Lo que dicen los columnistas

Rocha e Inzunza, rumbo a la cárcel

Los dos sinaloenses que en algún momento gozaron de la protección presidencial y partidista ahora quedan en la orfandad política, expuestos a la petición de extradición de autoridades de Estados Unidos.

JOSÉ GIL OLMOS

Proceso

Se terminó la protección presidencial que Andrés Manuel López Obrador le prometió y que comprometió a Claudia Sheinbaum que le daría. Rubén Rocha tampoco tiene el apoyo de su partido Morena y los suyos en Sinaloa son expulsados del gobierno. Sólo le queda el camino de la justicia y la cárcel. Será el peón sacrificado por el gobierno mexicano ante las presiones de Donald Trump, pero se quedará en México para que no comprometa la delicada información que tiene.

Algo parecido ocurre con el senador Enrique Inzunza, quien tiene un futuro incierto dentro de Morena donde ya no lo quieren en sus filas y tampoco en la bancada del partido en el Senado donde genera conflictos que aprovecha la oposición.

De hecho, ya hay versiones de que lo quieren fuera de la bancada legislativa para que decida que camino tomar: pedir licencia indefinida o declararse senador independiente.

Las figuras de Rocha e Inzunza son una carga pesada para Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum. El acto de rebeldía que hizo Rocha de retomar su papel de gobernador y el anuncio de Inzunza de regresar al Senado en el arranque del periodo de sesiones en septiembre fueron dos actos que causaron un gran disgusto en Palacio Nacional, en el partido y entre los senadores de Morena que no supieron como defender a sus compañeros de la Cuarta Transformación.

Los dos sinaloenses que en algún momento gozaron de la protección presidencial y partidista, ahora quedan en la orfandad política, expuestos a la petición de extradición de autoridades de Estados Unidos.

Ambos tienen el beneficio del fuero en tanto servidores públicos electos, pero sin la protección presidencial y partidista quedan a la deriva y con la posibilidad del desafuero para ser sometidos a juicio en México o ser extraditados a Estados Unidos.

El mensaje que ha salido de Presidencia, del partido y del Senado es que tendrán que enfrentar la justicia por sus propios medios, lo que significa que están expuestos a un juicio político y a tribunales judiciales.

Los presuntos vínculos de ambos con el Cártel de Sinaloa era una información que ya sopesaba desde el inicio del sexenio. La presidenta Sheinbaum y Morena lo sabían, pero fueron comprometidos a apoyarlos y respaldarlos por órdenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Bajo la égida de López Obrador, los dos políticos sinaloenses se movían con toda impunidad. Se sabían protegidos gracias a los apoyos que consiguieron para el partido en las campañas de 2021 y 2024. No obstante, todo cambio cuando desde Estados Unidos pidieron su extradición acusados de tener una relación con el Cártel de Sinaloa.

Los días del poder se acabaron para Rocha e Inzunza, dejaron de ser un activo en Sinaloa y se convirtieron en un lastre junto con el grupo de poder que habían construido en su estado con la intención de entronizarse por un largo tiempo.

Hoy, en el contexto del arranque de la elección de candidatos para las elecciones de 2027, Rocha e Inzunza no sólo eran una lápida, sino un generador de conflictos que era aprovechado por los partidos de oposición. De ahí la decisión de desconocerlos y expulsarlos del movimiento.

Es decir, apartarlos del gobierno y del partido y trazar el camino del juicio político, el desafuero y el juicio en tribunales. Esto es, la cárcel en México sin llegar a la extradición, pues no es conveniente para el gobierno y el partido que se vayan a Estados Unidos donde darían información delicada del vínculo entre políticos, funcionarios y militares con los cárteles de la droga.

Razones

Adelantarse a la información

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Excelsior

Hace ya varios años atrás, entrevisté a Carlos Salinas de Gortari y le comenté al expresidente, mientras hablaba de las decisiones que había tomado como mandatario, que sus sucesores, Fox, Calderón, Peña, no tenían las atribuciones metaconstitucionales de las que él había gozado. Salinas me dijo que las atribuciones constitucionales del presidente de la República no habían cambiado en absoluto, la diferencia estaba, aseguró, en si los mandatarios las utilizaban o no.

Años después, López Obrador aseguró en varias mañaneras que en el país no se movía ni una hoja sin que el presidente lo supiera. Como todo en el expresidente, el juicio es exagerado y se torna en contra suyo, pero tiene una base de razón: el jefe del Ejecutivo tiene atribuciones constitucionales, instrumentos, instituciones y operadores para tomar decisiones estando informado no sólo de qué sucedió, sino de qué va a suceder.

Yo no sé quién asesora a la presidenta Sheinbaum como para que, ante casi todos los temas delicados, diga en la mañanera que no sabía qué iba a suceder. En los últimos días dijo que no sabía de la carta de Andy López Beltrán contra el presidente Trump porque le habían quitado la visa, que tampoco sabía que eso había ocurrido; dijo que se enteró por las redes sociales que Rocha Moya regresaba a la gubernatura de Sinaloa; ayer aseguró que no sabía que Graciela Domínguez sería la gobernadora interina de ese estado; dijo que no sabía cómo estaba la situación legal del asistente de Héctor Melesio Cuén, Fausto Corrales ni la del contralmirante Fernando Farías Laguna, que esos eran temas de la FGR. Son muchos “no sabía” para tantos temas demasiado importantes.

Si el poder presidencial no se ejerce, se debilita o, por lo menos, esa es la percepción que queda. Puedo entender que, por ejemplo, Andy o Rocha no hayan informado previamente a la Presidenta, que el primero iba a insultar por carta a Trump o que el segundo había decidido regresar a la gubernatura, pero no puedo entender que Gobernación y sus delegados y operadores, el CNI, las instancias de inteligencia civiles o militares, ninguna tuviera información de dos decisiones tan delicadas.

La Presidenta no sólo debe saber, debe saber antes de que ocurran las cosas cuando se trata de hechos que, como éstos, no son en absoluto impredecibles. No estamos hablando de un terremoto, sino de una carta dirigida a Trump por el hijo del expresidente, que debe haber pasado por más de una mano antes de hacerse pública, o de un gobernador que decide regresar al gobierno cuando está custodiado por fuerzas federales y bajo investigación, se supone, de la FGR. Algunos han dicho que la Presidenta salió fortalecida de esos eventos, pues lo dudo mucho, y si así lo ven fue a un costo demasiado alto en la percepción pública.

Veamos el episodio Sinaloa. Ayer dijo la mandataria que no sabía que Graciela Domínguez sería elegida gobernadora interina. Resulta imposible imaginarlo, pero es más grave aún porque para tomar esa decisión se canceló el lunes la sesión del Congreso local y se dio una intensa disputa interna con cuatro nombres sobre la mesa. Se impuso el de Domínguez y no es en absoluto alguien lejano a Rocha Moya: vienen juntos desde los tiempos del PRD, fue durante tres años su secretaria de Educación, el propio Rocha la impulsó para que sea diputada federal. La eligió un Congreso local que está dominado por gente de Rocha, lo mismo que el gabinete estatal, mientras que el Poder Judicial del estado lo controla el senador Enrique Inzunza.

Para deshacerse de toda esa trama, profundamente relacionada con el crimen organizado, hubiera sido necesario decretar la desaparición de Poderes en la entidad, una decisión que si bien la toma el Senado es, en términos políticos, absolutamente presidencial. Por lo pronto hoy Sinaloa tiene una nueva gobernadora que sigue siendo parte del equipo de Rocha.

Las atribuciones presidenciales se ejercen, diría Salinas; hay demasiadas hojas moviéndose sin que sepa el presidente, diría López Obrador. No creo que la presidenta Sheinbaum haya renunciado a ejercer sus atribuciones ni que desconozca qué hojas se mueven. Pero sí creo que está mal asesorada, que tiene enemigos dentro de sus propias oficinas, que algo no funciona en los mecanismos de control y gobernabilidad y que la exhibición cotidiana y el tono de las mañaneras no la benefician en absoluto.

EL SUEÑO DE GARCÍA HARFUCH

La noticia no ha tenido mucha repercusión en México, pero tiene mucha importancia. Dentro del Homeland Security (el departamento de seguridad interior) de EU se creó la Homeland Security Task Force, una fuerza de tareas nacional, permanente e interagencial, creada por orden ejecutiva para coordinar la desarticulación de cárteles, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y organizaciones terroristas extranjeras que Washington vincula con amenazas a la seguridad interior. Combina la propia fuerza operativa, con unidades de inteligencia interagencias y otra unidad dedicada exclusivamente a la ciberseguridad, todo bajo un mando unificado.

Concentra en una sola estrategia las capacidades de las autoridades federales de procuración de justicia, las agencias policiales estatales y locales; la comunidad de inteligencia, las dependencias de seguridad interior y hasta las capacidades militares, cuando corresponda, dentro del esquema federal. Llevará la relación con socios extranjeros, particularmente para intercambio de inteligencia, capturas, decomisos e investigaciones transnacionales. Una estructura de ese tipo sería el sueño institucional de García Harfuch.

Juegos de poder

¿Es confiable un socio que firma un acuerdo con lápiz?

LEO ZUCKERMANN

Excelsior

Canadá se retiró de las negociaciones comerciales que sostenía con Estados Unidos. El primer ministro de ese país, Mark Carney, declaró que comenzaba una guerra comercial entre ambas naciones. Esta noticia es muy importante para México, el tercer país del tratado de libre comercio de la región de Norteamérica.  

El acuerdo vigente, conocido como T-MEC, se negoció durante el primer periodo presidencial de Donald Trump. Él lo firmó como representante de Estados Unidos en 2018. Sin embargo, en cuanto llegó por segunda ocasión a la Casa Blanca en 2025, comenzó a violarlo imponiendo unilateralmente aranceles a Canadá y México. 

En este sentido, tiene toda la razón Carney al decir que la firma de Estados Unidos a veces está “escrita a lápiz” sugiriendo que los compromisos del gobierno de ese país no son permanentes ni confiables. Y es que Trump hace lo que se le pega la gana. Así no se puede negociar ni llegar a un acuerdo.

Washington decidió no extender en automático el T-MEC por 16 años, sino mantenerlo vigente por una década, hasta 2036, con revisiones anuales. Tanto el gobierno canadiense, como el mexicano, comenzaron las negociaciones de su respectiva revisión anual. 

Los canadienses las rompieron por las ridículas exigencias estadunidenses de última hora que Ottawa consideró inaceptables. 

En un ataque a su soberanía y cultura, Washington demandó modificar el etiquetado bilingüe obligatorio en francés, limitar el contenido en este idioma en plataformas de streaming y reducir subsidios a sectores editoriales y cinematográficos. Esto representaba una ofensa para la región canadiense de Quebec y su cultura francófona. 

Estados Unidos también exigió restricciones a las autopartes fabricadas en Canadá que habrían perjudicado a su industria restando rentabilidad a la producción local de vehículos, en particular de la poderosa región de Ontario. 

Canadá también denunció que el gobierno de Trump exigió acceso a sus minerales críticos y trató de limitar la autonomía de esa nación para negociar con terceros países. Los estadunidenses exigían que los canadienses impusieran los mismos aranceles que ellos a otras naciones, muchas de las cuales tienen tratados de libre comercio con Canadá. 

Carney ordenó levantarse de la mesa de negociación. Por su parte, Trump afirmó que su vecino del norte buscaba beneficios comerciales desproporcionados. 

Y así comenzó la guerra comercial. 

Trump impuso un arancel de 50% sobre 20 mil millones de dólares estadunidenses de productos canadienses afectando a 5% de las exportaciones de ese país hacia Estados Unidos. Lo justificaron alegando la discriminación de productos estadunidenses, particularmente automóviles, lácteos y bebidas alcohólicas. Usaron la Sección 338 de la Tariff Act de 1930, disposición legal poco utilizada que permite imponer aranceles de hasta 50% contra países que Estados Unidos. considere que discriminan su comercio. 

Canadá contraatacó. Carney anunció una respuesta “dólar por dólar y tasa por tasa”. A partir del 8 de septiembre, Canadá impondrá aranceles de 15%, 25% y 50% sobre unos 20 mil millones de dólares estadunidenses de importaciones americanas. Los productos afectados los escogieron para golpear a ciertos estados de la Unión Americana y generar presión política antes de las elecciones legislativas de noviembre. 

Canadá tiene más que perder en esta guerra comercial. Su economía depende mucho más del mercado estadunidense que viceversa. Pero Estados Unidos. tampoco saldrá indemne: los aranceles elevarán precios y romperán cadenas de suministro norteamericanas, lo cual generará inflación, el tema que más les afecta a los republicanos en las próximas elecciones intermedias. 

“Uno está en guerra cuando es atacado, y nosotros fuimos atacados”, dijo Carney con aplomo. Trump, como era de esperarse, enfureció y atacó verbalmente a los canadienses llegando al absurdo de amenazar que cambiaría el nombre del Lago Ontario por Lago América. 

Mientras tanto, México se encuentra negociando su respectiva revisión anual. 

En la mesa hay tres demandas estadunidenses: que una mayor proporción de los automóviles sea específicamente de ese país, sacar a China —y en general a terceros países— de las cadenas de suministro norteamericanas y reducir el déficit comercial de Estados Unidos con México.

Son tres puntos delicados y muy contenciosos. 

Además, no se puede destacar que Trump vaya a tratar de vincular la negociación comercial con otros temas como la migración y seguridad. 

Si algo nos enseña el diferendo con Canadá es que, a la hora de la verdad, Estados Unidos meterá la pierna dura. Los canadienses decidieron retirarse de la negociación. A ver qué pasa con los mexicanos. 

México SA

Economía: entre buenas y malas // Informalidad gana la carrera // Ultraderecha: certamen feroz

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

La Jornada

La buena, que en el segundo trimestre del año la economía mexicana creció el triple que el promedio de la OCDE y ocupó la sexta posición entre las 38 naciones que dan cuerpo a esa organización; la mala, que, en esos términos, el ritmo de avance del país se mantiene bajo (de hecho, ha descendido, o de plano con resultado negativo, desde 1982). No es un resultado despreciable, pero si se compara nuestro 1.4 por ciento con el 3.9 por ciento de Irlanda, pues la diferencia es de casi tres tantos, aunque también es cierto que si se coteja con Alemania (0.2 por ciento), Italia, (0.2), Japón (0.3), Reino Unido (0.4) y, especialmente, Estados Unidos (0.4), entonces el balance casi casi es atractivo.

Muy atrás quedó aquella tasa sostenida de crecimiento anual de 6-8 por ciento durante el llamado “milagro mexicano”, tendencia que fue truncada por la crisis de 1982 (y las subsecuentes), sólo para que el régimen neoliberal llegara a “modernizar” al país y a duras penas lograr tasas descendentes de 3 por ciento a menos, con una concentración del ingreso y la riqueza espeluznante y un costo social atroz. Pero esa es la tendencia heredada, sin olvidar que la economía mundial es zarandeada por las constantes barbaridades de Donald Trump.

La OCDE “detalló que si bien la tasa de crecimiento en el grupo durante el periodo abril-junio fue mejor al 0.4 por ciento promedio del primer trimestre, se impuso un escenario mixto para los 30 países de los que disponen datos. La debilidad se impuso en el grupo de los siete países de la OCDE que suponen ser los más industrializados, debido a una desaceleración de la actividad económica en Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. El crecimiento del PIB en el Grupo de los 7 bajó a 0.3 por ciento en el segundo trimestre de 2026, frente al 0.4 por ciento en el primer cuarto del año. En Japón, hubo estancamiento del consumo privado y el comercio de ganadería y disminuyó la inversión. En Reino Unido, la disminución del consumo público y el privado pesaron sobre la actividad económica. En Estados Unidos, un crecimiento más lento reflejó principalmente escaso avance de las exportaciones, con baja en la industria ganadera y disminución del consumo minorista” (La Jornada, Dora Villanueva).

El Inegi lo informó así: “la economía mexicana recuperó dinamismo en el segundo trimestre de 2026, aunque moderó ligeramente respecto a su estimación oportuna de julio; en ese periodo, la actividad económica del país creció 1.4 por ciento respecto al primer trimestre, una décima menos de lo pronosticado en la estimación oportuna; en términos anuales, el producto interno bruto (PIB) del país avanzó 1.9 por ciento en términos reales, dos décimas por debajo del cálculo anterior. El dato abril-junio contrasta con la contracción de 0.3 por ciento de enero-marzo (con cifras desestacionalizadas para hacer más comparables los periodos), un dato revisado respecto a la caída de 0.6 de la estadística oportuna del 30 de julio pasado” (La Jornada, Clara Zepeda).

Otro ejercicio de buena y mala: la primera, que creció el empleo y la ocupación en el país; la segunda, que la mayoría de los mexicanos que lograron incorporarse lo hicieron en la informalidad. La información La Jornada (Clara Zepeda) la reseñó así: “en el segundo trimestre de 2026, la ocupación informal acaparó el mayor crecimiento de personas ocupadas, revela el Inegi. Al presentar la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), población de 15 años y más de edad para el segundo trimestre de 2026, el instituto precisó que el total de personas ocupadas en el país, tanto formal como informal, fue de 60.04 millones, lo que representó 599 mil 334 más en relación con el segundo trimestre de 2025; (sin embargo) de ellos, 494 mil 607 obtuvieron una ocupación informal (82.5 por ciento del total). Así, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 55.1 por ciento, ligeramente superior a la que registró al cierre del segundo trimestre de 2025, cuando fue de 54.8 por ciento. Sólo 104 mil 727 personas se colocaron en un empleo formal”.

Entonces, sí, pero no.

Las rebanadas del pastel

En América Latina, los “presidentes” de ultraderecha (“clientes” de Fernando Cerimedo, Javier Negre y sus bots) viven totalmente apartados de la realidad y se han enfrascado en un feroz certamen para saber quién resulta ser el más pendejo, insignificante y alejado de sus obligaciones en la función pública. Son una vergüenza para sus pueblos, a los que “ni ven ni oyen” (Salinas de Gortari dixit), pero, eso sí, siempre están al servicio de la oligarquía e imitando al cretino que dirige la orquesta: Donald Trump.

Astillero

Graciela Domínguez: circunstancias difíciles // Próximo segundo plano // A doble fuego // Morena: gobernadoras y gobernadores deciden

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

La Jornada

El tiempo y las circunstancias no son propicios para que la nueva gobernadora interina de Sinaloa pueda emprender una labor aceptable de corrección de la crisis en que vive esa entidad. No es cuestión de apellidos o intenciones, sino de la realidad estructural.

De entrada, la socióloga Graciela Domínguez Nava queda con una etiqueta precaria: interina, no sustituta, pues Rubén Rocha Moya solicitó licencia de manera “temporal e indefinida”, no “definitiva”, así que en estricto apego a la legalidad, y a semejanza de lo que hizo el viernes pasado, él puede retomar su cargo cuando desee (si no hay una causa grave que se lo impida: una enfermedad grave o una sujeción a proceso en México o Estados Unidos). Aunque en una eventual reincidencia el mandatario con licencia se toparía con la virtual sentencia de facto que en su contra pronunció este lunes la presidenta Sheinbaum al asegurar que el relevo sería por el resto del sexenio estatal.

Domínguez Nava ha llegado, además, en un contexto de doble fuego condicionante: de un lado, el rochismo al que perteneció como secretaria de Educación y del que no obtuvo veto, por ejemplo, al ser postulada a una diputación federal, y del que ahora debería ir distanciándose de manera rápida y evidente para tratar de responder a las exigencias de una parte cuantiosa de la sociedad sinaloense que desea remontar la crisis acentuada a partir del episodio del presunto secuestro de El Mayo Zambada y el asesinato del diputado electo Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Los tiempos políticos no le dan para mucho. Un año y dos meses, de los cuales la mayor parte deberá sobrellevarlos en segundo plano con el muy próximo destape morenista al gobierno sexenal (mucho se habla de la senadora Imelda Castro, a quien ha ayudado la caída de Rocha Moya, o el ex secretario federal de Agricultura Julio Berdegué, mazatleco que cuenta con afectos en Palacio Nacional), las campañas electorales y la etapa de la gobernadora o gobernador electo.

Más allá de los discursos de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Domínguez, hay una realidad hasta ahora imbatible en Sinaloa: el enorme peso e influencia del crimen organizado en las estructuras de gobierno, no sólo las policiacas y militares. Rocha Moya, antes de caer en doble desgracia (la de las acusaciones desde Estados Unidos y la de su regreso al cargo sin tomar en cuenta a la Presidenta de la República), tuvo todo el apoyo posible desde las dos administraciones federales 4T y casi nada cambió (más que las estadísticas manejables).

Con el agregado de la persistencia del factor rochista en las instancias civiles, a tal grado que el poder central del país (Palacio Nacional y la presidencia del comité de Morena) batalló y fue exhibido durante más de 24 horas de tardanza en llegar a arreglos respecto a la sucesión de Rocha Moya. Resistencia regional facciosa frente a instrucciones nacionales no compartidas. Por ello no pudo avanzar la propuesta centrista a favor del diputado federal morenista Jesús Ibarra, de corte cargado a lo tecnocrático y alejado de la órbita rochista.

En el fondo, y es importante no perder de vista este dato, grupos que han compartido el poder en Sinaloa recelan de un probable proyecto de entronización de un grupo empresarial y político que los desplazaría, con sede en Mazatlán y apoyos en Palacio Nacional.

Astillas

Lo más notable de la primera ronda de destapes morenistas para gobiernos estatales ha sido la evidente cesión de poder decisorio a gobernantes que mediante recursos varios buscan controlar (¿también financieramente?) su propia sucesión; en la especie, la campechana Layda Sansores y la colimense Indira Vizcaíno, quienes han colocado a sus alfiles… Y, mientras Nora Ruvalcaba va por su cuarta candidatura al gobierno de Aguascalientes, una de las plazas más difíciles para Morena.