Columnas Escritas
Lo que dicen los columnistas
La obligación de renunciar: ley ignorada
Algunos temen que, si se separan del cargo, pierdan visibilidad. Pero la pregunta es otra: ¿por qué deben pagar ese miedo y esa falta de capacidad las y los mexicanos con sus impuestos? Eso no es servicio público, es abuso.
Proceso
En México se ha vuelto costumbre (y lo más grave, se ha normalizado) que legisladores federales y estatales, presidentes municipales, regidores y funcionarios públicos de todos los niveles aspiren a nuevos cargos sin separarse de sus funciones. No es un descuido: es una decisión deliberada de ignorar la ley.
Porque no se trata de una sugerencia ni de una simple señal política. Es una obligación legal. Quien aspira a otro cargo debe separarse precisamente para evitar lo que hoy ocurre de manera abierta: el uso de recursos públicos para promover proyectos personales.
Hoy se observa y se denuncia en redes sociales cómo programas sociales son utilizados con fines de posicionamiento. Conceptos del gasto público como gasolina y viáticos (que incluyen vuelos y vehículos), destinados al cumplimiento de funciones institucionales, terminan financiando giras políticas disfrazadas de trabajo oficial.
Este abuso no es abstracto: tiene nombre técnico y está plenamente identificado en la estructura del gasto público. Se trata del uso indebido de los capítulos 1000 (Servicios Personales), 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios Generales), es decir, recursos destinados al funcionamiento cotidiano de la administración pública. Su desvío con fines políticos implica la utilización incorrecta de dinero que debería servir a la ciudadanía.
¿Y las instituciones? ¿Dónde está el árbitro? ¿Dónde están el INE, los institutos electorales locales, las instancias de fiscalización y los órganos internos de control? El silencio institucional frente a estas prácticas resulta preocupante.
Hace unos días, el consejero Arturo Castillo Loza, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, señaló en entrevista que legisladores de distintas fuerzas políticas (particularmente de Morena) realizan proselitismo en sus estados, lo que podría constituir actos anticipados de campaña.
También hay ejemplos que demuestran que sí es posible actuar correctamente: Esthela Damián dejó su cargo para buscar una candidatura. Así debería ser. Sin embargo, en el resto del país se acumulan denuncias ciudadanas sobre funcionarios que utilizan la administración pública como plataforma electoral.
Cada día que no trabajan, nos cuesta. Cada decisión tomada con la atención puesta en campañas anticipadas impacta directamente en la ciudadanía. Y conviene decirlo con claridad: la burocracia no depende del formato (papel o digital), sino de quién ejerce el cargo. Cuando no hay preparación ni vocación de servicio, la función pública se degrada, más aún si se usa como trampolín político.
Mientras tanto, los abusos escalan: “ausencias” que en realidad son giras de promoción, todo pagado con recursos públicos.
Y no es sólo dinero. También está en juego la dignidad laboral. En distintas entidades existen denuncias de personal presionado o utilizado con fines políticos. El personal no es propiedad de ningún funcionario: no tiene código de barras. Pertenece al Estado, no a proyectos personales. Son personas con derechos.
Las mediciones sobre corrupción son claras: uno de los factores más graves es la mala atención de los servidores públicos. No es casualidad. Cuando el enfoque está en la campaña y no en la función, el servicio se deteriora.
No podemos seguir normalizando estas prácticas ni limitarnos a comentarlas en privado. La cultura de la denuncia existe y debe ejercerse. La Presidencia ha reiterado el llamado a que quienes aspiren a otro cargo se separen de sus funciones (aunque muchos lo ignoran). Lo que se requiere es una exigencia ciudadana real.
Algunos temen que, si se separan del cargo, pierdan visibilidad. Pero la pregunta es otra: ¿por qué deben pagar ese miedo y esa falta de capacidad las y los mexicanos con sus impuestos? Eso no es servicio público, es abuso.
Y mientras no se entienda que el cargo es para servir (no para servirse), el señalamiento y la desconfianza ciudadana seguirán creciendo, justo en sentido contrario a lo que dicen buscar.
La única manera de dejar de ser rehenes es hablar y denunciar. Aún existen instancias que deben aplicar la ley, pero también mecanismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recibe denuncias cuando el abuso de poder implica violaciones a derechos humanos (como persecución, despidos arbitrarios o uso indebido del poder público), o la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El llamado desde la Presidencia es claro: la ley es la base del orden público, y la vigilancia ciudadana es la clave para evitar la impunidad.
Arsenal
Rocha en el tobogán, Sheinbaum en la encrucijada
FRANCISCO GARFIAS
Excelsior
Mario Zamora fue candidato del PRI a gobernador de Sinaloa. Compitió contra Rubén Rocha Moya en las elecciones de 2021. Desde entonces ya se reflejaba la alianza del mandatario de ese estado con Los Chapitos. Zamora es hoy diputado federal del PRI. Con él hablamos en el palco de periodistas del salón de sesiones en San Lázaro. Nos contó lo que ocurrió en el proceso electoral de hace casi un lustro.
Su testimonio no deja lugar a dudas de la alianza de Rocha con el Cártel de Sinaloa. Recuerda lo que entonces sucedió durante el proceso electoral: “Hubo más de mil levantados, nombres más, nombres menos. La estructura del PRI. El jueves anterior a la elección, sacaron de su casa, con arma en mano y a balazos, al secretario de Organización del PRI. Él era quien tenía los datos de toda la estructura electoral. Los representantes de casilla. “En los días subsecuentes hubo mucha gente que fue amedrentada, levantada. Incluso hubo candidatos nuestros a diputaciones locales que fueron levantados ese mismo día. Está documentado. Se hizo la denuncia. Nada pasó.
“Las peores consecuencias son las que hoy vive Sinaloa. En una ciudad como Culiacán, con un millón de habitantes, nueve de cada diez dicen que viven con miedo. ¿Cómo es posible? En un Mazatlán que estaba en auge, pujante, muchas habitaciones de hoteles se quedaron vacías en Semana Santa. Es un estado que no tiene alternativas para sus jóvenes. El sinaloense es entrón, es valiente. No nos merecemos eso. Hoy inicia un proceso que está poniendo a cada quien en su lugar”, recalcó.
Lo que narra Zamora está documentado. Para rescatar a su equipo de las garras del narco le exigieron reconocer el triunfo de Rocha Moya. El documento de Tribunal del Distrito Sur de Nueva York dice que, para asegurar el triunfo de Rocha Moya en la elección de 2021, los líderes de Los Chapitos ordenaron a sus subalternos que robaran las boletas con votos a favor de la oposición; que secuestraran e intimidaran a los candidatos que no fueran de Morena. Lo mismo que dice Zamora.
* Estados Unidos acusa a Rubén Rocha y compañía de proteger al Cártel de Sinaloa (Los Chapitos), facilitar el narcotráfico de fentanilo y cocaína y de posesión de armas. La alianza del gobernador con Los Chapitos tiene hoy en el tobogán al propio gobernador de Sinaloa. El hombre ya dijo que no se va a separar del cargo, porque está “limpio”.
Se ha envalentonado porque en las alturas ya le aseguraron que no va a pasar nada. La presidenta Claudia Sheinbaum le llamó para decirle “si no hay pruebas, no hay nada que temer”. A Sheinbaum, sin embargo, la colocó en una encrucijada.
Estados Unidos pide la detención y extradición de Rocha Moya y otras nueve personas, entre ellas el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
La Presidenta fue ambigua en la mañanera de ayer. Por un lado, señaló que no se va a encubrir a nadie que haya cometido un delito; por el otro, aseguró que “no existen pruebas claras” de las imputaciones a Rocha Moya y compañía.
“Es evidente que esa imputación, por parte del Departamento de Justicia, es política”, aseguró.
Y se envolvió en la bandera nacional: “Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente a México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Ésa es nuestra posición”, sintetizó.
* Todo apunta a que no habrá extradición de los imputados a Estados Unidos. Palacio Nacional, la Cancillería, la FGR repiten a coro que “no hay pruebas contundentes” para detener y extraditar a los imputados. Estados Unidos dispone de 60 días para presentar elementos probatorios que, según el excanciller Jorge Castañeda, sólo deben superar un umbral muy bajo de valor.
¿Cuál es la lógica de dar la batalla por la vía leguleya de “no hay pruebas” y que “ventilaron públicamente” el asunto? Se pregunta Jorge.
Y añade: “Si se leen juntos los artículos 10 y 11 del Tratado de Extradición con Estados Unidos –la ley que rige– es evidente que no es necesario presentar pruebas, contundentes o no, si se trata de una “urgencia” que justifica la “solicitud de detención provisional para fines de extradición”.
En EU no ha habido reacciones oficiales explosivas ante la respuesta inicial del gobierno de México, pero sí de medios y analistas estadunidenses del NYT, Los Angeles Times, Reuters… Dicen que arrestar y extraditar a Rocha fortalecería la relación con el presidente Trump, pero provocaría reacciones negativas en Morena.
Advierten también que ignorarlo o retrasarlo tensaría más las relaciones con EU, en vísperas de la negociación del T-MEC. En ésas estamos.
Razones
Sí hay pruebas… y muchas
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Excelsior
El tratado de extradición de México con Estados Unidos, como el de la mayoría de los países, no demanda, como se dijo, “pruebas concluyentes” para ejecutar las detenciones provisionales. La solicitud debe contener, dice la ley, una declaración de intención de presentar esa solicitud de extradición, lo que se hizo el martes a las seis de la tarde, y órdenes de aprehensión en contra de las personas solicitadas, mismas que ya están expedidas por la justicia estadundiense.
¿Qué debe contener esa solicitud?: momento y lugar de la comisión del delito; circunstancias en que el mismo se cometió e información apropiada para determinar la identidad de la persona solicitada. El gobierno de México debe hacer una detención provisional y se abre un periodo de sesenta días, con la persona en detención, durante el cual la parte solicitante, en este caso Estados Unidos, puede presentar pruebas. En ninguna parte, por cierto, se dice que no se puede difundir la solicitud de detención con fines de extradición. Todo eso y más cumplió la solicitud de detención con fines de extradición que presentó el gobierno de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha y otros funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa.
La historia que cuenta esa solicitud es la de un narcogobierno estatal, porque exhibe cómo, desde la gubernatura hasta las áreas de gobierno, de justicia y de seguridad, se construyó un andamiaje que, según la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos, no sólo protegió, sino que fue parte del cártel y trabajó para su beneficio personal, de grupo y criminal.
¿Qué dice la acusación en sus 34 páginas? Según la Fiscalía estadunidense, la colaboración operaba en varios niveles.
Ascenso al poder: el Cártel de Sinaloa, a través de Los Chapitos, habría facilitado la elección de Rocha Moya como gobernador en 2021 mediante campañas de intimidación y secuestro de rivales políticos. Eso está plenamente documentado desde esas elecciones con pruebas que fueron desoídas en su momento por las autoridades electorales y de la FGR.
Reuniones y acuerdos: antes y después de asumir el cargo, Rocha Moya habría asistido a reuniones con líderes de Los Chapitos, donde prometió protegerlos mientras distribuían drogas a Estados Unidos a cambio de apoyo financiero y político.
Control institucional: como gobernador, Rocha Moya habría permitido que Los Chapitos consolidaran un control casi total sobre las autoridades del orden público estatales y locales de Sinaloa, incluyendo la Fiscalía General del Estado, la Policía de Investigación y las policías estatal y municipal.
Protección operativa: los funcionarios acusados habrían protegido a líderes del cártel de investigaciones, arrestos y enjuiciamientos; entregado información confidencial de seguridad y del Ejército, y ordenado a policías estatales y municipales proteger cargamentos de drogas.
Sobornos sistemáticos: la investigación detalla pagos mensuales específicos, como los 11 mil dólares que recibía el fiscal adjunto Dámaso Castro Saavedra por filtrar información sobre operativos, convirtiendo la estructura gubernamental en un sistema de alerta temprana para el cártel.
La acusación incluye pruebas documentales y testimoniales que vinculan a los funcionarios acusados con el Cártel de Sinaloa, aunque el gobierno mexicano sostiene que no son suficientes, según la legislación nacional. Por ejemplo, se incluyen fotografías de listas de sobornos recuperadas en México durante la investigación realizada por agentes estadunidenses. Estas listas, que distribuía el “jefe de plaza” de Culiacán de Los Chapitos, muestran sobornos que oscilaron entre 30 mil y 300 mil pesos mensuales por beneficiario y fueron incorporadas formalmente al expediente judicial.
En estas listas aparecen identificados varios funcionarios mediante sobrenombres: el vicefiscal Castro Saavedra figura como “Culiacán Regio” con pagos de aproximadamente 200 mil pesos mensuales, y el comandante José Antonio Dionisio Hipólito aparece por su alias Tornado con pagos de unos 100 mil pesos mensuales.
Contiene, además, información proporcionada por miembros del Cártel de Sinaloa que han cooperado con las autoridades estadunidenses. Entre los colaboradores clave, dice el documento, se encuentran Ovidio Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada García.
También la solicitud incluye evidencia de múltiples incautaciones de drogas vinculadas a Los Chapitos. Entre ellas, destacan la incautación de 189 mil pastillas de fentanilo en Phoenix en mayo de 2022, aproximadamente cinco mil kilogramos de metanfetamina en el sur de California en julio de 2022 y el decomiso de 41.2 kilogramos de fentanilo en polvo y 630 mil pastillas en Phoenix, el 19 de agosto de 2022.
La acusación detalla reuniones específicas entre funcionarios y líderes del cártel. Describe encuentros a principios de 2021 entre Rocha Moya e Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, donde prometieron garantizar su triunfo electoral, así como una segunda reunión después de las elecciones para acordar la entrega del control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. También documenta una reunión celebrada alrededor de 2018 en un rancho de Iván Archivaldo donde se estableció el acuerdo con el jefe de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés.
No son todas las evidencias ni mucho menos, es algo de lo que consta en el documento que el gobierno y la FGR considera que no contiene pruebas. Toda la investigación, antes de ser judicializada, pasó por el tamiz de un gran jurado en la Unión Americana. Forme usted su propia opinión.
Astillero
Rocha Moya es un (fundado) pretexto // Trump y CIA van contra 4T // Entrampar a la Presidenta // Rescatar a la soldada Maru
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
La Jornada
Un seco golpe de Estados Unidos coloca en circunstancias difíciles a la presidenta Sheinbaum, al proceso llamado Cuarta Transformación y a su partido en ruta de cambio dominical de dirigencia y posterior designación de candidatos a puestos de elección popular.
No se trata solamente de Rubén Rocha Moya, indefendible en absoluto: es un jaque trumpiano que busca someter (aún más) a México en cuanto a su intento de diversificación de alianzas (el encuentro progresista de Barcelona), que rescata del escenario a la pro yanqui gobernadora panista María Eugenia Campos y, en ese lance vengativo, reivindica a la CIA y su “derecho” a intervenir en México, además de intentar el remache de la etiqueta de narcopartido a Morena y de narcopresidentes a los dos recientes (esa etiquetación ha sido machaconamente sostenida desde antes de las elecciones de 2024) y que busca doblegar (aún más) a México en el proceso del rediseño comercial que supla al T-MEC.
Cierto es que se está frente a una fase de un proceso judicial estadunidense en forma. Es decir, en la forma que se puede idealizar peliculescamente, aunque haya un gran contraste con la realidad de un sistema que permite a un delincuente sentenciado ser presidente de Estados Unidos. El inicio de ese proceso judicial fue el 4 de abril de 2023, en el contexto de las acusaciones contra Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar (chapitos) en la Corte para el Distrito Sur de Nueva York. Lo dado a conocer ayer es la novena ampliación de la acusación formal en el expediente S9 23 Cr. 180 c, que en esta versión incluye al gobernador de Sinaloa, a un senador en funciones y a funcionarios y ex funcionarios de diversos niveles.
Desde luego, no son la instancia “justiciera” medianamente aceptable ni Estados Unidos (principal consumidor de drogas, con sus propios cárteles internos y tráfico de armas hacia el sur) ni Donald Trump (con el expediente Epstein a cuestas, y los crímenes, no sólo de guerra, que ha ordenado o propiciado; casablanqueador naranja que indultó al ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, sentenciado que cumplía en Estados Unidos su condena como narcotraficante).
El disparo de los halcones gringos va dirigido al corazón del sistema que ha ido construyendo el obradorismo en sus dos etapas, primero y segundo piso. Ha de reiterarse que Rocha Moya es indefendible, por su elección en la que personas armadas secuestraron el día de las urnas al equipo operativo del opositor priísta, Mario Zamora, y por el posterior ejercicio deplorable del poder, con un episodio determinante el 25 de julio de 2024, cuando fue secuestrado Ismael Zambada, El Mayo, para llevarlo a Estados Unidos, y asesinado el principal opositor al gobernador, Héctor Melesio Cuén Ojeda (incluso se fingió un asalto a una camioneta para “explicar” el crimen).
Trump o quienes definen y deciden este tipo de acciones buscan entrampar a la Presidenta, pues si no cede a la petición de extradición de Rocha Moya será duramente atacada mediática y políticamente por el poder gringo y sus aliados en México. La confrontación escalaría, según versiones en curso promovidas desde la embajada boina verde, contra otros personajes políticos, de alto nivel, y sus familiares y allegados. La etiquetación de narcoestado daría combustible a la pelea contra el nuevo Poder Judicial y a los grupos opositores que hasta ahora no han podido recuperarse política y electoralmente.
Finalmente: no pareciera que el estilo tradicional de comunicados de gobernadores y partido, de disquisiciones jurídicas (la FGR ya está en eso) y cierre de filas de la élite morenista sea eficaz ante la acometida mayor del trumpismo, de la CIA. La Presidenta está ante un dilema de cuya resolución dependerá buena parte del futuro del proceso 4T y de la aspiración de soberanía y progresismo en las cuotas que la aplastante realidad permita.
México SA
CIA: operación desvío // Enfurece jefe de estación // Sale Maru, entra Rocha
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
La Jornada
Como al jefe de estación de la CIA en México –que trabaja encubierto como “embajador” de Estados Unidos en nuestro país– y a sus titiriteros en Langley les enfureció que agarraran con las manos en la masa a una de sus infiltradas (disfrazada de “gobernadora” de Chihuahua), ahora, en venganza, intentan desviar la atención no sólo para “enterrar” el ilegal operativo en la Sierra Tarahumara (en el que murió un par de sus muchachos), sino con el fin de salvarle el pellejo a su paisana Maru Campos, quien es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR), en vías de ser desaforada y juzgada por traición a la patria.
De entrada, tanto Ronald Johnson como sus jefes en Langley resultan ser culpables del mugrero que dejaron en Chihuahua, amén de violar la ley de terceras naciones. Derraparon feamente al designar a Maru Campos como su agente encargada del operativo (desde el plano político) y abrir la puerta al citado par para que hicieran lo que les viniera en gana (con la complicidad de las “autoridades” policiales y aquellas que dicen “procurar justicia” en la entidad), a sabiendas que violaban la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Su agente encargada de todas patinó en todas y en cuestión de horas se destapó el mierdero de la CIA en territorio mexicano. Peor aún fue el intento de “defensa” de Maru Campos, pues entre las patas se llevó a todos y lo único que logró hundirse más, a grado tal que la FGR inició dos carpetas de investigación (mientras la “unidad especializada de investigación” por ella creada sólo hizo el ridículo), el Senado de la República se apresta para iniciar el juicio de procedencia, dada la “brutal crisis institucional en Chihuahua” (Ignacio Mier dixit) y ha recibido el apercebimiento de la Presidenta de la República por traición a la patria.
Ese resultado provocó un ataque hepático en el jefe de estación de la CIA en México y en sus jefes en Langley, quienes históricamente se han especializado en dejar todas las huellas marcadas en sus “operaciones encubiertas”, de tal suerte que la de la Sierra Tarahumara no será la primera ni la única en la aparecen embarrados.
Dado que la gringa Maru Campos ya fue quemada como agente de la CIA, entonces no les queda de otra que intentar desviar la mirada para alejarla de Chihuahua, del Partido Acción Nacional (repleto de operadores de dicha agencia y rebosante de traidores a la patria), de la embajada de Estados Unidos en México y, desde luego, de la central en Langley, Virginia.
Y como son muy creativos, echaron a caminar el aparato, y al Departamento estadunidense de Justicia se le ocurrió la mejor idea: presentar cargos contra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros funcionarios y ex funcionarios “por su presunta vinculación con el cártel de Sinaloa” y “conspirar con líderes de la organización criminal para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos; los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden de ese estado mexicano, incluido el actual gobernador”. La notificación de todo esto corrió a cargo del fiscal federal del distrito sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, y asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
Y listo. Con esta inteligente cuan novedosa maniobra distractiva, más un jarrito de atole, de inmediato todos voltearán la mirada a Sinaloa, a Rocha, y a sus funcionarios y ex funcionarios (alrededor de 30 en total), mientras los panistas ladran en redes, los medios de comunicación que hicieron mutis en el caso de la Tarahumara y ahora va con todo contra el gobernador y la palmípeda salvaje Maru Campos cree que ya salvó el pellejo. Y con ello, colorín colorado la “operación encubierta” de la CIA en Chihuahua se ha acabado. Brillante.
Ahora bien, si en realidad Rubén Rocha estuviera vinculado al cártel de Sinaloa, la FGR debe actuar de inmediato, investigar a fondo, proceder en consecuencia y clarificar el caso en México, no para satisfacer las urgencias mediáticas y chantajistas de los gringos, sino porque así debe ser en un estado de derecho. No a la impunidad, sin importar colores partidarios. Caso contrario, hay que taparle la boca a los vecinos del norte, quienes dan cátedra sobre impunidad, intervencionismo, golpismo, connivencia, ilegalidad, narcotráfico, negocios sucios y mucho más.
Las rebanadas del pastel
Mientras el gobierno nacional deja de fingir demencia en el caso de la minera Camino Rojo, va un enorme abrazo para la dueña de mi sistema cardiaco por una velita más en su pastel.