Columnas Escritas
Lo que dicen los columnistas
Universidades bajo asedio, la democracia en riesgo
La Secretaría de Educación Pública debe pronunciarse con claridad y sin ambigüedades en defensa de la autonomía universitaria cuando ésta sea violentada por poderes políticos locales. Su silencio ante el acoso a las universidades se convierte en un manto protector.
Proceso
Las universidades públicas autónomas de nuestro país enfrentan hoy una embestida sin precedentes por parte de poderes políticos locales que confunden la autoridad que les otorgaron las urnas con el derecho a colonizar todo espacio público, incluso aquellos que la Constitución protege expresamente de su injerencia.
Lo que ocurre en Campeche, en Oaxaca y en Michoacán es la misma lógica de control ejercida con distintas herramientas: la fabricación de cargos penales, la presión electoral disfrazada de exhorto legislativo, el uso de sindicatos como arietes políticos y el recorte presupuestal como mecanismo disciplinario. El autoritarismo no pierde su nombre por provenir de gobiernos que se reclaman progresistas.
El rector de la Universidad Autónoma de Campeche, el Dr. José Alberto Abud Flores, fue detenido a bordo de un vehículo oficial bajo la acusación de presunta posesión de drogas, tras lo cual fue puesto a disposición del Ministerio Público. La detención ocurrió días antes de que se resolviera su posible reelección como rector.
El punto de quiebre llegó cuando el rector negó el uso de instalaciones universitarias para un evento convocado por el presidente del Congreso local, argumentando la defensa de la autonomía universitaria. Ese gesto de integridad le costó el cargo, el prestigio y la libertad.
El propio Abud Flores denunció que las drogas por las que fue detenido le fueron sembradas en el vehículo oficial que utilizaba como rector y que su destitución carecía de fundamento legal, pues no existía causa institucional ni justificación jurídica para violentar los procesos internos de la universidad. La presión pública obligó a que fuera liberado tras el cuestionamiento de la propia presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
En la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, directores de facultades, catedráticos y alumnos se unieron para integrar el Frente por la Defensa de la Autonomía Universitaria, denunciando intervención en el proceso de elección del rector a realizarse en mayo de 2026, para lo cual intentan imponer al exsecretario de Finanzas del estado.
En la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo la situación tiene rasgos propios que la hacen, quizá, la más sofisticada en sus formas, pero no menos grave en su fondo. La Casa de Hidalgo, que ha formado a generaciones de hombres y mujeres que han transformado a Michoacán y a México, enfrenta hoy una convergencia inédita de presiones desde el Ejecutivo estatal, el Congreso del Estado y el Poder Judicial, todas orientadas a intervenir en su vida interna y, de manera particular, en la sucesión de la Rectoría.
En marzo de 2026 el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán presentó ante el pleno un exhorto para requerir a la Universidad Michoacana la emisión, en un plazo de 15 días, de los reglamentos que darán forma al proceso de renovación de la Rectoría. En el fondo del diferendo está la autonomía, que reconoce a la UMSNH la facultad de gobernarse y definir sus procesos internos sin injerencia externa.
Y esta semana, integrantes del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana colocaron las banderas rojinegras en los accesos de la institución, formalizando el estallamiento de una huelga de puertas cerradas tras rechazar la propuesta de incremento salarial presentada por la administración central, alineada a la sugerencia de la instancia federal.
Hay una contradicción fundamental: el gobierno de Michoacán que se proclama heredero del proyecto popular y de la educación pública como derecho, que pregona la democratización como un logro universitario es quien hoy amaga esa libertad. Esperemos que en Michoacán no se repita el sembrar drogas a rectores, presionar para imponer candidatos afines en elecciones universitarias y usar los poderes Legislativo y Judicial para disciplinar a instituciones que no aceptan someterse. Hay quienes dicen defender la educación pública, pero la atacan cuando esa educación genera autonomía de criterio.
Señalo también la contradicción de los legisladores que en sus discursos aplauden a la autonomía, y utilizan sus posiciones con actitudes injerencistas violando lo que ellos dicen respetar.
La presidenta Claudia Sheinbaum mostró en el caso de Campeche que la voz del Ejecutivo federal puede inclinar la balanza hacia la legalidad y la justicia. Ese gesto debe convertirse en política de Estado, con respeto a la autonomía.
La Secretaría de Educación Pública debe pronunciarse con claridad y sin ambigüedades en defensa de la autonomía universitaria cuando ésta sea violentada por poderes políticos locales. Su silencio ante el acoso a las universidades se convierte en un manto protector.
Asimismo, se debe impulsar un diálogo nacional sobre el marco jurídico que protege la autonomía universitaria, fortaleciendo los mecanismos legales que impidan la intromisión de los poderes locales. O simplemente eliminar la palabra autonomía de los marcos legales universitarios, porque las comunidades universitarias no merecen que se les mienta utilizando un disfraz de aliado que costará, como siempre lo he dicho, un precio muy alto a la libertad.
Y, finalmente, la Fiscalía General de la República debe investigar y actuar, cuando existan indicios fundados, si las acciones de funcionarios estatales contra instituciones universitarias constituyen delitos contra el libre ejercicio de las funciones institucionales. No podemos quedar a merced de quienes usan de manera facciosa las instituciones.
Nuestra autonomía universitaria se defiende como un derecho de la ciudadanía michoacana. Por ello mismo, la sumisión sería un grave error, pero tampoco la respuesta será la confrontación en busca de la dignidad institucional.
La autonomía es exactamente lo que permite a la Universidad Michoacana decir la verdad, sostener posiciones críticas, así como defender a la familia nicolaita, aunque esa defensa tenga costos políticos e incomode.
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo nació de la Revolución, fue forjada en la resistencia, ha sido históricamente un lugar donde el pensamiento crítico se forma. Su fortaleza radica en su historia misma, como bien lo señala su lema: “Crisol de pensadoras y pensadores. Cuna de heroínas y héroes”. No claudicará. Su conocimiento no se subordinará ante situaciones adversas que busquen inestabilidad institucional. La autonomía universitaria no se negocia. No se intimida. Y no se rinde. En resumen, nuestra Universidad es el corazón intelectual de Michoacán.
*Rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Razones
El discurso del embajador
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Excelsior
Ayer se iba a colocar la primera piedra de un proyecto de inversión de metanol de ultra baja emisión en Los Mochis. Es una de las inversiones extranjeras directas más importantes de los últimos tiempos en el ámbito energético: 3 mil 300 millones de dólares. Durante el evento, que se canceló por bloqueos y manifestaciones en Los Mochis, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, pronunciaría un discurso —que se distribuyó por la propia embajada— que deja ver con absoluta claridad hacia dónde se debería dirigir la relación de EU con México, los desafíos y las oportunidades, cuáles son las demandas centrales que hace Washington y los términos extracomerciales de la renegociación del T-MEC.
“La inversión, dijo el embajador Johnson, es como el agua: fluye cuando existen las condiciones adecuadas y desaparece cuando no las hay. Una cosa es clara: la inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción. La inversión llega a donde es respetada, protegida y donde puede prosperar. Ninguna empresa comprometerá recursos donde las reglas no son claras, donde no hay transparencia o donde la rendición de cuentas es opcional. Si queremos que proyectos como éste tengan éxito —si queremos que nuestro futuro compartido sea tan prometedor como puede ser— ni la corrupción ni la extorsión deben tener cabida.
“La corrupción, agregó el embajador en su discurso, no sólo frena el progreso, lo distorsiona. Eleva costos, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados. No es un problema sin víctimas. Es un obstáculo directo para el crecimiento, las condiciones justas, las oportunidades y el éxito a largo plazo de proyectos como éste.
“El mensaje es claro, concluyó, donde la integridad es fuerte, la inversión crece; donde no la hay, se pierden las oportunidades. Por eso, el USMCA (el T-MEC con las siglas que usa el gobierno estadunidense) exige a nuestros gobiernos tipificar el soborno y la corrupción como delitos y aplicar códigos de conducta para los funcionarios públicos. Es posible que pronto veamos avances importantes en este ámbito. Así que estén atentos”.
Con corrupción, sin rendición de cuentas, sin transparencia y sin seguridad jurídica, sin erradicar la extorsión y la corrupción, no habrá ni inversión ni T-MEC. De alguna forma, ésa es la traducción del discurso del embajador y no tiene ningún párrafo críptico. Y tiene razón: con corrupción y sin seguridad jurídica no puede haber inversiones. No se trata sólo de buenas intenciones.
Como hemos dicho muchas veces, se han dado avances importantes en el terreno de la seguridad, pero, por una parte, los grupos criminales están actuando de una forma diferente y están poniendo el acento en la extorsión y la apropiación de sectores productivos. Por la otra, la única forma de tener avances de fondo es rompiendo las redes políticas de protección y complicidad que son las que permiten actuar a los grupos criminales con la impunidad que denunciaba ayer el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. Si se mantienen esas redes, todo criminal es reemplazable, más temprano o más tarde. Y, además, son esas redes las que frenan la inversión productiva como denuncia el embajador. Es claro el diagnóstico y también que esos temas son parte de la renegociación del T-MEC. Que pida Johnson que estemos atentos porque pronto habrá avances en este sentido, no es un mensaje menor.
Además, todo esto se da en un momento difícil en la relación. La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Barcelona no cayó nada bien en la Casa Blanca: reunida con tres mandatarios que mantienen diferencias profundas con Washington, sobre todo en el caso de Pedro Sánchez y Gustavo Petro, los presidentes de España y Colombia, respectivamente (la relación con Lula da Silva, el mandatario de Brasil, tampoco es fácil, pero se maneja por otros andariveles). La cumbre fue vista por Estados Unidos y por todos los medios internacionales como una reunión antiTrump convocada por Sánchez (en este momento, el principal adversario de la Casa Blanca en la Unión Europea), y en la diplomacia estadunidense entendieron ese encuentro como un movimiento político de Sánchez en clave de política interna y para romper su creciente aislamiento en la UE, en un momento en el que, incluso Trump, se plantea armar una suerte de OTAN sin los países que, como España, rechazan apoyarlo en el conflicto con Irán. No es en absoluto un tema menor ni coyuntural.
Por otra parte, todo el debate, con muchos sentidos ocultos, como un juego de cámara china, de los agentes de la CIA fallecidos en Chihuahua, relacionado íntimamente con la colaboración entre México y Estados Unidos, la dura reacción presidencial, el reclamo del propio Trump y de la vocera Karol Leavitt por la falta de empatía presidencial, muestran que las tensiones están a flor de piel a ambos lados de la frontera. Y las implicaciones de ese debate trascienden en mucho el tema, de por sí delicado, de Chihuahua.
Por cierto, en un estado como Sinaloa y en una ciudad como Los Mochis ¿no hubo elementos suficientes para evitar que los bloqueos impidieran el evento de la colocación de la primera piedra de la planta de Mexinol que iba a encabezar el embajador Johnson?
Arsenal
Maru Campos y la llamada que no contestó
FRANCISCO GARFIAS
Excelsior
El caso de los agentes de la CIA que participaron en el operativo para desmantelar un narco laboratorio en la sierra Tarahumara está politizado. No se necesita un sesudo análisis para concluir que es utilizado por el oficialismo para lanzar una ruidosa campaña contra la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos.
En el estado grande se renueva la gubernatura el año que entra y no quieren desaprovechar la oportunidad de presentarla como “traidora a la patria”, por haber pactado con EU la presencia de sus agentes, sin notificar al gobierno federal.
La presidenta Claudia Sheinbaum cuestiona porqué un gobierno estatal ”se presta” a la violación de la Ley de Seguridad Nacional. Ayer se quejó, incluso, de que la gobernadora no le contestó una llamada.
Los senadores, incluidos los del PAN, aprobaron que la gobernadora y el fiscal estatal, César Jáuregui, sean invitados a una “reunión de trabajo” para que expliquen la presencia de los agentes extranjeros en territorio nacional. El PT reclama juicio político contra la gobernadora. Llegaron al extremo de colocar, como máxima prioridad, la supuesta violación a la Constitución que significa la presencia de los agentes “de la CIA” en el operativo, como si nunca hubiese ocurrido.
Nadie en el oficialismo habla de que se destruyó un narco laboratorio de gran tamaño ni reconoce que el peor enemigo para la “soberanía nacional” son los cárteles de la droga.
Los capos han hecho de los panteones un gran negocio y del terror su instrumento para controlar territorios.
* La gobernadora y el fiscal se reunieron ayer con Omar García Harfuch para hablar del cuestionado operativo.
Durante una hora hablaron con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana sobre la presencia, en Chihuahua, de los agentes extranjeros.
Al término del cónclave no hubo declaraciones.
* En la mañanera de ayer escuché a la Presidenta admitir que en el operativo de “ese día” participó la defensa nacional, como participa en muchos operativos, a solicitud de los gabinetes de seguridad, o de la fiscalía de los estados.
“Eso no quiere decir que la Secretaría de la Defensa o el comandante de la región supiera que había presencia de ciudadanos estadunidenses en operativos o en la capacitación”, dijo.
Eso me llevó a preguntarme, ¿y la inteligencia militar? ¿militares van con agentes extranjeros a operativos contra el narco sin notificar a los altos mandos militares? Mmm.
El senador expanista Javier Corral tiene una pregunta-explicación: “¿Cómo saber de la presencia de agentes de la CIA cuando estaban infiltrados y uniformados como agentes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua?”.
Yo me sumo a lo escrito por el excanciller Jorge Castañeda, en un interesante artículo publicado en Nexos: “Cada quién sabrá si creerle al Ejército y a la Presidenta cuando niegan cualquier conocimiento de la presencia de cuatro agentes de la CIA”.
* La tolerancia de los colectivos de búsqueda de desaparecidos con la titular de la CNDH, Rosario Piedra, se agotó. La hija de Rosario Ibarra de Piedra no es ombudsperson, sino una militante más de la 4T.
El miércoles pasado presentaron una demanda de “juicio político” en contra de ella por encubrimiento y falta de cumplimiento en sus funciones. Los colectivos fueron acompañados por la diputada de MC, Laura Ballesteros, con quien hablamos del asunto.
Nos dijo: “Tiene que pagar Rosario todo el dolor que, bajo su indolencia, negligencia y solapamiento, se ha generado a las familias mexicanas víctimas de desapariciones. El informe que entrega el comité especializado de la ONU sobre desapariciones en México, pone al descubierto tres puntos que explican la crisis de desapariciones que tenemos.
1.-El número de más de 35 mil personas desaparecidas nos dicen que el Estado mexicano está rebasado.
2.- Hay un principio de aquiescencia entre autoridades y redes del crimen organizado.
3.- No hay un protocolo de seguimiento ni acompañamiento a las víctimas ni a sus madres, padres y familiares buscadores.
“En ninguna de esas tres podemos decir que no es verdad”, subrayó Ballesteros.
* La Cámara de Diputados es una generosa fuente de información. Allí nos enteramos que el diputado Sergio Mayer considera “darle las gracias” a Morena. La versión dice que el también actor y productor se hartó del maltrato recibido de sus compañeros más radicales de la bancada guinda, luego de la licencia que pidió para participar en el reality show La Casa de los Famosos.
El hostigamiento llegó a tal punto que la semana pasada propusieron una Ley AntiMayer, que prohíbe otorgar licencias cuando se trate de participar en programas de entretenimiento. Nos aseguran que el diputado Mayer tiene muy buena relación con Dante Delgado. ¿Lo veremos sentado pronto con la bancada naranja? Es pregunta.
Astillero
Embajador Johnson presiona y advierte // No más inversión si… // Son “prioridades de Trump” // Rocha Moya sufre y promete
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
La Jornada
Ayer se pretendía instalar la primera piedra de una impactante planta productora de metanol en Topolobampo, Sinaloa. Un centenar de opositores a tal proyecto y a otros similares en la Bahía de Ohuira (¡Aquí No!) impidieron el acto y lograron establecer un diálogo, que tuvo momentos de dureza, con el gobernador Rubén Rocha Moya, quien finalmente se comprometió a impulsar una extemporánea y dudosa consulta a las comunidades indígenas y a informar a la presidenta Sheinbaum de la postura de rechazo a empresas que habitantes de aquella región consideran peligrosas y contaminantes, integradas en un “polo de desarrollo” que los gobiernos morenistas en sus tres niveles pretenden imponer a cualquier costo, el más evidente, el ambiental.
Uno de los invitados al fallido banderazo pétreo de salida fue el embajador de Estados Unidos en México, el coronel en retiro, ex boina verde y ex agente de la CIA Ronald Johnson, quien no ha dado explicación del actuar ilegal de sus congéneres en Chihuahua, en un operativo contra narcolaboratorios, pero sí pronunció un discurso de advertencia y chantaje ante hechos propios de la vida pública mexicana en los que de ninguna manera debería inmiscuirse, aunque utilice el argumento de la inversión extranjera, en específico la estadunidense.
Abiertamente, el embajador Johnson enmarcó la obra, rechazada por buena parte de las comunidades de esa zona del municipio de Ahome, al igual que la planta de amoniaco de la Bahía de Ohuira, como “una de las prioridades del presidente Trump: fortalecer la seguridad energética de América del Norte”.
“Esta ceremonia (interrumpida por las protestas: acotación del columnista) es mucho más que el inicio de una obra. Representa parte del futuro de la seguridad energética de nuestros países”, señaló Johnson. Con 3.3 mil millones de dólares de inversión, Mexinol “es una de las mayores inversiones de una empresa extranjera en México (…) Será la instalación de metanol de ultrabajas emisiones más grande del mundo”.
Sin embargo, “para que esta inversión prospere, el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción; sin estas condiciones, las inversiones no avanzan”, dijo el representante bélico de un gobierno, el de Trump, que tiene al mundo en incertidumbre y riesgo por caprichos y torpezas, que no puede garantizar su propia seguridad interna y legalidad, que maneja corruptamente el expediente Epstein y que se está hinchando de ganancias, a título personal y familiar, gracias al ejercicio demencial de un poder en decadencia.
Luego de la primera parte en español, el embajador continuó en inglés y precisó que “ninguna empresa comprometerá recursos donde las reglas no son claras, donde no hay transparencia o donde la rendición de cuentas es opcional. Si queremos que proyectos como éste tengan éxito –si queremos que nuestro futuro compartido sea tan prometedor como puede ser–, ni la corrupción ni la extorsión deben tener cabida” (https://goo.su/Kcdy1G).
A dos años menos tres meses de que Ismael Zambada, El Mayo, fue secuestrado en Culiacán para entregarlo a agentes en Estados Unidos, sin que hasta ahora este país haya sido transparente ni rendidor de cuentas sobre lo sucedido, Johnson pretende que la legalidad y los derechos colectivos sean anulados para echar a andar plantas industriales que corresponden a la visión de Washington sobre la “seguridad energética” norteamericana.
Baste decirle a Johnson que un juez mexicano, a modo (que ya antes se prestó a maniobras a favor de la planta de amoniaco en la Bahía de Ohuira), dos días antes de la fallida primera piedra de Mexinol informó haber negado (desde el pasado siete) la suspensión definitiva, solicitada por indígenas del Campo Pesquero de Paredones (expediente 255/2026), contra tal empresa que consideran sumamente dañina.
México SA
Panistas traidores y golpistas // Maru Campos, juicio político // Violación constitucional
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
La Jornada
Siempre golpista y traidor a la patria, públicamente el Partido Acción Nacional una y otra vez ha “exigido” la intervención de su santa patrona (la Casa Blanca) en México, y si bien algunos creen que abrir las piernas a los gringos es “una simple táctica retórica”, los hechos demuestran exactamente lo contrario. Los recientes sucesos en Chihuahua (estado “gobernado” por esa agrupación de corte fascista, en el que la cara visible es la terraplanista Maru Campos) dejan en claro que los blanquiazules son vendepatrias por naturaleza.
Cierto: no son los únicos (solo hay que recordar que cuando menos dos inquilinos de Los Pinos, los asesinos Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría – Litempo 2 y 8, respectivamente–, más una cadena de mandos de la “seguridad del Estado –entre otros, Fernando Gutiérrez Barrios y Miguel Nazar Haro– trabajaban para la CIA. Y qué decir de bazofias como Felipe Calderón, Ricardo Anaya o Lilly Téllez, por sólo citar a algunos), pero en el ADN panista lo que de inmediato aparece es la traición a la patria. Y el gobierno gringo, feliz y a sus anchas con estos cipayos.
Desde que se conoció la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua, la “gobernadora” gringa de esa entidad, Maru Campos, ha permanecido en silencio, evade cualquier señalamiento, no da explicaciones y avienta la papa caliente a otra parte, mientras el fiscal general de la entidad, César Jáuregui, hace circo, maroma y teatro en su intento –fallido, desde luego– de evadir responsabilidades. Pero, ¡oh, sorpresa!: los agentes de la CIA muertos días atrás no eran los únicos que ilegalmente operaban “clandestinamente” –con la venia del gobierno del estado– en territorio nacional; es decir, no fueron la excepción, sino la regla.
De lo anterior La Jornada (Jesús Estrada) da cuenta: “Un piso completo de la denominada Torre Centinela, sede de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Chihuahua en Ciudad Juárez, está destinado para funcionar como búnker de agentes que pertenecen a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, así como a la Oficina Federal de Investigaciones, Aduanas y Protección Fronteriza y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, entre otras, informó Gilberto Loya Chávez, director de la corporación policiaca estatal. En el nivel 18 del edificio operan analistas y personal técnico de todas ellas…” Los agentes de la CIA despachan en la embajada y consulados gringos en México.
El rotativo Los Angeles Times refuerza lo anterior: “Efectivos de la CIA han participado en tres operativos antidrogas en el estado de Chihuahua en 2026; la redada del pasado domingo (en la que murieron dos agentes gringos) fue al menos la tercera vez en este año en que elementos de esa corporación se unieron a las autoridades del estado en una operación contra el narcotráfico; los cuatro agentes que participaron (y murieron: dos mexicanos, dos estadunidenses; otros dos de éstos los seguían en otro vehículo) vestían uniformes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua para mimetizarse con los mexicanos; las agencias estadunidenses, incluida la CIA, proporcionan regularmente información de inteligencia a la policía y al Ejército mexicanos, pero la participación de agentes extranjeros en operaciones policiales está prohibida por la Constitución mexicana”.
La presidenta Sheinbaum ha sido clara: en todo esto “hay una falla del gobierno, o del fiscal, o del secretario del estado de Chihuahua, porque no se está cumpliendo con el marco jurídico ni con la Constitución en materia de colaboración en seguridad, en particular con las agencias de Estados Unidos; la falta es de ellos, de pedir la colaboración; por supuesto, el gobierno de Estados Unidos, el embajador, debería haber informado a las instancias federales, pero la principal falla está en el gobierno estatal, que solicitó esta colaboración, y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional. La gobernadora ha dicho que ‘lo sabía la Secretaría de la Defensa Nacional’ y es falso. Que aclare el gobierno de Chihuahua; la gobernadora juró hacer cumplir la Constitución; no puede dejarse pasar algo así”. Entonces, juicio político.
Los vendepatrias blanquiazules están felices porque ( fuck) Trump tiene a México en su agenda intervencionista, pero aunque no lo reconozcan, ellos, promotores de la intromisión, serían los primeros en recibir una patada en el culo de parte de su santa patrona.
Las rebanadas del pastel
Lo que faltaba: la no doy una, Luisa María Alcalde, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Ufff … Y el barril mexicano de exportación a 97.46 dólares.