Lo que dicen los columnistas

Justicia sí, sustitución no. El desafío de la autonomía universitaria

Defender la autonomía no es cerrar las puertas a la justicia; es exigir que se reconozcan los límites que la Constitución estableció, y los primeros en respetarlos deben ser los órganos jurisdiccionales.

YARABÍ ÁVILA*

Proceso

El 15 de octubre de 1917 inició sus actividades la universidad estatal, creada por el Congreso de Michoacán a partir del proyecto del gobernador Pascual Ortiz Rubio, con una premisa fundamental: mantenerla fuera del inestable ambiente político de la época (Raúl Arreola Cortés, Historia de la Universidad Michoacana, UMSNH, 1984).

El Decreto Número 9, del 5 de octubre de ese año, lo dice a la letra: “Se establece la Universidad Autónoma del Estado de Michoacán y se denominará Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo” (Xavier Tavera Alfaro, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares expedidos en el estado de Michoacán, Congreso de Michoacán, 1978).

Como la evidencia histórica demuestra, la autonomía fue declarada desde el decreto fundante como parte esencial del proyecto de esta noble institución, cuya misión sigue vigente. Hoy más que nunca ese legado de sus fundadores debe defenderse frente a las amenazas que se ciernen sobre la máxima casa de estudios de Michoacán.

El sentido de esa autonomía quedó fijado hace 60 años por Javier Barros Sierra en la declaración que emitió, en nombre del Consejo Universitario de la UNAM, el 12 de noviembre de 1966: la autonomía es la libertad de enseñar, investigar y difundir la cultura, y comprende la facultad de organizarse y de dictarse sus propios ordenamientos dentro del marco de la Ley Orgánica; los problemas académicos, administrativos y políticos internos, escribió, “deben ser resueltos exclusivamente por los universitarios”, sin que ello equivalga a sustraerse de las leyes de observancia común (Javier Barros Sierra, “La autonomía universitaria”, declaración del 12 de noviembre de 1966, Gaceta UNAM, vol. XIII, núm. 37, 21 de noviembre de 1966; reproducida en Política y Cultura, núm. 9, 1997, pp. 103-104).

Jorge Carpizo, exrector, exministro de la Suprema Corte y expresidente de la CNDH, lo tradujo en términos jurídicos: la autonomía no es extraterritorialidad y las universidades están encuadradas en el orden jurídico nacional, pero en la designación de sus autoridades ninguna autoridad externa “es competente para opinar, calificar o modificar” esa decisión (“Transparencia, acceso a la información y universidad pública autónoma”, Cuestiones Constitucionales, núm. 21, 2009, pp. 79-80).

De ahí la pregunta que hoy nos ocupa a quienes encabezamos universidades públicas: ¿hasta qué punto un órgano jurisdiccional puede afectar a una universidad autónoma?

El artículo 3º constitucional reconoce a las universidades la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, sin que ello implique inmunidad frente a las leyes.

La Constitución traza los límites de los poderes externos, incluidos los jurisdiccionales, que no pueden sustituir ni suplantar a los órganos de gobierno universitario. Entre ellos destaca el Consejo Universitario, máximo órgano de la casa de estudios que, conforme a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana, es el representante de la comunidad nicolaíta y su máxima autoridad: el corazón mismo de la vida universitaria.

La tentación de suplantarlo no es nueva: en 2016, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se acudió al amparo contra la elección interna de consejeros en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades; el tribunal resolvió que esos comicios no constituyen acto de autoridad, privilegió el autogobierno protegido por el artículo 3º y refrendó que ningún órgano externo puede decidir quiénes integran los órganos universitarios (Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, tesis (IV Región)2o.7 A (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, julio de 2016, registro digital 2012044).

El artículo 3º es, así, un impedimento constitucional para que un juez de amparo desplace las competencias universitarias sobre la designación de sus integrantes y sus procesos internos.

Hechos recientes colocan esa pregunta en el centro. La Casa de Hidalgo ha enfrentado dos amparos: uno por presuntamente no respetar la elección de una consejera universitaria y otro por la suspensión temporal del director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Sergio Carmelo Domínguez Mota, acordada por el Consejo Universitario.

¿Hasta qué punto una autoridad jurisdiccional puede modificar, permanente o provisionalmente, una decisión de gobierno de una universidad autónoma?

Todo integrante de la comunidad puede pedir la protección de la justicia; pero debe ponderarse la facultad inherente de autogobierno que la Constitución reconoce a las universidades públicas autónomas, como ha quedado plasmado en diversas resoluciones de los órganos jurisdiccionales federales.

El propio Carpizo lo advertía: quien se considere lesionado puede acudir al juez, pero el juez constitucional está igualmente obligado a respetar la autonomía que garantiza el artículo 3º, fracción VII. De lo contrario, no sólo se modifica una decisión interna: se nulifica progresivamente una garantía concebida para preservar la libertad, el autogobierno y la autonomía de la universidad frente a poderes externos.

Otra interrogante queda abierta: ¿en qué momento la protección de un derecho incide materialmente en el ejercicio del autogobierno universitario?

La autonomía es una garantía constitucional que comprende el autogobierno y permite tomar decisiones internas con independencia de órganos externos. Autonomía y derechos no son conceptos contrapuestos; deben coexistir. La autonomía no es un “cheque en blanco” para vulnerar los derechos de la comunidad universitaria, pero restituir un derecho tampoco puede ser un boleto automático para sustituir consejos, comisiones, órganos académicos o procedimientos internos.

Con el nuevo Poder Judicial, cuyos integrantes son definidos por elección popular desde 2025, se vuelve necesaria una delimitación y un análisis serio sobre su imparcialidad y objetividad, y sobre si sus resoluciones descansan en elementos técnicos y jurídicos o en intereses políticos y poderes fácticos.

No se trata de prejuzgar a quienes llegaron mediante elección popular, sino de reconocer que el nuevo modelo obliga a nuevas reglas de convivencia y respeto entre órganos jurisdiccionales e instituciones autónomas, La prevalencia del respeto exige voltear al pasado para resignificar el presente, retomando los precedentes que han marcado la vida universitaria.

En 2009 nuestra universidad enfrentó cuatro amparos contra el nombramiento del rector. La Primera Sala de la Suprema Corte determinó que ese nombramiento pertenece al ámbito de la autonomía y no es impugnable en amparo, pues la autonomía implica autoformación, autogobierno e independencia en las decisiones de la vida interna (tesis 1a. XXX/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de 2010, registro digital 165333).

El precedente es relevante por la defensa que hace de la vida interna de las universidades y porque recuerda que el autogobierno no es una concesión administrativa: es una garantía institucional de rango constitucional vinculada al derecho a la educación superior.

La autonomía es, como recordaba Barros Sierra, antes responsabilidad que privilegio; no es patrimonio de rectores ni de autoridades, sino una garantía institucional cuyo fin primigenio es proteger a la universidad y a su comunidad frente a poderes externos, incluidos los jurisdiccionales, sin que ello signifique que las universidades estén por encima de la Constitución y de las leyes que de ella emanan.

Los tribunales deben intervenir cuando exista una verdadera violación de derechos fundamentales, y debe existir claridad sobre su papel: son órganos que restituyen un derecho, no órganos de gobierno universitario, por lo que proteger un derecho no puede instrumentalizarse para sustituir consejos, comisiones o procedimientos internos. Cuando lo jurídico se vuelve instrumento político, la universidad pública reitera: justicia sí, sustitución no.

La discusión no admite postergación, porque trasciende a la Universidad Michoacana e involucra a todas las universidades autónomas del país.

Hoy se afecta la integración del Consejo Universitario o la designación de directivos; mañana pueden ser las decisiones académicas, los procesos de elección interna o los planes de estudio.

Los tribunales federales están facultados para proteger los derechos de quienes integran nuestras universidades, pero sus decisiones deben apegarse a una Constitución que salvaguarda el derecho a la educación precisamente al dotarlas de autonomía y autogobierno.

Defender la autonomía no es cerrar las puertas a la justicia; es exigir que se reconozcan los límites que la Constitución estableció, y los primeros en respetarlos deben ser los órganos jurisdiccionales.

La lección es clara: no estamos ante una simple interpretación de la ley, sino ante el riesgo de que, una vez sustituido el gobierno interno de una universidad, se pierda la autonomía que la Constitución garantiza. ¡Justicia sí, sustitución no!

*Rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Razones

No son locuras, es agenda de EU

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Excelsior

Algo le tiene que haber molestado mucho al presidente Trump porque este fin de semana estuvo desatado en la relación con México: primero quitó la protección al lobo gris mexicano porque dijo que atacaba el ganado de su país. Es una fauna en peligro de extinción que estaba protegida a ambos lados de la frontera.

Más tarde dijo que lo único que aportaba México a la economía estadunidense y al T-MEC son “tamales picantes y jitomates”. El comercio bilateral de bienes y servicios superó el año pasado los 964 mil millones de dólares. Las exportaciones de Estados Unidos a México llegaron entre entre enero y julio de 2026 a casi 230 mil millones de dólares, un incremento del 16.8% anual. México le vende a Estados Unidos vehículos, autopartes, computadoras, maquinaria, camiones de carga y productos agrícolas como hortalizas y fruta fresca. A Estados Unidos le compramos petróleo refinado, gas, partes de máquinas, componentes electrónicos y maquinaria industrial.

Un día después anunció que le cambiará el nombre al estado de Nuevo México por el del Nueva América, aunque hasta ahora eso quedó sólo en una declaración, pero después de ver lo del lago Ontario o del golfo de México no sería descabellado. Y ayer, en su red Truth Social, publicó un mapa de Estados Unidos que incluye a México, Canadá y Groenlandia como territorio estadunidense.

La pregunta es por qué. Muchos creen que son sólo locuras de Trump y en el papel lo son, pero, en realidad, todo responde a una agenda donde existen diferencias importantes y es su forma de presionar y de poner esa agenda en otro nivel. Por ejemplo, lo de Nuevo México o los tamales y jitomates tiene relación directa con la renegociación del T-MEC. Con Canadá y con Groenlandia están en una situación limítrofe. No creo que Trump o su equipo piensen que México se deba incorporar a la Unión Americana (tampoco Canadá, quién sabe Groenlandia), pero la provocación está planteada por partida doble: en la narrativa y en la negociación del T-MEC.

La más reciente reunión que mantuvo Marcelo Ebrard con autoridades estadunidenses fue el 2 de septiembre, y no hay fecha para la próxima. En EU, mientras tanto, insisten en que esa negociación debe ser un paquete completo donde se contemplen temas económicos y de seguridad, cada uno por una vía diferente, pero influyéndose mutuamente.

Al mismo tiempo, el discurso sobre el injerencismo y la intervención de Estados Unidos tampoco ayuda. El fin de semana se dijo en Nuevo León que no aceptaríamos una invasión de Estados Unidos. No creo que haya alguien que esté pensando sensatamente en ello, ni aquí ni allá. Pero se habla de ello.

Lo que hay es algo muy delicado y que en Palacio Nacional no se aquilata correctamente: mientras Estados Unidos está implementando una estrategia hemisférica exitosa, donde ha logrado que muchos de los países de la región se alineen en lo que son sus objetivos centrales: sacar a China, Rusia y sus aliados de áreas estratégicas de la región y acabar con los cárteles de la droga, en México se protege, se impulsa, se financia a los peores exponentes de esas corrientes, todos, además, cartuchos políticamente quemados y con acusaciones penales en su contra.

Por aquí andan Gustavo Petro, al que le van a publicar libros, financiar conferencias y pláticas y al que Avianca le tuvo que cancelar sus boletos para regresar a Colombia porque está boletinado por la OFAC; el ecuatoriano Rafael Correa, prófugo de su país, acusado de delitos patrimoniales muy graves y de haber abierto Ecuador a las FARC, al ELN y, de la mano con ellos, a cárteles colombianos, al CJNG y al de Sinaloa. Por proteger a su vicepresidente estamos sin relaciones con Ecuador. Protegemos a funcionarios bolivianos del gobierno de Evo Morales, un prófugo de la justicia acusado de violación de menores, secuestro de jovencitas menores de edad y trata de personas; a la vicepresidenta de Perú con Pedro Castillo, preso por intentar un golpe de estado, y a los líderes de Podemos, defenestrados del gobierno español e incluso ya sin peso electoral alguno: aquí están Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, a los de la empresa Neurona, y aquí funcionan también financiados con recursos públicos sus canales de televisión, trabajando con la radio y televisión pública del gobierno.

A los de Iglesias los sacaron de Venezuela y aquí recalaron y ahora sigue el mismo camino y convierte México en su centro de operaciones, Rusia Today, el principal instrumento de penetración mediática del gobierno de Putin. La publicidad de RT la podemos ver en toda la Ciudad de México. Si alguien cree que todo esto no genera reacciones se está equivocando por completo.

Al mismo tiempo, existe un respaldo explícito a las medidas de seguridad, que se refleja en declaraciones, operativos, resultados concretos. No es un doble discurso, es una doble vía para avanzar en donde haya acuerdos y presionar donde el gobierno está tomando una vía de confrontación con la Unión Americana. No es tan difícil verlo, porque México, desde el propio poder, hace lo mismo, pero nosotros con una situación de debilidad frente a Washington que no puede ocultarse. No se puede avanzar si mientras hacemos acuerdos con los enemigos de la Casa Blanca nos negamos a detener con fines de extradición a personajes como Rocha e Inzunza y éstos, como el senador, se regodean con su apoyo en el Senado. Si hay acusaciones evidentes de corrupción de personajes involucrados en negocios muy oscuros y, pese a las denuncias, no pasa nada. Hay una colaboración inédita en seguridad, pero esas otras decisiones son políticas, no operativas.

Arsenal

El informe de la Corte, su sesgo pro 4T, y los pleitos entre ministros

FRANCISCO GARFIAS

Excelsior

Para nadie es un secreto que los contrapesos desaparecieron en México con la elección de jueces, magistrados y ministros de la llamada “Corte del Acordeón”. Por eso me atrevo a decir que es una ingenuidad dar crédito al discurso que pronunció ayer el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, con motivo de su informe.

En la sede del máximo tribunal, en presencia de la presidenta Sheinbaum, el ministro presidente habló de un Poder Judicial “autónomo”, que no atiende encargos. Tampoco “sigue el pulso de las coyunturas, ni agendas ajenas al texto constitucional”. ¡Ajá!

*La autonomía judicial no se demuestra sólo con un discurso ni con engañosas cifras de productividad.

Lo digo por lo siguiente: alguna vez le pregunté al ministro Aguilar cuántas veces ha fallado la “nueva Corte” en contra del gobierno federal en asuntos relevantes. “No tengo el dato”, evadió. Ese mismo día, uno de sus pares, amparado en el anonimato, me dio la respuesta: “Ninguna”. Pero Aguilar afirmó ayer, sin rubor, que el Poder Judicial es independiente de los otros poderes, “sin que esto implique ser distantes”.

Enfrente tenía a Sheinbaum, a los presidentes de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños, y del Senado, Higinio Martínez, entre otros.

La Presidenta, por cierto, declaró que la nueva Corte es “mucho mejor” que la que teníamos antes. Pues claro, todo lo resuelve a favor del gobierno.

*Buscamos al ministro en retiro José Ramón Cossío para alimentar esta columna con su calificada opinión. Nos dijo: “Hay temas que no son culpa de la SCJN, sino del mal diseño que les dejaron con la reforma constitucional”.

Y habló de tres temas que le preocupan:

1. La eliminación de dos salas fue un grave error que está produciendo rezago. “Es un elemento muy delicado”, nos dijo. 

2. Estos pleitos que tienen internamente han lastimado mucho no sólo la relación entre ellos, sino la manera como están resolviendo los asuntos. Agregó: “Da la impresión, en muchas ocasiones, que están, no discutiendo el asunto, sino resolviendo sus conflictos personales en las propias sesiones”.   

3. Haber dejado una antinomia  —contradicción constitucional— en la forma como van a elegir al próximo presidente de la Corte. “Eso les va a generar un conflicto enorme”, pronosticó.

Y es que el artículo 94 de la Carta Magna dice que el presidente(a) de la SCJN se renovará cada dos años de manera rotatoria, en función de los votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación. En este caso, le tocaría a Lenia Batres suceder a Aguilar el año próximo.

El artículo 97 dice que cada cuatro años el pleno SCJN elige al presidente de entre sus propios miembros. Si prevalece ese artículo, Lenia está perdida. ¿Por qué el Congreso no ha resuelto esa contradicción? Sólo los machuchones de la 4T lo saben.

*Otro tema que preocupa a Cossío es la creación del Tribunal de Disciplina con competencia sobre la Corte. Eso y haber incorporado un Órgano de Administración de los bienes de la misma “dejó a la propia Corte en una situación de debilidad”.

*Para respaldar el sesgo pro 4T de la Corte recordemos que validó la extinción de 109 fondos y fideicomisos de 2020. Confirmó créditos fiscales multimillonarios contra empresarios que no le son afines. En acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Ejecutivo contra normas estatales o municipales, el gobierno ha obtenido la invalidez que pedía.

Análisis independientes  —Consultora Integralia, Observatorio de Justicia— recalcan que, cuando el Ejecutivo o el Congreso federal son parte, las resoluciones de fondo tienden a favorecerlos. Otro ministro en retiro consultado nos dijo: “No hay una sola persona bien informada que considere que esta Corte es competente. Gobernación les dice qué hacer y no hacer. Se encarga de darles instrucciones… son una vergüenza judicial”.

El próximo año, con la discusión de la prisión preventiva oficiosa y eventuales controversias de mayor calado, se verá si el discurso de autonomía se traduce en votos que incomoden al gobierno que impulsó la reforma. Me atrevo a pronosticar que la autonomía seguirá sólo en el discurso.

*Hoy a las seis de la tarde llega a la Cámara de Diputados el paquete económico para 2027: Ley de Ingresos, modificación a leyes financieras —si es que se presentan— miscelánea fiscal y presupuesto. “Vienen medidas antievasión fiscal, antielusión, pero hasta este momento yo no tengo conocimiento de que vengan incorporados nuevos impuestos”, dijo el diputado Ricardo Monreal. Pero apoyado en lo que ha platicado con Edgar Amador, titular de la SHCP, adelantó que será un paquete económico que le permita al gobierno enfrentar los gastos propios que la nación exige. ¡Agárrese!

Astillero

Donald el dormilón (y sus mapitas) // Incontinencia de Internet // Respuesta de Sheinbaum // Huachicol fiscal sin tío

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

La Jornada

Donald Trump sufre incontinencia de Internet a altas horas de la noche y de madrugada, en episodios que muestran deterioro cognitivo y malignidad personal y política en estado avanzado. El tiempo de descanso que él convierte en delirios nocturnos suele exhibirlo al día siguiente como un personaje adormilado, desatento, malhumorado, irónicamente un Sleepy Donald, en línea con el apodo de Sleepy Joe que había enjaretado a su antecesor en el cargo, Joe Biden.

Donald el dormilón (de día) que ha sido capaz de disparar enloquecidas ráfagas de mensajes en su red Truth Social. El periódico británico en línea, The Independent, reportó que “Entre las 7 de la noche y la medianoche (del lunes primero de diciembre de 2025), el presidente republicó cerca de 150 mensajes, lo que dejó un promedio de uno cada dos minutos a lo largo de cinco horas. Además, las cuentas que amplificó parecían una mezcla aleatoria de figuras desconocidas en X y de sus propios aliados, y los temas avanzaron sin un hilo claro. Finalmente, el mayor flujo llegó entre las 11 pm y la medianoche, cuando acumuló cerca de 100 mensajes sólo en esa última hora. Menos de seis horas después de cerrar su maratón nocturno, el presidente volvió a su plataforma a las 5:48 de la mañana y declaró: “TRUTH SOCIAL ES LO MEJOR. No hay nada que se le acerque” (https://goo.su/yGuZzZ).

Ayer tuvo otro brote de Internet y fue explícito en el sueño destrampado que le mueve. Fue una especie de confesión involuntaria, pero precisa, ya sin envolturas “doctrinales” y demás remedos de coartada: Groenlandia, Canadá, México y regiones de El Caribe y Centroamérica convertidas en parte de Estados Unidos, supuestamente cobijadas por la bandera de las barras y las estrellas. A confesión internética de parte, relevo de pruebas. “No más preguntas, Su Señoría”, podría decirse ante el juicio de la historia.

Los ensueños casi escolares de Donaldito tuvieron respuesta de la presidenta Sheinbaum: México no es ni será colonia ni protectorado, dijo mientras el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, era sometido a una suerte de examen presencial por el embajador gringo, Ronald Johnson, que sigue adelante con su agenda de asomo de narices por doquier, y mientras agencias y agentes estadunidenses “cooperan” cada vez más abiertamente con las tecnológicamente subordinadas fuerzas mexicanas, tanto en la nueva guerra de los drones como en el sistema clásico de las detenciones y los decomisos.

La agenda criminal y política continuaba desarrollándose sin finales felices a la vista. El senador Inzunza, factor operativo de primerísimo nivel en la administración de Rocha Moya en Sinaloa, será despojado hoy de la presidencia de una comisión legislativa importante, pues las circunstancias le llevaron a dejar de pertenecer formalmente a la bancada morenista, aunque en espíritu y votos pretende seguir unido. En otra pista de la Gran Carpa, uno de los dos sobrinos del tío que fue secretario de Marina parecía ser más arrinconado, junto con su hermano, por los hallazgos anunciados por la fiscal federal, Ernestina Godoy. Todo parece ir encajando en un rompecabezas previamente armado: complicidades, conspiración criminal, armas, expedientes confidenciales, huachicoleo en grande, pero con responsables nomás hasta un nivel, no el del tío o los “primos” realmente políticos.

Y, mientras la presidenta Sheinbaum presenta una mañanera “especial”, dedicada a detallar el gran fraude del Fobaproa-IPAB y se decide, o no, a dar un paso histórico de exigencia a los bancos de que cumplan con sus obligaciones legales y contribuyan con algo de sus exageradas ganancias para paliar el peso de la “deuda impagable” de aquellos arreglos de traición al interés nacional en los que Ernesto Zedillo y Felipe Calderón tuvieron roles determinantes.

México SA

Viene mañanera sobre Fobaproa // Cómo se armó y a quién benefició // Sheinbaum detallará el engranaje

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

La Jornada

Bien hace la presidenta Sheinbaum en mantener en la marquesina político-económica el tema del denominado “robo del siglo” (en realidad ya involucra un par de ellos, el XX y el XXI), es decir, el ilegal “rescate” bancario ordenado por Zedillo en 1995, el cual, en diciembre de 1998, alegremente los prianistas convirtieron una voluminosa deuda privada –la de los barones del dinero– en deuda pública –pagada por el pueblo mexicano–, y para ello utilizó uno de los mecanismos más conocidos del régimen neoliberal: socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Y qué bueno que lo hace, porque muchos de los secretos de este tenebroso asunto fueron guardados bajo mil candados, aunque a lo largo de los años poco a poco se ha documentado el atraco, si bien su plena transparencia se mantiene como asignatura pendiente de la democracia mexicana.

El sábado anterior, la mandataria advirtió que la deuda del Fobaproa “es impagable” dado el “formato” utilizado por el prianato para “rescatar”, ilegalmente, a la pandilla de “banqueros” beneficiados con la reprivatización salinista (la mayor parte, especuladores bursátiles sin la menor experiencia en temas bancarios, pero, eso sí, “amigos” del innombrable). Y la tesis de la presidenta Sheinbaum es concluyente: a lo largo de 31 años se han utilizado alrededor de 2 billones de pesos de recursos públicos sólo por intereses de ese débito y los mexicanos aún deben poco más de un billón, sobre un pasivo que (oficialmente, al momento de “legalizarlo” con nueva máscara, el IPAB) rondaba los 552 mil millones. Hasta ahora, tres billones y contando, un monto 5.5 veces superior al reconocido por el gobierno zedillista en diciembre de 1998.

Ayer, la mandataria detalló que mañana miércoles tendrá lugar una “mañanera especial; vamos a hablar del Fobaproa, hoy el IPAB, de por qué en un estudio reciente que hace Secretaría de Hacienda muestra que, en realidad, nunca va a acabar de pagarse, porque nunca se paga el capital, solamente se paga una parte de los intereses y, además, otra parte se financia con deuda. Entonces, lo vamos a presentar aquí, de cómo fue que se diseñó el Fobaproa desde su origen, cómo ha ido modificándose y cómo –desde nuestra perspectiva– se pensaba que en 2050, por ahí, se iba a terminar de pagar, pero en las condiciones actuales pues difícilmente se va a pagar en el 2050”.

Algo más: “ya lo vamos a explicar, que venga el secretario de Hacienda, la subsecretaria del ramo, para poder explicar claramente cómo se hizo el Fobaproa y cómo es una deuda prácticamente impagable para las y los mexicanos. Y la otra, también con entramados de corrupción, como fue el propio Fobaproa, que el día que lo expliquemos vamos a platicar de nuevo todo eso, cómo fue que se rescató a quien no debía rescatarse, nombres de quienes se rescató en aquella época”. Se va a poner interesante.

En vía de mientras, hay que recordar que uno de los “logros” del “salvamento” zedillista (junto a la banda de rufianes en el gobierno, en el PRI y el PAN, y en la Cámara de Diputados) fue la extranjerización de 80 por ciento del sistema bancario que operaba en el país, es decir los barones del dinero en el festín y los mexicanos levantando el tiradero que dejaron. De los neo-banqueros salinistas, sólo uno terminó en la cárcel: Jorge Lankenau Rocha, cuando entre los accionistas de Banca Confía estaba parte de la crema y nata de la oligarquía de Nuevo León, como Alejandro Junco, propietario de El Norte y Reforma.

La trasnacional española BBVA engulló seis de los bancos “rescatados” (Bancomer, Probursa, Promex, Unión, Oriente y Cremi); de igual origen, Santander, a Banco Mexicano y Serfin (el de este, fue el “salvamento” más oneroso de todo el sistema); la estadunidense Citigroup a Banamex y Confía; el británico HSBC al Banco Internacional y Atlántico; y el canadiense a Comermex-Inverlat. Banorte, (originalmente en manos de Roberto El Maseco González Barrera y ahora en las de la familia Hank González) fue la única institución que sobrevivió, pero de cualquier se quedó con Bancrecer, Banpaís, Bancen y Banoro. Y mientras eso sucedía, miles y miles de mexicanos perdieron sus casas, negocios, bodegas, terrenos, vehículos, etcétera, etcétera, y a la par el régimen neoliberal les endilgó el pago eterno del “rescate”.

Las rebanadas del pastel

En marzo de 2005, el entonces presidente de la Asociación de Bancos de (en) México, Manuel Medina Mora (cabeza visible de Banamex-Citigroup en nuestro país), de un plumazo exoneró al gremio, resolvió “todos los pendientes” del “rescate” y “enterró” al Fobaproa. Y Vicente Fox aplaudió a rabiar.