Columnas Escritas
Lo que dicen los columnistas
Transparencia en México: entre la fragmentación y la judicialización del derecho a saber
El nuevo esquema pasó de 13 a 17 causales, ampliando así los candados legales que pueden utilizar los sujetos obligados para negar información que debería estar disponible para toda la ciudadanía.
Proceso
El pasado lunes, Artículo 19 dio a conocer un documento sumamente valioso titulado “Rediseño y judicialización del derecho de acceso a la información pública en México: un antes y un después de la reforma en materia de transparencia de 2025”. Se trata de un análisis profundo sobre los efectos que ha tenido el nuevo modelo de transparencia, y sobre los riesgos que enfrenta actualmente el derecho de la ciudadanía a conocer los asuntos públicos.
Uno de los puntos más preocupantes que aborda el informe es el aumento de causales para reservar información pública. El nuevo esquema pasó de 13 a 17 causales, ampliando así los candados legales que pueden utilizar los sujetos obligados para negar información que debería estar disponible para toda la ciudadanía.
Esto facilita que dichas reservas se justifiquen con mayor facilidad, normalizando la opacidad como una práctica institucional.
No se trata de un riesgo hipotético. Ya hemos visto casos concretos, como el de la Cámara de Diputados y su Comité de Transparencia, donde se reservó información pública relacionada con procesos de selección que debían ser completamente abiertos. También hemos observado un incremento en las reservas bajo argumentos de “seguridad nacional”, aun cuando en muchos casos no existe una verdadera justificación para ello. Incluso las llamadas pruebas de daño simplemente no aparecen o se presentan de manera deficiente.
Desde el debate de esta reforma advertimos sobre el peligro de incorporar nuevas causales ambiguas. Una de ellas es el concepto de “paz social”. ¿Qué significa exactamente alterar la paz social? El problema de términos tan abiertos es que permiten prácticamente cualquier interpretación por parte de las autoridades. En esa categoría puede encuadrarse casi cualquier argumento que los sujetos obligados decidan utilizar para negar información.
Otro aspecto central que señala el informe es la judicialización de la transparencia. Durante años insistimos en que la desaparición de un órgano autónomo terminaría trasladando la defensa del derecho de acceso a la información a los tribunales. Lo que antes era un recurso de revisión accesible para cualquier ciudadano, ahora en la práctica se convirtió en un juicio de amparo.
También en el informe, Artículo 19 destacó que el traspaso de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) representó un riesgo para la integridad y conservación de más de 15 mil millones de registros y archivos públicos.
En este espacio también hemos hablado de otro problema derivado de esta reforma: la fragmentación del derecho de acceso a la información en el país. Mientras algunas entidades desmantelaron de manera inmediata sus órganos garantes autónomos, otras ni siquiera han cumplido con lo que establece la propia Ley General de Transparencia respecto de la creación de organismos descentralizados especializados. En cambio, optaron por trasladar estas funciones a las contralorías estatales o a las secretarías de la función pública, dependiendo de la denominación que reciben en cada entidad.
El problema es que esos nuevos entes no han logrado funcionar de manera efectiva (en los casos en que ya existen). Otro punto de incumplimiento que hemos señalado es que la nueva Ley General de Transparencia establece que cada estado debe contar con un Subsistema de Transparencia coordinado con el nuevo Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública.
Hasta ahora, sólo 16 estados lo tienen instalado: Baja California Sur, Sonora, Durango, Nayarit, Aguascalientes, Colima, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Este panorama evidencia una profunda fragmentación del derecho a saber en México, acompañada de incumplimientos estatales en diversas obligaciones previstas por la ley.
La autonomía no era un capricho burocrático; era precisamente la condición mínima para garantizar imparcialidad en la resolución de controversias y en la defensa del derecho a saber.
Por ello, considero acertado que el informe hable de la “judicialización de la transparencia”, porque justamente eso fue lo que ocurrió con este derecho. Lo que antes era un mecanismo relativamente sencillo y accesible para exigir rendición de cuentas, hoy se convirtió en un proceso complejo, costoso y profundamente desigual para la ciudadanía.
Razones
Tampoco vino Greer: T-MEC y seguridad
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Excelsior
Las relaciones con Estados Unidos pasan por unos de sus momentos más bajos: la negativa del gobierno federal a desmantelar las redes de protección política de los grupos “narcoterroristas”, catalizada por el rechazo a detener al gobernador con licencia Rubén Rocha, al senador Enrique Inzunza y a los otros funcionarios acusados de ser parte del cártel de Los Chapitos, han puesto la relación al límite.
Ese deterioro contamina todo lo demás. Ayer, el gobierno estadunidense informó que no vendrá a México para la nueva ronda de negociaciones del T-MEC, que comienza hoy, el encargado de comercio de la Casa Blanca, Jamieson Greer, quien canceló su viaje a México y la reunión que tenía programada con la presidenta Claudia Sheinbaum. En su lugar llegará “un equipo técnico” y Greer estará “a distancia” para ciertos temas.
El propio Greer anunció ayer que no descartaba que se pudieran aplicar aranceles a México y Canadá, independientemente del T-MEC y, como destacó en un tuit Ildefonso Guajardo, uno de quienes mejor conocen las negociaciones del tratado de libre comercio (participó en la original del TLC y en la que dio origen al T-MEC en 2018), en el mismo encuentro, Greer dejo en claro que la estrategia comercial del presidente Trump es un componente de su estrategia de seguridad nacional. Greer dijo que “por estrategia de seguridad nacional preferimos construir nuestras cadenas de valor en este hemisferio” y agregó que “si podemos llegar con México a un entendimiento sobre aranceles a terceros (entiéndase China), podemos otorgarle un tratamiento preferencial”. El dicho es transparente.
Hay que insistir en que en la negociación del T-MEC va todo atado: lo comercial, energético y económico con los temas de seguridad y combate al crimen y sus redes de protección, con la seguridad jurídica y la financiera. Y también con el alineamiento hemisférico.
Ayer mismo, el secretario de Guerra de la Unión Americana, Pete Hegseth, anunció que su país irá a una nueva guerra, “la guerra contra los cárteles”. Lo dijo durante una reunión de gabinete encabezada por el presidente Trump, y lo hará, dijo, utilizando el llamado Escudo de las Américas, la coalición militar construida con varios países de América Latina y el Caribe en febrero pasado, de la que se autoexcluyó México. Hegseth dijo que luego de los ataques por mar comenzarán ahora los ataques por tierra contra los grupos “narcoterroristas”.
En la estrategia de lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas, dos documentos diferentes, pero complementarios, la Casa Blanca insiste en que el punto neurálgico de ese combate pasa por los cárteles mexicanos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, puso al cártel de Sinaloa al mismo nivel que Hezbolá.
En el mismo sentido, el departamento del Tesoro insistió ayer en que los países de la región deben fortalecer su legislación y “hacer cumplir sus propias leyes” para acabar con los delincuentes que se benefician de sus actividades ilegales. El comunicado del Homeland Security sobre la reunión de Markwayne Mullin en Palacio Nacional decía en su primer punto que México debía “fortalecer los esfuerzos contra los narcoterroristas”.
El lunes tendría que haber llegado a México la zar antidrogas de la Unión Americana, Sara Carter, que canceló su visita y su encuentro con la presidenta Sheinbaum.
No son casualidades y sucesos inconexos, están íntimamente relacionados entre sí. En los hechos, la administración Trump está rebajando el nivel de interlocución con el gobierno de México: cancelando visitas de poderosos secretarios de Estado y las declaraciones públicas elevan el costo de la decisión de no detener a los políticos acusados de narcotráfico. Y esa tendencia no se puede detener con los golpes, reales, dados a las estructuras criminales: con las 54 mil detenciones anunciadas ayer o los cientos de laboratorios o depósitos de droga decomisados.
Para la seguridad interior de Estados Unidos, son las redes de protección las que permiten que el negocio prolifere y se siga desarrollando más allá de la caída de los líderes criminales. Teniendo protección política, éstos terminan siendo reemplazables.
En la estrategia hemisférica (que trasciende los límites de la administración Trump), Estados Unidos prefiere, como dijo Greer, por “razones de seguridad nacional” (ellos están entendiendo el hemisferio americano como su espacio de seguridad nacional en un mundo dividido en bloques), que sus cadenas de producción y generación de valor estén en el continente y en México, pero para eso necesitan que se erradiquen los cárteles y se rompan las relaciones estratégicas con sus adversarios geopolíticos, en primer lugar, China.
El combate al fentanilo, en ese sentido, es central por muchas razones, pero, entre otras, porque es consecuencia de la relación de los grupos criminales con los productores de la potencia asiática, asociados por intereses políticos y partidarios. Por eso también los cambios de régimen que estamos viendo en toda la región y que podrían seguir verificándose el domingo en la primera vuelta de la elección en Colombia.
Sigamos tratando a Rocha y demás acusados como “testigos” con protección policial, camionetas blindadas y declaraciones en lo oscurito. Sigamos pensando que no tienen pruebas contra ellos y no será necesario entregarlos. El costo será cada día más alto.
Juegos de poder
Prohibir como si eso resolviera el problema
LEO ZUCKERMANN
Excelsior
Los políticos mexicanos tienen una fascinación por prohibir las cosas que les disgustan como si eso fuera a resolver el problema de fondo.
Ejemplos hay muchos.
Ahí está la prohibición de los vapeadores en la Constitución. Los que vapeaban no han dejado de hacerlo. Ahora los compran en el mercado negro controlado por el crimen organizado.
La historia de las reformas electorales está llena de este tipo de prohibiciones.
A muchos políticos les disgustó que grupos empresariales opinaran sobre los candidatos en spots de radio y televisión. Acto seguido, prohibieron que cualquier ciudadano pudiera hacerlo. Las opiniones se trasladaron a las redes sociales.
A los políticos les disgustó que algunos de sus colegas se adelantaran haciendo campañas electorales. Lo prohibieron. Ahora siguen adelantándose de manera creativa, dándole la vuelta a la ley.
Prohibieron que los funcionarios, incluyendo el Presidente, pudieran apoyar públicamente a un candidato. Todos, incluidos los mandatarios, siguieron haciéndolo con la anuencia tácita de unas autoridades electorales indefensas frente al poder real de los gobernantes.
La novedad es que ahora quieren prohibir que los extranjeros se pronuncien sobre las elecciones en México. La iniciativa de Ricardo Monreal contempla anular los comicios cuando haya actos políticos, diplomáticos, económicos o mediáticos del extranjero que alteren el voto ciudadano.
La reforma tiene claramente un destinatario: Donald Trump.
Y es que al presidente de Estados Unidos le encanta meterse en procesos electorales de otros países.
En Honduras, Trump respaldó abiertamente al candidato conservador en 2025, Nasry Asfura, atacando a los otros candidatos y amenazando con cortar ayuda estadunidense si no ganaba su gallo.
En vísperas de los comicios, Trump posteó en Truth Social: “El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura. Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño. No puedo colaborar con Moncada ni con los comunistas, y Nasralla no es un aliado confiable para la libertad y no se puede confiar en él. ¡Espero que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia, y elija a Tito Asfura como Presidente!”.
Asfura ganó la elección por menos de un punto porcentual.
¿Fue determinante la intervención de Trump?
Por lo cerrado del resultado, podría argumentarse que sí.
Bajo las nuevas reglas mexicanas, esta elección se anularía.
Lo de Honduras no fue nada comparado con Hungría en este año.
Trump respaldó con todo a su amigo Víctor Orbán describiéndolo como aliado, defensor de valores conservadores y líder fuerte en migración y soberanía. Envió a su vicepresidente, JD Vance, a hacer campaña a Budapest y participó vía remota en un evento de Orbán.
Pero en Hungría los resultados fueron muy distintos. El partido de Orbán perdió por 17 puntos porcentuales. El apoyo de Trump no determinó el resultado.
¿Será que los hondureños son unos tontos por haberle hecho caso a Trump y los húngaros unos dechados de inteligencia por haberlo ignorado?
Digamos que Trump decidiera hacer lo mismo en México en las elecciones intermedias de 2027 (en las presidenciales de 2030 ya no será presidente). Que posteara en contra de Morena y utilizara al gobierno de Estados Unidos para apoyar a la oposición.
¿Detendría la nueva legislación mexicana a Trump, o a cualquier extranjero, de meterse en nuestra elección?
Desde luego que no.
La prohibición se la pasarán por el Arco del Triunfo.
Y, si en lugar de Trump, fueran partidos izquierdistas de otros países los que apoyaran mediáticamente a Morena, ¿anularían la elección si perdiese la oposición?
Claro que no, porque la anulación la determinará el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación controlado por… Morena.
¿No sería mejor confiar en la inteligencia de los votantes mexicanos en lugar de prohibir las expresiones de actores internos y ahora los externos?
Como en tantas prohibiciones absurdas e inaplicables, las nuevas relacionadas con la injerencia extranjera en las elecciones no resolverá el problema de fondo. En este caso, inhibir que los extranjeros, particularmente Trump, se metan en los asuntos internos de México. No van a refrenarse.
Aquí estamos frente a una nueva artimaña de la coalición gobernante para protegerse en caso de perder las elecciones.
Astillero
Hacer mitin en la FGR // Discursos, no esclarecimiento // Aterrizaje de López Beltrán ¿Más concesiones de televisión?
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
La Jornada
Fue otro intento fallido. Ya lo demostró en días pasados durante la cómoda gira en medios nacionales que le organizaron y ahora lo confirmó en su visita de proselitismo partidista y electoral que ayer realizó a la sede de la Fiscalía General de la República: entre más se expone más se exhibe, entre más se muestra (así sea con discursos redactados y mal leídos) más evidentes quedan las malas costuras tácticas y la precandidatura equivocada.
La rodearon quienes justamente encarnan una buena parte de la crisis de la oposición partidista en México: un ex candidato presidencial del PAN que pasó seis años fuera del país para eludir riesgos de cárcel, conjurados luego con fuero senatorial; un dirigente blanquiazul actual cuyos mayores méritos corresponden a la gestualidad excesiva, un abogado de aventurerismo técnico que liga la “rebelión” chihuahuense con el interés de su jefe real, el ex ocupante de Los Pinos que está refugiado en Madrid mientras su ex secretario de seguridad pública cumple pena en Estados Unidos por narcotraficante.
Creyeron que discurso mata cola-boracionismo con la CIA. Montaron un men-guado espectáculo retórico para intentar zafarse de lo sustancial: la permisividad, tolerancia o complicidad con la operación en suelo mexicano de agentes de la CIA. Rocha Moya, tan reprobable también, como argumento para no responder puntualmente al hecho violatorio de la Constitución y de la soberanía nacional en cuanto a los acuerdos con agencias extranjeras para actuar en suelo mexicano.
Vino a la Ciudad de México, no a Ciudad Juárez, donde había sido citada, para discursear. Entró a la FGR, pero no para declarar o puntualizar el motivo de la cita, sino para decir que no diría nada. ¡Ah!, se olvidaba precisar que el personaje central de lo aquí escrito es Maria Eugenia Campos Galván, llamada Maru, la gobernadora panista de Chihuahua. Por si fuera necesario.
Andrés Manuel López Beltrán aterrizó en su nuevo espacio electoral, Tabasco. Lo hizo con un aire que se suma a anteriores imprudencias. Aseguró que ya le toca hacer política a nombre propio y comenzó a construir su candidatura a diputado federal desde Teapa, donde tiene rancho y negocio; además, adelantó que no está fuera de su ruta aspiracional la gubernatura de su entidad natal. Demasiado pronto, demasiada confianza en un presunto dominio territorial.
En un momento del abordaje que hizo del caso Salinas Pliego y Televisión Azteca, como factores de propagación de mentiras y calumnias contra su gobierno, la presidenta Sheinbaum dijo: “nosotros no vamos a entrar a un tema de quitar concesiones, porque eso es lo que ellos quieren”. Pero, añadió, “en todo caso, que se abran más concesiones en la televisión, que haya más competencia”.
Ya se sabrá si esa intención presidencial tiene caminos andados para que algún grupo empresarial, no necesariamente Carlos Slim, asuma tal rol de “competencia”. Televisión Azteca, como concesión a ese espíritu de rivalidad sanitaria inducida desde las alturas presidenciales, no significó ninguna mejoría para el interés público (las opciones que el Grupo Salinas ofreció fueron, en términos generales, de peor factura que las de Televisa). Pareciera que el saneamiento del ámbito televisivo privado no pasa por la asignación de nuevas concesiones a empresarios con sellos sexenales. Vale preguntarse, en todo caso, por qué el Estado mexicano no apuesta e invierte en sus propios canales electrónicos para convertirlos en una instancia competitiva frente a los particulares. ¿Falta de dinero? Sí, seguramente. Pero, también, falta de voluntad política.
Y, mientras la secretaría policiaca federal, a cargo de Omar García Harfuch, ha precisado que no hay ficha roja de Interpol contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.
Educación y desarrollo
Leonardo Lomelí Vanegas *
La Jornada
He elegido el tema educación y desarrollo para reflexionar, a convocatoria de la Unesco, sobre el legado y la actualidad del pensamiento de Albert Hirschman.
En los tiempos actuales, en los que la ciencia, la cultura y la educación sufren múltiples acosos, incluso en algunos de los países más desarrollados, es necesario recordar que fue gracias a la expansión del conocimiento y de la educación en los últimos dos siglos que la humanidad pudo alcanzar su actual grado de desarrollo tecnológico, así como insistir en que la educación es condición necesaria para construir sociedades democráticas e incluyentes.
Albert O. Hirschman defendió la idea de que el desarrollo no es un proceso lineal y, por lo tanto, predecible. En lugar de grandes reformas “estructurales”, propuso cambios progresivos e incrementales que permitieran generar un efecto acumulativo importante.
Para él, las inversiones estratégicas en infraestructura, salud, ciencia, tecnología y educación generan eslabonamientos y círculos virtuosos que retroalimentan el crecimiento económico y el desarrollo social.
Un pilar diferenciador de su enfoque fue la importancia de la participación social en los procesos de desarrollo, pues afirmó que, involucrar a las comunidades y fomentar procesos de planeación participativa, puede ser decisivo para el éxito de una estrategia de desarrollo.
Hirschman también llamó la atención sobre las “barreras para el cambio”. Estas barreras pueden ser económicas, sociales e incluso sicológicas.
Las ideas de Hirschman siguen ofreciendo una rica veta para poder entender la complejidad del desarrollo económico, la no linealidad de su dinámica y la interrelación entre los fenómenos económicos, políticos y sociales, así como la importancia de la interacción entre los hechos, las políticas y las ideas económicas.
Para él, los recursos destinados a la educación no eran un gasto, sino una inversión con efectos multiplicadores en el ámbito económico y también en la vida social.
Además de formar capital humano, la educación puede generar actitudes que promueven la participación democrática, la responsabilidad política y un ambiente favorable a la innovación y la participación social. En el esquema propuesto por Hirschman en su obra clásica Salida, voz y lealtad (1970), la educación es fundamental porque da elementos a los individuos para opinar y participar en el proceso de desarrollo.
Hirschman reconoció que la expansión de la educación puede generar tensiones si la economía no crece a la par de las aspiraciones sociales, generando frustración y un malestar social que puede expresarse de muy diversas formas.
La educación es necesaria, pero si no va acompañada de una estrategia de desarrollo, puede generar una crisis de expectativas que deriva en un cuestionamiento a la capacidad del sistema democrático para encauzar las demandas sociales.
A finales del siglo XX Paul Krugman publicó el libro The age of diminished expectations: U. S. Economic policy in the 1990. A casi tres décadas de distancia queda claro que, si ya se percibía un problema de reducción de las expectativas de crecimiento y de mejora en los niveles de vida en ese momento a nivel global, hoy nos encontramos en una crisis de expectativas.
¿Cómo llegamos a esta situación? El antecedente inmediato es la ruptura del consenso macroeconómico que guio la política económica de las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, con el ascenso de una ideología que influyó en las políticas que habrían de seguirse, el llamado “neoliberalismo”.
En su libro Camino de libertad: La economía y la buena sociedad (2024), Joseph E. Stiglitz advirtió: “el neoliberalismo no es autosostenible. Se contradice. Ha deformado nuestra sociedad. Ha cultivado un egoísmo materialista y extremo que ha socavado la democracia, la cuestión social y la confianza”.
En Exit, voice, and loyalty, Hirschman desarrolla un modelo para explicar cómo los individuos reaccionan ante el deterioro de las organizaciones. La salida implica abandonar la organización cuando los ciudadanos consideran que ya no funciona, ya sea absteniéndose de participar política o electoralmente, dejando de participar en el debate público o incluso emigrando; la voz es, por el contrario, la expresión de una idea o voluntad para impulsar cambios desde dentro, ya sea mediante la participación política, las protestas, el activismo político o la deliberación pública; y la lealtad es la disposición a permanecer y participar incluso cuando existen fallas, un sentido de pertenencia que frena la salida y estimula la voz para mejorar la organización y que se expresa en identidad nacional, confianza institucional y compromiso cívico.
El pensamiento de Hirschman nos proporciona una herramienta para entender la crisis democrática contemporánea. La democracia deliberativa emerge como una síntesis que transforma la voz en deliberación institucionalizada, la lealtad en consenso político razonable y la salida en una opción residual, que debiera funcionar como un factor de disuasión y un poderoso correctivo en cualquier organización o Estado en lugar de una respuesta masiva. Estos enfoques permiten comprender el populismo como un síntoma de fallas estructurales en los mecanismos de participación democrática.
Para superar estas fallas estructurales, lo mismo que para construir alternativas de desarrollo socialmente incluyentes y ambientalmente sustentables, hoy más que nunca la educación se convierte en un elemento clave. Se necesita una educación que se haga cargo de la complejidad de la sociedad contemporánea, así como de la necesidad de un modelo educativo que permita a nuestros jóvenes aprender a seguir aprendiendo durante toda su vida, en una sociedad en la que el conocimiento avanza aceleradamente. Una educación que los capacite para el trabajo, pero también para la vida en comunidad y para ejercer responsablemente su condición de ciudadanos.
* Rector de la UNAM.
Este texto recupera las principales ideas de la conferencia dictada por el rector de la UNAM, en el marco de la Cátedra Albert Hirschman de la Unesco.