Columnas Escritas
Lo que dicen los columnistas
El costo de la indiferencia del INE
El Instituto Nacional Electoral parece observar los hechos con una preocupante pasividad. Hace apenas unos días se presentaron diversas denuncias sobre actos que, para muchos ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, constituyen campañas anticipadas
Proceso
Las denominadas coordinaciones estatales se han convertido en el nuevo nombre de las campañas anticipadas. Bajo esa figura en diversas entidades federativas se vive una intensa competencia política que ha desatado conflictos no sólo entre los propios aspirantes, sino también con personas ajenas a esos intereses.
Las presiones no se han hecho esperar. Servidores públicos son señalados por participar en actividades de promoción política en horarios de trabajo mientras aún ocupan cargos de responsabilidad. No hablamos únicamente de quienes aspiran a una gubernatura. Detrás de ellos también se encuentran decenas e incluso cientos de actores políticos que buscan convertirse en presidentes municipales, diputados locales y federales, e, incluso, la lucha es hasta por las regidurías.
La carrera electoral se adelantó para todos.
Lo preocupante es que, mientras conservan espacios dentro de la administración pública muchos dejan de lado las responsabilidades para las que fueron designados o electos y dedican su tiempo a recorrer comunidades, entregar apoyos o participar en actos de evidente promoción personal.
La pregunta es ¿dónde termina la función pública y dónde comienza la campaña?
Ante este escenario el Instituto Nacional Electoral (INE) parece observar los hechos con una preocupante pasividad. Hace apenas unos días se presentaron diversas denuncias sobre actos que, para muchos ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, constituyen campañas anticipadas. Sin embargo, la percepción es que la autoridad electoral ha optado por mirar hacia otro lado.
¿Por qué no se fiscalizan oportunamente estas conductas? ¿Por qué no se atienden con mayor diligencia las denuncias presentadas por organizaciones civiles y ciudadanos contra servidores públicos de distintos órdenes de gobierno? ¿Qué mensaje se envía cuando la aplicación de la ley parece depender del actor político involucrado?
Detrás de estas actividades también existe el señalamiento del posible uso de recursos públicos. Mientras se destinan, presuntamente, millones de pesos a estrategias de posicionamiento político, la realidad cotidiana de millones de mexicanos sigue marcada por problemas mucho más urgentes.
Los hospitales continúan enfrentando desabasto de medicamentos y muchas familias deben adquirirlos con recursos propios, con la esperanza de que posteriormente les sean reembolsados, algo que en muchos casos nunca sucede. Persisten carreteras inconclusas, comunidades sin acceso suficiente al agua potable y un sistema educativo que enfrenta importantes rezagos. Frente a estas necesidades resulta difícil justificar el uso de recursos en actividades de evidente promoción política.
Las redes sociales han documentado gran parte de estos hechos. Han servido como espacio para exhibir conductas que, en muchas ocasiones, no encuentran eco inmediato en las instituciones. El trabajo periodístico también ha sido fundamental. Un ejemplo es el del periodista Ignacio Gómez Villaseñor, quien fue descalificado y acusado de difundir información falsa. Sin embargo, fue la propia autoridad jurisdiccional la que terminó dándole la razón, demostrando que la verdad puede tardar, pero finalmente encuentra su cauce.
Conozco de primera mano cómo decir verdades incómodas puede generar incomodidad. Me ocurrió incluso al expresar una felicitación pública al periodista por el resultado obtenido. Recibí reclamos que prefiero no detallar, no por falta de argumentos, sino por respeto a la protección de datos personales. Ese tipo de reacciones reflejan el nivel de polarización que vive el debate público.
Pero ninguna descalificación modifica los hechos. La democracia exige instituciones imparciales, autoridades vigilantes y servidores públicos comprometidos con las funciones para las que fueron electos o designados, y no con campañas permanentes disfrazadas de otra cosa.
Tarde o temprano llegará el momento en que la realidad será imposible de ocultar. Llegará el día en que la venda ya no pueda cubrir los ojos de quienes tienen la obligación constitucional de hacer cumplir la ley. El barco ya comenzó a moverse y varios temen quedar a la deriva en las aguas profundas del océano, por lo que algunos prefieren saltar antes que enfrentar las consecuencias.
Las verdades siempre terminan por salir a la luz, y quien cargue con sus propios fantasmas tendrá que enfrentar la realidad que durante tanto tiempo intentó evadir.
Arsenal
Jesús Ramírez vs. Marcelo Ebrard
FRANCISCO GARFIAS
Excelsior
Marcelo Ebrard ha sido víctima de una intensa campaña de descalificaciones, luego de que el T-MEC no se prolongara otros 16 años, como querían Canadá y México.
Algunos lo ponen fuera de la carrera presidencial para 2030, otros parecen alegrarse de que el excanciller no haya alcanzado la meta declarada para el neoliberal tratado.
Fuentes bien informadas nos aseguran que las críticas a Marcelo no provienen de la oposición.
“Los chingadazos son de adentro y vienen de Jesús Ramírez”, aseguran sin titubeos. Señalan que el exvocero de López Obrador y actual coordinador de asesores de la presidenta Sheinbaum “no se manda solo”.
Asienten cuando les preguntamos: ¿Palenque?
En la charla con las fuentes surgió el nombre de Liz Vilchis, conductora de la desaparecida sesión de la mañanera de AMLO “Quién es Quién en las Mentiras”.
La ponen como ejemplo de los ataques al actual secretario de Economía. El pasado 3 de julio, Vilchis subió a su cuenta de X el siguiente mensaje: “El desenlace de las negociaciones también dejó consecuencias políticas dentro de México. Marcelo Ebrard encabezó las negociaciones con Washington y lejos de salir fortalecido, terminó acumulando un fracaso que golpea directamente sus aspiraciones rumbo al 2030”.
Vilchis agregó que durante meses, Marcelo se vendió como el funcionario capaz de garantizar la estabilidad de la relación comercial con Estados Unidos.
“Ésa era la credencial con la que buscaba proyectarse como el perfil más competitivo hacia una futura candidatura presidencial”, dijo. El problema es que la negociación con Washington no salió como esperaba, puntualizó.
A pesar de Vilchis y de Palenque, Marcelo Ebrard es, detrás de Omar García Harfuch, el que mejor ubicado está en las encuestas sobre candidatos de Morena a las elecciones presidenciales de 2030.
*Ya que estamos con el “fuego amigo”, que a menudo se enciende en el segundo piso de la 4T, ahí les va un chisme político de alto nivel: la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila, acusa al también morenista Jaime Bonilla, exgobernador de ese estado, de haber filtrado el contenido de los audios en los que negocia con supuestos contactos de Estados Unidos, que le regresen su visa, a cambio de información que escucha en las mesas de seguridad.
Dice que Bonilla le ofreció “buenos contactos” en Washington, pero que resultaron falsos y que la grabaron para desprestigiarla. Agrega que es una venganza política del exgobernador, a quien persiguió judicialmente por desvíos de fondos. Bonilla lo niega rotundamente, asegura que la gobernadora está en “ataque de pánico” por las investigaciones en EU por vínculos con narco, lavado…
Agrega que es ilógico que él, a quien ella acusa de ser su peor enemigo, le ayude con algo tan delicado, y que jamás fue intermediario.
¿Será cierto que el peor enemigo de un morenista es otro morenista? Es pregunta.
*Somos México, partido que ya alcanzó su registro, destapó ayer a Julián LeBarón como su candidato al gobierno de Chihuahua para las elecciones de 2027.
Fue el mismísimo Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos México, quien lanzó la candidatura, en un acto celebrado en la sede del nuevo partido, en Río Becerra.
“Se ha tomado la decisión de que Julián, en el momento procesal en que tengamos que resolver nuestras candidaturas, busque ser candidato de Somos México, cosa que a nosotros no sólo nos da gusto, sino orgullo”.
LeBarón es un activista que se ha destacado por alzar la voz contra la violencia que arrasó con su familia en 2019. Ha recibido amenazas de muerte, por lo que su familia salió del país.
“Ello no impedirá la lucha por alcanzar la paz ante las crisis de inseguridad y económica”, dijo, al aceptar el reto de ser candidato a gobernador del estado grande.
*A Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos, le tocan los tiempos difíciles en la relación entre ambos países.
Temas como el traslado de El Mayo Zambada a EU, la demanda de extradición de Rocha Moya y otros nueve cómplices sinaloenses por nexos con el narco, el gatillo fácil de los agentes de ICE y los aranceles de Trump han degradado esa relación.
El nuevo embajador llegó a Washington con mucha pila. Ya anunció que la Cancillería, a través de la embajada y el consulado en Houston, empleará todas las herramientas para que el asesinato del migrante Lorenzo Salgado Araujo sea investigado con absoluta seriedad.
Nos reportan desde Washington que Lazzeri ya ha sostenido reuniones sobre el caso con el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Interior, el famoso y temido ICE, y con legisladores de ambas cámaras del Congreso de EU.
A todos les ha solicitado una revisión transparente de lo ocurrido y protocolos claros en el futuro, aseguran.
Número cero
¿A quién conviene la violencia vs. periodistas?
JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH
Excelsior
El asesinato de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz exhibe con claridad meridiana el ecosistema de corrupción y connivencia entre autoridades y crimen. Más grave aún, el Estado no reconoce el problema y las instituciones de derechos humanos no defienden decididamente la libertad de expresión y hasta parecen respaldar a quienes vulneran a las víctimas.
Los “focos rojos” llevan años encendidos, pero la alerta no basta para ser vista ni escuchada. La impunidad y falta de acción judicial normalizan la violencia y facilitan su avance. En México se acumulan expedientes de 176 periodistas asesinados y 33 desaparecidos en dos décadas como prueba fehaciente de la impotencia de la justicia para cortar el fuego de la violencia. Quienes la convierten en mero asunto general y cotidiano, lo que buscan es pavimentar su curso.
Que hoy se denuncie un ataque contra un periodista cada 19 horas ya no conmueve ni genera responsabilidades. Peor aún, la última recomendación de la CNDH sobre Ayotzinapa parece pretender borrar hechos y responsables para exculpar a militares. ¿Qué puede pensar un periodista que arriesga su vida por revelar crímenes, corrupción y violaciones a derechos humanos como los que se mancillaron en uno de los episodios más vergonzosos para el Estado mexicano de la historia moderna? De las mayores amenazas contra la prensa son el ataque a la crítica y a los que investigan violaciones a libertades fundamentales.
Podría pensarse que tienen éxito quienes quieren que estos crímenes no duelan a la sociedad o que formen parte del paisaje de violencia del país. La escasa exigencia para investigar y sancionar reduce el costo de silenciar a la prensa en la zona gris entre crimen y poder político. Lo que logra evidenciar es su percepción hacia los valores democráticos y los derechos como estorbos para el ecosistema de la corrupción y el crimen.
El caso de Guzmán fue distinto al de otras víctimas, incluso al de Alex Serna, en Guerrero, asesinado por las mismas fechas. La viralización de la grabación de su plagio, hecha por ella misma, sacudió a un país acostumbrado a esas agresiones. La indignación escaló rápido al nivel federal y obligó al gobierno de Sheinbaum a una respuesta rápida, que demostró el papel clave de la presión social en la protección de la prensa.
La detención de cuatro policías acusados del secuestro y homicidio evidenció una realidad que el Estado y las instituciones de derechos humanos evitan asumir: la principal fuente de violencia contra la prensa no es sólo el crimen organizado, sino su vínculo con autoridades, sobre todo locales.
No identificar la naturaleza del problema sirve para evadirlo y encubrirlo. También conviene a quienes buscan que la sociedad no sienta cercana la muerte de periodistas, reduzca su reclamo y con ello aumente su desprotección. Estos crímenes muestran que los generadores de violencia no están fuera del Estado, sino al interior de sus instituciones.
Para quienes buscan silenciar a la prensa resultan más cómodos casos como el de Serna, perdidos entre cifras de amenazas, agresiones, asesinatos, hostigamiento y acoso judicial. Desde hace 20 años las estadísticas crecen sin alterar otra: la impunidad superior a 95%. Ningún gobierno del PAN, PRI o Morena ha logrado abatir el problema, ni reducir significativamente los números, tampoco ha recibido mayor sanción por sus omisiones. Más bien sus gobiernos se han beneficiado del crecimiento de zonas de silencio y de la eliminación de la crítica.
Los desafíos para la prensa aumentan si la inacción del Estado se convierte en amenaza directa por la criminalización de sus propios muertos o cuando las instituciones intentan ocultar información y se ponen al lado de los agresores en vez de con las víctimas. ¿Qué protección pueden esperar los periodistas si órganos como la CNDH parecen defender a acusados, como los militares en Ayotzinapa, y revictimizar así a miles de otros desaparecidos? ¿Qué confianza puede haber si el acoso judicial y la estigmatización están fuera de su radar?
¿Qué seguridad esperar si órganos nacionales como ése parecen dispuestos a desacreditar 11 años de investigaciones de grupos de expertos independientes e incluso la oficial Comisión para la Verdad como condición mínima de justicia para las víctimas? La única conclusión plausible es que la persistencia de estos retos es el reconocimiento tácito del peor momento para la libertad de expresión en México y el mundo.
Astillero
EU y elecciones en Chihuahua y Michoacán // Va contra cártel de Juárez y Viagras // El Chapopiloto esquivo // Bonilla, ¿el filtrador?
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
La Jornada
Con el quemante libreto de su “guerra contra el narcotráfico” externo (que no el interno), el trumpismo va ahora sobre Chihuahua y Michoacán, entidades donde el año entrante habrá elecciones, de gubernaturas las principales.
En ambos casos Washington tiene interés en impulsar planes electorales: la continuidad y protección del panismo de María Eugenia Campos y sus arreglos con la CIA, en el norte, y la viabilidad y protección de la candidatura de Grecia Quiroz, la viuda del asesinado Carlos Manzo que ahora preside Uruapan con el sombrero como distintivo de precampaña.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos entra al escenario al designar de organizaciones terroristas extranjeras a dos cárteles: el de Juárez (asentado en la fronteriza ciudad más poblada del estado de Chihuahua) y el de Los Viagras, correspondiente a Michoacán. Ello implica restricciones o cancelación de operaciones financieras y empresariales y riesgo de acciones directas de captura de sus principales líderes. Además, incentiva divisiones, venganzas y delaciones internas que agravan la descomposición que se vive en esas entidades.
Como consecuencia de esas acometidas cotidianas del poder gringo contra el mexicano, o porque hay un difícil proceso nativo de ajustes y desajustes, la capacidad de respuesta y la visión de unidad del morenismo o, más ampliamente, del cuatroteísmo, se están viendo menguadas.
Un ejemplo casi fársico es el del piloto de Los Chapitos que habría llevado a El Mayo Zambada a Estados Unidos para ser capturado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Luego de un penoso peloteo declarativo con epicentro en la mañanera, ayer asomó la Fiscalía General de la República para reconocer que casi un año después de haber expulsado a El Jando, apodo éste del citado piloto, a una cárcel de Estados Unidos, se pudieron tener indicios de que dicho delincuente era quien era y había hecho lo que había hecho.
El propio secretario policiaco, Omar García Harfuch, había reconocido desde principios de 2025 que El Jando era “piloto de confianza” de Los Chapitos, aunque meses después medio corrigió. Lo cierto es que México tuvo al piloto del caso Zambada, expulsado por Estados Unidos, y lo devolvió a ese país, mientras se sigue preguntando a Washington lo que pudo haber declarado de primera mano el citado piloto.
Con gran celeridad, en cambio, la gobernadora de Baja California, pillada en grabaciones donde se muestra más que dispuesta a colaborar con autoridades extranjeras para evitar acciones en su contra, ha hecho saber que fue chamaqueada (aunque no usó este término) por su antecesor y feroz adversario político, Jaime Bonilla, quien ya había acusado públicamente a la misma Marina del Pilar Ávila Olmeda de mantener relaciones con el crimen organizado.
Bonilla, según la incauta Marina del Pilar, le tendió una celada, “un montaje”, al ofrecerle que funcionarios de Estados Unidos dialogarían con ella para revisar la posibilidad de devolverle su visa. “Confié de buena fe en mi antecesor y tuve esa reunión de la cual se han difundido ciertos fragmentos (…) fui víctima de una operación de engaño y de venganza política”. Lo cierto es que, más allá de la veracidad de este argumento, a la gobernadora de Baja California se le escuchó muy dispuesta a colaborar informativamente con autoridades extranjeras, incluso en cuanto a mesas de seguridad, por más intrascendentes que ahora se les pretenda categorizar.
Y, mientras la presidenta Sheinbaum ha respondido al director de la Administración de Control de Drogas (DEA, conforme a sus siglas en inglés), instándolo a que centre sus esfuerzos en el combate interno, en lo que sucede en Estados Unidos, en lugar de generar declaraciones netamente políticas contra países como México, al que debe respetar, ¡hasta mañana, con el sobrino (vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna) de quien fue secretario de Marina en el gobierno anterior (José Rafael Ojeda Durán), solicitando a un juez que cite a su tío a declarar sobre huachicol fiscal!
¿Qué sería de México sin sindicatos?
NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA
La Jornada
En el marco del 92 aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que dirijo con gran orgullo, conviene plantear una pregunta que trasciende la conmemoración de una fecha histórica: ¿cuál es el futuro de los sindicatos?
La respuesta comienza por reconocer una verdad elemental: mientras exista trabajo será necesaria la organización de quienes lo realizan. Así, aunque las industrias se transformen y surjan nuevas tecnologías y formas de empleo, la necesidad de equilibrar el vínculo entre el capital y el trabajo permanecerá. En ese sentido, el sindicalismo no pertenece al pasado: es una institución indispensable para construir el futuro.
La minería ofrece, quizá, el ejemplo más claro de esta realidad. Detrás de cada tonelada de mineral extraída hay comunidades enteras que han dado forma al desarrollo económico de México y de otros países. Los pueblos mineros son más que centros de producción: son espacios donde se forjan familias, identidades y tradiciones enteras que han contribuido decisivamente a la prosperidad nacional.
Sin embargo, la discusión sobre el desarrollo de estas regiones se ha reducido a indicadores económicos, inversión o crecimiento productivo. Esa visión es insuficiente. El verdadero progreso debe medirse también por la calidad de vida de quienes sostienen la actividad minera. Además de gozar de empleos dignos, es indispensable que ese trabajo permita vivir con integridad, disfrutar del tiempo con la familia, acceder a servicios de salud, educación, cultura y recreación, así como participar plenamente en la vida de sus comunidades. El objetivo último del desarrollo no puede ser únicamente producir riqueza, sino construir una vida buena para las personas.
Y aquí existe una dimensión omitida en la reflexión sobre el futuro del sindicalismo: la participación política de las y los trabajadores. La historia demuestra que los grandes avances laborales nunca fueron concesiones espontáneas del poder económico. Fueron el resultado de la organización colectiva y de la capacidad de la clase trabajadora para participar en los espacios públicos de decisión. Cuando las y los obreros permanecen ausentes de la política, otros deciden por ellos. De tal suerte que si los trabajadores participan activamente en las instituciones democráticas, las leyes comienzan a reflejar las necesidades de la mayoría y no únicamente los intereses de unos cuantos.
México ofrece numerosos ejemplos de ello. Desde la consolidación del movimiento obrero durante el siglo XX hasta las reformas laborales más recientes, como la prohibición de la subcontratación y la explotación y simulacion laboral. Sin duda, la participación organizada de los sindicatos ha sido decisiva para conquistar derechos que hoy son parte fundamental de nuestra cultura del trabajo: la jornada laboral limitada, la seguridad social, la contratación colectiva, la estabilidad en el empleo y el reconocimiento efectivo de la libertad sindical. Ninguno de esos avances habría sido posible sin organizaciones fuertes capaces de incidir también en la vida pública.
Nuestro propio Sindicato Minero es un caso de éxito de esa evolución. Durante sus 92 años de existencia ha defendido contratos colectivos o mejores condiciones de trabajo, pero también ha participado activamente en la construcción de instituciones laborales más democráticas y ha contribuido a impulsar reformas que fortalecen los derechos de millones de trabajadores mexicanos. La experiencia demuestra que cuando el sindicalismo asume responsabilidades públicas, no abandona su misión: la amplía. Por tanto, nuestra historia sugiere que el papel político de la clase obrera en una democracia es fundamental e insustituible. En esa línea, el futuro reclama que más trabajadoras y trabajadores ocupen espacios estratégicos en la vida política, legislativa y social del país para convertirse en un contrapeso democrático que reivindique permanentemente el valor del trabajo humano frente a los intereses económicos que, en ocasiones, pretenden reducirlo a una simple variable de producción. La voz de quienes generan la riqueza debe estar presente allí donde se diseñan las políticas públicas que definirán el rumbo de nuestras naciones.
Imaginemos el escenario contrario: ¿qué sería de México sin sindicatos? Probablemente regresaríamos a una explotación laboral abusiva, prepotente, antidemocrática y reaccionaria; a épocas de jornadas interminables, salarios de subsistencia, accidentes laborales impunes, ausencia de seguridad social, despidos arbitrarios y condiciones de explotación que creíamos superadas. La historia demuestra que cuando desaparecen las organizaciones de trabajadores, el desequilibrio entre el capital y el trabajo se profundiza inevitablemente. Por eso, quienes anuncian el fin del sindicalismo suelen olvidar una lección fundamental: mientras exista la posibilidad de la injusticia, existirá también la necesidad de organizarse para combatirla.
Los 92 años de historia del Sindicato Minero constituyen la mejor prueba de ello. Nuestra organización ha enfrentado persecuciones, crisis económicas, transformaciones tecnológicas y profundas reconfiguraciones del mundo laboral. Sin embargo, ha permanecido firme porque su razón de ser continúa vigente: defender la dignidad del trabajo y colocar siempre a las personas por encima de cualquier interés económico. Celebrar este aniversario implica sentirnos orgullosos del camino recorrido y asumir una gran responsabilidad con el porvenir.
El sindicalismo del futuro deberá ser más democrático, más preparado, más incluyente y más comprometido con las comunidades. Deberá defender los derechos laborales a la par de participar activamente en la construcción de sociedades más justas, más igualitarias y más humanas. Porque el futuro del trabajo no puede decidirse sin las y los trabajadores, y son ellas y ellos quienes sostienen el futuro de nuestra nación. “Los Mineros” seguiremos en pie de lucha, avanzando en la conquista y apertura de derechos para garantizar una auténtica justicia laboral.