Lo que dicen los columnistas

Salud: entre los informes y la realidad

Una política pública no se mide únicamente por cuántas consultas aparecen registradas en una estadística. Se mide por cuántas personas reciben oportunamente el medicamento que necesitan, cuántos pacientes son atendidos a tiempo, cuántos hospitales cuentan con infraestructura y equipamiento dignos y cuántas familias dejan de gastar de su bolsillo para recuperar su salud

Julieta del Río

Proceso

Hace un par de días el director de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, presentó datos sobre el funcionamiento de este modelo. Se trata, sin duda, de un informe alentador. El crecimiento en el número de consultas, particularmente las de especialidad, muestra que existe una apuesta por ampliar la atención médica y consolidar un modelo nacional de salud.

Según lo informado, en 2026 se han otorgado 29.8 millones de consultas, 50% más que en 2023, mientras que las consultas de especialidad pasaron de 291 mil a 624 mil mensuales entre julio de 2023 y julio de 2026.

El derecho humano a la salud es demasiado importante como para no reconocer cualquier avance que signifique mayor atención para la población.

Pero los informes oficiales también necesitan contrastarse con la realidad.

Mientras se habla de crecimiento en las consultas, pacientes y familias continúan denunciando desabasto de medicamentos e insumos, falta de tratamientos, infraestructura hospitalaria deficiente, equipos médicos que requieren mantenimiento, quirófanos sin condiciones adecuadas y largos tiempos de espera para recibir atención.

Existe, además, un problema que todavía no termina de resolverse y al que debe ponerse especial atención: la transición hacia el IMSS-Bienestar no se ha concretado de manera plena y homogénea en los 24 estados incorporados al modelo.

En las entidades aún existen asuntos pendientes relacionados con la transferencia de inmuebles, recursos, plazas y responsabilidades. También está pendiente la transición de plazas mixtas y persisten señalamientos sobre reducciones presupuestales en distintos capítulos. A ello se suman el desabasto de medicamentos e insumos y la falta de una adecuada planeación para el mantenimiento del equipo médico, particularmente en los grandes hospitales de concentración.

Una transición de esta magnitud requiere absoluta claridad sobre quién es responsable de qué, quién administra los recursos, quién paga al personal, quién responde por las plazas y, sobre todo, quién debe responderle al ciudadano cuando un servicio no funciona.

No basta con anunciar un nuevo modelo. Hay que terminar de construirlo, hacerlo operativo y garantizar que funcione con estándares de calidad en todo el país.

Existe también otro debate pendiente: el financiamiento. Los trabajadores y patrones del sector formal realizan aportaciones para financiar la seguridad social, mientras que IMSS-Bienestar se sostiene principalmente con recursos públicos provenientes de la recaudación general. La discusión no debe convertirse en una confrontación entre quienes cuentan con seguridad social y quienes no. La pregunta de fondo es otra: ¿cómo construir un sistema universal de salud que sea financieramente sostenible, equitativo y capaz de garantizar servicios de calidad para todas y todos?

También es necesario contrastar los resultados oficiales con otros indicadores. Los datos de la ENIGH (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares) muestran un incremento real de 41.4% en el gasto de bolsillo de los hogares en salud durante el periodo analizado. Los gastos catastróficos aumentaron 64.5% y, en 2024, 44.5 millones de personas carecían de acceso a servicios de salud.

Entonces, sí: celebremos los avances que muestran los informes. Pero contrastémoslos también con la realidad.

Una política pública no se mide únicamente por cuántas consultas aparecen registradas en una estadística. Se mide por cuántas personas reciben oportunamente el medicamento que necesitan, cuántos pacientes son atendidos a tiempo, cuántos hospitales cuentan con infraestructura y equipamiento dignos y cuántas familias dejan de gastar de su bolsillo para recuperar su salud.

El IMSS-Bienestar tiene frente a sí una enorme responsabilidad. Uno de los primeros pasos debe ser concluir plenamente la transición en los estados y dejar perfectamente definidas las responsabilidades administrativas, financieras, laborales y operativas.

Los informes pueden mostrarnos una tendencia. La realidad nos dice si esa tendencia está llegando verdaderamente al ciudadano.

Y ahí es donde debemos poner la mirada. Basta acudir a centros de salud y hospitales, escuchar a pacientes y trabajadores o revisar los testimonios y reclamos para encontrar una realidad que, en muchos casos, todavía contrasta con las cifras oficiales.

Queremos que el nuevo modelo funcione y que la salud pública avance. Pero para lograrlo hay que partir de diagnósticos completos, reconocer lo que funciona y corregir lo que todavía falla. En materia de salud las buenas cifras son importantes; pero mucho más importante es que esas cifras se conviertan en medicamentos, tratamientos y atención oportuna para las personas.

Razones

Michoacán, de los operativos a la narcopolítica

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Excelsior

Hay muchos lugares del país donde el crimen se ha enseñoreado, donde la violencia y la extorsión son una norma, donde la narcopolítica se ha vuelto dominante. Pero creo que muy pocos alcanzan la categoría de Michoacán, donde el fenómeno está presente por lo menos desde los años 80 y no ha hecho más que profundizarse con mandatarios de todos los colores políticos. Pero lo que ha ocurrido en los últimos años, sobre todo durante el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, ha alcanzado otras proporciones, exhibidas con claridad por el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La semana antepasada, EU suspendió las inspecciones de las exportaciones de aguacate, uno de los principales negocios agrícolas del país, por las extorsiones que sufrían los productores y las presiones y amenazas contra los inspectores. En horas se decidió el envío a Michoacán de unos mil 100 elementos militares y la implementación de un operativo especial en toda la región. Hubo varios golpes, primero el de El R1, Ramón Ángel Álvarez Ayala, líder del CJNG en la zona y hermano de Roldán, expresidente municipal de Apatzingán, líder de Morena en la región y enemigo político de Carlos Manzo. 

Ayer, las fuerzas militares realizaron un operativo donde cayeron nueve integrantes del CJNG en Michoacán, en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, de los municipios de Tanhuato y Ecuandureo. Fue un durísimo golpe a la célula de Los Guerreros, encabezada por Heraclio Guerrero Martínez, apodado El Tío Lako, que logró evadir el cerco, pero en la operación fueron detenidos sus principales sicarios, su hija y su pareja sentimental. 

Hubo cinco criminales abatidos entre los que estaría otro de los hijos de este jefe del CJNG, uno de los principales responsables de los ataques contra elementos de la Guardia Nacional, después de la muerte de Nemesio Oseguera El Mencho. La operación en contra de El Tío Lako generó también enfrentamientos y bloqueos en todo el estado, que fueron controlados horas después. Mientras tanto, la persecución de Guerrero Martínez continuaba al momento de escribir estas líneas.

No es un tema menor y es la demostración de que la lucha por la seguridad no tiene, como dijo ayer la presidenta Sheinbaum, un doble lenguaje sino dos vías diferentes. Tiene razón el director de la DEA, Terry Cole cuando elogia, por ejemplo, a Omar García Harfuch por compartir inteligencia, perseguir líderes criminales, interrumpir cadenas de suministro y desmantelar redes financieras y operativas, por trabajar juntos, como dijo, sobre el terreno y calificarlo como un socio confiable. 

Tienen razón los mandos militares de EU cuando reconocen ampliamente la colaboración con sus homólogos mexicanos, sobre todo con el Ejército, en el Comando Norte, el control de las fronteras y en distintos operativos: las recientes visitas de mandos del Comando Norte, del departamento de Guerra, del Estado Mayor Conjunto, los acuerdos para complementar y comprar equipos, lo certifican. El general Ricardo Trevilla en el ámbito militar y García Harfuch en el civil se han convertido en interlocutores de primer nivel con EU.

El problema es otro y se exhibe con la negativa a detener a Rocha Moya y los otros acusados de Sinaloa, en el tema de la visa de Andy López Beltrán y en muchos otros casos como el de Marina del Pilar Ávila y Adán Augusto López. Los avances reales que existen en seguridad se opacan y relativizan cuando desde el poder se niegan a desmantelar las redes de protección y complicidad política que se han convertido, creo que con razón, en el principal objetivo de las autoridades estadunidenses. Mientras esas redes persistan y se mantengan impunes, los grupos criminales están en condiciones de regenerarse.

Michoacán es un ejemplo evidente de ello: cuando era gobernador Lázaro Cárdenas Batel pidió el apoyo del entrante presidente Calderón para detener una oleada criminal que lo estaba rebasando. Desde mucho antes la presencia de grupos criminales enquistados en la política era una realidad: el primer reportaje que me tocó hacer sobre narcotráfico fue en 1989 en Aguililla y ahí gobernaban unos señores Valencia (me imagino que relacionados con los que luego conocimos como Los Cuinis) que detentaban la presidencia municipal por el entonces naciente PRD, en medio de varios plantíos de marihuana. 

Desde que dejó la gubernatura Cárdenas Batel, todos los mandatarios michoacanos han sido acusados de relación con el crimen organizado: Leonel Godoy y su equipo estuvieron involucrados de lleno en el michoacanazo; Fausto Vallejo y Jesús Reyna (interino) estuvieron relacionados con Los Templarios; Salvador Jara (sustituto) fue acusado por malos manejos financieros; Silvano Aureoles y Alfredo Ramírez, tuvieron acusaciones de apoyar a uno u otro grupo criminal. A nivel de los municipios esa narcopolítica se hizo casi endémica.

Ése es el capítulo que hay que trascender y que se mantiene y fortalece cuando no se actúa de lleno contra las redes políticas de protección del crimen organizado. Mientras tanto, golpes como el dado ayer a uno de los principales operadores de los cárteles no dejan de ser una bocanada de oxígeno, pero ellos deben llevar necesariamente a sus beneficiarios.

Estado de excepción

JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PRATS

Excelsior

Esta máquina es muy compleja, a cada momento se rompe o se descompone alguna cosa.

Kafka.

En México y en el mundo se libra una batalla intensa por la defensa de los derechos humanos, la protección de los débiles y el funcionamiento de las instituciones que impidan los abusos del poder. Esos son los más relevantes fines por los que desde siempre los más connotados pensadores han dedicado su talento.

Ulises Schmill, presidente de la SCJN (1991-1994) cuando ese órgano colegiado estaba integrado por juristas, escribió un texto digno de remembranza, denominado “La conducta del jabalí”. Acude a dos literatos, Kafka y Shakespeare, y a dos clásicos de las ciencias sociales: Weber y Kelsen. 

De Weber transcribe su conocida definición: “Estado es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio (el territorio es elemento distintivo), reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima”. A base de un acucioso análisis de dos obras, En la colonia penitenciaria de Kafka y Macbeth de Shakespeare, aborda “la fría indiferencia del poderoso para aquellos que están fuera de las relaciones de poder”. 

Del escritor checoslovaco aporta una reflexión que no tiene desperdicio: “El que haya vivido en Rusia, aun por poco tiempo, le llama la atención que el motivo de muchos males radica en que un enorme aparato burocrático maneja la vida del Estado y desgarra también la vida individual en su engranaje”.

Schmill, recientemente fallecido, nos describe los abusos del poder. Este es el gran desafío del Estado de derecho. Sobre todo, cuando se declaran situaciones de emergencia como la República de Weimar, aprovechada por Hitler para convertirse en dictador. 

Hoy estamos viendo cómo el Poder Ejecutivo maniobra para someter al Legislativo y al Judicial. En nuestro caso, el artículo 29 constitucional señala el mecanismo para la declaración de emergencia: “…solamente el Presidente de la República (…) con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquél no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado, el ejercicio de los derechos y las garantías que fueran obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona”.

A mi juicio, de jure y de facto, hemos dejado de ser un Estado de derecho sin haberse acatado lo que este artículo prescribe. La concentración de poder es palpable. El Ejecutivo no tan sólo ha sometido a los otros Poderes, sino que tiene el doble papel de jefe de Estado y de partido, lo cual creíamos superado.

Estoy convencido que en política la debacle se da cuando hay impotencia e incongruencia. Es decir, estamos a la deriva. La palabra perdió credibilidad y se percibe una agobiante incertidumbre. 

He insistido en este espacio en la importancia del discurso presidencial: los mensajes deben ser claros y confiables, pero sólo se perciben titubeos y una persistente evasión de los hechos. No nos engañemos, la ciudadanía está perpleja.

El sentido común del que tanto se habla, exige la búsqueda de los hechos. Cuando éstos se ignoran el juicio se nubla y se toman decisiones equivocadas. La sociedad mexicana padece un agobio que lesiona su cotidianeidad, vive continuamente en el sobresalto. 

Se me dirá que soy un alarmista consumado. Lo acepto. Aprendí a hacer política como una profesión que le da prioridad al acercamiento y al acuerdo; que sabe conciliar y vencer resistencias. La autoridad va investida de respetabilidad y seriedad. El empeñarse en la confrontación diaria ha causado un notorio desgaste, acentuado por las redes sociales que han contribuido a la desorientación. 

No podemos seguir así. Retorno al jurista Ulises Schmill: “La tragedia humana no puede admitir un Deus ex machina. Son los hombres mismos los que crean las consecuencias trágicas y sus errores los que lo llevan a la muerte”.

Astillero

Sinaloa: ¿y el gobernador y la fiscal? // Insuficiente el “testigo” // Impunidad y montaje // ¿Aviso a Rocha Moya?

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

La Jornada

Es importante la detención de Fausto Corrales Rodríguez, testigo de una parte aún imprecisa de lo sucedido en Culiacán hace más de dos años a Ismael Zambada, El Mayo, y a Héctor Melesio Cuén Ojeda. Pero más relevante y trascendente sería puntualizar judicialmente los roles jugados por el entonces gobernador, Ruben Rocha Moya, y la fiscal estatal, Sara Bruna Quiñónez Estrada.

La Fiscalía General de la República (FGR), actualmente a cargo de Ernestina Godoy, “presume que (Corrales) incurrió en una serie de contradicciones en sus declaraciones y habría omitido proporcionar información verídica sobre lo sucedido, con la finalidad de desvirtuar la realidad y engañar a la autoridad, obstaculizando así el esclarecimiento de los hechos”. Pues bien, cuando Alejandro Gertz Manero estaba a cargo de la FGR se demostró que la fiscalía sinaloense, a cargo de Quiñónez Estrada, había realizado un absoluto montaje, que incluyó un famoso video en una gasolinería, para desvirtuar la misma realidad, engañar a la autoridad y obstaculizar el esclarecimiento de los hechos del 25 de julio de 2024.

La fiscal dio como información en firme (con videograbación hecha con muy mal libreto) que Cuén Ojeda había sido asesinado durante un intento de asalto nocturno en una gasolinería, con Fausto Corrales al volante de una camioneta. Fue el propio Mayo Zambada quien aseguró que Cuén Ojeda había sido ejecutado de mañana, en el mismo sitio donde el jefe histórico de una parte del cártel de Sinaloa habría sido traicionado por uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

Quiñónez Estrada fue propuesta e impulsada por el gobernador Rubén Rocha Moya para que el congreso la designara en la fiscalía estatal y era tanta su influencia sobre ella que, luego de lo sucedido a El Mayo y a Cuén Ojeda, le “recomendó”, según su pública declaración, que renunciara al cargo, lo que Sara Bruna cumplió con prontitud.

No ha habido ninguna acción judicial federal contra la fiscal que realizó ese grave montaje, y Rocha Moya, ahora gobernador con licencia, tampoco ha tenido mayores contratiempos por, entre otros puntos susceptibles de investigación, el extraño viaje a Estados Unidos que a bordo del avión de un poderoso empresario dijo haber realizado en la mañana de aquella fecha trágica en la que uno de Los Chapitos, El Mayo y Cuén Ojeda se reunieron, supuestamente por convocatoria de Rocha Moya, con los capos como testigos de honor, para dirimir conflictos entre el mandatario y su principal adversario político, Cuén Ojeda, entonces diputado federal electo a nombre del PRI.

En realidad, en Sinaloa se vive la continuidad nada disfrazada del rochismo. La gobernadora sustituta, Yeraldine Bonilla Valverde, parece haber sido escogida justamente para no ejercer realmente el poder, y los cuadros políticos y administrativos de Rocha Moya siguen controlando el aparato de gobierno.

Sin embargo, la detención de Corrales (hijo de Víctor Antonio Corrales Burgueño, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y diputado local) puede significar problemas para el gobernador con licencia, Rocha Moya, y algunos de sus allegados. Habrá de saberse si realmente fue testigo de los hechos criminales el ahora detenido (quien luego de los hechos se reincorporó al menos en términos declarativos a sus actividades en la UAS) y quiénes y en qué términos lo llevaron a rendir declaraciones falsas (las que en ese momento necesitaban Rocha Moya y la fiscal Quiñónez) y a escabullirse hasta que ahora ha sido apresado.

Ante la cada vez más fuerte presión de la administración Trump para que México entregue piezas políticas importantes, las declaraciones de Fausto Corrales podrían abrir la puerta a acciones judiciales mexicanas relacionadas con Rocha Moya y conexos, para mantenerlos bajo proceso local, sin ceder a las exigencias gringas e incluso para frenar o posponer otras demandas estadunidenses contra piezas más relevantes del aparato 4T.

México SA

Destapan cloaca ultraderechista // Negre, Cerimedo… Salinas Pliego // Milei, Bolsonaro, Paz y algunos más //¿“Equipo de periodistas valientes”?

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

La Jornada

Tiempo atrás se destapó la cloaca en la Argentina de Javier Milei, el Brasil de Bolsonaro, más la Bolivia de Rodrigo Paz (todos “gobiernos” de ultraderecha y corrupción galopante), en la que aparecieron públicamente dos gánsteres de la desinformación y la guerra sucia, generosamente financiados por esa trinca y algunos más: los deleznables Javier Negre, español, y Fernando Cerimedo, argentino (metidos hasta el cuello en los servicios de inteligencia, con alcance en la CIA), cabezas visibles de una industria de “noticias” falsas y amenazas permanentes –siempre con la cruzada de “acabar con los zurdos de mierda y dar la batalla cultural”– para impulsar las campañas electorales y posteriores “gobiernos” de los tres citados, para lo cual no sólo pusieron en marcha un medio digital, La Derecha Diario (activo en ese trío de naciones, más México, Colombia –Abelardo de la Espriella–, Ecuador –Daniel Noboa– y otros países latinoamericanos), sino que cotidianamente divulgan una catarata de bulos y aberraciones y con su ejército de trols y bots agreden a contrarios, modus operandi que le ha permitido colarse a la cima del poder político.

El pasado martes, Fernando Cerimedo fue detenido en Bolivia como presunto autor intelectual del intento de asesinato de su pareja, Nadia Beller. En ese país ejercía de “asesor en jefe” del “presidente” Rodrigo Paz (y de Javier Milei, como en su momento de Jair Bolsonaro) y ahora el Poder Ejecutivo de esa nación ya no sabe qué hacer para alejarse del tigre y salir del circo (por mucho que lo intente no lo va a lograr; su “gobierno” de apenas 10 meses está en picada). El hoy recluso quiso huir a su país natal, pero sin la “suerte” de años atrás, cuando Bolsonaro intentó dar un golpe de Estado en Brasil.

Se trata de dos joyas entre los operadores de la ultraderecha (desde luego, todo depende de las ofertas económicas que reciban y qué tanto se les permita acceder a la oficina principal del palacio de gobierno) que, como se apunta, tienen muy preocupada a la trinca Milei-Paz-Bolsonaro (incluido el hijo de éste, que ahora es candidato a la presidencia brasileña) y algunos mandatarios latinoamericanos ultraderechistas más.

No es de dudar que la larga mano de la dupla Negre-Cerimedo esté metida hasta el fondo en otras latitudes, pero más allá de ello, quien ahora resulta ser el que más sufre, se angustia y acongoja es un empresario mexicano que ha vivido de los abonos chiquitos, los intereses de agio, los favores del régimen neoliberal y la evasión de impuestos: Ricardo Salinas Pliego, a quien no sólo le gusta acumular deudas y no pagarlas, sino que, dado su egocentrismo, le ha dado por creer que será “el próximo presidente de México”, tal vez convencido por el nada barato operador mafioso Javier Negre –entre mafiosos se entienden–, quien desde el exterior maneja La Derecha Diario en nuestro país.

Siempre hiperactivo en las redes sociales, ese otro “combatiente de los zurdos de mierda” no ha escrito una sola palabra sobre el caso Cerimedo y mucho menos de Negre, pues supone que al evadir el tema borra sus componendas con ellos, especialmente con el último mencionado.

Resulta que en la “cumbre” de la Conferencia de Acción Política Conservadora (la ultraderechista CPAC), organizada por la Unión Conservadora Estadunidense y realizada en Buenos Aires, Argentina, en noviembre de 2024, Ricardo Salinas Pliego (en ella conoció a Javier Negre) se proclamó fanático de Javier Milei y su “ruta libertaria” (corrupción incluida), tras lo cual se entrevistó con el esquizofrénico de la Casa Rosada y adoptó la “batalla cultural” por él promovida junto a su frase preferida: “Acabar con los zurdos de mierda”.

Pues bien, en un foro de la CPAC ( Combating narcoterrorism, en Washington, en febrero pasado), Javier Negre reconoció que en aquella “cumbre” en Buenos Aires Salinas Pliego “públicamente me invitó a participar en la batalla cultural a los zurdos, los narcos y la narcopresidenta Sheinbaum; formé un equipo de periodistas valientes, porque los medios tradicionales, salvo Tv Azteca y algunos servidores aquí sentados, no nos dan bola… A mí me protege Dios, (pero también) la solidaridad, sobre todo de la Casa Blanca, por haber promovido la llegada de La Derecha Diario” (a México).

Las rebanadas del pastel

¿Adivinen quiénes forman parte del “equipo de periodistas valientes”? Dos participaron junto a Negre en el citado foro, sentados a su derecha (como debe ser): Carlos Alazraki (Atypical Te Ve) y Jorge Fernández Meléndez (empleado del usurero Salinas Pliego). Qué “casualidad”.