Lo que dicen los columnistas

Razones

Un poder discrecional

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Excelsior

Termina siendo un círculo casi perfecto de control: tres reformas limitan las libertades individuales con una frialdad absoluta. Primero, se reducen las posibilidades de poder contar con un amparo ante denuncias infundadas de la autoridad; luego, se establece la prisión preventiva oficiosa para una gran cantidad de delitos, algunos de ellos incluso podrían ser más hasta del ámbito civil que penal. Y, por última, se le otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera atribuciones que no tiene ni la Fiscalía General de la República para poder cancelar o bloquear cuentas bancarias sin una orden judicial, sólo con indicios o sospechas.

En otras palabras, a usted le pueden acusar de cualquier delito y no tendrá casi posibilidades de ampararse contra una orden de aprehensión; cuando ésta se emita muy probablemente terminará en prisión durante todo su proceso, aunque no existan pruebas duras en su contra ni una decisión judicial firme y, para colmo, le podrán cancelar sus cuentas bancarias sólo a partir de indicios o sospechas, con lo que no tendrá recursos con los que mantener, por ejemplo, una defensa.

Son tres reformas que se han aprobado en los últimos meses y que la nueva, y cada día más impresentable, Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado constitucionales, pese a que violan las más elementales garantías individuales: nadie puede ser considerado culpable antes de ser condenado por un delito, se llama presunción de inocencia; nadie puede ser privado de su libertad sin una causa justificada y todo el mundo tiene derecho a una defensa y a conservar su patrimonio hasta que se demuestre que ha sido obtenido ilegalmente. Se dirá que todo esto es exagerado, que es una situación llevada al límite, pero no lo es: es algo que se desprende de las iniciativas de reformas constitucionales aprobadas en los últimos meses y que queda a discreción de las autoridades convertirlas o no en una realidad.

El gobierno federal argumenta que todas estas medidas se han implementado como instrumentos en la lucha contra el crimen organizado y para evitar que los criminales queden impunes. Puede ser, pero lo cierto es que ninguna política destinada a combatir un fenómeno localizado como el crimen organizado puede conculcar los derechos de toda la sociedad. 

Ayer decía la presidenta Claudia Sheinbaum que la ley que permite a la UIF congelar cuentas sin orden judicial se aplicará sólo a los casos de lavado de dinero y crimen organizado, incluso dijo que el actual titular de la UIF, Omar Reyes, es un técnico destacado en estos temas y que no es un político. 

Es verdad, hay y tengo una buena opinión del actual titular de la UIF, pero hasta hace unas semanas y durante casi cuatro años el director de la UIF fue Pablo Gómez, un político de los más duros de Morena, sin ninguna experiencia en el tema y que, en lugar de combatir el crimen organizado y el lavado de dinero, se dedicó a usar la UIF para casos políticos de su interés y del expresidente López Obrador. La usó como una instancia de combate político e ideológico y no como un instrumento de justicia. 

Por eso, las leyes sobre las atribuciones de una dependencia no deben depender de la personalidad de quien las dirige, sino de lo que dice la ley, y la actual ley otorga absoluta discrecionalidad a los funcionarios de la UIF para intervenir y congelar cuentas. 

Si lo que se busca, y es algo compartible, es que los delincuentes tengan menos espacios para seguir en la impunidad, se podría haber escrito en la ley, como lo pidió la ministra Yasmín Esquivel en el debate sobre la UIF, que se establecieran criterios específicos sobre las condiciones en que la Unidad pueden imponer sus nuevas atribuciones. No veo muchos casos en los que no se pueda contar con una orden de un juez para congelar cuentas o detener a una persona. En Estados Unidos, ello se establece para delitos relacionados con crimen organizado o terrorismo, y los instrumentos del Departamento del Tesoro, siendo amplísimos, están claramente establecidos en las normas que se implementaron desde el gobierno de Clinton. Aquí, se deja a la discrecionalidad de un funcionario; hoy, uno acreditado; ayer, uno terriblemente incompetente y, mañana, vaya uno a saber quién tome esa decisión. La sociedad, los ciudadanos, no pueden depender de quien ocupe una oficina administrativa, por más poderosa que sea, para saber si sus derechos pueden o no ser conculcados.

Hay que combatir a los criminales y usar contra ellos todas las armas del derecho. Eso no está a discusión. Pero entonces la obligación del Estado es establecer con claridad cómo se usan esas armas, contra quién están dirigidas y cómo se pueden utilizar. Y eso debe estar en negro sobre blanco, en papel, en las normas y leyes, y no dejarlo a la discrecionalidad de un funcionario, bueno o malo, porque ésa es la distancia que separa a las instituciones de las tentaciones personales de poder.

ENCUESTAS

La aprobación de la presidenta Sheinbaum está en 70%, según algunas de las encuestas divulgadas en los últimos días. Pero lo cierto es que las mismas también muestran que, en términos de lucha contra la corrupción, la desaprobación gubernamental está en 79% y, respecto a la inseguridad, se colocan en 53 por ciento. Corrupción e inseguridad son los dos temas en los que el gobierno ha fallado y es porque no se decide a avanzar en desmantelar las redes de protección y colaboración de sectores del poder con el crimen e incluso las niega. Mientras ello no ocurra, esos números no van a cambiar.

Juegos de poder

Bienvenido el fracking. ¿permitirán participación de los privados?

LEO ZUCKERMANN

Excelsior

México tiene un problema: de los nueve mil millones de pies cúbicos de gas natural que consume diariamente, seis mil 800 millones los importa desde Estados Unidos, particularmente de Texas.  

Esto equivalentes a 75 por ciento. 

Además, debido a la falta de infraestructura de almacenamiento, se estima que sólo tenemos entre dos y tres días de reservas estratégicas de esta materia prima. Si mañana se levanta de mal humor el señor de la Casa Blanca y decide cerrarnos la llave del gas natural, México se quedaría sin un insumo esencial para la generación de electricidad y la producción industrial. 

México tiene una solución a este problema: la Cuenca de Burgos, ubicada en el noreste (Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila), que tiene un enorme potencial para la explotación de gas de lutitas. Lo sabemos porque es la misma formación geológica que hay del otro lado de la frontera, en Texas, conocida como “Eagle Ford Shale”, uno de los campos más productivos del mundo. 

Aquí en México la Cuenca de Burgos ha sido poco explotada por dos razones. 

Primero, el Estado, a través de Pemex, tiene el monopolio de la extracción de este tipo de gas. La petrolera mexicana, sin embargo, no cuenta ni con la tecnología ni con los recursos para invertir los miles de millones de dólares que se requieren en exploración y producción. 

Segundo, el líder fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador, le tenía aversión a la técnica con la que se extrae el gas de lutitas conocida como fracking, fractura hidráulica en español. 

Al asumir la Presidencia en 2018 prometió no permitir su uso por la afectación ambiental, en particular la cantidad de agua que se requería en la inyección de los pozos. Además, lo veía como un modelo extractivo que venía del odiado periodo “neoliberal”. 

En 2024 incluso quiso prohibir el fracking en la Constitución, lo cual afortunadamente no prosperó. 

La realidad es que se trataba de un rechazo ideológico porque la fractura hidráulica ha evolucionado mucho desde su invención. 

El fracking está diseñado para capturar el gas atrapado en las rocas. Se perfora un pozo vertical y luego horizontal, se colocan tubos de acero y cemento para aislar el pozo y se inyecta agua a alta presión mezclada con arena y químicos. La presión rompe la roca y el gas fluye hacia la superficie. 

Efectivamente, la técnica original era muy dañina para el medio ambiente y utilizaba mucha agua que terminaba contaminada. Si bien el fracking no ha dejado de contaminar, sí lo hace mucho menos que antes gracias a mejoras tecnológicas, regulación y prácticas operativas. 

Hoy se sellan mejor los pozos y, por tanto, hay menos fugas, las capas de acero y cemento son más sólidas, por lo que hay un menor riesgo de contaminación de los acuíferos, existen menos emisiones de metano y la captura del gas resulta más eficaz en la superficie gracias a sensores, drones y cámaras infrarrojas. 

Pero, sobre todo, hay un manejo más eficiente del agua que se recicla en sistemas cerrados de almacenamiento. 

La operación es, entonces, más precisa, limpia y eficaz. 

Celebro que el gobierno actual de Claudia Sheinbaum se haya quitado las telarañas ideológicas de la cabeza y esté dispuesto a explotar esta importante fuente de hidrocarburos que tenemos a nuestra disposición en el territorio nacional. 

Por lo pronto, ayer anunciaron que integrarán un comité de científicos y especialistas para emitir una serie de opiniones y recomendaciones sobre la explotación de gas natural extraído con fracking. 

En un par de meses se tendrán los resultados. Sospecho que serán favorables para comenzar a explotar en serio a Burgos. 

Si es así, la siguiente pregunta es: ¿cómo será el esquema para que Pemex pueda asociarse con empresas privadas que son las que tienen la tecnología del fracking?, fundamentalmente las estadunidenses que han sido tan exitosas. 

Como diría Cantinflas, “ahí está el detalle”. 

Además de quitarse las telarañas ideológicas que existían en contra del fracking, ¿este gobierno estará dispuesto a remover las otras que limitan la intervención de empresas privadas en la extracción de hidrocarburos? 

Más les vale porque, de lo contrario, no podrán desarrollar el gas de Burgos por una razón elemental: Pemex no tiene ni la tecnología ni el dinero para hacerlo. 

Por lo pronto, bienvenido este primer atisbo de un posible cambio que, ese sí, fortalecería la soberanía nacional y crearía riqueza económica. 

Estancamiento económico e inversión

JAVIER APARICIO

Excelsior

Antes de llegar al poder, el presidente Andrés Manuel López Obrador solía criticar el crecimiento económico mediocre de los así llamados gobiernos neoliberales. Una vez que llegó al poder y durante su gobierno no logró superar aquellas bajas tasas de crecimiento, cambió su argumento para desdeñar el crecimiento y en lugar de ello enfatizar la disminución de la pobreza y la desigualdad. Por desgracia, sin un mayor crecimiento económico tales avances serán insostenibles.

Una regularidad de la economía mexicana desde hace varias décadas es que suele observarse una menor tasa de crecimiento económico durante el primer año de cada administración sexenal. Este fenómeno podría explicarse por una especie de curva de aprendizaje de cada administración federal y, por otro lado, como una respuesta racional de los agentes económicos frente a la incertidumbre de las nuevas prioridades gubernamentales y/o posibles nuevas reglas del juego. Además de ello, debe reconocerse las restricciones presupuestales: en la medida en que los gobiernos suelen endeudarse más durante el último año de gobierno —ya sea para concluir sus proyectos estratégicos o bien para utilizar el gasto público para conseguir ventajas electorales—, los déficits fiscales del último año afectan la disponibilidad de recursos para los gobiernos entrantes.

Los voceros gubernamentales suelen atribuir el pobre desempeño económico observado durante los últimos dos sexenios a factores externos. López Obrador culpaba a la pandemia, mientras que el gobierno actual suele atribuirlo a la incertidumbre inducida por las recurrentes amenazas del presidente de Estados Unidos. Pero ¿de verdad no hay responsabilidad alguna en las políticas económica de los gobiernos de Morena?

Como sabemos, el principal motor de una economía es la inversión, ya sea pública o privada. En las últimas décadas, la inversión total en México ha promediado 22% del PIB. Comparado con los promedios de los países de la OCDE estos niveles de inversión no parecen bajos. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que la mayoría de aquellos países ya tienen economías desarrolladas y tasas de crecimiento relativamente bajas. Por otro lado, si nos comparamos con países en vías de desarrollo que hoy mismo tienen mayores tasas de crecimiento, los niveles de inversión de México son relativamente bajos. DE acuerdo con datos de la propia OCDE, países como India, Turquía y Corea tienen niveles de inversión mayores a 30% de su PIB en años recientes.

¿Cómo se ha desempeñado la inversión en México? Según un análisis reciente de Fausto Hernández, experto en economía y profesor del CIDE, en el periodo de 1971 a 2025, la inversión total como proporción del PIB ha disminuido durante el primer año de gobierno en nueve de los últimos diez sexenios (la excepción fue 2007). Y si sólo se consideran los últimos 25 años se observa que, en los últimos dos sexenios, 2019 y 2025, la caída de la inversión pública ha sido varias veces mayor que la caída de la inversión privada. En contraste, en 2001 y 2012, la inversión privada disminuyó más que la inversión pública. Si la inversión ha disminuido más en 2025 que en 2019 o 2013, y si la inversión pública ha disminuido más que la privada en los últimos dos sexenios: ¿quién es el responsable del bajo crecimiento económico, el gobierno federal o los factores externos?

Tanto este gobierno como el anterior han contado con mayorías legislativas. Sus paquetes económicos y sus proyectos estratégicos han sido aprobados sin cambiarles una coma. Además de la notable caída en la inversión pública, al inicio de este sexenio se aprobó una reforma judicial que purgó y capturó por completo al Poder Judicial. Por otro lado, se extinguieron organismos autónomos y con ello se debilitó la rendición de cuentas del gobierno federal. ¿Estas reformas no han afectado a la inversión? ¿En qué medida la inversión privada se ha visto disminuida o paralizada como respuesta a la incertidumbre doméstica vs. la incertidumbre del exterior? ¿Cómo puede financiarse una mayor inversión pública tanto en infraestructura como en servicios públicos básicos como educación y salud sin una reforma fiscal?

Astillero

Neoliberalismo, BlackRock y fracking // Ebrard, Velasco y Altagracia // Sheinbaum, gas y Hamlet // ¿Decisión científica, no política?

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

La Jornada

La candente situación internacional (no sólo en cuanto a Irán, Estados Unidos e Israel) y las inercias y carencias presupuestales mexicanas derivadas de factores internos y externos, están colocando a México en un proceso de reacomodos más abiertamente cargados a los intereses de las élites financieras y al amplio espectro económico denominado neoliberalismo (oficialmente declarado en extinción por el anterior Presidente de la República; acta retórica de defunción también enarbolada por la actual Presidenta).

Una imagen muy representativa del pragmatismo en curso fue tomada en Palacio Nacional, donde la Presidenta encabezó una reunión con Laurence (Larry) Fink, director general de BlackRock, el poderoso fondo de inversiones (el más importante del mundo), justamente para hablar de los planes para México de dicha firma.

Cada parte se hizo acompañar de miembros relevantes de sus equipos de trabajo. Del lado de BlackRock estuvo Adebayo Ogunlesi, director ejecutivo de Global Infrastructure Partners, una rama dedicada específicamente a la inversión de capital en negocios relacionados con grandes infraestructuras de energía, transporte y residuos de agua. Del lado mexicano, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, y Altagracia Gómez (el Ángel de la Dependencia, en segunda versión), a quien en el comunicado oficial de la Presidencia se describe como alguien que “apoya de manera honorífica en el involucramiento del sector empresarial con proyectos de relocalización y desarrollo regional” (https://goo.su/UqYDFr).

En la reunión no estuvo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, otra de las piezas importantes del rediseño nacional, fortalecido ahora con el nombramiento de una hechura política suya, Roberto Velasco, como secretario de Relaciones Exteriores, en lugar de Juan Ramón de la Fuente, alejado del cargo por razones de salud, luego de una gestión grisácea. El ebrardismo mantiene el explícito proyecto de buscar una candidatura presidencial en 2030 y se está apalancando en el ámbito empresarial mexicano y extranjero, particularmente el estadunidense, con una visión neoliberal (tal es la matriz de tal corriente marcelista) y con la renegociación del tratado comercial norteamericano como carta futurista.

Al siguiente día de la sesión con los supertiburones de BlackRock, la presidenta Sheinbaum avanzó declarativamente en el posicionamiento de un tema preparado desde meses atrás, la “exploración” de las “posibilidades” de aprobar trabajos de extracción de gas natural mediante el ampliamente rechazado método de fracturación hidráulica conocido como fracking.

En la Mañanera de prensa, la secretaria de Energía, Luz Elena González (del equipo directo de la presidenta, igual que el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla) señaló que “la realidad es que, al día de hoy, estamos importando 75 por ciento del gas natural que consumimos en el país”, con Estados Unidos como el proveedor de ese porcentaje. Recordó que en los Polos de Desarrollo (cúspide del neoliberalismo 4T y su Plan México, a juicio de este tecleador; proyecto por el que ha de sacrificarse lo que sea necesario) “el sector industrial, por los Polos de Desarrollo, va a requerir el uso de gas natural”.

Luego, la presidenta Sheinbaum hizo un planteamiento energético hamletiano: “La pregunta es: ¿explotamos el gas no convencional, ‘sí’ o ‘no’? ¿Por qué ‘sí’? Pues porque nos da más soberanía energética. ¿Por qué ‘no’? Pues porque tiene impactos ambientales”. Fracturar-contaminar o no: esa es la (presunta) cuestión, aunque en realidad el equipo de trabajo presidencial ha avanzado en sustentar la variante de un fracking presuntamente “sustentable”, menos contaminante que en el pasado.

El próximo miércoles 15 se harán anuncios encaminados a apuntalar tal proyecto y dar detalles, pues ayer no fue posible debido a que, dijo Sheinbaum, “este comité de científicos queríamos presentarlo hoy, pero todavía estamos revisando que realmente tengan… que no haya un asunto político, que sea una definición técnica”.

Los Precriterios y la marcha de la economía

ORLANDO DELGADO SELLEY

La Jornada

El gobierno federal, al entregar los Precriterios de Política Económica para 2027, presenta sus estimaciones sobre el desempeño de la economía y el comportamiento de sus finanzas. Examinar sus previsiones permite conocer lo que el gobierno se compromete a hacer y cómo piensa que afectará a la economía. Se trata de variables claves: crecimiento del PIB, inflación, tipo de cambio, tasa de interés, precio del petróleo y volumen de exportación de crudo. Presenta también sus metas en las finanzas públicas: ingresos, gasto, balance presupuestario, deuda pública. Con este conjunto elabora el paquete económico anual, que comprende el Presupuesto de Egresos, la Ley de Ingresos y la Ley de Deuda Pública.

Los Precriterios presentan la estimación de que el PIB crecerá en 2027 entre 1.9 y 2.9, es decir, 2.4 por ciento real, prácticamente lo mismo que en 2026, cuando se espera que crezca 2.3. El año pasado terminó con un incremento del PIB de 0.8 por ciento. En los siete años de gobierno de Morena, que incluyen los de la pandemia, el crecimiento fue en promedio de apenas 0.9 por ciento, lo que indica que el PIB per cápita no ha crecido. Si consideramos el comportamiento del PIB en el sexenio de Peña Nieto, que fue en promedio de 1.96 por ciento anual, tenemos que entre 2013 y 2025 el crecimiento promedio ha sido de un magro 1.4 por ciento.

Agregando los dos años hacia adelante que nos proponen los Precriterios, tendremos que en 15 años habremos crecido 1.5 por ciento anual. Es evidente que en el periodo considerado el país ha enfrentado situaciones extraordinariamente difíciles, como los años de la pandemia y ahora los de Trump. Pero también es evidente que, si pretendemos alcanzar una situación en la que haya bienestar social, el crecimiento logrado y el que se espera en este año y el siguiente es absolutamente insuficiente.

Considerando esta estimación, en los Precriterios se informa cómo se comportarán las finanzas públicas en un contexto económico complejo. Por eso, importan las metas fundamentales de nuestras finanzas públicas. De entrada, los agregados mayores muestran disminuciones. Para los ingresos presupuestarios, que incluyen los petroleros y los no petroleros, el gobierno expresa que crecerán casi 2 por ciento respecto a 2026. El gasto neto pagado, por su parte, se mantendrá prácticamente en el mismo monto que en 2026. En términos de su peso en el PIB, los ingresos se reducirán de 23.2 a 22.2 por ciento y el gasto de 26.8 a 25.2. La propuesta de los Precriterios es que se reducirá la presencia estatal en la economía.

El ingreso y el gasto público se ajustaron para cumplir con la meta de consolidación fiscal, lo que indica, de nuevo, que el gobierno decidió reducir su presencia económica. El balance público amplio, los requerimientos financieros del sector público (RFSP), la medida más amplia del déficit, que en 2024 terminó en 5.8 por ciento del PIB, se redujo en 2025 a 4.9 del PIB, se estima que en 2026 se reduzca a 4.1 y en 2027 llegue a 3.5 por ciento del PIB. Se trata de un esfuerzo de consolidación fiscal extraordinario que se ha logrado gracias a un manejo ordenado de los ingresos y gastos, sustentado en mejoras en la eficiencia fiscal y disciplina en el gasto. Es evidente que para lograr esto ha habido reducciones en la inversión física, e incluso en los rubros de salud y educación, como lo señaló acertadamente BBVA.

Para el gobierno, se ha podido avanzar en la meta de reducción de los RFSP porque se ha mantenido un balance primario cercano al equilibrio y un nivel de deuda pública moderado, que se ubicó en 53.2 por ciento del PIB en 2025, con una composición predominantemente en moneda nacional y a plazos relativamente largos. Sin embargo, alcanzar un balance primario casi en equilibrio tiene impactos sobre la actividad económica y los magros resultados de crecimiento lo prueban.

Por esta razón es importante advertir que se requiere una reforma fiscal para lograr la inversión en infraestructura, salud y educación, áreas señaladas en el plan de infraestructura propuesto por el gobierno. Esta reforma fiscal permitiría salir de “la trampa del bajo crecimiento económico” en la que hemos caído desde hace muchos años. El gobierno ha insistido en que no se requiere una reforma fiscal para mantener unas finanzas públicas ordenadas y sustentables. Y, efectivamente, hasta ahora ha habido sustentabilidad fiscal. Pero es indiscutible que crecemos muy lejos de lo que se requiere para producir bienestar.

En 2026 y 2027 el gobierno mantendrá los niveles de ingresos y de gasto muy cerca de lo comprometido, pese a las dificultades de un entorno externo extremadamente complicado. Pero los márgenes de maniobra ante choques externos, que sin duda ocurrirán, se están reduciendo y la meta del bienestar se alejará irremediablemente.