado, ratas!, a estas alturas igual La Gringa se los lleva entre las patas. Recuérdese que una de las caras visibles del cártel inmobiliario, quien presume ser “dirigente” nacional del PAN, ofreció “respaldo total a nuestra gobernadora; se meten con ella porque hace la chamba que no hace el gobierno federal” (léase aplaude la operación ilegal de agentes estadunidenses en territorio mexicano). Y de pilón coreaba: “Lo que intentan hacer contra ella es una persecución política”. ¡Ole!

Y ante las versiones siempre igual de creativas que de mentirosas de Carlos Loret de Mola y onanista mafia centavera que lo acompaña (“hubo un gran pacto entre la presidenta Sheinbaum y Maru Campos: la cabeza de César Jáuregui a cambio de una embajada para la chihuahuense”, con impunidad garantizada), la mandataria subrayó: “Para decirlo con absoluta claridad, la justicia está por encima incluso de la política, y nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia; imagínense: ponerse de acuerdo con un gobernador para ver a quién metes a la cárcel o qué, pues no; pero ya ven que lo saca (publica) uno y, ¡zas!, vienen toda la comentocracia, la chismocracia, el periodismo de chisme, el periodismo de ficción”.

Y a Maru Campos, que tanto presumió el “desmantelamiento” de un narcolaboratorio con la ilegal intervención de dos agentes de la CIA, la presidenta Sheinbaum le envió un atento recordatorio: “Primero, no desmantelaron ningún ( narco) laboratorio; segundo, no tiene atribuciones una fiscalía estatal para desmantelar un laboratorio; solamente la Fiscalía General de la República tiene esas atribuciones, además de que no lo hicieron: sencillamente fueron, lo vieron y se regresaron” y en el camino murieron junto con dos funcionarios del gobierno de Chihuahua”. Y por si quedara duda, la mandataria subrayó: “Hay notas que dicen hoy que yo ‘exoneré’ a la gobernadora; no es mi papel; no depende de mí exonerar a una persona o a otra; es una decisión de la fiscalía y de la investigación, ni siquiera una decisión personal de la fiscal, sino de la propia investigación”.

La Gringa, pues, pende de un hilo, por lo que nada mal haría la justicia mexicana en reservar una bella habitación en alguna de las prisiones mexicanas para que Maru Campos cómodamente se instale una buena temporada. ¡Y a gozar las visitas de sus amigos de la CIA!

Las rebanadas del pastel

Por su enorme alcance y beneficio social, el IMSS es una de las instituciones públicas más relevantes y necesarias del país. Durante años (del régimen priísta a secas al prianista con sus 36 años al hilo de destrozos) la exprimieron, la desvalijaron y la subrogaron a los “amigos” del gobierno en turno, mercantilizando uno de los derechos humanos fundamentales: la salud. La mafia de los medicamentos (más la interna, sindicato incluido) se hinchó los bolsillos –a costillas del erario y de los padecimientos de muchos mexicanos– por la brutal corrupción imperante, instituida entonces como política de Estado. La saquearon, pues, y para reflotarla el esfuerzo ha sido enorme. Entonces, no la dejen caer: la responsabilidad es compartida: gobierno y trabajadores, quienes exigen sean satisfechas sus demandas, legítimas a todas luces. Y en esa corresponsabilidad se incluye la desburocratización, más eficiencia y, desde luego, mejoría del ingreso y condiciones laborales, sin olvidar el abasto puntual de medicamentos. Esfuerzo conjunto, pues. Casi 23 millones trabajadores afiliados y sus familias dependen de ello.