Columnas Escritas
Lo que dicen los columnistas
Del reloj checador a la vigilancia digital: nuevas formas de control laboral
Honrar el 1 de mayo implica más que recordar, actuar. Implica decir “nunca más” a cualquier forma de control que vulnere la dignidad laboral. Implica transformar el silencio en denuncia, y la denuncia en justicia.
Proceso
El 1 de mayo es una fecha emblemática. Nos recuerda una de las luchas sociales más importantes de la historia: la exigencia de jornadas dignas, salarios justos y respeto a los derechos de las y los trabajadores. Pero no es una conmemoración anclada en el pasado, es un llamado vigente. La defensa del trabajo digno sigue siendo una tarea permanente.
Hoy esa lucha ha cambiado de forma. Ya no se libra únicamente en fábricas o centros de trabajo físicos, sino también en el entorno digital. Un ejemplo de ello son las medidas de presión en contra de las personas, como el acoso laboral, el cual transitó de los espacios laborales a las plataformas digitales. Esta práctica nociva ocurre tanto en los gobiernos como en la iniciativa privada.
Ahí está el caso de la plataforma “Nódica”, en Puebla, aplicación que utilizaba el gobierno del estado para registrar la participación de empleados en actividades de difusión a favor de la administración del mandatario Alejandro Armenta. Es decir, se les obligaba a interactuar en las redes sociales cuando en el fondo para eso no habían sido contratadas las personas.
El caso de Puebla no fue un incidente menor ni una simple anécdota administrativa. Fue un episodio que debe señalarse con firmeza, porque exhibe cómo un gobierno puede cruzar límites laborales, éticos y democráticos bajo el disfraz de “trabajo”.
Gracias a denuncias el caso salió a la luz pública. El medio e-consulta documentó las exigencias del gobierno que estaban por encima de los contratos y las funciones del personal. A partir de esa revelación, el tema escaló al debate público.
Aquí hay una primera lección: cuando las instituciones fallan en transparentar, la ciudadanía y el periodismo se convierten en el último muro de defensa.
Los reportes señalan que servidores públicos fueron presionados para instalar aplicaciones en sus teléfonos personales, participar en campañas digitales y reportar actividad en línea alineada a una narrativa política. No es modernización ni innovación; es una forma de coacción laboral digitalizada que nada tiene que ver con la finalidad de las instituciones.
El uso de dispositivos personales agrava el problema. Se desdibuja la frontera entre la vida laboral y la privada, y se normaliza el uso de datos personales como herramienta de control. La participación deja de ser voluntaria y se convierte en imposición.
Aunque la plataforma fue desactivada tras su exposición pública en septiembre de 2025, el cierre no borra lo ocurrido ni responde las preguntas de fondo: ¿quién autorizó estas prácticas?, ¿por qué se implementaron?, ¿a cuántas personas se presionó?
Este caso confirma algo esencial: sin vigilancia ciudadana y sin denuncia pública, estas prácticas pueden permanecer ocultas. Fue la presión social y el trabajo periodístico lo que obligó a poner el tema sobre la mesa. En el actual México en el que vivimos, denunciar no es opcional; es necesario.
Porque cuando el poder convierte herramientas digitales en mecanismos de control, no estamos ante un problema técnico, sino frente a un abuso que vulnera derechos laborales, la privacidad y la libertad.
Y no es un hecho aislado. También se encendieron alertas cuando trabajadores de la Secretaría de Hacienda denunciaron intentos para obligarlos a registrar sus líneas telefónicas en programas institucionales. La presión pública frenó la medida, pero evidenció la forma en la cual altos funcionarios o gobernantes manipulan a la plantilla de trabajadores para sus intereses políticos.
Permitir (o imponer) la instalación de aplicaciones en teléfonos personales para fines laborales o políticos no es un tema menor. Puede constituir hostigamiento, abuso de poder y violaciones a la legislación laboral y de protección de datos en México.
Conviene recordar el caso Pegasus, el software utilizado para intervenir comunicaciones de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Ese episodio marcó un punto crítico en la discusión sobre vigilancia y uso indebido de tecnologías desde el poder.
En ese contexto, el entonces extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) desempeñó un papel clave al ordenar la transparencia sobre la adquisición y uso de ese software, exigir la entrega de contratos e investigar posibles vulneraciones a datos personales. También dejó claro que la intervención sin controles representa una grave afectación a derechos fundamentales.
La lección es contundente: la tecnología, sin controles, sin transparencia y sin rendición de cuentas, puede convertirse en un instrumento de vigilancia que pone en riesgo la democracia. Porque no se trata sólo de “usar una app”. Se trata del acceso potencial a información sensible: ubicación, contactos, archivos, micrófono, cámara, etcétera. Es la posibilidad de vigilancia fuera del control del trabajador.
Cuando esto ocurre bajo presión, la persona pierde control sobre su vida digital. Entrega datos sin garantías claras sobre su uso o resguardo. Y eso, en cualquier contexto, es inadmisible. Estas prácticas pueden contravenir la Ley Federal del Trabajo y las leyes de protección de datos personales, además de implicar responsabilidades administrativas o incluso penales.
No es un asunto tecnológico. Es un asunto de derechos y de límites al poder.
Honrar el 1 de mayo implica más que recordar, actuar. Implica decir “nunca más” a cualquier forma de control que vulnere la dignidad laboral. Implica transformar el silencio en denuncia, y la denuncia en justicia.
Porque, al final, el trabajo digno también pasa por algo esencial: que nadie, nunca, vuelva a sentirse dueño de nuestra vida.
Arsenal
El ‘coco’ de Morena
FRANCISCO GARFIAS
Excelsior
Donald Trump dicta la agenda, los tiempos, los temas. Trae de cabeza al régimen de la 4T. Ayer subió el tono. Amenazó: “Si México no hace el trabajo (de atacar al tráfico de drogas) lo haremos nosotros”.
Es la respuesta del belicoso presidente de Estados Unidos a la retórica nacionalista utilizada por el oficialismo para justificar los oídos sordos a la petición de detención provisional, con fines de extradición, de Rocha Moya y otras nueve personas.
La presión que viene del norte ya provocó las licencias del gobernador de Sinaloa; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez; y el vicefiscal estatal, Dámaso Castro. Uno más, Gerardo Mérida, extitular de la SPP en Sinaloa, solicitó un amparo.
Andan nerviosos. Motivos les sobran.
El procurador interino de EU, Todd Blanche, adelantó a la cadena de televisión News Nation que pueden venir más acusaciones en contra de políticos mexicanos aliados con narcos (Reforma, 6-Mayo-26).
* El senador Enrique Inzunza está en la lista de los extraditables. Había anunciado que ayer asistiría a la sesión de la Comisión Permanente. No lo hizo. Subió a su cuenta de X un mensaje en el que justifica su ausencia:
“No le ofreceré ocasión a personeros de la derecha conservadora de que, so pretexto, hagan de la sesión un espectáculo indigno del recinto parlamentario, como acostumbran”.
Inzunza asegura que está en su tierra, a ras de suelo y “con la frente en alto”. ¿En serio?
Preguntamos ayer a Ignacio Mier, jefe de la bancada de Morena en el Senado, si no había indicios de una licencia para Inzunza.
Respondió: “Él fue dos veces presidente del Tribunal Superior de Justicia. La valoración que él hace no es la misma que yo puedo hacer”.
–¿Es preferible un narcolaboratorio soberano que la destrucción del mismo con participación de agentes extranjeros? Insistimos.
–No podemos sustentar la eficacia en la ilegalidad. (Maru Campos) pudo haber notificado y lo hacen juntos, cómo se han hecho más de dos mil 500 decomisos y, específicamente, más de 180 en Chihuahua, respondió.
* El Senado fue ayer campo de batalla entre el oficialismo y la oposición. No se hablaba más que de dos temas: Rocha Moya y Maru Campos.
Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, exigió se detenga de inmediato a Rocha Moya para que se le extradite y se le juzgue.
“Ya sabemos que aquí en México no lo van a juzgar por una razón elemental: lo mismo que hizo Rocha lo hicieron muchos otros gobernadores de Morena y alcaldes. Saben que si cae Rocha, caen los demás”.
Alito Moreno, presidente del PRI, reveló que pidió al Departamento de Estado, al de Justicia y al Tesoro de EU, que Morena sea declarada “organización terrorista”, por sus vínculos con el crimen organizado. Clemente Castañeda, jefe de la bancada de MC, se deslindó del PAN y el PRI. Está a favor de que a Rocha se le juzgue en México.
El oficialismo se ha ocupado de presentar el caso de Maru Campos y la presencia de agentes de la CIA en el operativo para desmantelar el narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, cómo “traición a la patria”.
En Morena no todo el mundo anda en la misma sintonía. Uno que desafinó fue el diputado Ricardo Monreal. Vale la pena rescatar parte de la columna que escribió para Milenio Diario el pasado 5 de mayo: “Morena puede y debe seguir gobernando y ganando elecciones sin necesidad de vender su alma al diablo. Así como la 4T separó el poder político del poder económico, ahora puede y debe separar el poder político del poder criminal.
A confesión de parte…
* Jorge Romero, jefe nacional del PAN, nos dice que su partido apoya la iniciativa de Federico Döring que, en su parte medular, propone el retiro del registro a cualquier partido político que reciba dinero del narco o tenga alianzas con el crimen organizado.
“México no puede seguir tolerando que el narcotráfico intervenga en las elecciones ni que existan fuerzas políticas que lleguen al poder apoyadas por el miedo, la violencia o el dinero sucio”, destacó.
Está convencido de que, para defender la democracia hay que sacar al crimen organizado de la vida pública del país.
* La tarde de ayer, en la librería U-Tópicas de Coyoacán, se presentó la novela La Orden, del querido periodista y diplomático Alberto Lozano.
Es una novela qué conjunta historias verídicas –algunas disfrazadas para proteger identidades– ubicadas en el contexto que se vivía a mediados de los años 80 y principios de los 90. Incluye un capítulo sobre Alejandro Braun, llamado El Chacal de Acapulco, y otras historias sobre movilidad migratoria, crimen organizado y prostitución.
El libro fue presentado por dos destacados periodistas: Elisa Alanís y Daniel Moreno.
Razones
Antiterrorismo, se cierra el círculo
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Excelsior
El gobierno federal puede seguir defendiendo a Rubén Rocha y los otros acusados de no ser parte del Cártel de Sinaloa, puede darles licencias, protegiéndolos con fuerzas federales (no vaya a ser que se escapen o, peor aún, que se los lleven) o escondiendo la cabeza en la arena cual avestruz, pero la realidad los ha alcanzado. Si el lunes la estrategia antidrogas de la Casa Blanca fue un golpe durísimo de realidad, ayer, la presentación de la estrategia antiterrorista y las posteriores declaraciones del presidente Donald Trump simplemente ponen en el límite al gobierno federal.
“No permitiremos —dijo explícitamente Trump— que los cárteles, los yihadistas ni los gobiernos que los apoyan, conspiren contra nuestros ciudadanos con total impunidad. No se permitirá que ningún tipo de terrorista encuentre refugio aquí, en nuestro país, ni que nos ataque desde el extranjero”. Dice el documento presentado ayer: “Seguiremos con nuestras campañas militares y policiales contra todos los cárteles y pandillas designados como organizaciones terroristas por el Presidente [Donald Trump]… Al mismo tiempo, seguiremos atacando sus finanzas y sus redes de suministro de precursores para paralizar sus medios de producción y el movimiento de sus ganancias. Lo haremos en colaboración con los gobiernos locales cuando estén dispuestos y sean capaces de trabajar con nosotros. Si no pueden o no quieren, estaremos tomando cualquier acción necesaria para proteger a nuestro país, especialmente si el gobierno en cuestión es cómplice de los cárteles”, dice el documento.
No es un material aislado, es parte de un bloque perfectamente estructurado, donde se combina esta estrategia antiterrorismo con la antidrogas, con la de seguridad nacional y la de inteligencia. Es un taburete de cuatro patas que se basa en dos principios, el fentanilo es un arma de destrucción masiva que provoca decenas de miles de muertos cada año en la Unión Americana y los cárteles que trafican con fentanilo son organizaciones terroristas.
Como se dijo ayer mismo, esa consideración parte de datos tan duros como comprobar que los cárteles han matado más estadunidenses que cualquier conflicto armado desde la II Guerra Mundial y de que, para erradicarlos, se requiere una estrategia hemisférica con la participación, incluso militar, de todos los países de la región. No es política exterior es seguridad nacional. Hoy, en la lógica estadunidense, sólo Colombia y México no están participando plenamente de ese esfuerzo (Brasil es un caso aparte). En Colombia habrá cambio de régimen en las próximas elecciones, dentro de unas pocas semanas. México se quedará solo y con un discurso soberanista cada día más vacío de contenido: cuando el crimen controla un tercio de la geografía nacional y cuando gobernadores y políticos son parte de la estructura de complicidad y protección de los cárteles, la soberanía está vulnerada desde sus cimientos.
La negativa del gobierno federal a detener y extraditar a los acusados del narcogobierno de Sinaloa es un suicidio político que, además, no se basa en ningún instrumento legal. Esa lógica no ha podido trascender ni siquiera entre la opinión popular, donde crecen cada día las opiniones negativas sobre la actuación del gobierno y la confianza en la justicia.
Y con eso se hunde también la economía. En el primer trimestre del año, la economía decreció 0.8 por ciento. Ayer se informó que la inversión física en el sector público cayó 15.6 por ciento. En términos de la inversión fija directa, la caída fue de 40 por ciento. La inversión fija bruta en febrero disminuyó 0.8% mensual y, anualizada, 3.6 por ciento. Casi todos los días hay reuniones con empresarios y anuncios de inversión que no se reflejan en resultado alguno.
La defensa a ultranza y la negativa a actuar en un caso tan evidente como es la acusación contra Rocha y sus cómplices, incrementa aún más la desconfianza en la seguridad jurídica, en la independencia judicial y en el respeto a las reglas. Todo eso, además, y mucho más, está en la mesa de discusión para la renovación del T-MEC, que con la posición que ha adoptado la administración Sheinbaum en el caso Rocha, se ve cada día más lejana.
No son los medios ni la ultraderecha nacional e internacional ni los deseos intervencionistas lo que tiene al gobierno federal entre la espada y la pared: son sus malas decisiones y los datos objetivos de la realidad que muchos llevamos advirtiendo desde hace meses. Los esfuerzos que realiza el Gabinete de Seguridad son muy encomiables, pero mientras se mantenga la decisión política de no actuar contra, e incluso proteger, las redes de protección y complicidad política con los cárteles considerados narcoterroristas, no habrá avances reales posibles.
Más temprano o más tarde habrá consecuencias con operaciones encubiertas o incluso militares, pero mucho antes que eso, lo cual ya está ocurriendo, habrá consecuencias económicas y financieras. El gobierno federal, en medio de su discurso sin sentido, tendría que revisar lo que implica en la lucha contra el terrorismo las atribuciones que tiene el gobierno de Estados Unidos en el terreno económico. Por lo pronto, a través del FinCEN y la OFAC, ya han comenzado a pedir información sobre movimientos y cuentas en México y en el mundo. No sólo se cancelan y cancelarán visas, sino también cuentas y propiedades de sospechosos e involucrados, y de empresas que hagan negocios con ellos. El golpe puede ser mucho más duro que un pedido de detención con fines de extradición.
Astillero
Trump no ha podido con Irán y, ahora… // Busca desgastar a Sheinbaum // Narcotráfico, pretexto operativo // Aliados políticos y mediáticos
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
La Jornada
Viene una nueva tanda de amagos trumpianos contra México. El ambiente ha sido adecuadamente enrarecido y la Casa Blanca ha emitido normas y declaraciones de amenaza abierta, con el beneplácito y colaboración del quintacolumnismo partidista y mediático en México y de una parte de la población que desea acciones “contundentes” contra el crimen organizado, vengan de donde vengan.
El propio Donald Trump perfiló ayer operaciones terrestres contra cárteles en México, en ejercicio de su conocido método de “negociación” que pinta escenarios rudos para luego ir ajustando conforme a la reacción del amenazado. Si México no hace su “trabajo”, Estados Unidos entrará a hacerlo, dijo el presidente cada vez más multimillonario. Más tarde, el fiscal general interino, Todd Blanche (quien sustituyó a Pam Bondi), ex abogado defensor de Trump en juicios penales, fue entrevistado en News Nation y dijo: “seguro, sí”, cuando le preguntaron si se podrían ver más acusaciones contra políticos mexicanos.
Además de anteriores arreglos normativos que servirían a la administración Trump para “justificar” acciones unilaterales contra cárteles mexicanos, ayer se dio a conocer la Estrategia Antiterrorista de Estados Unidos, que establece que en su lucha contra cárteles y otras amenazas a su seguridad actuarán “en conjunto con los gobiernos locales cuando estén dispuestos y sean capaces de trabajar con nosotros. Si no pueden o no quieren, aun así tomaremos todas las medidas necesarias para proteger nuestro país, especialmente si el gobierno en cuestión es cómplice de los cárteles”.
Bajo la consideración de los cárteles del narcotráfico como entes terroristas y el fentanilo como arma de destrucción masiva, Trump señala en la presentación de su nueva estrategia que ella “supone una vuelta al sentido común y a la ‘paz a través de la fuerza’. Como dije tras nuestra primera misión antiterrorista exitosa, apenas unos días después de mi toma de posesión: si dañan a estadunidenses, o tienen intención de hacerlo, ‘los encontraremos y los mataremos’”.
La marcada elevación del tono amenazante hacia México tiene como contexto la necesidad política y electoral de Trump de dirigir su mirilla hacia terrenos distintos a Irán, donde no ha podido cumplir sus advertencias apocalípticas y ha generado pérdidas económicas al mundo y en particular a los propios estadunidenses, y tratar de recuperar popularidad y base electoral con ataques cantados contra los productores e introductores de los estupefacientes que con redes criminales intocadas son distribuidos para masivo consumo en aquel país.
La acometida contra México busca debilitar al gobierno de la presidenta Sheinbaum en la ruta hacia las discusiones y posterior firma de acuerdos comerciales sustitutivos del T-MEC. Además, trata de desgastar e inhabilitar al proceso llamado Cuarta Transformación, que se ha mantenido con gran apoyo social a diferencia de otros países de Latinoamérica donde las derechas, con abierta injerencia de Trump, han ido ganando poder.
En ese esquema juegan un papel relevante las voces políticas y mediáticas que en consonancia con las estrategias de Estados Unidos y, en particular, de la CIA, sirven de instrumentos de desestabilización. El panismo gobernante en Chihuahua propició el ingreso de agentes extranjeros a suelo mexicano para operaciones contra narcolaboratorios. La dirigencia nacional y las figuras más relevantes del partido derechista se han solidarizado con la gobernadora Maru Campos, sin condenar la apertura a la CIA.
Luego vino el golpe tan preparado contra el gobernador morenista de Sinaloa, indefendible en sí mismo y el resto de los coacusados, a juicio de este columnista, pero ello fue un movimiento más en la escalada de propósitos intervencionistas, disfrazados de “justicieros”. Bueno, hasta la madrileña del fachotour y su televisivo anfitrión despechado han cooperado oportunamente a los planes invasivos.
México SA
Camino Rojo + cártel de Sinaloa // Ebrard, Marath y el tío Lolo // Díaz Ayuso, vil desecho tóxico
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
La Jornada
Siguen sin dar mayores explicaciones creíbles las secretarías de Economía y del Trabajo (con Marcelo Ebrard y Marath Baruch al frente de ellas, en cada caso), las cuales pusieron “en duda” o de plano rechazaron las conclusiones que en marzo pasado hizo públicas el panel del mecanismo de respuesta rápida (MLRR) del T-MEC, que en síntesis advirtió sobre la ilegal connivencia del crimen organizado (concretamente el cártel de Sinaloa) con la directiva de la trasnacional canadiense Orla Mining –que en Zacatecas explota la mina Camino Rojo, con 138 mil hectáreas de “dotación”– para reprimir y violar sistemáticamente los derechos de los trabajadores y evitar que ellos decidieran qué sindicato los representaría, y no se les impusiera la afiliación a un sindicato blanco de protección patronal, denominado Federación Nacional de Sindicatos Independientes, con sede en Nuevo León y Jesús González Cárdenas como cabeza visible.
Ante tal denuncia, perfectamente documentada, la “respuesta” de ambas instituciones del gobierno federal fue que, a su juicio, el MLRR “excedió sus alcances”, pues, sostuvieron, pretendió “analizar conductas de naturaleza penal, amén de que los actos de coerción no pueden atribuirse a la compañía minera”. Por ello, México “exige que debe existir un vínculo entre el autor material del hecho y del que queda responsable y que el daño se haya producido en ejercicio del desempeño de obligaciones o servicios”. Si bien recabaron “evidencia y testimonios de trabajadores sobre las amenazas de las que fueron víctimas”, Economía y Trabajo consideraron que ellos “no son suficientes para vincular a la empresa con dichas conductas”.
En el contexto, La Jornada (Jared Laureles) informó, con base en las conclusiones del MLRR, que “la minera Camino Rojo utilizó al crimen organizado para amenazar a sus trabajadores, afiliados a la sección 335 del Sindicato Nacional Minero, y violar sus derechos laborales, además de buscar que desertaran de este gremio; la compañía es responsable directa de injerencia patronal en actividades sindicales”. En resumen, según las dependencias del Ejecutivo federal, las pruebas “no son suficientes para vincular a la empresa con dichas conductas”. Y listo, a otra cosa.
De cereza en este asunto, el dirigente nacional del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, denunció las mismas prácticas (connivencia del crimen organizado y la trasnacional para reprimir y violar los derechos de los trabajadores) en otros consorcios que operan en México, como Plata Panamericana en Zacatecas; Americas Gold and Silver, en Cosalá, Sinaloa, y Torex Gold en Guerrero. Pero los “reticentes” Ebrard y Marath voltearon para otro lado.
Sin embargo, algo sucedió con el transcurso de los días, porque ahora la propia trasnacional decidió “relevar” al hasta hace horas director general de Camino Rojo, Rafael Sánchez, como parte de las acciones “claves” asumidas luego de ser acusada por el MLRR de asociarse, en 2024, con presuntos integrantes del cártel de Sinaloa para amenazar a trabajadores mineros, en perjuicio de sus derechos de libre asociación sindical. La empresa informó oficialmente que tomó “medidas concretas para salvaguardar los derechos laborales y abordar otras preocupaciones”, amén de que “estamos comprometidos a promover la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y a respetar plenamente sus derechos laborales; reconocemos la gravedad de las conclusiones del panel y estamos tomando medidas para fortalecer las operaciones de Camino Rojo”. No sólo eso: dicha decisión “responde a la resolución”… del MLRR ( La Jornada, Alfredo Valadez).
Pues bien, ya que la trasnacional movió sus fichas, ahora, de la nada, la única “respuesta” (totalmente vaporosa y extemporánea) que obtuvo el Sindicato Minero provino de la Secretaría del Trabajo, la cual “recomienda” presentar querella ante el Ministerio Público para que éste inicie las investigaciones correspondientes, toda vez que “de confirmarse estos lamentables hechos (si son hechos, obviamente están confirmados), constituirían una grave vulneración a la libertad sindical y a los derechos de los trabajadores, así como la probable comisión de delitos que deben ser perseguidos”. Eso sí, de Ebrard ni sus luces.
Entonces, ante tal evidencia, ¿qué hace falta para que se investigue a los empresarios que recurren al crimen organizado?
Las rebanadas del pastel
La ultraderecha gachupina insiste en enviar desechos tóxicos a México (como la corrupta y terraplanista Isabel Díaz Ayuso) para que, junto con sus súbditos autóctonos –financiados con abonos chiquitos–, intenten esparcirla en nuestro país.