Lo que dicen los columnistas

Razones

Ataque en Teotihuacan y la cultura del odio

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Excelsior

El asesino de la Pirámide de la Luna en Teotihuacan, se llamaba Julio César Jasso Ramírez, tenía 26 años y evidentemente era un psicópata que estuvo copiando el accionar de otros asesinos masivos para cometer el crimen que lo inmortalizara. Su antecedente más cercano sería, por la información que tenía en su poder, la masacre de Columbine, donde un 20 de abril, pero de 1999, dos jóvenes de secundaria abrieron fuego contra sus compañeros de escuela asesinando a 12 estudiantes y un maestro, otras 24 personas terminaron heridas, la mayoría de ellas por los disparos.

El episodio, estudiado ampliamente, fue visibilizado por un notable documental Bowling for Columbine, de Michel Moore, quien ganó un Oscar con ese trabajo.

Pero Jasso Ramírez no copió el crimen de Columbine, no atacó compañeros de escuela o de trabajo, no actuó acompañado, tampoco utilizó armas largas. Fue a un lugar altamente simbólico como la Pirámide de la Luna en Teotihuacan, armado con un revólver y un puñal y atacó a turistas, emitiendo gritos –como se comprobó en videos grabados por víctimas– xenófobos, inconexos, pero que se reflejaron en el ataque: la turista asesinada era canadiense y todos los heridos, sin excepción, son extranjeros.

Falta mucho por saber y por conocer sobre este crimen, pero más allá del hecho evidente de que hablamos de un hombre desequilibrado, en un contexto, como el que vivimos, de intensa violencia, estamos también ante un crimen de odio, consecuencia, entre todos esos otros factores, de una narrativa que una y otra vez, desde el poder, pero también desde la sociedad, descalifica, hace responsable de todas nuestras tragedias al “otro”, al extranjero, al “gringo”.

La cultura del odio se ha convertido en un fenómeno alimentado por las redes sociales, pero también por la polarización política. Las redes sociales amplifican las voces más extremistas, alimentadas por insultos personales y campañas de linchamiento digital. No se debate ideas, se ataca identidades.

Y el ataque al otro, al extranjero, se ha convertido en uno de los principales instrumentos de esas campañas: puede servir para ello tanto el odio hacia el migrante que llega a un tercer país a tratar de sobrevivir, como el de los que se quejan de que los extranjeros al venir a México provocan gentrificación y “expulsan” gente de sus colonias originales. Sumémosle a ello un discurso en donde supuestamente las empresas extranjeras se quieren quedar con nuestras riquezas nacionales o que incluso son los responsables hace 500 años de acabar con civilizaciones tan ancestrales como supuestamente idílicas, y tenemos los componentes necesarios para crear un coctel de odio.

Vivimos en “burbujas” ideológicas donde el “otro” es enemigo y donde es fácil odiar sin consecuencias. Esto explica el auge de discursos antisemitas, racistas, xenófobos o transfóbicos, sobre todo pospandemia.

Pero todo eso, como vimos en el ataque de Teotihuacan, se filtra también a la vida real, se refleja en elecciones, en discursos políticos y también en violencia, sobre todo en un contexto de polarización fomentada desde el poder y que tiene réplicas sociales evidentes Los lazos entre la polarización política y el discurso de odio son estrechos: cuando la política se organiza como una lucha entre “nosotros” y “ellos”, el adversario deja de verse como un competidor legítimo y empieza a tratarse como una amenaza. En ese punto, el lenguaje deja de tratar de persuadir y pasa a deshumanizar, ridiculizar o excluir. O el otro se convierte en una víctima propiciatoria.

Los discursos de odio no causan por sí solos un crimen masivo, pero sí pueden funcionar como un alimento que normaliza la violencia y reduce la empatía hacia las víctimas. Esa repetición constante crea un clima social donde las agresiones dejan de verse como escandalosas y pasan a parecer “necesarias” o “defensivas”.

Todo esto no es más que una reflexión sobre un hecho terrible que nos tendría que llevar a concluir mucho más: primero, en comenzar a excluir esa narrativa polarizadora desde el poder y también desde la sociedad; segundo, que la seguridad no puede ignorar el contexto de violencia que estamos viviendo (y que vive el mundo) y no podemos seguir dejando desprotegidos lugares icónicos que, como las zonas arqueológicas y muchos otros, terminan siendo objetivos también de personas o grupos que quieran ejercer ese tipo de violencia. Que lugares como Teotihuacan, Monte Albán o Chichen Itzá no tengan seguridad alguna no es admisible.

Tercero, que debemos asumir que todo eso se disparará en el contexto del próximo Mundial de Futbol: hemos estado muy atentos a que los grupos criminales no operen durante el Mundial, pero nos olvidamos que los lobos solitarios, como el asesino de la Pirámide de la Luna, son un riesgo tan real como aquéllos, incluso mayores, porque nada indica que las organizaciones criminales estén interesadas en boicotear el Mundial, al contrario, pareciera que su interés pasa, sobre todo, por aprovecharlo en su beneficio.

De las tragedias, además de llorarlas, se puede aprender. Lo único inadmisible es ignorarlas.

EDITH

¿Cuándo en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se harán responsables, con nombre y apellido, de la negligencia cometida en la muerte de Edith?, ¿los responsables serán, una vez más, como en el accidente del Tren Interoceánico, el derrame de crudo o tantos otros, sólo funcionarios medios o bajos?

Juegos de poder

Corrupción en Estados Unidos

LEO ZUCKERMANN

Excelsior

Alguien se está haciendo muy rico aprovechando información privilegiada del gobierno de Trump en Estados Unidos para invertir en diversos mercados financieros.  

La operación es relativamente sencilla. Horas, incluso minutos, antes de que el presidente haga una declaración pública, ya sea en redes sociales o medios tradicionales, operadores adquieren posiciones financieras que cambiarán de precio por el anuncio que hará Trump. 

Nick Marsh, de la BBC, ayer hizo un recuento de cinco de los ejemplos más significativos de estos casos. 

A continuación, presento uno de ellos: 

Nueve días después del inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, a las 18:29 horas del Meridiano de Greenwich, aumentan las operaciones de venta de petróleo, que en ese momento estaba en un precio muy alto. A las 19:16 Trump declara a CBS News que el conflicto está “prácticamente terminado”. Un minuto después, el precio del crudo se desploma 25 por ciento. Los operadores que vendieron las posiciones petroleras antes del anuncio ganan millones de dólares gracias a la fluctuación inmediata en los precios a consecuencia de la nueva información. 

El uso de información privilegiada (insider trading) es una práctica ilegal en la mayoría de los mercados financieros y conlleva sanciones penales y económicas. 

No se vale que alguien obtenga una ventaja injusta en el mercado usando datos que no son públicos para todos los demás. 

En el ejemplo que mencioné arriba, es evidente que alguien se enteró de que Trump diría que la guerra terminaría pronto y aprovechó esta información para vender petróleo caro que luego se abarataría. 

Se trata del típico caso de lo que en Estados Unidos se conoce como teoría de apropiación indebida. Alguien (un periodista o funcionario, por ejemplo) le filtra información confidencial a una persona que la utiliza para comprar o vender posiciones financieras que se verán alteradas cuando dicha información salga a la luz pública. 

La apropiación indebida de información es difícil de probar. 

El caso que definió la doctrina legal moderna de este delito en Estados Unidos es United States v. O’Hagan. O’Hagan era un abogado cuya firma representaba a una empresa que planeaba comprar otra. Teniendo esa información, compró acciones de la compañía que sería adquirida ganando millones cuando se anunció la compra. La Suprema Corte consideró culpable a O’Hagan por haberse apropiado indebidamente de esa información violando la confianza de su firma y cliente; sin embargo, eximió a la empresa comprada del delito. 

En el caso de Trump y el petróleo, la pregunta es: ¿quién sabía lo que le diría el presidente a CBS News, se apropió de esa información antes que fuera pública, vendió crudo a precio alto y consiguió una utilidad extraordinaria en cuestión de minutos?

¿Quién filtró la noticia y quién la usó?

Bajo la doctrina legal de Estados Unidos, ambos podrían ser culpables. 

Dependiendo los pormenores del caso, se determina la penalidad en el vecino del norte. Los jueces consideran el monto de la ganancia (entre más dinero, mayor castigo), la intencionalidad (qué tan deliberado y/o sofisticado), la red de involucrados y la cooperación de los indiciados con las autoridades. El castigo puede ser de hasta veinte años de cárcel, multas multimillonarias y la devolución de hasta el triple de las ganancias obtenidas. 

Conociendo a Trump, un hombre obsesionado con el dinero, uno se pregunta hasta dónde está él directamente involucrado en estos casos. 

A continuación, presento otro de los que reportó ayer Marsh. 

El 2 de abril de 2025, el presidente anunció una serie de aranceles generalizados sobre productos procedentes de prácticamente todos los países del mundo. Casi todas las bolsas de valores se desplomaron. Una semana después, a las 13:00 horas de Nueva York, operadores comienzan a realizar grandes apuestas acerca de que la bolsa subirá. El número de contratos negociados se disparó a más de diez mil por minuto, justo después de esa hora, cuando antes la cifra se contaba por cientos. 18 minutos después, Trump anuncia una “pausa” de 90 días en los aranceles para todos los países, excepto China. Un minuto después, las bolsas comienzan a subir. El índice S&P500 se incrementa 9.5%, una de sus mayores ganancias diarias desde la Segunda Guerra Mundial.

Según Marsh, “algunos operadores apostaron más de dos millones de dólares a que la bolsa subiría ese día, a pesar de que había acumulado siete días consecutivos de pérdidas. El enorme repunte podría haberles generado una ganancia de casi 20 millones de dólares”.

Utilicé el término “corrupción” para titular este artículo. Y es que estos casos denotan un “deterioro de valores, usos o costumbres” en Estados Unidos, así como una posible práctica donde el gobierno utilizó indebida e ilícitamente sus funciones en provecho de algunos especuladores financieros.

Astillero

Maru Campos debe declarar // Chihuahua: guerra electoral // ¿Sale Alcalde y entra Montiel? // Amedrentan a diario poblano

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

La Jornada

La gobernadora panista de Chihuahua, Maria Eugenia (Maru) Campos, está política e incluso jurídicamente obligada a explicar por qué cuando menos dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos han estado operando en esa entidad sin tener la autorización del gobierno federal (pues no habría bastado con “informar” del asunto, cosa que tampoco hizo), siendo tal instancia de mando nacional la única facultada para acordar y regular los temas relacionados con este tipo de agentes extranjeros en el país.

Hasta ahora, sólo ha sido el fiscal estatal, César Jáuregui, quien ha hecho inconvincentes declaraciones, con especial acento fallido en cuanto a pretender desligar a los agentes estadunidenses del golpe a dos narcolaboratorios en la sierra Tarahumara y adjudicar a un aventón (o viaje gratuito, o “raite”, adaptación en México del “raid” en inglés), la presencia de los dos agentes, que se asegura fueron de la CIA, en un vehículo policiaco que de manera que induce a especulaciones se volcó y provocó cuatro muertes.

Lo cierto es que la gobernadora Campos debe dar una explicación detallada y creíble (ya en el Senado se insiste al respecto). Por lo pronto, se le acumulan críticas por el mal gobierno que ha realizado en aquella entidad, donde el morenismo trabaja de manera ardua para tratar de ganar el poder (ocupado hasta ahora por priístas y panistas).

Maru tendrá enfrente el activismo desbordado de la senadora con licencia Andrea Chávez, o al presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar (las perspectivas de cada cual podrán cambiar si queda Ariadna Montiel como presidenta de Morena). Igualmente, enfrentará la operación desde la Ciudad de México, con apoyo de ciertos segmentos morenistas, del senador de bandera acomodable y también malos resultados como gobernador, Javier Corral Jurado.

A propósito de Morena, ayer se intensificaron las versiones de que Luisa María Alcalde dejaría la presidencia del partido y entraría en su lugar Ariadna Montiel, actual secretaria del Bienestar. A la hora de cerrar esta columna nada estaba confirmado, más que el hecho de que políticamente no tienen piso firme ni la ex secretaria del Trabajo y de Gobernación en el sexenio obradorista, ni Andrés Manuel López Beltrán, el todavía secretario de organización del partido guinda, de quien también se asegura que saldría de su cargo, tal vez para buscar una candidatura a un puesto de elección popular.

De darse los cambios mencionados, Montiel (que en sus inicios políticos fue impulsada por René Bejarano, sin que haya indicios de ruptura de esa relación) mantendría puentes con Palenque y Palacio Nacional y añadiría explícitamente al poderío guinda el conocimiento y operación de lo asistencial.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta (Amedrenta, sería la evolución lingüístico-política observada hasta ahora), ha sostenido una campaña abierta contra Rodolfo Ruiz y el medio que este dirige, eConsulta, un diario digital de amplia audiencia en esa entidad y otras cercanas. A Ruiz le ha insultado en público, sin fundamento alguno, sólo a partir de una mentira o grave equivocación y ha visto que le desempolven una acusación judicial presentada en tiempos de otro abusivo mandatario, ya fallecido, Miguel Barbosa Huerta.

Al diario le ha aplicado un veto en cuanto a publicidad oficial, reproducido en otras instancias de gobiernos municipales, a tal grado que el propietario, Ruiz, decidió vender el medio a un comprador de nombre no dado a conocer, pero que ha enviado a dos personas ligadas, una, al propio gobierno actual, y otra que lo fue al del citado Barbosa. De consolidarse la operación en los términos que se están dando, con un cambio editorial evidente, el gobernador de Puebla podrá observar el silenciamiento de un ejercicio periodístico que le ha provocado más que contrariedad.

México SA

Campos-CIA, responsabilidad penal // Siempre al servicio de Washington // Deben explicar titiritero y marioneta

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

La Jornada

De conocimiento público es su limitada capacidad de raciocinio, dada su formación terraplanista, pero de cualquier suerte ello no exime de responsabilidad penal a la impresentable gobernadora de Chihuahua, Maru Campos (quien se dice abogada, como su fiscal), pues descaradamente violó la Ley de Seguridad Nacional; es decir, la misma que puntualmente advierte que su inobservancia podría llevarla a dormir en un reclusorio por traición.

Es la clásica tonta útil, gringa nacida en Chihuahua que presume sus fuertes ligas con Estados Unidos y sus agencias, desde su formación académica (Harvard y Georgetown) hasta su cercanía con organizaciones ultraderechistas de membrete (por ejemplo, la Fundación Nacional para la Democracia, el Instituto Nacional Demócrata para los Asuntos Internacionales, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid, y similares) que siempre han servido de tapadera a las operaciones “encubiertas” de la CIA, sin olvidar que de 2004 a 2006 fue representante del comité ejecutivo nacional del PAN en Washington, de la mano de Santiago Creel.

De ahí el “servicio” y las “facilidades” de la panista Maru Campos al gobierno estadunidense, a sus agencias de “inteligencia” y a sus actividades “ocultas” en México, las cuales fueron constitucionalmente canceladas a partir de diciembre de 2020, aunque a la Casa Blanca y sus cipayos de este lado de la frontera nada les importó. Entonces, para ella los “arreglos” con la embajada gringa en nuestro país, o directamente con Washington, son peccata minuta.

¿Qué dispone la Ley de Seguridad Nacional? Entre otras obligaciones: “los servidores públicos de los tres Poderes de la Unión, de los organismos dotados de autonomía constitucional, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán entregar a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana, dentro de los tres días siguientes de la celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con los agentes extranjeros, un informe por escrito. Las reuniones que sostengan con los agentes extranjeros deberán ser autorizadas con anterioridad por el grupo de alto nivel de seguridad. En dichas reuniones deberá estar presente un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores”.

Además, “deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de las dependencias que corresponda en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional”.

¿Y los agentes extranjeros?: “sólo podrán desarrollar actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades (federales) mexicanas; no podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas ni aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional; deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de las dependencias que corresponda en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional (…); tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones, acciones tendientes a la privación de la libertad, allanar la propiedad privada o cualquiera otra conducta que resulte violatoria de la Constitución y las leyes nacionales (…); no tendrán inmunidad”.

La presidenta Sheinbaum informó que “cuenta con información para señalar que los dos agentes de Estados Unidos que murieron en Chihuahua –tras un operativo contra el crimen organizado– trabajaban conjuntamente, vamos a decirlo así, con autoridades estatales (léase Maru Campos). Las autoridades federales no fueron notificadas de las “actividades” de los “empleados” de la legación estadunidense.

Y desde la capital estadunidense se informa: los dos “funcionarios” gringos que fallecieron en Chihuahua “regresaban de una operación antidrogas en el norte del país y trabajaban para la CIA” (The Washington Post).

Entonces, titiritero (gobierno gringo) y marionetas (Maru Campos y el fiscal Jáuregui) deben aclarar la presencia y actividades de los dos agentes estadunidenses y la complicidad de la parte “mexicana”.

Las rebanadas del pastel

Mientras el adefesio Javier Milei lame las botas del genocida Netanyahu y “canta” en Tel Aviv, los argentinos mueren de hambre.

T-MEC: escuchar todas las voces del campo

VÍCTOR M. QUINTANA S.

La Jornada

El lunes 20 de abril arrancó una reunión clave entre los representantes de México y de Estados Unidos para la revisión del T-MEC. Las veleidades de Donald Trump y la oscilante coyuntura internacional han llenado de nubarrones e interrogantes la continuidad del tratado: ¿Se revisará el T-MEC, o de plano se va a acabar con él? En caso de que se termine, ¿habrá acuerdos bilaterales de los tres países por separado? Nada es seguro al momento de escribir estas líneas.

La Secretaría de Economía ha insistido en ramas industriales importantes, como la automotriz, siderúrgica, aluminio, farmacéutica, electrónica, etcétera. Se ha escuchado y dado participación a los representantes de esas y otras ramas; sin embargo, el sector agropecuario parece que no ha sido suficientemente atendido en estas negociaciones. Al menos de eso se quejan organizaciones de pequeños y medianos productores que no forman parte del Consejo Nacional Agropecuario, y también agrupaciones de jornaleros agrícolas y ambientalistas.

Ante la incertidumbre, la postura de algunos es: “no le muevan al tratado para que siga como está”, señalando que, si hay muchas exigencias, Trump aprovechará para salirse del T-MEC, lo que perjudicará a las grandes exportadoras de tomate, aguacate, frutos rojos, frutas tropicales, ganado en pie, cerveza, tequila y mezcal a Estados Unidos. Esa es también la postura de la Coalición Agrícola para el Acuerdo USMCA (siglas en inglés del T-MEC), formada por 40 agrupaciones agrícolas y ganaderas de ese país, la Federación Estadunidense de Oficinas Agrícolas, el Consejo Nacional de Cooperativas Agrícolas, la Asociación Nacional de Productores de Maíz, la Asociación Americana de Soya y la Unión Nacional de Productores de Leche, además de un centenar de legisladores republicanos y demócratas de los estados que exportan granos, oleaginosas, leche y carne a México: los ganones del sector del T-MEC a ambos lados de la frontera.

Pero hay muchas otras voces del campo mexicano y de la academia que piensan muy diferente y analizan los costos que ha tenido dicho acuerdo comercial para la agricultura nacional. Señalan que desde el TLCAN hasta el T-MEC, México ha perdido su soberanía alimentaria en productos estratégicos, como granos básicos y oleaginosas. Se ha derrumbado la rentabilidad de los cultivadores de maíz, frijol y trigo, por sólo poner tres ejemplos, ante la competencia desleal de los granos subsidiados procedentes de Estados Unidos, por los altos costos de los insumos y la insuficiencia de los precios de garantía.

Así, a partir de la negociación del TLCAN, organizaciones de productores y, desde el otoño pasado, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), han demandado sacar los granos básicos del tratado. No se antoja nada fácil hacerlo ahora, pero, si se escucha a profundidad lo que esas organizaciones están pidiendo, es que, con tratado o sin él, el gobierno federal construya y ponga en marcha una robusta política de fomento al cultivo para la soberanía alimentaria. Esto implica no sólo impulsar la autosuficiencia de los productores más pobres, sino establecer las condiciones para que los pequeños y medianos agricultores comerciales mejoren su productividad, tengan acceso a créditos, seguros, coberturas de precios, insumos baratos, estímulos a la organización productiva y comercialización, en tanto el Estado intervenga para ordenar los mercados agropecuarios. Esta sería la demanda, no coyuntural, sino estructural de varias organizaciones que se han movilizado recientemente.

Ahora bien, hay otras demandas sociales que son perfectamente factibles de incluir en la actual revisión del T-MEC, siempre y cuando se dialogue de manera abierta con quienes las proponen: garantizar la defensa de los territorios y bienes comunes, como el agua y los bosques, además de que el tratado proteja a nuestro campo del ingreso y aplicación de agrotóxicos. A fin de asegurar la protección de las semillas nativas y de la biodiversidad e impedir el ingreso de semillas transgénicas, se demanda que nuestro país no acepte la presión por adherirse al Acta 91 de la UPOV (Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales), pues se favorecerían las patentes de semillas, se limitaría su uso e intercambio por los productores y propiciaría el control del mercado de semillas a manos de oligopolios.

Otra exigencia recurrente es el cumplimiento cabal de los derechos laborales y prestaciones sociales de las personas jornaleras agrícolas y de sus familias. El T-MEC no debe permitir la producción y comercialización de bienes agropecuarios producidos con explotación laboral, agroquímicos contaminantes y devastación de la naturaleza.

No es menor el desafío: construir la soberanía alimentaria en un entorno de agricultura globalizada, con hábitos alimenticios de la población muy diferentes a los del periodo de la sustitución de importaciones. Además, con una agricultura mucho más heterogénea que nuestros vecinos del norte y bajo condiciones mucho menos ventajosas para la producción de granos. Aun así, es tarea impostergable elaborar una hoja de ruta para construir nuestro modelo agroalimentario soberano con amplia participación, sobre todo, de las y los productores. Nuestra agricultura no sólo es una actividad productiva, es cohesión social, identidad, significados, es un formidable bien público. El T-MEC debe ser un instrumento para impulsarla, no para subordinarla a intereses oligopólicos y deformarla. Eso deben entender quienes revisan el tratado.