Columnas Escritas
Lo que dicen los columnistas
El sinaloense en el Senado. Esto apenas empieza
Pasando el mediodía todo cambió en el edificio de Reforma e Insurgentes. Comenzaron a verse a senadores corriendo, hablando por teléfono de manera agitada.
Proceso
La mañana del miércoles 29 de abril era calurosa y en el Senado todo transcurría normal. Se trataba del cierre de sesiones del periodo ordinario y entre los reporteros no había mucho ánimo, pues ya había pasado la tormenta del caso de los agentes de la CIA muertos en Chihuahua y el rechazo de la gobernadora Maru Campos para asistir al Senado a fin de informar lo que había ocurrido en la Sierra Tarahumara.
La reunión de la Junta de Coordinación Política había acontecido sin mayor problema con los acuerdos que se verían para nombrar a quienes estarán en la Comisión Permanente que empieza en mayo. Era tan normal que en la lista de Morena aparecía el senador sinaloense Enrique Inzunza.
Pasando el mediodía todo cambió en el edificio de Reforma e Insurgentes. Comenzaron a verse a senadores corriendo, hablando por teléfono de manera agitada. Las y los reporteros que minutos antes estaban esperando conseguir alguna información subieron a la oficina del senador Inzunza. Pero ya no estaba.
El ambiente en el Senado comenzaba a bullir, las reporteras y reporteros emprendieron la búsqueda de reacciones con los legisladores de Morena porque a partir de entonces, en portales informativos y todos los noticieros se daba a conocer la petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos de extradición al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros ocho funcionarios de ese estado acusados de vínculos con el Cártel de Sinaloa.
En el ir y venir por todo el Senado los reporteros encontraron al senador tabasqueño Adán Augusto, a quien le soltaron una batería de 16 preguntas sobre las acusaciones del gobierno de Donald Trump al senador Inzunza y el gobernador Rocha Moya. La respuesta fue la misma: “No doy declaraciones. Muchas gracias”.
En el salón de sesiones del Senado la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, trataba de resguardar la sesión del vendaval sinaloense. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, preparó una entrevista para tratar de amortiguar el golpe, asegurando que el Departamento de Justicia estadunidense tendría que presentar las pruebas de sus acusaciones.
El senador Enrique Inzunza, que había pasado lista en la mañana para la sesión y había abandonado sigilosamente el edificio del Senado, apareció en redes sociales con un mensaje que causó escozor entre sus compañeros de partido al involucrar al expresidente López Obrador.
“Seamos claros: es también un ataque y una insidia dirigida al @PartidoMorenaMx y a nuestro máximo referente político y mexicano de excepción: el Presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo toleraremos”, acusó el senador oriundo, orgullosamente, de Badiraguato, la cuna del Cártel de Sinaloa.
“Es el fin de la 4T”, comentaban reporteros, mientras que legisladores de oposición opinaban que habían golpeado la línea de flotación de Morena en víspera del arranque de las elecciones del 2027. “Lo más recomendable es que los de Morena esperen la línea discursiva de la presidenta o de Andrés Manuel”, dijo uno de los senadores.
Histriónica, la senadora Lilly Téllez, que entró a la vida legislativa de la mano de Morena y de López Obrador y cambió de partido al PAN cuando le convino a sus intereses particulares, era la que más festejaba desde tribuna y en conferencia la petición del departamento de Estado norteamericano, lo cual fue tildado por los morenistas como “vendepatrias”.
El affaire sinaloense no terminó para Morena con el fin del periodo ordinario cuando la senadora presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, tocó la campana y más tarde inició los trabajos de la Comisión Permanente. En medios siguieron las declaraciones del senador Mier pidiendo las pruebas y las del coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, asegurando que se trataba de un tema político.
“Esto es apenas el principio”, dijo un legislador de oposición, a lo que un reportero agregó: “Así es, pero que nadie eche sus barbas a remojar, faltan los de otros partidos que están también involucrados con el Cártel de Jalisco, los de Michoacán, Guerrero, Morelos, Chiapas, Quintana Roo…”.
Arsenal
El gobernador protegido y el narcolaboratorio “soberano”
FRANCISCO GARFIAS
Excelsior
Está visto que Morena prefiere un “narcolaboratorio soberano” en la sierra de Chihuahua que investigar en serio a un gobernador con licencia acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de aliarse con Los Chapitos.
A Rubén Rocha Moya ya le pusieron incluso escoltas para protegerlo y, a juzgar por las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el “supersecretarario” Harfuch y la FGR, se perfila una exoneración también muy “soberana”.
Omar dijo ayer que “no hay sospecha” (de la alianza del gobernador con los hijos del Chapo) y que nunca han tenido una obstrucción de las labores de seguridad en Sinaloa.
¿Qué se creen esos gringos? ¿Que pueden meterse “sin pruebas” con un supuesto narcogobernador en funciones de Morena? “Tengan para que aprendan”, diría el clásico.
La acusación del Departamento de Justicia en contra de Rocha y otros nueve funcionarios es por conspiración para importar narcóticos, posesión de armas de fuego automáticas y conspiración para poseerlas.
* Rocha ganó la elección de gobernador en 2021 con la ayuda del crimen organizado. No sólo se robaron boletas, sino que a los integrantes del equipo del entonces candidato del PRI, Mario Zamora, los secuestraron hasta que no reconociera el triunfo de Rocha Moya.
La diputada local del PRI, Paola Gárate, fue una de las víctimas. Le pedimos su opinión sobre lo ocurrido. Nos dijo vía WhatsApp: “Por supuesto que son hechos comprobados. Yo soy una de las víctimas, junto con decenas de mis compañeros de partido. Somos las pruebas. García Harfuch no vio porque no quiso ver. Nunca me buscó, nunca nos preguntó”.
La legisladora del PRI destacó que el presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán, presentó una denuncia hace como tres semanas contra el gobernador.
“García Harfuch no se acercó para enterarse. No vieron porque, cómo dice el clásico, ni quiere vernos ni nos quiere oír”, escribió. Aseguró que la acusación del Departamento de Justicia de EU ha sido presentada a las autoridades mexicanas cumpliendo los procedimientos establecidos en las leyes internacionales y en los tratados bilaterales.
“También cumplieron con los procesos internos del Estado de derecho norteamericano. Un gran jurado determinó la validez de la acusación”, remató.
* Contra la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, en cambio, la Fiscalía General de la República anuncia una rigurosa investigación por el tema de los agentes estadunidenses que participaron en la destrucción de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.
Dos de los cuatro agentes “de la CIA” murieron en un accidente carretero, mientras regresaban del famoso operativo en la madrugada del pasado 19 de abril.
Ulises Lara, vocero de la FGR, anunció ayer que 50 personas que participaron en ese operativo serán citadas a efecto de ser entrevistadas en los próximos días.
La procuración de justicia selectiva, que se instaló en nuestro país con las elecciones de jueces, magistrados y ministros, sugieren que la gobernadora es “traidora a la patria” por haber permitido que los citados agentes extranjeros participaran en ese operativo que le pega al crimen organizado.
“Asimismo —agrego Lara—, se han realizado requerimientos de ley, dirigidos a diversas autoridades, para verificar la existencia y, en su caso, el estatus de las acreditaciones y autorizaciones de seguridad de los agentes fallecidos”.
Pero también “el conocimiento de esta circunstancia por parte de las autoridades del gobierno de Chihuahua y las condiciones jurídicas previas que motivaron, justificaron y trazaron el operativo referido”.
* El senador morenista Enrique Inzunza es uno de los diez sinaloenses cuya detención provisional, con fines de extradición, solicita Estados Unidos. Inzunza se esfumó del Senado el mismo día que Estados Unidos solicitó su detención. Reapareció en Badiraguato, Sinaloa, desde donde envió el siguiente mensaje en su cuenta de X:
“Rechazo con toda firmeza las calumnias y el oprobio del que se pretende hacerme objeto, a través de imputaciones falsas y dolosas.
Ocurrió, casualmente, después de que defendiera, desde la tribuna del Senado, lo que llamo “principio innegociable de la soberanía de México”.
Lo hizo, aseguró, “frente a la inconstitucional actuación de agentes de la CIA en territorio nacional, con la complicidad de la aún gobernadora de Chihuahua”.
Inzunza adelantó que el miércoles 6 de mayo se hará presente en la sesión de la Comisión Permanente.
Veremos…
Razones
Pruebas y tramas del caso Rocha
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Excelsior
Mientras el gobierno federal y la FGR siguen insistiendo en que no hay pruebas suficientes que involucren a Rubén Rocha y los otros nueve acusados por la justicia de Estados Unidos por sus relaciones con el cártel de Sinaloa; mientras se dice que “sólo” es un pedido de “una oficina de Nueva York” (sin comprender que se trata de una solicitud de detención con fines de extradición del Departamento de Justicia de la Unión Americana, a partir de la investigación realizada en la Corte del distrito sur de Nueva York, una de las más importantes del país y que se especializa en este tipo de casos, el más reciente la acusación contra Nicolás Maduro), los testimonios contra Rocha y los otros inculpados se siguen acumulando, pero además en la trama se van enlazando otros actores y espacios, y Sinaloa se enlaza en esta historia cada vez más con Tamaulipas.
En mayo de 2025, faltaba muy poco para la extracción de El Mayo Zambada, publicamos aquí que a fines de marzo de ese año más de cien personas, familias completas, mujeres, ancianos y niños fueron secuestrados en una noche en Culiacán. El gobernador Rubén Rocha no se preocupó, ésas, dijo, “son cosas que pasan” en el estado. Días después aseguró que todos los secuestrados, 66 dijo que eran, habían aparecido con vida. En realidad, habían sido más de 100, y de muchos de ellos no se ha vuelto a saber nada. Del caso, por supuesto, no existen carpetas abiertas en la fiscalía estatal. Nadie hizo denuncia.
La historia es más compleja. Poco antes del secuestro, en Culiacán, en una casa que estaba en remodelación y que era propiedad de Iván Archivaldo Guzmán, “desaparecieron” 20 millones de dólares en efectivo, que eran propiedad del líder de Los Chapitos. Iván Archivaldo atribuyó el robo a los trabajadores y a los elementos de la policía ministerial del estado que estuvieron en el lugar y ordenó el secuestro de todos los involucrados y sus familias para tratar de recuperar el dinero.
Fuentes locales aseguran que el gobernador Rocha se comunicó con Iván Archivaldo para que regresara lo más pronto posible a las mujeres y los niños porque el tema se había convertido en un escándalo nacional. El que organizó el encuentro, todo según fuentes sinaloenses, fue el entonces secretario de Finanzas del estado, Enrique Díaz (ahora también con pedido de detención por la justicia estadunidense), que según esta misma versión era el que mantenía el contacto directo del gobierno estatal con los hijos de El Chapo. La reunión entre el gobernador y los Chapitos se dio en la casa de Díaz, en el fraccionamiento Álamos. En la reunión se decidió liberar a los familiares y liquidar a los directamente involucrados en el robo del dinero de Iván Archivaldo. Esos son los desaparecidos que nunca regresaron.
Como parte del acuerdo para la liberación de los secuestrados, se le entregó a Los Chapitos el control de las juntas de agua potable (un instrumento poderosísimo en el estado) particularmente las de Mazatlán, Culiacán, Salvador Alvarado y los módulos de riego del centro y el norte del estado. Los propios Chapitos fueron quienes hicieron las designaciones, que fueron confirmadas por el gobierno estatal. En contraparte, como ya había ocurrido en 2021, la organización criminal se comprometió a involucrarse de lleno en la elección del 2 de junio del 2024.
La relación era añeja: por lo menos desde 2018, según la acusación de la justicia estadunidense, Rocha y su equipo ya trabajaban con Los Chapitos. Para 2021 se acordó la operación de lleno en el proceso electoral local. Por eso esta historia se relaciona con otra.
A partir del asesinato de Sergio Carmona, en noviembre de 2021, comenzó a develarse una red de cuentas secretas para lavado de dinero en distintos paraísos fiscales con cantidades millonarias, que se supone que era para apoyar procesos electorales y proyectos políticos de candidatos de Morena. Una de esas campañas fue la de Sinaloa.
El delegado de Morena en Sinaloa para los comicios en los que fue elegido Rocha era el ahora gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. En Sinaloa, no sólo hubo financiamiento altamente sospechoso e ilegal, parte del cual circuló a través de cuentas del hijo del ahora gobernador tamaulipeco, sino también toda una operación, ya divulgada en detalle, del Cártel de Sinaloa en contra de la alianza PRI-PAN-PRD, que secuestró a los operadores electorales de la alianza opositora.
Días después del asesinato de Sergio, su hermano, Julio Carmona, se entregó a la justicia estadunidense y se acogió al sistema de testigos protegidos. El Departamento del Tesoro de EU terminó descubriendo una amplia red de cuentas bancarias con más de 60 millones de dólares. La fortuna de los hermanos Carmona, producto del contrabando de combustible, según medios estadunidenses que citan fuentes de la Unión Americana, superaría los 2 mil millones de dólares.
Sergio Carmona tenía varias cuentas en las Islas Caimán, los Países Bajos y las Islas Bermudas. La misma investigación descubrió operaciones con uno de los hijos de Américo Villarreal, Humberto Francisco Villarreal Santiago, con una transferencia de más de 20 millones de dólares a mediados de 2021, antes de las elecciones de ese año en Sinaloa, donde su padre, Américo, era delegado de Morena. Ese dinero, suponen los investigadores estadunidenses, se utilizó en los comicios sinaloenses. Toda esta trama es parte de la investigación de la justicia estadunidense que la FGR dice que no consta de pruebas ni es de urgente resolución.
Astillero
Madrileña viene a provocar // Salinas Pliego, anfitrión // “Ninguna sospecha” sobre Rocha // La consejera y los extraditables
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
La Jornada
No asoma otro motivo para 10 días de forzada estancia en México de la ultraderechista presidenta de la comunidad de Madrid que la provocación.
En la propia España hay críticas serias al aventurerismo de Isabel Díaz Ayuso, y no sólo desde el flanco izquierdo o progresista, sino incluso desde la misma ultraderecha organizada en el partido Vox, cuya portavoz en la Asamblea de Madrid, y portavoz nacional de Agenda España (sobre esta Agenda, defensora de “la familia, la vida y las raíces comunes de Occidente”: https://goo.su/jYybE81), Isabel Pérez Moñino, quien la acusó de “preferir la Ciudad de México a Vallecas”, a pesar de que “quienes le pagan el sueldo son los vecinos de Madrid”, según dio a conocer el diario monarquista hispano ABC.
El viaje de Díaz Ayuso tiene una agenda pública centrada en la estridencia, cobijada por grupos conservadores relacionados con el panismo y, de manera más sugerente, con el grupo empresarial y mediático-político de Ricardo Salinas Pliego. Dedicó más de 300 mil euros a la Feria de San Marcos para pretender justificar su viaje como promoción madrileña, en el Aguascalientes gobernado por Teresa Jiménez, que enfrentará el año entrante un intento fuerte de Morena por frenar la persistencia de Acción Nacional en esa entidad. También se ha programado una reunión con mandatarios estatales conservadores.
En el guion del escándalo como trampolín se incluyó un homenaje a Hernán Cortés en dos escenarios: en la Catedral Metropolitana, donde no se hizo por problemas logísticos de la producción de la obra Malinche, dirigida por quien fue miembro del grupo Mecano, conocido como Nacho Cano, y en el Frontón México, donde pudieron participar la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, de veleidades partidistas y políticas constantes, ahora aplicada a construir una candidatura a lo que sea, y la empresaria María Laura Medina, esposa de Salinas Pliego, una de cuyas empresas patrocina la citada obra Malinche.
En otro escenario, el sinaloense, el máximo jefe policiaco, Omar García Harfuch, encabezó una reunión del gabinete federal de seguridad en Culiacán acompañado de los secretarios de la Marina y de la Defensa Nacional y de la flamante gobernadora interina, Yeraldine Bonilla. La mayor parte de la presentación formal hecha luego ante la prensa estuvo constituida por actualizaciones de estadísticas, objetivos y estimaciones que en esencia tratan de convencer a los habitantes de aquella entidad de que el gobierno federal no se retirará y seguirá luchando contra el crimen organizado. A la hora de las muy pocas preguntas periodísticas, García Harfuch señaló que a su entender no tiene fuero el gobernador con licencia, Rocha Moya, del cual tampoco sabe con exactitud dónde se encuentra, aunque supone que sigue en Sinaloa.
Al preguntársele si el gobierno federal o el gabinete de seguridad habían tenido o tienen sospechas de Rocha Moya, el jefe policiaco respondió: “por supuesto que nosotros no teníamos ningún indicio (…) nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del gobierno del estado para continuar o realizar las operaciones que les presentamos”.
En la conferencia mañanera de prensa se estrenó la consejera jurídica presidencial, Luisa María Alcalde, con una argumentación reiterativa en cuanto a la necesidad de pruebas estadunidenses contra el sinaloense y a la falta de demostración del sentido de “urgencia” para detenerlo de manera provisional e iniciar el plazo para determinar su eventual extradición. El abogado Gabriel Regino, en una entrevista, aseguró que cada semana se procesan entre 12 y 15 solicitudes estadunidenses similares a la referida a Rocha Moya, sin que México pida pruebas, ni confidencialidad, ni confirmación de urgencias. Aseguró que los planteamientos de Alcalde son políticos, sin precisión de técnica jurídica (https://goo.su/oKZ2xo4).
México SA
Maru se queda con las ganas // FGR investiga a 50 funcionarios // Ronald Johnson, non grato
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
La Jornada
Muy quitada de la pena, la ultraderecha autóctona estaba feliz, porque el jefe de la estación de la CIA en México, Ronald Johnson, puso en marcha el operativo “distracción” (ordenado desde Washing-ton) con un doble propósito: refrendar su carácter injerencista, armar un escándalo político y mediático en contra del gobierno mexicano y, a la vez, envolver con su manto protector a una de sus paisanas y empleadas, Maru Campos –adherida al fuero–, quien supuso que tras la “bomba Rocha” nadie recordaría su flagrante violación a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución.
Pero erró en la jugada. La Jornada (Iván Evair Saldaña) informa: “la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que citó a declarar a alrededor de 50 funcionarios de Chihuahua como parte de las indagatorias por un operativo contra un narcolaboratorio en el que habrían participado presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), cuyo estatus y acreditaciones en México también son investigados. El fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución, Ulises Lara López, advirtió que, de comprobarse la comisión de delitos en materia de seguridad nacional por la presencia de personas extranjeras en el estado –“gobernado” por la panista María Eugenia Campos–, se aplicará todo el peso de la ley contra quien resulte responsable”.
Algo más: “se han realizado requerimientos de ley” para que el “gobierno” de Chihuahua detalle las condiciones jurídicas previas que motivaron, justificaron y trazaron el operativo referido en la sierra Tarahumara, el cual, según versión de Maru Campos, permitió la localización y desmantelamiento de un “megalaboratorio” en el que no aparecieron responsables ni drogas eventualmente fabricadas en él. Solo cuatro fallecidos, dos de los cuales eran agentes de la CIA ilegalmente presentes y operativos en territorio nacional. Ello, sin olvidar que “la única autoridad competente para realizar ese tipo de indagatorias es la FGR”.
Así, la muy limitada ultraderecha autóctona (que todavía se anima a decir que existe “un linchamiento mediático y político” contra Maru Campos) creyó que con el fantasma de Rubén Rocha hizo su agosto político-mediático, amén de celebrar que a la “gobernadora” panista no le tocarían un pelo. Sin embargo, dejó de lado el caso de los agentes de la CIA, la culpabilidad de la “mandataria” de Chihuahua (quien debe pedir licencia) y se quedó con las ganas, porque la investigación llegará a una sola conclusión: la panista es responsable, como lo es el jefe de estación, a quien nada mal le caería una invitación oficial para que abandone la embajada gringa en México por ser persona non grata, junto con su cónsul en Ciudad Juárez, Rafael Foley (seguramente Wa-shington enviaría a otro par de la misma calaña, pero en vía de mientras, hay que expulsarlos).
Por cierto, la presidenta Sheinbaum reveló que en su encuentro con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la “gobernadora” Campos no dio información adicional a la ya conocida públicamente, es decir, fingió demencia. Lo cierto, dijo la mandataria, es que inmediatamente después de conocerse la ilegal presencia y operación de dos agentes de la CIA en territorio mexicano, mágicamente llega la “solicitud” del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez ciudadanos mexicanos, con el exgobernador de Sinaloa a la cabeza.
Y tanto en este último asunto como en el de Maru Campos, el gobierno mexicano actúa de la misma forma. “¿Qué hacemos nosotros? Como marca la ley, en el caso de Chihuahua decimos a la Fiscalía: ‘que revise si hay una violación a la Constitución o a las leyes’; en el de Sinaloa, lo mismo: a la Secretaría de Relaciones Exteriores: ‘pide opinión de la Fiscalía General de la República para ver si hay pruebas de la urgencia de una detención provisional’”.
Las rebanadas del pastel
Mientras las secretarías de Economía y Trabajo no dejan de jugar al tío Lolo en el tenebroso caso de la minera canadiense Camino Rojo, en Zacatecas, el dirigente nacional de los trabajadores mineros, Napoleón Gómez Urrutia, denuncia que el mismo modus operandi se registra en otras empresas del sector en las que también está involucrado el crimen organizado, “tanto para agredir como para infiltrarse en la vida sindical”. Ejemplos: Plata Panamericana, también en Zacatecas; Americas Gold and Silver, en Cosalá, Sinaloa; y Torex Gold, en Guerrero, “en las cuales también se ha comprobado esta modalidad”, es decir “narcosindicatos”. La mayoría de ellas son canadienses. ¿Y Ebrard y Marath? Papando moscas.