Lo que dicen los columnistas

Mensaje directo

La soberanía del silencio

FABIOLA GUARNEROS SAAVEDRA

Excelsior

No, querido lector, a la autoridad federal mexicana no le interesa armar el rompecabezas de la justicia. Al contrario, le resulta sumamente cómodo ver las piezas dispersas, simular que busca el encaje de alguna de ellas y, cuando la presión pública arrecia, culpar al vecino del norte por meter las manos en el juego. 

A dos años de aquel 25 de julio de 2024, el caso del presunto secuestro de Ismael El Mayo Zambada a manos de Joaquín Guzmán López se mantiene como un monumento a la conveniencia del olvido. Mientras la información sólida, las evidencias y las declaraciones provienen de las agencias y las Cortes de Estados Unidos, la narrativa oficial en México se ha reducido a una estrategia predecible, la de victimizarse con el discurso del nacionalismo herido y proteger los cabos sueltos locales.

La pregunta no es qué pasó en esa finca de Culiacán, porque los procesos judiciales en EU se han encargado de documentarlo, la cuestión es ¿qué se intenta sepultar detrás de la bandera de la soberanía? El expediente se sostiene sobre verdades oficiales que chocan de frente. Zambada afirmó en una carta haber sido emboscado tras acudir a una reunión bajo el engaño de mediar en una disputa política entre liderazgos locales. El Departamento de Justicia estadunidense señaló después que se trató de una entrega pactada entre particulares, sin agentes de su país en suelo sinaloense. La mecha se volvió a encender cuando el FBI exhibió la avioneta del traslado como un trofeo de captura, en una exposición oficial.

En Palacio Nacional la respuesta inmediata fue la molestia diplomática. Se habló de violación a la soberanía y de falta de respeto institucional. Sin embargo, este discurso del orgullo herido funciona como la distracción perfecta. Al centrar el debate en si los estadunidenses violaron o no los protocolos bilaterales, la autoridad mexicana evita responder lo que le compete. 

¿Por qué el gobierno federal ha decidido mantener intacto el escudo sobre el entonces gobernador de Sinaloa? La línea de defensa política trazada desde la Presidencia de la República —Andrés Manuel López Obrador lo llamó su hermano— se ha mantenido inalterable. Detrás de esa protección hay cuestionamientos que la justicia mexicana simplemente decidió ignorar. No se ha investigado la actuación del exmandatario ni los presuntos vínculos de su gabinete con estructuras delictivas ni el impacto de la violencia en el proceso electoral de Sinaloa. Los reportes sobre secuestros o “levantones” de operadores políticos opuestos a Morena, las amenazas directas a candidatos y el control territorial durante los comicios locales forman parte de un expediente que en México no tiene una sola página abierta. 

El misterio de la aeronave en la que viajaron los capos pone en evidencia preocupante al Estado mexicano. ¿Cómo es posible que un avión despegue de territorio nacional con uno de los criminales más buscados sin que ningún radar de la Fuerza Aérea o de la aviación civil detecte la anomalía? Este hecho deja al descubierto dos caminos posibles: o el sistema de inteligencia, seguridad y vigilancia aérea de México padece una incompetencia absoluta que raya en el ridículo o existió una cadena de complicidades al más alto nivel para permitir el libre tránsito de la aeronave. Si el gobierno no se enteró, el sistema de seguridad nacional está quebrado; si se enteró y guardó silencio, la corrupción institucional es la que opera. En ambos casos el discurso de la soberanía e desmorona por sí solo. 

El homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la UAS y rival político del gobernador, es la prueba de cómo el aparato de justicia local operó como el brazo de limpieza del crimen organizado. La fiscalía estatal fabricó un video y una versión falsa de un asalto en una gasolinería, después la FGR desmoronó el montaje al hallar sangre de los escoltas de El Mayo en la camioneta de la simulación. A pesar de esta flagrante obstrucción de la justicia y de la evidencia de fabricación de pruebas, las repercusiones penales hacia la cúpula sinaloense permanecen congeladas. Con la llegada de Ernestina Godoy a la Consejería Jurídica, la postura federal se mantiene en una pasividad burocrática que repite el guion de que la carpeta “no está archivada ni suspendida”.

El saldo de este episodio es la claudicación del Estado en la aplicación de la justicia en casa. Mientras las respuestas definitivas y las sentencias se dictarán en una corte de Brooklyn, en México nos quedamos con la retórica del nacionalismo herido para encubrir a los amigos del poder. El silencio también es una forma de complicidad. ¿Hasta cuándo se mantendrá el resguardo de la impunidad en casa?

Número cero

T-MEC: nueva palanca de presión permanente

JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH

Excelsior

La negativa a renovar automáticamente el T-MEC es la vía que encontró EU para transitar del libre mercado al comercio supervisado, como la mejor forma de cambiar sus reglas de operación sin tener que cancelarlo. El paso del duty free al proteccionismo institucionalizado del América Primero abre una nueva era en su forma de operar de tres décadas.

Para muchos no es una sorpresa. Trump amenaza desde llegar a su segunda presidencia con tirarlo a la basura por considerarlo innecesario para la prioridad de imponer su estrategia de seguridad nacional en el comercio con México y Canadá. Su objetivo manifiesto siempre ha sido cambiar el acuerdo para alinearlo a la lógica de seguridad económica de sus intereses en una nueva era de la geopolítica mundial.

En realidad, Washington nunca ha pretendido abandonar su relación comercial con México, sino cambiar el tablero de la negociación bajo sus nuevas máximas nacionalistas; y justificar la vigilancia estricta de los intercambios para regular sus déficits comerciales, proteger su industria con aranceles y asegurar cadenas de suministro en la rivalidad con China.

Por eso, detrás de exabruptos y advertencias de Trump no está sólo la lógica huérfana de la guerra comercial de viejos nacionalismo, tampoco la defensa de antiguos liberales. La decisión de no extenderlo hasta 2036 e introducir un mecanismo de revisión anual cumple con el objetivo de institucionalizar la incertidumbre con que levantar sus proyectos con capital de terceros y maximizar ganancias de un gobierno de “hombres de negocios” como el trumpista. Su nuevo modelo se apalanca en la imprevisibilidad para sacar provecho un día de tratos preferenciales y otro, revertirlos con barreras comerciales.

En ese nuevo escenario, el secretario Ebrard viajó esta semana a Washington para preparar la revisión formal del T-MEC el próximo 20 de julio, que abrirá un proceso inédito y sin límite de tiempo, con una agenda que despide el libre comercio y refleja los nuevos tiempos del nacional proteccionismo del comercio regulado con tarifas, reglas de origen y barreras a terceros países. La postura mexicana es evitar que se modifique el núcleo del tratado con aranceles a sectores estratégicos vigentes en la industria automotriz, acero o aluminio, pero pelea contra las cuerdas. Las modificaciones sustantivas al tratado no son ocurrencias de la volatilidad de Trump, sino una especie de nuevo consenso de Washington para crear una nueva Cortina de Hierro contra el acceso de los asiáticos a su zona de influencia del hemisferio occidental.

México destaca la continuidad del tratado y Sheinbaum no descarta que se llegue a renovar por 16 años (y se eliminen las inspecciones anuales), pero su nuevo enfoque indica que la incertidumbre y las sanciones (aranceles y barreras) del comercio supervisado no serán excepción, sino la constante. Ante este escenario, su second best en la negociación es lograr un tratado preferencial y ventajas comparativas para mantener competitividad en el mercado de EU, del que depende 80% de su comercio. Pero a cambio tendrá que encontrar un difícil equilibrio en la definición de las reglas de origen con China, que Washington quiere subordinar al criterio subjetivo de su seguridad económica; y resistir la lógica extractivista de la potencia para asegurar sus cadenas de suministros con materias primas y raras de sus socios.

Las consecuencias del cambio serán profundas para México: la relación bilateral tendería a alinearse aún más a los intereses de EU, la inversión podría debilitarse por la incertidumbre y abrir mayor politización en conflictos comerciales. Pero el mayor de los retos será replantear sus estrategias hacia futuro y compensar la incertidumbre con resultados concretos para que no se traduzca en la salida de inversiones del país, como el anuncio de traslado de una planta de Toyota a Texas; o evitar que una porción de nuevas inversiones acabe por instalarse en EU como pretenden las nuevas reglas del T-MEC. El costo real, quizá inevitable, del fin de una era en el comercio es llevarse consigo las expectativas que antes ofrecía el acceso franco al mercado más grande del mundo para la atracción de inversiones. Y que ahora tendrá que restaurar teniendo como punto de venta el esfuerzo y proyectos internos que destraben la nave de la economía mexicana con motores internos.

Beligerancia desde el poder

JOSÉ LUIS VALDÉS UGALDE

Excelsior

La presidenta Claudia Sheinbaum ha buscado de nuevo pleito con Estados Unidos, cuidándose, en su narrativa antiyanqui, de no tocar a Donald Trump, como si éste no fuera el autor de las políticas de seguridad frente a México. En particular, tenemos el caso de la acusación en contra de Rubén Rocha Moya, exgobernador con licencia de Sinaloa. Sheinbaum se ha empeñado en protegerlo y se ha negado a seguir el protocolo del Acuerdo de Extradición que firmamos hace años con Estados Unidos y a detenerlo preventivamente con miras a llevar a cabo un juicio de extradición contra él, el senador Insunza y el coro de colaboradores durante su gobierno. Lo tiene escondido en un rancho de Guamúchil, Sinaloa, protegido por la policía estatal y el ejército. No obstante, nueva información que nos aporta Raymundo Rivapalacio en El Financiero habla de que “ha trascendido en la Secretaría de la Defensa que el exgobernador está siendo protegido por el Ejército en una de sus dos instalaciones militares: la 9ª Zona Militar en Culiacán, o la III Región Militar, que se encuentra en Mazatlán, al sur del estado” (El Financiero, 9 de julio de 2026). Ahí está resguardado, con el fin de evitar que los enemigos de ambos bandos (Los Chapitos y los narcopolíticos asociados al Cártel de Sinaloa) lo maten para que no hable. Aunque Rocha Moya declaró el viernes pasado que no se ha movido de su casa en Culiacán. La 4T está alarmada por la versión que habla de la protección que tiene de los cuerpos de seguridad.

En todo caso, la explicación para no detenerlo y extraditarlo, que ni siquiera es argumento, es que EU no ha presentado pruebas en contra del narcopolítico. Según el Acuerdo de marras, los sujetos están comprometidos a presentar pruebas en el curso de los sesenta días siguientes al inicio del juicio. Eso no ha sucedido porque México se ha negado a aceptar los términos de este acuerdo y se ha apertrechado en una actitud defensiva, de negación, frente a las presiones de la Fiscalía sur del estado de Nueva York, que parece que tiene en la mira a otros personajes más de los políticos de Morena que estarían involucrados con el cártel de Sinaloa. Y esta es precisamente la duda: ¿la Presidenta protege a Rocha Moya porque Estados Unidos se ha debilitado en el planteamiento del caso o porque proceder con la detención y extradición del gobernador en desgracia implicaría que éste delatara directamente el involucramiento del expresidente mexicano en la asociación con el Cártel de Sinaloa? Ésta es la sospecha que pesa entre amplios sectores de la sociedad mexicana y en los ámbitos de la política de seguridad de EU, en particular aquellos que se relacionan con México y con el hemisferio occidental.

Por si fuera poco, la Presidenta tuvo a bien reavivar el conflicto con Estados Unidos a propósito de la ilegal extracción de Ismael El Mayo Zambada ¡hace dos años!, lo cual lo puso en manos de la justicia estadunidense y va a pagar por sus delitos con cadena perpetua. El gobierno de México no había actuado en contra de El Mayo nunca (en cuatro décadas) y ahora que el FBI, cínicamente, celebrara el aniversario de la extracción, donando la aeronave en que fue transportado, a un museo de Nuevo México, Sheinbaum se lanzó a otro pleito reabriendo una riña con EU que no queda claro a quién va a beneficiar. Su jugada es peligrosa, por decir lo menos y es muy probable que Washington conteste juzgando a más personajes de Morena involucrados en la narcopolítica mexicana, muchos de ellos ya mencionados extraoficialmente. Todo lo cual será devastador para la confianza que ya escasea entre los actores económicos de los cuales depende la inversión y el crecimiento económico de México. La terquedad en mantener la línea dictada desde Palenque, de defender a los narcopolíticos por parte de la Presidenta, está afectando los intereses nacionales de los mexicanos y ha impactado severamente la relación bilateral en temas como T-MEC, cooperación en seguridad y migración, entre otros aspectos de ésta.

Ésta es la mayor crisis vivida en nuestra relación con nuestro principal socio comercial. En el fondo, y en Palacio no lo acaban de comprender, es que nuestros vecinos y probablemente otros actores internacionales, no le tienen confianza a las instituciones estatales de nuestro país, y la defensa de los socios de los cárteles que realiza el Estado mexicano no hace más que profundizar este recelo que está contagiando a muchos que ven con preocupación, cómo Sheinbaum ha optado por la confrontación con nuestros vecinos a través de una política antiestadunidense tan inútil como inefectiva para los propósitos de la política de EU de México. La necedad del enredo soberanista en que se ha situado el gobierno de México pone en mayor peligro la soberanía democrática mexicana, al tratarse, en los hechos, de una protección al crimen organizado, a través de la protección de sus socios y secuaces más conspicuos en el ámbito de la política. Eso es lo que hace Sheinbaum en este pleito vergonzoso con EU: no hay una política de Estado (porque no hay estadista) frente a Washington y en consecuencia frente a todos los mexicanos que padecemos las ocurrencias de la Presidenta y de sus subordinados extremistas. Todos cayeron en el garlito del infumable de Trump y vamos a seguir pagando las consecuencias

La autonomía administrada

PABLO MARTÍNEZ*

La Jornada

La Nueva Escuela Mexicana (NEM) surge como un intento de transformar la escuela pública desde una lógica distinta a la que predominó durante buena parte del siglo XX; no es la panacea ni la solución definitiva a los problemas históricos del sistema educativo mexicano, pero sí representa un cambio en la manera de concebir el currículo, la enseñanza y el papel del magisterio. En lugar de un currículo homogéneo y prescriptivo, plantea una mayor autonomía profesional para las y los docentes, reconoce la diversidad de los contextos escolares y apuesta por una educación construida desde las comunidades. El cambio propuesto no se limita a los contenidos de enseñanza: implica, al menos en el plano discursivo, una nueva manera de comprender la escuela y la labor docente.

La autonomía profesional constituye, quizá, el elemento más significativo de esta propuesta; durante décadas, las políticas educativas se caracterizaron por una fuerte centralización de las decisiones curriculares y pedagógicas, donde el profesorado desempeñó, en gran medida, el papel de ejecutor de programas diseñados desde instancias superiores. La NEM intenta modificar esa relación al reconocer que ninguna política educativa puede responder de manera uniforme a la diversidad cultural, lingüística y territorial del país; la autonomía deja entonces de entenderse como un margen excepcional de acción para convertirse en una condición necesaria de la práctica educativa y del reconocimiento del juicio profesional de las y los docentes.

Sin embargo, es precisamente aquí donde aparece una de las principales tensiones de la reforma; la autonomía no intenta abrirse paso únicamente entre normas, formatos o procedimientos administrativos, sino frente a una forma histórica de comprender el gobierno de las escuelas; durante décadas, el sistema educativo construyó una cultura institucional en la que dirigir significó supervisar, documentar, verificar y controlar; la NEM intenta una lógica distinta, sustentada en la confianza profesional, la contextualización curricular y la capacidad de decisión de las escuelas, pero esa nueva visión convive con instituciones que continúan operando bajo los significados del modelo anterior.

Reducir esta discusión al exceso de trámites sería simplificar el problema; toda institución pública requiere mecanismos de coordinación y rendición de cuentas. La dificultad aparece cuando esos mecanismos dejan de ser instrumentos de apoyo para convertirse en el principio organizador de la vida escolar. En ese momento, la autonomía deja de descansar en el juicio profesional del magisterio y comienza a depender de la autorización permanente del aparato administrativo.

Paradójicamente, una política educativa que busca fortalecer la capacidad de decisión de las escuelas termina reproduciendo prácticas en las que el cumplimiento documental adquiere mayor relevancia que la deliberación pedagógica.

Esta paradoja puede comprenderse desde lo que propone Castoriadis; las instituciones no se sostienen únicamente por leyes, reglamentos o procedimientos, sino por significaciones imaginarias que orientan la manera en que una sociedad comprende la autoridad, el poder y la organización colectiva. Esas significaciones producen hábitos, formas de relación y criterios de legitimidad que tienden a reproducirse incluso cuando cambian los discursos oficiales. En otras palabras, las instituciones suelen cambiar más lentamente que las reformas que pretenden transformarlas.

Desde este punto, la NEM puede entenderse como un proyecto instituyente que busca modificar la manera en que se concibe la escuela, el currículo y el papel del profesorado, apostando por relaciones más horizontales, decisiones contextualizadas y una mayor participación de las comunidades. Sin embargo, ese proyecto se desarrolla dentro de un orden instituido que continúa asociando el buen funcionamiento escolar con la supervisión, la evidencia documental y el control administrativo. La burocracia, en este sentido, no constituye el problema en sí mismo, sino la expresión de un imaginario institucional que sigue entendiendo el gobierno educativo desde la vigilancia antes que desde la confianza.

Quizá el principal desafío de la Nueva Escuela Mexicana no consista en producir nuevos documentos curriculares ni en ajustar nuevamente los mecanismos de evaluación; el reto más profundo parece encontrarse en transformar la forma en que el propio sistema educativo imagina el ejercicio de la autoridad y la organización escolar; mientras la autonomía profesional siga dependiendo de estructuras que privilegian el control sobre la confianza, la reforma correrá el riesgo de permanecer como una promesa discursiva más que como una transformación efectiva de la vida cotidiana de las escuelas. La autonomía no puede consolidarse cuando necesita ser autorizada permanentemente por la misma estructura que afirma promoverla.

* Profesor.

Cuando cierta derecha argentina odia a los mexicanos

FERNANDO BUEN ABAD DOMÍNGUEZ*

La Jornada

Son las mismas jaurías autoras del Hondurasgate. Los ataques que algunos sectores de la derecha argentina han perpetrado contra los mexicanos no pueden comprenderse como una reacción espontánea nacida de diferencias culturales o nacionales. Esa interpretación reduce un fenómeno complejo a una disputa entre pueblos que, en realidad, comparten una historia marcada por procesos semejantes de colonización, dependencia económica, concentración de la riqueza y resistencia popular. Cuando los voceros mediáticos de la derecha se desnudan y atacan a un país entero con el objetivo de descalificar, disfrazan su debate contra las izquierdas con rabietas individualistas de vocingleros ignorantes asalariados.

México (al menos cinco grandes civilizaciones prehispánicas) ocupa una posición singular de vanguardia dentro del continente. Su peso demográfico, su desarrollo industrial, su proximidad con Estados Unidos, su tradición diplomática y el legado de una revolución social que transformó profundamente la estructura estatal lo convierten en un referente permanente de discusión. Ninguna valoración uniforme puede abarcar semejante complejidad. Allí conviven avances, contradicciones, conflictos sociales, desigualdades persistentes y experiencias políticas heterogéneas. Reducir esa diversidad a un estereotipo constituye un empobrecimiento deliberado del análisis.

Se abre la contienda semiótica sobre el sentido de las expresiones del operador “periodístico” Eduardo Feinmann: “Detesto a los mexicanos. Los detesto con mi alma”; los calificó de “detestables” y sostuvo que “nos envidian” y “quieren ser como nosotros”. En ese odio xenófobo, intoxicado de rasgos supremacistas (“nos envidian”), habita la descalificación contra un pueblo entero, lo que constituye una generalización nada ingenua. ¿Quiénes son esos “nosotros” de su enunciado y qué es aquello que “nos envidian”, en qué realidad verificable? ¿Cree que se le envidia a Milei, a su circo de corrupción y desfachatez sumisa al imperio de Trump? Quienes financian esta operación organizan un ataque desesperado. Su “nosotros” superior frente a un “ellos” es nacionalismo con bandera de Israel, como la que el ventrílocuo mediático exhibe sobre su escritorio en cada emisión de sus operaciones ideológico-políticas disfrazadas de noticiero.

No es sólo que Feinmann “odia” a los mexicanos; la historia latinoamericana ofrece abundantes ejemplos de esta operación. Las clases dominantes encontraron con frecuencia mayor rentabilidad política en estimular antagonismos entre pueblos en lugar de permitir que la atención se concentrara sobre las relaciones de explotación existentes dentro de cada sociedad. Así, la lógica de la fragmentación regional debilitó proyectos de cooperación económica, científica y cultural capaces de reducir la dependencia respecto de los grandes centros de acumulación mundial. Cada episodio de confrontación simbólica entre naciones latinoamericanas alimentó esa dispersión.

Su negocio y la necesidad de producir enemigos externos cuando las contradicciones sociales internas se intensifican y funcionan como desplazamiento ideológico de conflictos derivados de la concentración del capital. México representa una tradición histórica, cultural, intelectual, diplomática y política que, en distintos momentos, ha defendido proyectos soberanistas, integracionistas y de autonomía regional. Ese legado incomoda a sectores alineados con las derechas hemisféricas subordinadas a Washington. No existe un conflicto argentino-mexicano espontáneo; existe una circulación trasnacional de narrativas producidas por redes de influencia, consultoras políticas, medios y algoritmos que convierten cualquier desacuerdo entre dirigentes en antagonismo entre pueblos. Hondurasgate, por ejemplo.

Esa hostilidad sionista desvía la atención de la apropiación privada del excedente social, de la financiarización, de la precarización laboral y de la pérdida de soberanía económica. Es el uso del desprecio cultural como mecanismo de legitimación de jerarquías. Ridiculizar acentos, costumbres o símbolos nacionales constituye una forma de violencia simbólica que prepara la aceptación de relaciones materiales de dominación. México aparece incorporado a ese mapa imaginario cuando determinadas administraciones impulsan políticas económicas, sociales o diplomáticas consideradas incompatibles con el ideario neoliberal. La confrontación deja entonces de dirigirse exclusivamente hacia un gobierno específico y comienza a contaminar la percepción pública acerca del país en su conjunto. La crítica abandona el terreno institucional para deslizarse hacia prejuicios nacionales que poco explican y mucho distorsionan.

Así, lo decisivo consiste en identificar las condiciones sociales que hacen posible la expansión de discursos hostiles entre pueblos históricamente vinculados. Desde esa perspectiva, cualquier intento de convertir a mexicanos y argentinos en adversarios permanentes empobrece la inteligencia política de la región y debilita las posibilidades de construir formas superiores de cooperación, justicia social y emancipación colectiva. En determinadas corrientes de la derecha contemporánea, algunos voceros mediáticos convierten símbolos nacionales y geopolíticos –entre ellos, la bandera del Estado de Israel cuando la emplean como emblema político– en dispositivos de legitimación de un imaginario jerárquico que naturaliza privilegios de clase, desplaza el conflicto social hacia guerras culturales y fortalece una conciencia funcional a la reproducción del capital.

Allí nace el supremacismo burgués, no como extravagancia sicológica de individuos arrogantes, tampoco como simple exceso retórico, sino más bien como una racionalidad histórica destinada a transformar intereses particulares en criterios universales de verdad. Su mayor eficacia consiste en lograr que las mayorías interpreten el mundo con categorías producidas por quienes administran la acumulación del capital.

Determinados sectores de la derecha argentina reproducen esa arquitectura intelectual con notable disciplina. Sus voceros mediáticos representan una función cuya importancia supera el comentario cotidiano. No informan; producen odio. Cada intervención distorsiona jerarquías simbólicas, calumnia prestigios, decide quién merece reconocimiento y quién debe ocupar el lugar del desprecio público. La operación adquiere especial intensidad cuando los conflictos derivados de la concentración económica amenazan con revelar el carácter estructural de la desigualdad. En ese momento resulta indispensable desplazar la conversación hacia enemigos culturales, identidades nacionales, disputas morales o guerras simbólicas que fragmenten toda posibilidad de comprensión colectiva. A cualquier costo. La disputa está abierta.

* Doctor en filosofía.