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Lo que dicen los columnistas
CNTE: entre lo deseable y lo posible
El rumbo que ha tomado el paro, además, ha polarizado a la sociedad y su percepción del movimiento, empujándola a posiciones binarias, a favor o en contra, que no deben prosperar: el asunto no se zanja eligiendo bando. Veamos.
Proceso
El conflicto con la CNTE obliga a empezar por lo esencial: ponderar los derechos fundamentales en juego. La protesta, que ampara el artículo 9o de la Constitución y el 15 de la Convención Americana, es uno de ellos, pero no es el único ni es absoluto: un derecho legítimo no vuelve legítimo cuanto se haga en su nombre, ni exigible cuanto se demande. Lo prueban dos hechos. Algunas conductas rebasaron el marco: el reclamo derivó en destrozos que, de acreditarse ante un juez, son delito. Y el corazón de la demanda, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, no es dable. El rumbo que ha tomado el paro, además, ha polarizado a la sociedad y su percepción del movimiento, empujándola a posiciones binarias, a favor o en contra, que no deben prosperar: el asunto no se zanja eligiendo bando. Veamos.
Primero. El derecho de manifestación goza de protección reforzada: el artículo 9o lo ampara, y la Suprema Corte, al resolver en 2026 la acción de inconstitucionalidad 122/2019, reconoció la protesta pacífica como derecho autónomo y descartó exigir autorización previa; la doctrina interamericana, además, la somete a una prueba estricta: prevista en ley, con fin legítimo, necesaria y proporcional. Pero ningún derecho es absoluto. Convive con otros: el libre tránsito del artículo 11, la seguridad jurídica, el patrimonio de terceros y el derecho de la niñez a la educación, que la Constitución consagra en su artículo 3o. Cuando colisionan no hay jerarquía fija: se ponderan caso por caso, según la duración del bloqueo, su intensidad y el daño que causan. Ahí está la clave: ni todo se vale ni nada se tolera; la medida la fija la proporcionalidad, no la consigna. Un punto, eso sí, ninguna ponderación lo discute: el artículo 9o excluye del amparo la violencia. Romper cristales o forzar un recinto público no es expresión protegida; encuadra, de acreditarse, en el daño en propiedad ajena. El derecho comparado coincide: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Kudrevicius vs. Lituania (2015), admitió que un bloqueo es manifestación protegida, pero que paralizar de forma prolongada excede su núcleo; y el Reino Unido, con la Public Order Act de 2023, sancionó el bloqueo y el sabotaje de infraestructura. El costo, además, no lo paga el poder, sino terceros. El más grave recae en la niñez: al prolongarse el paro, los niños dejan de estudiar. El interés superior de la niñez, que ordena el artículo 4o, prohíbe tratar su educación como daño colateral. Lo resiente también el comercio: la Canaco capitalina cifra en más de 405 millones de pesos las ventas perdidas en el Centro Histórico, a días del Mundial. Quien cierra una calle por semanas no le cobra al poder: se la cobra a quien nada debe.
Segundo. Vayamos al fondo. La Ley del ISSSTE de 2007 cambió las reglas de raíz: sustituyó el llamado sistema solidario, en el que el Estado garantizaba la pensión según el último salario y los años de servicio, por uno de cuentas individuales en manos de las Afore. El golpe fue real: la edad de retiro subió a 65 años y la tasa de reemplazo se desplomó. El diagnóstico oficial es elocuente: un sueldo de 16 mil pesos podía terminar en una pensión de cuatro o cinco mil. El malestar está fundado. Tanto, que abrogar esa ley fue promesa de campaña, y se entiende: el agravio era genuino. La ciudadanía tiene derecho a exigir, y la crítica es legítima: muchos de los límites que hoy la frenan, fiscales y jurídicos, ya eran visibles entonces, así que prometerla sin matices fue poco afortunado y alimentó el todo o nada. Debe quedar como una lección aprendida. Dicho esto, una campaña expresa una dirección, no la garantía de un resultado: se mueve en el terreno de las posibilidades imaginadas, y gobernar, en el de las reales. Hoy la abrogación es inviable, y lo honesto es reconocerlo de frente, sin escudarse en la contingencia. El instrumento cambia; el compromiso no debería. Por dos razones. Los recursos de las cuentas son propiedad de cada trabajador, y no se expropian sin inseguridad jurídica ni litigio. Y revivir el reparto costaría una fortuna, a costa de programas sociales y obra pública, sobre un instituto al que ya se le adeudan recursos cuantiosos. Insistir solo en la abrogación cierra todo acuerdo, y el que pierde es el maestro que se jubila mañana. La política, decía Bismarck, es el arte de lo posible; y Max Weber, en La política como vocación, le puso el contrapunto: jamás se llega a lo posible si no se intenta repetidamente lo imposible. Y aquí tiene nombre: elevar las pensiones más bajas y complementarlas con fondos públicos hasta acercarlas al último salario. No es lo soñado, pero es lo alcanzable; y lo alcanzable, sin el ideal que lo empuja, ni siquiera se logra.
Tercero. Resta el cómo. Frente a los presuntos delitos, la respuesta del Estado es la ley, no la fuerza indiscriminada ni la promesa vacía. Represión es usar el poder coactivo para impedir o castigar un derecho: fuerza excesiva, detención arbitraria, criminalización de la protesta pacífica. No lo es aplicar la ley a un delito. La Comisión Interamericana, en Protesta y derechos humanos (2019), reserva la dispersión a lo excepcional. La diferencia es de objeto: se persigue el delito, no la protesta. De ahí la regla: individualizar al responsable, no estigmatizar al conjunto. El propio gobierno la ha desatendido. Cuando la presidenta dijo que los maestros «le están haciendo el juego a la ultraderecha, si no es que son lo mismo», no señaló a unos infractores: metió a un movimiento con raíz de izquierda y aliado de Morena en el mismo costal que su contrario ideológico y volvió sospechoso el disenso. Así no se resuelve nada: se envenena el debate y se agrava la polarización. Suecia lo hace mejor: su Ley de Orden Público (Ordningslag 1993:1617) reserva la disolución al último recurso y prefiere medidas menos lesivas, como imponer condiciones o retirar a quien altera el orden. Y la exigencia es de doble vía: si el Estado debe sujetarse a la ley, el movimiento debe estar a la altura de su causa: deslindarse de la violencia de sus filas, no mantener a la niñez fuera de las aulas indefinidamente, no condicionar el diálogo al cien por ciento de sus demandas. El derecho a protestar no incluye el de paralizar la ciudad hasta que el otro ceda. La intransigencia tampoco es un derecho. Al final, el conflicto no se resuelve con monólogos irreductibles, sino con acuerdos. Lo legítimo se respeta, lo ilícito se sanciona, lo imposible se explica, lo mejorable se mejora. Con la causa cabe coincidir o disentir; con el derecho a manifestarse, no: ese no se opina, se garantiza. Ni la abrogación que no puede ser, ni el desdén que nada resuelve: lo mejor de lo posible, de frente y con la ley en la mano. Es la única salida que no engaña a nadie. Lo demás sobra.
Arsenal
Madriza a Morena
FRANCISCO GARFIAS
Excelsior
Morena no se repone del zapato que metió el PRI en Coahuila. El marcador, para ponerlo en términos futboleros, fue 16-0.
Ni con el medio millón de beneficiarios de los programas sociales que hay en ese estado —dinero limpio del Bienestar—, los guindas ganaron una sola diputación local.
La entidad no tiene problemas graves de crimen organizado. ¿Será que les faltó el dinero sucio del narcotráfico que sí tuvieron en Sinaloa para hacer ganar a Rocha Moya? Es pregunta, no se sulfuren.
A los guindas ya se les hizo costumbre no reconocer derrotas. Sus dirigentes hablan de fraude, de compra masiva de votos.
Lo dice quien ha sido señalada en múltiples ocasiones de hacer un uso clientelar y faccioso de los programas sociales.
Nada menos que la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar de 2022 a 2026.
Asegura que el PRI pagó 500 pesos por sufragio
El otrora partidazo ganó todas las diputaciones locales en disputa. Namás le metió dos a uno al guinda.
Una bocanada de oxígeno para un partido que, según el oficialismo, está en vías de extinción. Los coahuilenses están contentos con el gobernador Manolo Jiménez. El PRI tiene allí una posible carta para 2030.
* Andy López Beltrán la vio venir. Como secretario de Organización de Morena, era el estratega electoral en Coahuila. Pero aplicó la de “más vale aquí corrió que aquí murió”. Adelantó su proyecto de hacerse diputado federal y cobijarse con el fuero parlamentario.
Un segundo revés electoral consecutivo era demasiado. El año pasado, el junior perdió en Durango.
Destaca también la participación ciudadana en Coahuila. Superó 51% del padrón; 12% más que en la elección de diputados locales. ¿Voto de castigo?
La sorpresa desagradable se la llevó el PAN, que hace algunos años disputó con posibilidades la gubernatura de Coahuila. Ahora puede perder el registro a nivel local, junto con MC y el PVEM. No llegó a tres por ciento.
* Ya que estamos. Tremendo revuelo provocó el expresidente Vicente Fox con su felicitación al PRI.
Escribió un mensaje en su cuenta de X que dice en mayúsculas:
“Como en los viejos tiempos. Me da gusto verlos renacer con tanta fuerza. Ahora sí, como el Ave Fénix (renació de sus propias cenizas). Que sea para el bien de Mexico, de nuestra democracia, de la libertad y la transparencia”.
Otro que fue tendencia fue el morenista Antonio Attolini. El exvocero del movimiento Yo Soy 132 perdió su diputación local en Coahuila. La priista Verónica Martínez le metió tres a uno.
* Les tengo un chisme. Buena parte de los diputados del PVEM tienen pavor de perder la visa para ingresar a Estados Unidos. Eso llevó a 29 de ellos a salirse de la sesión del pasado 28 de mayo en San Lázaro para no votar la controvertida reforma constitucional que incorpora la injerencia extranjera entre las causales de nulidad de elecciones.
Sólo un legislador del partido del Tucán votó en contra: Julio Scherer Pareyón.
Fuentes del Verde aseguran, además, que es falsa la versión de que Jorge Emilio González, exNiño Verde, prefiere alejarse de Morena que pelarse con los gringos.
La línea es seguir en la coalición, con Morena y el PT, para 2027. En Coahuila fueron solos y así les fue.
Obtuvieron 2.8% de los votos, pero confían en alcanzar el 3% requerido para mantener el registro cuando se revisen todas las actas.
Ahora me hace sentido el llamado que la Presidenta le hizo a los representantes populares de no modificar su postura por miedo a perder la posibilidad de viajar a Estados Unidos.
* ¿Qué querían hacer los normalistas y maestros de Ayotzinapa con los 59 artefactos explosivos que les fueron decomisados por el Grupo Zorros en la caseta de Tlalpan?
Venían en uno de los autobuses que los condujo a la CDMX para respaldar la movilización de los maestros de la CNTE. Una denuncia ciudadana llevó a los Zorros a interceptar el convoy antes de que ingresara a la capital de la República.
La lógica indica que los traían para usarlos en la movilización conjunta con la Coordinadora, a tres días del Mundial.
Lo sabe el subsecretario de derechos de la Segob, Arturo Medina. Un comunicado de esa secretaría le atribuye la siguiente declaración:
“Estamos a favor de la manifestación pacífica, pero no se debe poner en riesgo a la población con el uso de artefactos explosivos en las protestas.
“Apelamos a que no haya uso de la violencia en las movilizaciones y a la manifestación pacífica”.
Poco a poco se fueron liberando los autobuses, agrega el comunicado.
Razones
Coahuila: rechazo al crimen y la corrupción
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Excelsior
Morena nunca ha reconocido una elección en la que haya perdido. Siempre, desde los tiempos en que López Obrador asumió la presidencia del PRD y luego en su transformación en Morena, cada vez que han perdido han reclamado un fraude. Las elecciones son limpias y transparentes sólo cuando ganan.
Las de este domingo en Coahuila no han sido la excepción: desde Ariadna Montiel hasta Ricardo Monreal, pasando incluso por la siembra de la duda que dejó la presidenta Sheinbaum ante ese resultado sólo queda el argumento del fraude.
Pero los resultados del domingo en Coahuila no admiten ni remotamente esa discusión, el PRI ganó los 16 distritos locales en disputa por un muy amplio margen, Morena ni se acercó a disputar ninguno de ellos. Los candidatos del PRI tuvieron 125 por ciento de votos más que los de Morena, en otras palabras, el resultado fue superior al dos por uno. Junto con ello, se derrumbaron los demás partidos, en forma notable el PAN, que apenas superó 2 por ciento de los votos. En una elección absolutamente polarizada la ciudadanía apostó por un PRI local que lleva tres buenos gobiernos al hilo, eso es lo que los electores premiaron y de lo que tendría que aprender la oposición para los siguientes comicios en lugar de ir dividida.
En Coahuila ha habido coherencia durante tres administraciones consecutivas, hay crecimiento económico y paz social, y, sobre todo, se logró recuperar la seguridad, esa que estaba perdida hace tres lustros, cuando Los Zetas eran dueños y señores de buena parte del territorio, cuando se dio la masacre de Allende, cuando la zona de La Laguna estaba controlada por los criminales que usaban el penal como dormitorio y de allí salían para operar, matar, secuestrar. Durante el gobierno de Rubén Moreira, con una estrategia local muy sólida y apoyo federal, se desarticularon las redes de protección del crimen organizado y se erradicó a los principales grupos criminales de la entidad. Esa línea, en coordinación con fuerzas federales y militares y buenos mandos locales, la continuaron los gobiernos de Miguel Riquelme y ahora de Manolo Jiménez, éste con una alta aceptación ciudadana.
Nadie debería asombrarse de los resultados del domingo. Pero no es solamente eso: en Morena la elección se la encargaron a Andy López Beltrán, entonces secretario de Organización de Morena, y que ya había tenido muy malos resultados en Durango y Veracruz. Andy literalmente dejó el cargo y abandonó la elección (junto con su gente) dos semanas antes de los comicios. Renunció precipitadamente para no cargar también con esa derrota. La anterior presidenta del partido, Luisa María Alcalde, estaba peleada con Andy y ha pasado a ser una consejera jurídica del gobierno federal que, en lugar de privilegiar esa posición, se dedica ahora a conducir espacios contra los medios de comunicación y los periodistas.
El hijo de Américo Villarreal, el acusado gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Santiago, se desempeña como delegado de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar en Coahuila, es el primer funcionario no nacido en el estado en ocupar esa responsabilidad. La asumió luego de casarse, en segundas nupcias, con Cecilia Guadiana Mandujano, actual senadora de Morena por el estado de Coahuila e hija del muy controvertido, ya fallecido, político Armando Guadiana. Américo hijo está denunciado por violencia vicaria por su primera esposa, Brenda, y tiene en su contra distintas acusaciones de corrupción con empresas contratistas con el gobierno de su padre, de relación con Sergio Carmona y de intervención en los controvertidos comicios de 2021 en Sinaloa donde ganó Rubén Rocha. Tuvo un rol protagónico en apoyo a los candidatos de Morena en la entidad. Nadie debería sorprenderse de que alguien ligado directamente a la trama que está siendo denunciada desde Estados Unidos, y con esos antecedentes, proveniente de otro estado, no tenga la confianza del electorado de Coahuila.
Esto se inscribe directamente en otro contexto que no es de menor importancia. Es evidente que Estados Unidos quiere tener gobiernos confiables en su frontera sur, en el norte de nuestro país. Tamaulipas es el más cuestionado y, apenas ayer, el periódico La Opinión de Los Ángeles confirmó vía autoridades estadunidenses que ni Américo Villarreal ni Alfonso Durazo tenían permisos especiales para ingresar a Estados Unidos y, según Los Angeles Times, tampoco visa.
La administración de Trump tiene confianza en los gobiernos de Coahuila, Chihuahua y Nuevo León, pero no en los de Tamaulipas, Sonora y Baja California, los tres bajo investigación de las autoridades.
Y si hay algo que ha erosionado la aceptación de Morena y sus gobiernos, son las acusaciones de corrupción y de protección política al crimen organizado. Nadie en Coahuila quiere regresar a la historia que vivió hace 15, 20 años, ese estado. Y ésa será la tendencia en todo el norte del país.
AYOTZINAPA
Decomisaron 59 explosivos en un autobús que traía a supuestos estudiantes y padres de Ayotzinapa. Pero nadie fue detenido, no se les impidió seguir el viaje para unir fuerzas con la CNTE, los recibieron sin problema las autoridades. Se llama impunidad, como la que gozan los de la Coordinadora y muchos otros en la política y en el mundo criminal, tan cercanos uno del otro.
Astillero
Ayotzinapa: revisión y “explosivos” // Por “denuncias ciudadanas” // Padres 43: buscan difamar y atacar // Estigmatización y maromas
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
La Jornada
Ante diversas exigencias de resolución a problemas acumulados, que se van concentrando en la marquesina del inminente tercio más débil del Mundial de Futbol, se rozó ayer de manera preocupante la cercanía con prácticas y fabricaciones de gobiernos anteriores contra movimientos sociales.
Cuatro horas fueron detenidos en una caseta de peaje de Tlalpan, Ciudad de México, 17 autobuses que transportaban a familiares de los estudiantes normalistas rurales desaparecidos casi 12 años atrás y a estudiantes de la propia escuela de Ayotzinapa, Guerrero, y de Mactumactzá, Chiapas.
La “contención” de esta movilización fue coordinada por el gobierno de Claudia Brugada, policías de la Ciudad de México y la Secretaría de Gobernación, con la participación de la gubernamentalmente cooptada Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El subsecretario federal de Derechos Humanos, Arturo Medina, explicó que la acción obedeció a “denuncias ciudadanas en las que se refería y señalaban que se transportaban artefactos que pudieran afectar a los manifestantes o en el espacio público a los transeúntes, es decir, explosivos, petardos o alguna otra cosa”.
Medina, ha de recordarse, fue un afanoso ejecutor en el sexenio recién pasado de las crudas maniobras de desmantelamiento o degradación de estructuras que fueron esperanzadoras en cuanto a la investigación y castigo de delitos contra movimientos sociales y políticos; incluso trató de habilitar como divisorios interlocutores en el caso de los familiares de los 43 a personajes escindidos que se relacionaban con el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, y el ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre (nota de Jessica Xantomila en La Jornada: https://goo.su/fDlKqqu)./
Ahora, este subsecretario de Gobernación encontró puntual confirmación de las “denuncias ciudadanas” recibidas: en las revisiones realizadas a los autobuses se dijo haber encontrado, en uno de ellos, una caja con 59 “artefactos explosivos” y, en otro vehículo, “uno o dos (artefactos) más”. No se reportó en lo inmediato si se abrió una carpeta de investigación, se detuvo a presuntos responsables o se consideró el hallazgo como prueba de un delito.
En realidad, el amable subsecretario Medina explicó que con estas revisiones de “carácter preventivo” y sus detonantes “hallazgos” se estaba actuando “para garantizar la seguridad e integridad de la expresión en el espacio público, y garantizar que ésta siga en su derecho a la libertad de expresión, pero de manera segura, y que no haya elementos que pudiera afectar a los manifestantes o quienes están en la calle (…) El objetivo es ése: que haya libertad de expresión pero segura” (nota de Jared Laureles, Jessica Xantomila y Alexia Villaseñor https://goo.su/9Z2PX).
Los padres y madres de los estudiantes desaparecidos rechazaron la versión de la caja con explosivos. “Llevaron perros para la revisión, para ver si llevábamos o traíamos lo que ellos nos querían sembrar”, afirmó María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo. El operativo, señalaron, fue para “difamar y atacar” (https://goo.su/GUB3s8A).
El peculiar operativo físico tiene como contexto la profusión de mensajes en redes sociales (las sabidas Cuevas de bots) e incluso declaraciones de personajes de origen progresista o de izquierda contra los movimientos sociales que no han encontrado respuesta positiva del morenismo llegado al poder y que siguen peleando, gobierne quien gobierne.
La estigmatización, el lenguaje casi diazordacista y las maromas “justificatorias” pretenden deslegitimar y desactivar a los diversos movimientos sociales, en especial a la CNTE y los familiares de los 43, que de manera táctica han decidido expresarse con fuerza en el escaparate mundialista.
Y, mientras Donald Trump ha sido abucheado en el Madison Square Garden al aparecer en pantalla gigante durante un juego de las finales de la NBA (National Basketball Association).
Inconformidad social, rueda el balón
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO
La Jornada
El termómetro de la inconformidad social en el país marca temperaturas cada vez más elevadas. La lista de conflictos populares es enorme. No hay estado en el que no exista alguna expresión de malestar.
En calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México, decenas de trabajadoras sexuales marcharon en el corazón de la urbe. Corearon consignas acuñadas por los trabajadores de la educación como “Si no hay solución, no rodará el balón” y otras que decían “Queremos vivienda, el Mundial nos vale mierda”. Exigieron reparación por las afectaciones a sus ingresos provocadas por las obras relacionadas con el museo mundialista.
Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional toman instalaciones y calles, al tiempo que batean al secretario de Educación, Mario Delgado, que ha manejado el conflicto, para variar y no perder la costumbre, con impericia y desconocimiento. Están agobiados por la corrupción y el austericidio, que han llevado a un desmantelamiento, desgaste y deterioro de la infraestructura institucional sin precedentes, sobrecargas de los servicios educativos, presión laboral docente incesante y a las escandalosas corruptelas de la Fundación Politécnica y del Patronato Corazón Guinda y Blanco.
En Topolobampo y Los Mochis, Sinaloa, miles de ciudadanos, en su mayoría mayos-yoremes, marcharon en rechazo a la instalación de la planta de amoniaco de la Bahía de Ohuira, de capital suizo y alemán. Su construcción –como lo ha documentado Julio Hernández López en las páginas de este diario– en terrenos públicos ha contado con el apoyo, a pesar de los innegables daños ambientales que provocará, de la secretaria de Semarnat, Alicia Bárcena, que litiga contra las comunidades.
En Huehuetlán, San Luis Potosí, multitud de comunidades, ejidos y ciudadanos, protestaron al grito de “¡La Huasteca no está en venta!”, “¡el agua no se negocia!” y “¡el territorio se defiende!”, y efectuaron el quinto Foro Regional en Contra del Fracking. Convencidos de que no hay hidrofracturación amigable con el medio ambiente, denunciaron los riesgos que representa la fractura hidráulica –para extracción de gas natural – para los ríos, manantiales, cuevas, tierras agrícolas y ecosistemas de su región.
El avance del narcoparamilitarismo en Chilapa, Guerrero, y la costa michoacana, especialmente en Ostula, no cesa. Los Ardillos en un caso, y el CJNG en el otro, atacan a las comunidades en resistencia con armas de alto poder y drones, con el contubernio de autoridades gubernamentales y fuerzas del orden. Los pueblos y sus guardias comunitarias resisten como pueden, mientras que, sin prueba alguna, funcionarios públicos los presentan falsamente como aliados de facciones del crimen organizado.
Los agricultores en el norte y centro del país suben intermitentemente sus tractores y maquinaria agrícola a carreteras, bloquean el tránsito y dejan el paso libre en las casetas de pago, demandando precios justos para los básicos, dejar fuera a cereales del T-MEC y políticas agrícolas de fomento. Están aliados a los transportistas, que son simultáneamente víctimas de la extorsión policial por conducir sus tráileres con licencias electrónicas, y por la delincuencia, que les exige derecho de piso y les roba su mercancía.
La crisis de los desaparecidos es un gran pendiente en nuestro país. Una camada de familiares-activistas, dotada de compromiso, amor y empatía a los suyos, ha logrado visibilizar este gravísimo problema, minimizado desde el Estado, expandirlo a nivel nacional e incidir coyunturalmente en la forma de abordarlo. Los últimos meses hemos visto cómo estos colectivos han incrementado su protagonismo e invisibilidad, precipitando grandes debates públicos. Un lugar muy especial en esta lucha lo ocupan los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y los muchachos que estudian en esa normal rural.
Maestros democráticos que exigen la derogación de la ley del Issste de 2007 y la abrogación de la reforma educativa Peña Nieto-AMLO, que condena al gremio a un régimen de excepción laboral dentro del artículo 3, en lugar del apartado B del 123 constitucional, han efectuado durante las últimas dos semanas protestas en 28 estados del país, instalado un plantón en la Ciudad de México y movilizaciones. Las respuestas que han recibido del gobierno son claramente insatisfactorias. Y las acusaciones de que sus jornadas de lucha coinciden con la ultraderecha (cuando siempre han estado en primera línea de lucha contra el neoliberalismo, el imperialismo y el conservadurismo) no hacen sino prender aún más su justa rabia.
Literalmente, en todo el país, hay una lucha permanente de comunidades indígenas, movimientos urbano-populares y ciudadanos en defensa del agua. “Aguas ¡sí!, megaproyectos ¡no!” es una de las consignas más extendidas entre los defensores del líquido vital. Lo mismo exigen el abasto del oro azul, que se oponen a su privatización y contaminación.
El boicot gráfico al Mundial ha efectuado más de 14 intervenciones bajo el puente del Estadio Azteca, en la Ciudad de México, desde noviembre del 2025 hasta cuatro días antes de la inauguración del Mundial. En el marco de estas acciones, nació la Asamblea del Común, que convocó a la reta-protesta-conferencia anti-FIFA el pasado 7 de junio. La movilización expresa las denuncias de vecinas de Santa Úrsula y colonias vecinas contra la construcción de megaproyectos inmobiliarios.
Ninguno de estos movimientos (ni de los muchos más que no se pueden mencionar por falta de espacio) le hacen el juego al imperialismo estadunidense o a las fuerzas de la reacción. Tampoco son correas de transmisión de los partidos de oposición para golpear al gobierno. Por supuesto que buscan aprovechar la vitrina del Mundial para buscar que sus demandas se solucionen. Las protestas que enarbolan son legítimas. Responden a necesidades sentidas. Y ellos, simple y sencillamente, reivindican un principio básico: “gobierne quien gobierne, los derechos se defienden”. Pretender criminalizarlos, en lugar de solucionar sus demandas, es un camino equivocado.