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DERECHOS HUMANOS
De la participación simbólica a la redistribución del poder: familias de personas desaparecidas y la instrumentalización de las víctimas en México
La experiencia de muchos colectivos de familias en México muestra que gran parte de los mecanismos institucionales permanecen atrapados en los niveles intermedios de esta escalera. Las víctimas son convocadas a foros, consultas, mesas de trabajo y diálogos públicos. Se les solicita opinión sobre protocolos, programas o reformas legales. Sin embargo, frecuentemente las decisiones fundamentales ya han sido tomadas de antemano
Proceso
Desde antes, pero particularmente al inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” en 2006, y desde el 2009 en Coahuila, miles de familias mexicanas comenzaron a organizarse para buscar a sus seres queridos desaparecidos, desaparecidas; una de estas experiencias de colectividad es la de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, quienes acompañadas del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, AC, han logrado manternerse unidas en medio de una guerra, de la cooptación y de las redes de la impunidad y colusión colocando la responsabilidad de frente a instituciones incapaces de investigar los hechos o garantizar verdad y justicia desde el primer momento de ocurridas las desapariciones forzadas en estos territorios norteños México.
Gracias a la persistencia y articulación de los colectivos de familiares en articulación con las organizaciones locales, nacionales e internacionales se lograron avances que hoy forman parte del marco institucional mexicano: la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de personas y Desaparición cometida por particulares, la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, las comisiones de búsqueda, los consejos ciudadanos y diversos mecanismos de participación de víctimas, al igual que las leyes en el estado de Coahuila pioneras en abordar la crisis humanitaria que vivimos.
Sin embargo, después de más de 20 años de movilización social, una pregunta sigue siendo necesaria: ¿cuánto poder real tienen las familias en las decisiones que afectan sus vidas?
La respuesta puede analizarse a partir de la escalera de participación ciudadana propuesta por Sherry Arnstein en 1969. Arnstein distinguió entre procesos genuinos de participación y mecanismos que únicamente crean la apariencia de inclusión. En los niveles inferiores de la escalera se encuentran la manipulación y la terapia; posteriormente aparecen la información, la consulta y el apaciguamiento, formas de participación donde las personas pueden expresar opiniones, pero sin capacidad efectiva para influir en las decisiones. Sólo en los niveles superiores se encuentran la asociación, la delegación de poder y el control ciudadano, donde existe una redistribución real del poder entre las instituciones y la ciudadanía.
La experiencia de muchos colectivos de familias en México muestra que gran parte de los mecanismos institucionales permanecen atrapados en los niveles intermedios de esta escalera. Las víctimas son convocadas a foros, consultas, mesas de trabajo y diálogos públicos. Se les solicita opinión sobre protocolos, programas o reformas legales. Sin embargo, frecuentemente las decisiones fundamentales ya han sido tomadas de antemano.
La consulta se convierte entonces en una forma de legitimación política. La presencia de las ahora madres buscadoras sirve para mostrar apertura institucional, mientras las relaciones de poder permanecen intactas. Las familias son escuchadas, pero no necesariamente influyen. Participan, pero no deciden.
Esta instrumentalización resulta especialmente grave cuando se trata de personas que han debido asumir funciones que originalmente corresponden al Estado. Han sido las madres, padres, hermanas, hermanos e hijos quienes han impulsado búsquedas, construido registros, identificado patrones criminales, localizado fosas clandestinas y generado conocimiento especializado sobre la desaparición de personas. Paradójicamente, quienes han sostenido buena parte de la respuesta social e institucional frente a la crisis continúan ocupando espacios limitados de incidencia.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la participación efectiva de las víctimas no constituye una concesión del Estado, sino una obligación jurídica y de derechos humanos. Los principios internacionales sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición establecen que las víctimas y sus asesoras deben participar activamente en el diseño, implementación y evaluación de las políticas que les afectan. La consulta debe ser previa, informada, accesible, permanente y capaz de influir en los resultados.
Por ello, el desafío actual no consiste únicamente en abrir más espacios de diálogo. El reto es transformar las relaciones de poder que históricamente han colocado a las víctimas en una posición subordinada frente a las instituciones.
Una participación auténtica implicaría, al menos, cuatro condiciones fundamentales: i) acceso oportuno a la información; ii) mecanismos vinculantes de consulta; iii) participación de asesoras y organizaciones acompañantes elegidos por las propias víctimas; y iv) sistemas claros de rendición de cuentas que expliquen cómo se incorporan o rechazan las propuestas formuladas.
Asimismo, la crisis de desapariciones no puede abordarse exclusivamente desde una perspectiva estatal o nacional. Se trata de un fenómeno regional vinculado con dinámicas transnacionales de tráfico de armas, drogas, personas, capitales ilícitos y estrategias de seguridad impulsadas a nivel continental. La corresponsabilidad entre países resulta indispensable para comprender las causas estructurales que han alimentado la violencia y la impunidad por eso llegamos a la Asamblea General de Naciones Unidas a exponer la situación que está pasando en México a partir del uso del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de la Protección de Todas las Personas Contra la Desaparición Forzada la cual fue ratificada por México el 18 de marzo de 2008.
Este es el principal tratado internacional que tipifica esta práctica como crimen de lesa humanidad y crea mecanismos para prevenirla y fue el resultado de luchas históricas de las mujeres como las madres y abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, HIJOS y las organizaciones que resistieron durante las dictaduras de los años 70s y 80s, nunca han sido concesiones gratuitas del poder. Este año la Convención cumple 20 años de su adopción y este año se active por primera vez el artículo que llama la atención sobre la urgencia de intervenir cuando ocurren crímenes contra la humanidad.
Las familias y sus asesoras han demostrado una y otra vez que poseen la experiencia, los conocimientos y la legitimidad necesarios para contribuir a la construcción de soluciones junto con otras actores y sectores. Lo que sigue pendiente es que los Estados estén dispuestos a compartir el poder. Recordamos que la verdadera participación comienza cuando las víctimas, las sobrevivientes, los movimientos sociales y sus legítimas demandas dejan de ser utilizadas para legitimar decisiones ajenas de los países hegemónicos y se convierten en actoras centrales de las decisiones que afectan su presente y su futuro, sus cuerpos y sus territorios donde la vida sucede.
¿Quiere contribuir a los procesos de verdad y de justicia? Comuníquese al Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC en Saltillo, Coahuila. direccion@frayjuandelarios.org
* Directora del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, AC.
Arsenal
México y EU, de socios a rivales
FRANCISCO GARFIAS
Excelsior
El 2026 pinta como el año en que la “soberanía” se vuelve un discurso vacío frente a la realidad de un vecino que no respeta ni las reglas que él mismo firmó. Estados Unidos nos ve como su patio trasero. De eso no hay duda.
Los agentes del ICE tienen licencia para matar migrantes. Sólo de México van 17 desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Tres murieron en operativos del ICE y 14 más en centros de detención. ¿Extraño, no?
El más reciente se llamaba Lorenzo Salgado Araujo. Tenía 52 años. Llevaba 35 viviendo en Estados Unidos. Iba a su trabajo de construcción en Houston cuando lo agarró el Servicio de Inmigración y Aduanas.
Dicen que quiso escapar, que en su huida iba a atropellar a un agente que trató de impedirlo. Lo mató en “defensa propia”, justifica la versión oficial.
Es la misma versión que se usó para explicar el asesinato en Mineápolis, Minnesota, de Rene Nicole Goodman, una madre estadunidense de 37 años, en un operativo del ICE realizado en enero de 2026. En este caso hubo cámaras que desmintieron al ICE.
* La muerte de Salgado no es un “incidente”. Es un patrón. Otro mexicano muerto en un operativo del ICE en Houston que desató indignación no sólo en México, sino en la comunidad latina de Estados Unidos. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) ofrece una recompensa de cinco mil dólares para quien ofrezca información fidedigna del lamentable hecho. No creen en la versión del ICE.
La respuesta oficial de México frente a estas muertes ha sido tibia: más notas diplomáticas que terminan en la basura. Sheinbaum anuncia ahora que pasará a “medidas con consecuencias jurídicas”. Veremos hasta dónde llega.
* Reapareció Rubén Rocha Moya 69 días después de haber solicitado licencia como gobernador de Sinaloa, luego de que el Departamento de Justicia de EU solicitara su captura provisional, con fines de extradición, por presuntos pactos con Los Chapitos.
El protegido del régimen escribió, en su cuenta de X, que en ese lapso compareció ante la FGR para responder, puntual y veraz, las preguntas del Ministerio Público federal.
Luego de señalar que desde el 1 de mayo ha permanecido en su domicilio de Culiacán y que no lo protegen elementos de corporación federal alguna, se puso en modo víctima:
“He sido objeto de una atroz embestida mediática, de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno. Las acusaciones que se me formulan por una oficina de gobierno de Estados Unidos son falsas. Se trata de un ataque promovido desde la ultraderecha…”. ¡Pobrecito!
* La ministra Lenia Batres quiere imponer su trasnochada ideología en la SCJN. Prioriza el dogma por encima de los datos y las consecuencias.
Su proyecto de gravar con ISR los recursos de las afores de los trabajadores fallecidos y su postura de que las herencias y legados paguen impuestos ilustran lo antes escrito.
Argumenta que es “injusto” que patrimonios que no provienen del esfuerzo personal del heredero queden exentos, ya que perpetúan desigualdades. Afortunadamente ya la batearon la SCJN, la presidenta Sheinbaum, pero también el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. Le recordó a Batres que los únicos que tienen capacidad legislativa para presentar iniciativas son la Presidenta de la República, los senadores, los diputados y los congresos locales.
Lenia, por cierto, no fue elegida ministra por el Senado. Nunca alcanzó la mayoría calificada (dos tercios de los votos) requerida para alcanzar el cargo.
En la primera votación en la Cámara alta, realizada en noviembre de 2023, apenas alcanzó cinco votos, y dos en la segunda ronda, muy atrás de Bertha Alcalde.
El mal cálculo de la oposición llevó a Lenia a la SCJN. Al negarle los votos a Alcalde, el PAN, el PRI y MC cedieron la decisión al entonces presidente López Obrador. Así lo prevé el artículo 96 de la Constitución.
* Al Partido Verde le salió el tiro por la culata. Condicionó su alianza con Morena y el PT en Chihuahua a que el candidato a gobernador del estado grande sea el alcalde morenista de Ciudad Juárez.
No quieren que la candidata de la coalición oficialista sea la senadora con licencia Andrea Chávez. No es del gusto de Jorge Emilio González, patrón de patrones en el partido del tucán, nos dicen en los corrillos políticos. Pero el rechazo al condicionamiento del Verde lo presentaron morenistas y petistas que, por separado, reclaman respeto a la elección interna y que se postule el que más apoyo popular tenga.
El tema mueve el tablero electoral en Chihuahua. Las encuestas reflejan una elección muy pareja entre Morena y el PAN, que trae un aspirante muy bien posicionado: el alcalde de la capital del estado, Marco Bonilla.
* A diferencia del Senado, en San Lázaro no hay gritos ni sombrerazos para elegir al sucesor de la panista Kenia López en la presidencia de la Mesa Directiva. La ley dice que le toca al PVEM y éste ya decidió: será Raúl Bolaños Cacho.
Razones
Los sucesores de El Mencho
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Excelsior
El Cártel Jalisco Nueva Generación actúa como una suerte de franquicia. Más allá de su núcleo duro formado por quienes provenían del llamado Cártel del Milenio, que luego fueron operadores y sicarios de Ignacio Nacho Coronel e integraron lo que se dio a llamar, a inicios del sexenio de Peña Nieto, Los Matazetas, se han expandido a buena parte del país cooptando a grupos locales a los que les permiten actuar bajo su manto, usar su nombre y tener su apoyo.
Cuando analizamos los grupos criminales en México hay que insistir en que todos ellos, como decía en alguno de sus libros Leoluca Orlando, el alcalde de Palermo que logró éxitos indudables en la lucha contra las mafias, al final, parten de una estructura familiar. Los cárteles mexicanos, en general, tienen esas mismas características y no dejan de ser, pese a su extensión y poder, una suerte de empresas familiares que se basan en la confianza de los suyos en una labor donde la traición puede presentarse en cualquier momento. Lo estamos viendo hoy en Sinaloa en la lucha entre Mayos y Chapitos y en todo el proceso de reconfiguración de los cárteles en nuestro país.
El núcleo duro del CJNG siempre giró en torno a las dos familias que lo crearon: a la del propio Nemesio Oseguera El Mencho y a los llamados Cuinis, formado por los hermanos González Valencia. Rosalinda González Valencia, una de las hermanas de Los Cuinis, fue la esposa de El Mencho.
Rosalinda no es un miembro más de la familia, es conocida como La Jefa, es respetada y temida dentro del propio CJNG. Rosalinda fue detenida por segunda ocasión, luego de intensas labores de inteligencia, la tarde del lunes 15 de noviembre de 2021, en Zapopan, Jalisco. Rosalinda estaba protegida por un amplio cordón de seguridad, en una zona muy vigilada por integrantes del CJNG. Se tuvo que actuar, para su detención, en absoluto secreto: un pequeño grupo de elementos federales arribaron al lugar, la detuvieron y se fueron sigilosamente, luego de un operativo quirúrgico que se logró realizar sin disparos y sin que se registraran reacciones violentas. De poco sirvió: como ya había ocurrido con anterioridad, Rosalinda quedó en libertad el año pasado, luego de cumplir la mitad de la condena de cinco años de prisión que le había sido aplicada.
Rosalinda era quien manejaba económica y logísticamente parte de la empresa delictiva del CJNG. Los hermanos González Valencia son 15 (nueve hombres y seis mujeres), conformaron una unidad familiar dedicada al narcotráfico desde los años 90: casi todos ellos han sido detenidos. Rosalinda quedó en libertad.
El vínculo entre la gente de El Mencho y Los Cuinis inició cuando Oseguera se casó con Rosalinda, con quien procreó tres hijos: Rubén, Johana y Laisha. El Menchito fue detenido el 4 de diciembre de 2017 por autoridades federales y finalmente extraditado a Estados Unidos el 20 de febrero de 2020, luego de un largo proceso que incluyó sucesivos amparos que Rubén ganó, “extrañamente”, en distintos tribunales (que luego se comprobó que estaban infiltrados por el propio CJNG). Era el sucesor, pero terminó en una cárcel de Estados Unidos.
Desde la detención de El Menchito, el más cercano a El Mencho siempre fue el hijo del primer matrimonio de Rosalinda, Juan Carlos Valencia González, apodado El 03 y quien se ha quedado con el liderazgo del CJNG, luego de la muerte de su padrastro.
La propia configuración del CJNG con su crecimiento a base de franquicias, bandas locales que se fueron adhiriendo utilizando su nombre, espacios de colaboración y repartiendo utilidades fue muy exitoso para su expansión, pero dificultaba el propio proceso de sucesión, ya que cada grupo podría comenzar a disputar espacios, esperando a ver quién se queda con el liderazgo o cómo se acomodaban los distintos aspirantes a suceder a El Mencho.
Uno de ellos era El Jardinero, Audias Flores Silva, que era presentado como uno de los posibles sucesores, que había tenido una carrera criminal paralela a la de Oseguera desde los años de Michoacán, quien incluso comenzó a disputarle el poder a Juan Carlos Valencia González. Era una lucha imposible: El 03 es hijastro de El Mencho, sobrino directo de Los Cuinis y, además, dirige buena parte de la operación y de los grupos paramilitares del cártel. El otro personaje central, que era también aspirante a la sucesión, es El Sapo, Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, el verdadero jefe militar del CJNG. Tenía mucha cercanía operativa con El Mencho, quien se habría alejado de El Jardinero en medio de la disputa interna por su sucesión previa a su muerte.
Según los mismos reportes de inteligencia, la relativa paz en la que se mantuvo esa organización criminal después de la caída de Oseguera se debe a que El 03 se quedó como el jefe operativo del cártel y El Sapo como el mando militar del mismo, además de su control en amplias zonas de Colima, Nayarit y Michoacán. La oportuna detención de El Jardinero, poco después de la muerte de El Mencho, solucionó la sucesión en el CJNG, que evitó, con ello, una guerra interna como la que desangra al Cártel de Sinaloa entre Los Chapitos y La Mayiza. Hoy, el CJNG es la organización criminal más poderosa de México. El 03 y El Sapo son sus jefes.
Astillero
Caso 43: CNDH aboga por Ejército // Nociva la “antiverdad histórica” // Contra GIEI, Covaj y Encinas // Justifica ausencia de folios
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
La Jornada
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio ayer un paso más en el proceso de desmantelamiento de los insuficientes avances indagatorios de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
De un golpe ha descalificado trabajos realizados por Alejandro Encinas como subsecretario y principal cabeza del esfuerzo realizado en un primer tramo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, luego desguazado por ese mismo gobierno en su último trecho; de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj); del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que aportó hallazgos y claves del caso que de otra manera nunca se habrían difundido, y de otras instancias civiles, no gubernamentales, que han contribuido al esfuerzo de verdad y justicia, hasta ahora no alcanzadas.
Además, el organismo a cargo de Rosario Piedra Ibarra emitió consideraciones exculpatorias del rol jugado por el Ejército, al grado de establecer en el punto 583 (página 458 de 867 que forman la recomendación 208VG/2026, disponible en www.cndh.org.mx,, sección Últimas recomendaciones) que “para encontrar la verdad llana, y la justicia, ha sido igual de nociva la narrativa de la ‘Verdad Histórica’, como la narrativa de la ‘Antiverdad Histórica’”.
Porque “mientras en la narrativa de la ‘Verdad Histórica’ se sostenía que la Normal de Ayotzinapa estaba infiltrada por grupos del crimen organizado, puesto que toda la carga estaba en estos últimos y en los policías municipales, en la narrativa de la ‘Antiverdad Histórica’”, como la carga se ha querido trasladar al Ejército como una “acción de Estado”, luego entonces, éste tenía militares infiltrados entre los estudiantes y ese fue el detonante de los hechos. Lo planteó así el GIEI en su VI Informe: “La infiltración de los estudiantes de Ayotzinapa no era por el crimen organizado, sino por miembros del Ejército que ejercían su papel de informantes. Es decir, que a fin de cuentas, sea una o sea otra ‘verdad’, se acaba criminalizando siempre a los estudiantes e, incluso, en ambos casos se acaba por trasladar la responsabilidad de los hechos a uno o a varios de ellos”.
La recomendación de la CNDH, tan trascendente como polémica, no fue dada a conocer en conferencia de prensa, sino por medio de un comunicado colocado en Internet sobre la emisión de una “recomendación reivindicatoria de la lucha de las víctimas directas e indirectas de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y de las deficientes investigaciones de los mismos”. En ese manejo informativo se destaca que la CNDH acreditó “violaciones graves a los derechos humanos de 92 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, con especial insistencia en denunciar las deficiencias en las investigaciones relacionadas con los hechos” (https://goo.su/6yGMsw).
En los hechos, la actual administración de la CNDH, sumamente cargada a las líneas políticas establecidas por el actual gobierno federal, aporta su cuota al trabajo de desarticulación y estigmatización de los primeros trabajos promisorios de investigación impulsados en la primera parte del gobierno obradorista.
Con este posicionamiento, Piedra Ibarra colabora especialmente con el proceso del primer y el segundo piso de la llamada 4T, que ha buscado disolver y enturbiar el caso histórico, con acento especial en la intención de desmarcar a las fuerzas armadas de los criminales acontecimientos que en septiembre próximo cumplirán 12 años sin que el Estado haya sido capaz de hacer algo más que declaraciones y embrollos.
Y, mientras en Chihuahua el partido de las cuatro mentiras (PVEM) ha dicho por voz de uno de sus sinuosos dirigentes, Arturo Escobar, que solo irá en alianza con Morena si la candidatura al gobierno estatal es asignada a Cruz Pérez Cuéllar, con lo cual se pretende descartar, en aras de la “unidad”, a la senadora con licencia Andrea Chávez.
México SA
Casa Blanca y su “amistad” con México // Injerencia, armas, secuestros, asesinatos // Diecisiete paisanos ajusticiados por el ICE
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
La Jornada
Qué mayor muestra de la “amistad” que Estados Unidos dice brindar a México: viola la soberanía y las leyes de su vecino, es injerencista, organiza sucias campañas en su contra, paga cipayos, encarcela y asesina a sus paisanos, vende armamento a los cárteles que dice combatir (por mucho que los califique de “terroristas”, pero les permite –en su territorio– el trasiego de droga y les lava el dinero en su sistema financiero), amén de que organiza operaciones “encubiertas” de sus agencias de “inteligencia” (con la embajada y sus “embajadores” como cabeza de playa) y demás embestidas.
El “asunto” de Chihuahua, con la gringa Maru Campos, los cipayos políticos, empresariales, “intelectuales” y mediáticos, la creciente venta de armas al narco mexicano, el secuestro de Ismael El Mayo Zambada y el mentiroso cuan sucio “diplomático” Ken Salazar, entre tantas otras, son apenas pequeñas muestras de la beligerante “amistad” gringa hacia México, las cuales, de cualquier forma, dan puntual cuenta de la descarada injerencia y permanente agresión de la Casa Blanca y todo su aparato.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, resumió lo relacionado con el “traslado” de El Mayo y la “amistad” gringa con México: “graves violaciones al derecho mexicano e internacional, pruebas de que la FBI entró a secuestrar” al narcotraficante, “la mentira de Ken Salazar significa una transgresión al principio de buena fe, Washington ha dado respuesta con datos falsos o imprecisos a los requerimientos del gobierno mexicano”.
Ayer, la presidenta Sheinbaum reiteró: 75 por ciento de las armas que se han incautado o entregado en México provienen de Estados Unidos, por lo que su gobierno no quitará el dedo del renglón: insistirá “con firmeza y respeto” en la necesidad de detener su tráfico ilegal. “La mayor parte de las armas vienen del país del norte y cruzan ilegalmente nuestra frontera para sembrar violencia y arrebatar vidas en México; así como nuestra nación trabaja todos los días para evitar la llegada de drogas a nuestro vecino país, también es indispensable que se detenga el flujo de armas que alimenta la violencia”.
En la mañanera de ayer, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, detalló: el número de mexicanos que han perdido la vida en distintas situaciones relacionadas con acciones realizadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos o con sus centros de detención se eleva a 17, de los cuales 14 han sido bajo custodia de esa agencia, es decir, en centros de detención, y tres en sus operativos, como fue el caso del asesinato de Lorenzo Salgado, el más reciente, que no el último. Ello, aunado a que alrededor de 14 mil paisanos permanecen bajo custodia en centros del ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en espera de repatriación o de resolver algún recurso legal.
Velasco comentó que el gobierno mexicano ha enviado 11 notas diplomáticas de protesta formal al gobierno estadunidense, exigiendo el esclarecimiento de los hechos, mismas que han sido “respondidas” con el clásico “estamos investigando”, y adelantó que la Presidenta “nos ha instruido para iniciar acciones legales contundentes para responder a esta tragedia tan dolorosa y actuemos con contundencia para responder a esta demanda, a esta necesidad que hay de proteger los derechos humanos de los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos”.
En ese entorno, la cancillería solicitará apoyo a la FGR para presentar denuncias contra quien resulte responsable ante las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia estadunidense por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos del ICE. “Pasamos del ámbito diplomático directamente al de las fiscalías estadunidenses, solicitando que se investigue en el ámbito penal qué es lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido”. Además, acciones civiles a las empresas que operan los centros de detención.
Entonces, ¿así o más “pruebas de amistad” y “buen vecino”?
Las rebanadas del pastel
Ahora con ustedes, ¡huachicol ferroviario! de Estados Unidos a México, en el que “estarían involucrados altos mandos de Marina y militares, empresas importadoras, agentes aduanales, firmas destinatarias del combustible, operadores ferroviarios y compañías encargadas de la dispersión financiera de los recursos” (La Jornada, Gustavo Castillo). Gracias a la privatización de Ernesto Zedillo, en México existe un duopolio que se reparte el pastel en este sector: Grupo México, del tóxico Germán Larrea, y la trasnacional Canadian Pacific Kansas City. ¿Cuál sería el implicado? ¿Ambos?