Lo que dicen los columnistas

SCJN y Libertad de expresión

Las cortes no se miden por lo que sus integrantes declaran, sino por lo que sus sentencias deciden

Ernesto Villanueva

Proceso

La renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despertó expectativas. También incertidumbre. Era inevitable. Cada nueva integración reabre la pregunta de si cambiará también la forma de interpretar la Constitución. Las respuestas han empezado a llegar. Cabe precisar que los dichos de las ministras y los ministros no producen consecuencias jurídicas. Sólo las producen los engroses; es decir, las sentencias finales, aprobadas, firmadas y notificadas que resuelven los casos, fijan criterios y generan precedentes. Las cortes no se miden por lo que sus integrantes declaran, sino por lo que sus sentencias deciden. Lo relevante es determinar si este alto tribunal contribuye al desarrollo progresivo de los derechos fundamentales, como ordena el principio de progresividad del artículo 1o constitucional, párrafo tercero. Tres resoluciones permiten advertir que esa es, hasta ahora, la dirección: el ADR 2808/2025, la Acción de Inconstitucionalidad 81/2025 y su acumulada 88/2025, y el AD 20/2025. Veamos. 

Primero. El ADR 2808/2025 fue la primera decisión relevante de la nueva integración sobre libertad de expresión y derecho a la propia imagen. Fue una resolución donde el ponente fue el presidente de la SCJN, el ministro Hugo Aguilar Ortiz, con el proyecto de Alejandra Loya Guerrero y Edith Guadalupe Esquivel Adame. El litigio surgió de una sanción a un medio de comunicación por utilizar, sin autorización, la imagen de una persona para promocionar una serie televisiva. El problema constitucional era preciso: determinar si las limitaciones previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor restringían indebidamente la libertad de expresión. La Corte respondió que no: avaló la constitucionalidad de las limitaciones impugnadas y, con ello, delimitó la frontera entre dos bienes que la Constitución protege por igual. Lo decisivo fue el método: ponderación entre derechos, distinción entre actividad periodística y explotación comercial de la imagen, y protección reforzada de la libertad de expresión cuando cumple una función informativa. La distinción es medular porque este derecho tiene una doble dimensión: individual, como facultad de cada persona de manifestar ideas, opiniones y versiones de los hechos apegadas a la veracidad, y social, como derecho colectivo a la libre deliberación democrática y circulación de las ideas y la interpretación de los hechos. Su tutela reforzada se justifica cuando alimenta el derecho a la información de la sociedad, no cuando la imagen ajena se convierte en mercancía. El Pleno subrayó, además, otro criterio: encontrarse en un espacio público no convierte la imagen de una persona en material de libre explotación comercial. La excepción informativa protege al periodismo, no al lucro. El caso importaba también por su contexto: en el entorno digital la circulación de imágenes es masiva y constante, y el criterio traza un límite claro al aprovechamiento comercial sin consentimiento. La propia imagen y la intimidad, derechos derivados de la dignidad humana, conservan su tutela frente al aprovechamiento mercantil. 

Segundo. Al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 81/2025 y su acumulada 88/2025, promovidas por el Partido Acción Nacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Pleno invalidó el delito de ciberasedio de Puebla por su vaguedad y efecto inhibitorio sobre el debate público en redes sociales. La norma vulneraba la taxatividad penal y el principio de mínima intervención: su ambigüedad permitía criminalizar críticas legítimas, y las conductas realmente graves ya pueden sancionarse mediante tipos penales precisos, de modo que la invalidez no deja desprotegidas a las víctimas. Esta resolución estuvo a cargo de la ponencia del ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía y el proyecto de Bruno Alejandro Acevedo Nuevo, con la colaboración de Adriana Ángeles Rodríguez. El expediente revela, además, quién activa el control abstracto: la Corte no actúa de oficio; decide cuando órganos legitimados —un partido político, el organismo nacional de derechos humanos— se lo demandan. Y muestra la otra cara de la misma doctrina: la libertad de expresión también se protege frente al poder punitivo del Estado. Semanas después, el AD 20/2025, bajo la ponencia de la ministra María Estela Ríos González y el proyecto de Arlín Maribel Pérez Parada, con la colaboración de Nallely Vianey Paredes Suárez y Rosalba Arsuaga Montoya, volvió a privilegiar la ponderación y la proporcionalidad para resolver el conflicto entre honor y libertad de expresión. El asunto versó sobre la responsabilidad civil por una inserción pagada con imputaciones falsas contra particulares. La Corte reiteró que este derecho no ampara la difusión de hechos falsos que lesionan la dignidad y la reputación de personas privadas, y precisó que la reparación del daño moral debe atender a su impacto real, no sólo a las pérdidas económicas. El fallo se aprobó por seis votos a uno, y el único voto en contra —el del ministro presidente— no invocó una ruptura, sino mayor fidelidad a precedentes previos. 

Tercero. Las tres resoluciones comparten un mismo método constitucional. Ningún derecho es absoluto ni existe jerarquía abstracta entre ellos: la prevalencia sólo puede decidirse en cada caso concreto, ponderando sus circunstancias mediante un juicio de proporcionalidad. Ese juicio exige un fin legítimo, idoneidad, necesidad —que no exista una alternativa menos lesiva— y proporcionalidad en sentido estricto: que el beneficio para un derecho no cueste un sacrificio excesivo del otro. Ese es el estándar mexicano e interamericano. La nueva integración pudo redefinirlo y no lo hizo. Conservó la estructura argumentativa que distingue entre información de interés público y simple interés del público; entre responsabilidades ulteriores legítimas y restricciones incompatibles con una sociedad democrática. Sobre esa base descansan criterios consolidados: quien tiene proyección pública debe tolerar mayor escrutinio y la información de relevancia colectiva goza de presunción de cobertura constitucional. Esas resoluciones reflejan estabilidad y seguridad jurídica: así progresan los derechos, precedente sobre precedente. No es dato menor: al alcanzar la mayoría calificada de seis votos, las razones del AD 20/2025 constituyen precedente obligatorio para todos los tribunales del país.  Es pronto para escribir la historia jurisprudencial de la nueva Corte. Pero también sería un error ignorar sus primeras decisiones. Los citados engroses —no las declaraciones, entrevistas, comentarios e incluso participaciones en las sesiones de la SCJN— ofrecen el único dato que jurídicamente importa: la nueva integración ha comenzado a construir sobre los estándares constitucionales e interamericanos existentes. Las primeras resoluciones apuntan a una conclusión preliminar razonable: la independencia judicial también se expresa cuando el máximo tribunal del país resuelve a la luz de las mejores prácticas internacionales y nacionales. El sentido de las resoluciones de la Corte va por buen camino. Y conviene recordarlo: los estándares democráticos internacionales no debilitan la soberanía judicial, la hacen creíble. Un tribunal que resuelve a su luz no obedece a nadie; responde ante todos. 

Razones

Seguridad: el otro tratado

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Excelsior

Ante la expectativa de lo que sucedería en el México-Inglaterra, precisamente por eso, porque pocas cosas angustian más que estar a la espera de que comience un juego trascendental de futbol, nos pusimos a rememorar sobre dos acontecimientos que en los últimos días han estado en el debate, pero con mucha menor presencia de la que deberían.

Una es la negativa estadunidense para prorrogar el T-MEC. No se entiende o no se quiere entender que lo ocurrido puede ser el prólogo de una catástrofe económica para el país, quizás porque quienes hoy nos gobiernan, hace 30 años, cuando se negoció y aprobó el TLC, decían que el tratado destruiría el país, acabaría con nuestra soberanía y terminaríamos siendo algo así como una colonia estadunidense (no estoy exagerando: eso decían). Hoy aceptan su importancia, pero no terminan de comprender qué implica, qué trascendencia tiene el T-MEC.

Han pasado los años y el TLC, y luego el renovado T-MEC, ha demostrado ser lo mejor que le ha pasado a la economía nacional (y a la de esta región del mundo) en su historia contemporánea. Es la piedra angular sobre la que se asienta la economía del país y parte de las cadenas productivas de América del Norte. Pensar, decir, que la no prórroga no nos afecta, que es lo mejor entre lo peor que nos podría haber pasado, es una tontería. Y lo es porque estamos en esta situación no por las veleidades del trumpismo, sino porque durante el gobierno de López Obrador y en los inicios del de Claudia Sheinbaum con las reformas constitucionales aprobadas, se violó una y otra vez el tratado: hay hoy 16 controversias en tribunales internacionales contra México por violaciones al T-MEC que van del ámbito energético a las telecomunicaciones y de temas agrícolas a judiciales.

Hemos violado el tratado con la reforma judicial, con la desaparición de los organismos autónomos, con la energía, haciendo trampa con el acero y el aluminio, y con las reglas de origen, introduciendo productos chinos como si fueran mexicanos. Si hemos retrocedido en el T-MEC y si estamos ante el riesgo de que algún día Trump o alguno de sus sucesores decida retirarse del tratado ha sido por la acción negligente del gobierno federal. Recuperar la plenitud del tratado no sería muy difícil si el gobierno federal aceptara regresar a las normas que el Estado mexicano se comprometió a cumplir.

Pero quienes no están preocupados por lo que sucederá con el T-MEC también ignoran conscientemente que existe una dimensión política, de seguridad y seguridad hemisférica que no se puede ignorar y que va unida a éste. 

Estados Unidos quiere negociar el T-MEC incluyendo temas de seguridad y de integración hemisférica. Como dijo el propio negociador estadunidense Jamieson Greer, de lo que estamos hablando es de “una integración de cadenas productivas binacionales en un contexto hemisférico”. Busca consolidar a Norteamérica como “una fortaleza económica fuertemente protegida” frente a competidores externos, principalmente China. Esta visión está condicionada a una estricta alineación geopolítica. Y lo quiere hacer a través de mecanismos vinculantes específicos enfocados en la seguridad nacional.

Todo esto tiene un complemento. La necesidad, que es la aspiración estadunidense y de muchos en México, de un tratado de lucha contra el crimen que vaya mucho más allá de los convenios de colaboración, que terminan siendo como llamados a misa, cada uno decide si asiste a ellas o no. Un tratado que establezca, como ha ocurrido en la economía y el comercio con el T-MEC, desde normas y obligaciones hasta instituciones comunes. Un tratado de estas características implicaría, entre otras cosas, crear un marco jurídico permanente y vinculante, común, enfocado exclusivamente en la seguridad. 

Y estaría construido sobre tres bases: establecer responsabilidades claras, fijando metas numéricas e institucionales obligatorias tanto para México como para EU; una alineación jurídica en casos de corrupción mediante la cual se regule la actuación y los procesos judiciales ante acusaciones de funcionarios públicos vinculados a cárteles, evitando crisis diplomáticas, como la que estamos viviendo ante la negativa del gobierno mexicano de detener a los funcionarios acusados en Sinaloa; un ataque integral a las redes trasnacionales del crimen que impliquen la coordinación de operaciones conjuntas en tiempo real para desmantelar de manera simultánea el tráfico de fentanilo hacia el norte y el flujo ilegal de armas hacia el sur.

Un tratado de estas características no sólo sería clave para avanzar en la seguridad, sino también en la certidumbre económica, quitando de la mesa del T-MEC el componente de seguridad, y permitiría también tener certidumbre política, metas claras y una operación eficiente en seguridad, incluso obteniendo financiamiento para muchas tareas claves de la seguridad pública, interior y nacional.

Se dirá, como se decía en 1994 cuando se firmó el TLC, que un tratado así violará la soberanía y que terminaremos dependiendo de EU. Eso decían, y se mostró falso con el tratado comercial, y eso dicen ahora para no llegar a un acuerdo de seguridad y también es falso. Y son los mismos, con la única diferencia de que ahora están en el gobierno, y lo que están cuidando, además, son sus intereses personales.

Eso es lo que verdaderamente está en la mesa de debates entre México y EU. Que avancemos o no en ello definirá buena parte de nuestro futuro inmediato como país.

Juegos de poder

Del “nosotros no somos iguales” al “ellos hacían lo mismo”

LEO ZUCKERMANN

Excelsior

Con los múltiples escándalos de corrupción y su presunto involucramiento con el crimen organizado, a la 4T se le acabó la superioridad moral que tanto presumían.

“Nosotros no somos iguales”, repetía el entonces presidente López Obrador hasta el cansancio. A Sheinbaum ya no la escuchamos decir lo mismo.

La 4T ahora lo ha sustituido por “ellos hacían lo mismo”.

Cuando tienen que salir a defender lo indefendible, por ejemplo, al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, los morenistas y comentaristas cercanos a la 4T inmediatamente nos recuerdan a Genaro García Luna en el sexenio de Calderón o al gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, en el de Peña. Como si el hecho de que en gobiernos anteriores se hubiesen dado este tipo de casos los eximiera de la responsabilidad actual de haberse aliado con grupos del crimen organizado.

¿No había prometido Morena y su líder fundador ser diferentes del pasado?

¿No era una de sus banderas el purificar la vida pública del país?

Si uno les recuerda esto, recurren al mismo argumento de equipararse con los gobernantes anteriores a ellos: de inmediato replican que todos los políticos prometen cosas para llegar al poder que luego incumplen.

Cuando se invoca al argumento de “ellos hacían lo mismo” en realidad están confesando que el cambio prometido simple y sencillamente no ocurrió.

La supuesta Cuarta Transformación de la República acabó siendo una quimera.

Es decir, nos engañaron. O, para ser más precisos, les mintieron a todos los que se creyeron este cuento.

Hubo otros, no pocos, que nunca les dimos el beneficio de la duda.

En mi caso particular, todo ese discurso de una gran transformación histórica con aires de superioridad moral siempre me pareció un embuste.

Yo nunca me creí el cuento de López Obrador y así lo escribí en innumerables ocasiones durante varios lustros. No veía en él a alguien diferente, sino a un político profesional muy mañoso con un gran genio comunicativo.

Hoy, a la distancia, nos vamos enterando, poco a poco, de las historias de corrupción durante su gobierno y, lo peor de todo, de la alianza de su movimiento con el crimen organizado. 

AMLO construyó una narrativa muy convincente, maniquea y fácil de entender. En México había malos (una minoría neoliberal corrupta) que tenían postrados a los buenos (la mayoría del pueblo honesto). Para solucionar todos los problemas del país, era tan sencillo como echarlos del poder y que llegara él, la mismísima encarnación del pueblo, a salvarnos.

El tabasqueño generaba confianza porque se trasladaba en un cochecito modesto, hablaba con simpleza, traía doscientos pesos en la cartera y comía en changarritos. Se proyectaba como un hombre honesto y cercano al pueblo, lo cual era consistente con su narrativa.

En su genio comunicativo, AMLO apelaba a las emociones del electorado. Generaba orgullo nacional, esperanza en el futuro, enojo por la corrupción e indignación del racismo y clasismo de las clases adineradas. Tenía una gran capacidad de conectar con la gente.

Ni qué decir de cómo simplificaba los problemas complejos. Las políticas públicas suelen ser técnicas y difíciles de explicar. AMLO, en cambio, persuadía de que podía traer un gran cambio en el país porque, por ejemplo, extraer petróleo no tenía ninguna ciencia, sólo consistía en hacer un agujero en la tierra para sacar el hidrocarburo.

En fin, que el líder fundador de Morena logró combinar credibilidad con una narrativa clara, conexión emocional e identitaria y percepción de competencia.

Lo que no logró es transformar al país.

Sí, es cierto, sacó a millones de mexicanos de la pobreza. No es poca cosa. Pero dejó finanzas públicas precarias que difícilmente podrán sostenerse en el futuro. Ni qué decir del desmantelamiento de las instituciones democráticas y la persistencia de la corrupción endémica en México, ahora combinada con una mayor penetración del crimen organizado en el Estado.

Los defensores de este movimiento actualmente argumentan que los gobernantes del pasado hacían lo mismo. Pues sí, pero ellos prometieron que serían diferentes y, además, resulta que acabaron siendo más autoritarios, corruptos e ineptos. Por no mencionar que se metieron la cama con el crimen organizado mucho más que los del pasado, al punto de que hoy hay territorios completos del país gobernados por los delincuentes y que, por lo mismo, la relación bilateral con Estados Unidos está en uno de sus peores momentos de la historia contemporánea. 

Patético que recurran al “ellos hacían lo mismo” como si eso fuera una buena explicación de por qué no pudieron ser diferentes.

Astillero

México ya había ganado // Buen ánimo social // ¿Bejarano se reaviva? // Zihuatanejo, Álex Serna

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

La Jornada

México ya había ganado antes de pisar ayer la cancha del estadio siempre conocido como Azteca. Contra la premisa de fundado fatalismo, que hablaba de “jugar como nunca y perder como siempre”, el equipo dirigido por Javier Aguirre, conocido como El Vasco, avanzó como nunca, aunque no en toda la fase de grupos, ni ante Ecuador, hubiera jugado tan bien como lo hizo en algunos tramos de fallidos episodios de torneos mundialistas anteriores.

Aritmética contundente: tres partidos ganados de tres en la primera fase, con seis goles a favor y cero en contra. Indiscutible triunfo sobre Ecuador, aunque algunos comunicadores sudamericanos pretendieron explicar la derrota con el argumento improbado de presuntas amenazas del crimen organizado. Y, sobre todo, un enorme ánimo social positivo, a pesar de las lamentables muertes de personas por asfixia durante desbordados festejos en la Ciudad de México.

Esta columna, en razón de tiempos periodísticos de entrega, se ha escrito antes de saber el resultado del partido de futbol profesional entre México e Inglaterra. Más allá de ese desenlace, vale tener presente y reiterar la importancia de la confianza de nuestra nación en sus posibilidades. En este Mundial, México ya ganó, ya había ganado antes de que se pitara el inicio de un encuentro tan motivante.

El profesor René Bejarano estuvo en Tabasco el fin de semana para cumplir con la indicación presidencial de organizar reuniones y visitas en defensa de la soberanía nacional. Ha mantenido un perfil bajo a lo largo de décadas, luego del enorme golpe político recibido cuando fue difundida una grabación en la que se le veía recibiendo fajos de billetes de parte del empresario de origen argentino Carlos Ahumada, entonces relacionado en términos personales y políticos con Rosario Robles Berlanga. La grabación fue parte de los videoescándalos con los que se intentó desacreditar a Andrés Manuel López Obrador, quien se encaminaba a su primera candidatura por la presidencia de la República.

Bejarano ha sobrevivido en política manteniéndose en un plano discreto, al frente de organizaciones de corte popular e impulsando a sus cuadros hacia posiciones electorales y administrativas. Ahora, con Ariadna Montiel en la presidencia de Morena, una de las figuras por él promovida en anteriores etapas, habrá de verse si Bejarano cree llegado el momento de aspirar a alguna candidatura o posición explícita de poder.

El influencer y activista ambiental Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido como Álex Serna en Zihuatanejo, desapareció en días pasados. La periodista Hercilia Castro recordó que, el 11 de junio del año en curso, Serna había hecho publicaciones en las que “denunciaba a los ‘caciques Allec’ –en referencia al ex alcalde Jorge Sánchez Allec, nieto del fallecido priísta y tres veces presidente municipal en los años 80, Jorge Allec Galeana– por el presunto robo de agua del río Salitrera y material pétreo por parte de la empresa materialista El Hujal, propiedad de Sánchez Allec, a quien señalaba como responsable de la actual escasez de agua en Zihuatanejo”.

El 20 de junio, Serna subió a YouTube y Facebook “una denuncia contra la Planta Deshidratadora Sunset Tropicales de México, ubicada cerca de Los Llanos, municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, propiedad del empresario de origen extranjero Frank Mora Cruz. En el video, el activista señaló a Mora Cruz –también dueño de la plaza comercial Hacienda y socio del resort hotelero ‘amigable con el medio ambiente’ Las Huertas, ambos de capital estadunidense” (https://goo.su/Kt3fV)./

Al cierre de esta columna no había información de la Fiscalía de Guerrero sobre esta desaparición, aunque en varios medios de la entidad se aseguró, mediante filtraciones, que había sido torturado y lo habían encontrado muerto; incluso la comisión estatal de derechos humanos emitió un mensaje de condolencia por la presunta muerte. Pero, ciertamente, ¿dónde está Álex Serna?

México SA

Dos Bocas: sueño húmedo del PAN // Jorge Romero: ¿y la Bicentenario? // PAN: ¿“soluciones para México”?

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

La Jornada

A lo largo del régimen neoliberal (36 años al hilo), una de las consignas de los tecnócratas fue (como resultado de que “el Estado está obeso”) privatizar toda la infraestructura propiedad de la nación y hacer lo propio con las riquezas naturales de nuestro país. Y, como diría el clásico, no dejaron piedra sin labrar, porque antes de que la generación de gringos nacidos en México (los “modernizadores” formados en universidades estadunidenses) asaltara el poder en diciembre de 1982, el Estado nacional participaba activamente en cuando menos 63 de las 73 ramas de actividad económica que en ese entonces tenía clasificadas el Inegi y la tendencia fue a la baja, al grado de prácticamente desaparecer en beneficio de los grandes corporativos privados (autóctonos y foráneos).

Como parte de esas consignas, los neoliberales se apresuraron a cacarear a los cuatro vientos que entre lo primero a privatizar estaba el sector energético (Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad), comenzando con las seis refinerías sobrevivientes (en 1991, Carlos Salinas de Gortari clausuró la número siete, en Azcapotzalco, por “razones ecológicas”, y en su terreno, anunció, se construiría un parque, el cual, a duras penas, se “inauguró” tres décadas después) propiedad de la nación, toda vez que, decían los insistentes tecnócratas (priístas y panistas), “no son rentables ni son negocio” y las canibalizaron para que grupos privados las “modernizaran”, y resultó en un sonado fracaso, pero, eso sí, en un jugoso negocio particular para los “amigos” del régimen, siempre a costillas del erario.

¿Qué sucedió? La refinación interna cayó en picada y la importación de combustibles (especialmente de Estados Unidos) creció exponencialmente a lo largo de los 36 años de neoliberalismo. Entonces, como decían los tecnócratas, no fue negocio para el Estado ni en beneficio de los mexicanos, pero sí, y muy jugoso, para los particulares.

Lo anterior viene a cuento, porque (entre su “relanzamiento” –Jorge Romero dixit– con “principios” abiertamente franquistas “patria, familia y libertad” y las “111 soluciones para México” que promueve) al PAN se le ocurrió la brillante idea de privatizar la refinería Dos Bocas, en Tabasco; es decir, la misma que desde el anuncio (2019) de su construcción, en el gobierno de López Obrador, ha criticado ácida y permanentemente, porque “México no la necesita; es tirar dinero público a la basura”. Pero, ¡sorpresa! Ahora, de forma por demás mágica, es necesaria y es negocio, según dice el “dirigente” de la empresa disfrazada de partido político.

Así es. Entre sus “111 soluciones para México” aparece la número 29: “rescate energético inteligente; se propone vender la refinería de Dos Bocas para sanear Pemex; los recursos se destinarán a modernizar la empresa y diversificar energías; la meta es transitar hacia un Pemex sostenible y rentable; una decisión estratégica para salvar el patrimonio energético”. Y ¡listo!: un “relanzamiento” y una “solución” que data de 1982, que resultó totalmente contraria a los intereses nacionales. ¡Brillante!

Obvio es que Jorge Romero y el PAN dejan de lado el histórico ridículo (entre tantos otros) que, como inquilino de Los Pinos, hizo Felipe Calderón al anunciar (18 de marzo de 2008, 70 aniversario de la expropiación petrolera cardenista): “he girado instrucciones a la secretaria de Energía (Georgina Kessel) y al director general de Pemex (Jesús Reyes Heroles González) para que, sin dilación, inicien los estudios y analicen la factibilidad técnica, financiera y logística que nos permita construir una nueva refinería en el territorio nacional”.

¿En qué terminó ese anuncio, “una buena manera de celebrar el 70 Aniversario de la expropiación petrolera” (algo que, por lo demás, repitió en no menos de cuatro ocasiones en el resto de su estancia en Los Pinos, como si fuera novedad en cada una de ellas), según presumió entonces Borolas? Pues en una pinchurrienta barda perimetral con un costo estratosférico (algo así como 600 millones dólares) y sin un solo ladrillo de la “nueva” refinería que se llamaría Bicentenario.

Entonces, antes de promover su sueño húmedo de Dos Bocas, Jorge Romero y el PAN deben informar qué pasó con la Bicentenario, dar explicaciones y denunciar a Felipe Calderón y su pandilla por malversación de fondos públicos. Y después se quejan del rotundo fracaso blanquiazul.

Las rebanadas del pastel

Con sangre en la boca, dice el delirante cuan cínico Donald Trump que en 250 años Estados Unidos “nunca ha hecho tanto bien” (expolio, sometimiento, muerte por doquier).