Lo que dicen los columnistas

Sextante

Otro hachazo

FEDERICO REYES HEROLES

Excelsior

Para Manuel Arango, ser humano de excepción

Cuando Alexis de Tocqueville –uno de los grandes teóricos del liberalismo– visitó los Estados Unidos quedó muy asombrado. De ahí nació La democracia en América. ¿Por qué el asombro? El aristócrata pensaba que las principales cunas de la democracia eran Inglaterra y Francia. Pero la energía democrática de Estados Unidos era un fenómeno insoslayable.

El asociacionismo –así le llamamos ahora–, la intención y decisión racional de defender los intereses comunes desde la sociedad organizada y no de manera individual, lo sacudió. El Estado, por más rico y poderoso que sea, no puede hacerse cargo de todo. Tampoco es deseable que lo pretenda. Ese Estado omnipresente es una quimera muy costosa. Hay muchas necesidades humanas que la sociedad organizada puede atender de manera mucho más eficiente. Tocqueville va más allá: esa pretensión estatista es un peligro. La sociedad organizada es un contrapeso tan importante como la división de Poderes.

“Tan pronto como un gobierno intenta ir más allá de su esfera política… ejerce… una tiranía insoportable”, muy claro. La fortaleza de un Estado es resultado, también, de la fortaleza de sus organizaciones sociales. Autores contemporáneos han medido esa fortaleza. Los resultados son sorpresivos. Robert Putnam realizó un apasionante estudio en el cual midió el capital social en Estados Unidos por entidad. Allí donde el capital social era sólido, allí donde los ciudadanos confían en los otros ciudadanos y con un simple apretón de manos cierran acuerdos, los gastos legales se desploman. La evasión fiscal disminuye, lo mismo que la corrupción. Allí donde los ciudadanos con los brazos entrelazados dan sus propias batallas para mejorar las condiciones de un hospital o cuidar un parque, el bienestar se incrementa. La esperanza de vida se eleva e incluso ciertos padecimientos disminuyen, las enfermedades cardiacas, por ejemplo. 

Las organizaciones sociales son un pilar de la democracia, de la economía y del bienestar. Por donde se vea, al Estado le conviene la expansión del asociacionismo. Por ello, el gobierno debe permitir que los ciudadanos y las empresas puedan dirigir, tan sólo eso, parte de sus aportaciones fiscales a organizaciones sociales. Esas organizaciones y sus objetivos deben de estar reguladas por el Estado. Pero sólo así se atienden más necesidades sociales. Se trata de áreas a las cuales difícilmente llegaría la acción del Estado o sería muy oneroso e ineficiente. Pensemos en el Hospital de la Ceguera o el Conde de Valenciana, en los cuales grandes profesionales donan su tiempo. La familia Graue es un ejemplo. También el trabajo de los CRIT. Los porcentajes de deducibilidad hablan por sí mismos: Francia 66%; España hasta 45%; EU, 60%. México, 7%. Aun así, el trabajo voluntario representa el 3.3% del PIB. ¿Qué tal?

En México impulsar al asociacionismo ha sido muy difícil. Un gran obstáculo: la llamada confianza interpersonal es muy baja. El ITAM mostró en 2006 cómo 61% de los mexicanos pensaba que “la gente” era corrupta. En 2017 El Financiero retrató el enorme escepticismo de la población: 87% le creía poco o nada al gobierno y sólo 23% a las ONG. La Encuesta Mundial de Valores muestra que 50% de los mexicanos no confía en sus vecinos y 68% desconfía de personas de otra religión. El Centro Mexicano para la Filantropía, ideado por Manuel Arango, ha hecho una labor ejemplar impulsando el asociacionismo. Pero los datos de los últimos años son aterradores: 75% de las organizaciones están inactivas. ¿Por qué?

Llegó otro hachazo institucional de Morena, que decidió retirar la deducibilidad a más de 100 instituciones de todo tipo. Algunas muy relevantes por la información incómoda para el gobierno que generan como México Evalúa, IMCO, Mexicanos Primero, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Pero la mayoría son de fines humanitarios.

De hachazo en hachazo, están derribando al Estado.

Arsenal

No hay acuerdo en Plan B; el PT “busca alianzas con otro partido”

FRANCISCO GARFIAS

Excelsior

“El PT está cerrado. Busca alianzas con otro partido”, aseguró una fuente del oficialismo cuando le preguntamos sobre la posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum se lleve un segundo revés en el Congreso en menos de dos semanas.

Y de plano aseguró: “No va a haber Plan B”.

Le damos crédito a las contundentes palabras por la calidad de la fuente. Es tan confiable que modificaron mi percepción de que el PT, que integra la coalición oficialista, acabaría doblándose. Ese partido, que preside el senador Alberto Anaya, no está de acuerdo con la propuesta adelantar un año —de 2028 a 2027— la consulta sobre revocación de mandato de la presidenta Sheinbaum. Los legisladores petistas argumentan, con razón, que Morena quiere sacar ventaja de ese ejercicio de ratificación —no de revocación— del mandato de Sheinbaum en las elecciones del año que entra.

En esa “superelección” se renuevan 17 gobernaturas, 500 diputados federales, congresos locales, más de mil presidencias municipales y alrededor de 800 plazas en el Poder Judicial. “La señora cometió el error de quererse meter en la boleta”, consideró un legislador del PAN consultado al respecto. En cuanto a las alianzas de los petistas con algún partido de oposición, hay versiones emanadas de Acción Nacional en el sentido de que el partido que encabeza “el profe” Anaya buscaría ir en alianza con MC en Nuevo León. Alito Moreno, presidente nacional del PRI, ha abierto las puertas al PT y al PVEM. Los ha invitado a sumarse a un frente amplio opositor.

* El 13 de marzo pasado, Morena no alcanzó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para la reforma electoral, conocida como Plan A.  Tres legisladoras del guinda, junto con diputados del PVEM y el PT la votaron en contra.    

El Plan B fue anunciado inmediatamente después, a pesar de las reticencias del PT.   

La segunda iniciativa de la Presidenta parecía avanzar hacia su aprobación. El domingo 15 de marzo las dirigencias nacionales de los tres partidos de la coalición oficialista manifestaron públicamente su “respaldo total al Plan B”.  

Pero algo ocurrió durante el pasado fin de semana. Algo tan grave que disipó la confianza de que tendríamos Plan B.

Todo estaba listo en el Senado para que la tarde de ayer sesionaran las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, a fin de dictaminar el Plan B.

Hacia las 11 de la mañana nos topamos con el senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, en los elevadores que llevan a salón de sesiones del Senado. Le preguntamos sobre la cancelación de la mencionada reunión de Comisiones Unidas.

—¿Cuándo entonces? —le preguntamos.

—La semana que entra —respondió y se siguió de largo. 

Seguramente pasó por alto que es Semana Santa y que el Congreso suspende actividades. 

De allí nos bajamos al estacionamiento del Sótano 1, donde llegan los invitados de la Cámara alta. A mediodía estaba programado el arribo de Guadalupe Taddei y un grupo de consejeros del INE al Senado. Frente al área donde reciben a los invitados importantes ya estaban instaladas cámaras, grabadoras y una nube de reporteros en busca de una declaración de la consejera presidenta del INE. Pero Taddei no llegó. A las12:07 pm nos enteramos de que la visita había sido cancelada.  Otra señal de que no había acuerdo.

La presidenta consejera mandó, eso sí, un documento en el que solicita que no se le quiten los bonos a los trabajadores del INE porque se les tendrían que pagar horas extra y saldría más caro. Pide también que no se elimine el seguro de separación individualizada hasta que venzan los tres años para los que fue contratado.  

Y alerta sobre la desmesurada carga de trabajo que implicaría para el INE organizar, en la misma fecha, elecciones locales, federales, judiciales y la revocación de mandato.

* La incertidumbre que se respiraba ayer en el Senado obligó al morenista Ignacio Mier, presidente de la Jucopo, a dar una segunda entrevista, junto con Alberto Anaya, jefe de la bancada del PT en el Senado. A pesar del moderado optimismo de Mier en la rueda de prensa, el profesor Anaya dijo: “El tema del debate de fondo es el de la fecha (de la revocación de mandato.) Se está revisando”.  ¿Traducción? No hay acuerdo en el tema de la revocación de mandato.

* Cecilia Patrón Laviada es la alcaldesa panista de Mérida. Va por la reelección en 2027. Está convencida de que ejercerá el cargo hasta 2030. ¿Por qué está tan convencida?

Presume que gobierna la capital más segura del país; la buena coordinación que tiene con el gobernador Huacho Díaz Mena y con la Federación, y la disciplina financiera que mantiene su “gobierno de mujeres”. La cosa no parece tan sencilla. Uno de sus potenciales adversarios es el morenista Rommel Pacheco, director de la Conade, multimedallista en clavados, multimedallista en Juegos Panamericanos, Centroamericanos, en copas del mundo. “Es un rival fuerte para Cecilia”, nos dijo un conocido encuestador.

Juegos de poder

Castigan a las asociaciones civiles por estatistas y autoritarios

LEO ZUCKERMANN

Excelsior

Una mala noticia nos llega desde el gobierno de la 4T. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha cancelado el permiso a más de cien organizaciones de la sociedad civil para recibir donativos deducibles de impuestos. Justifican dicha medida de un plumazo argumentando que no reúnen los “requisitos relativos a la autorización para recibir donativos deducibles conforme a las disposiciones legales vigentes”.

La realidad es otra: el gobierno quiere liquidar a estas asociaciones porque, por un lado, les fastidia que haya iniciativas ciudadanas dirigidas a resolver problemas públicos y, por el otro, les molesta que varias de estas organizaciones ventaneen al gobierno en su mal desempeño en materias como el combate a la corrupción, el crecimiento económico, la salud o la educación pública.

Reflejan, así, que son estatistas y autoritarios.

Las asociaciones afectadas tendrán un periodo para subsanar las observaciones del SAT y recuperar su estatus. De lo contrario, en un plazo de doce meses deberán destinar todo su patrimonio a otra donataria autorizada.

Mientras tanto, habrá un impacto inmediato en el financiamiento de estas organizaciones que no podrán dar recibos deducibles de impuestos de las donaciones que reciban. De por sí el régimen de deducción de ISR por donaciones es muy limitado en México. El límite general para un contribuyente es de hasta 7% en un año de sus ingresos acumulables (personas físicas) o utilidad fiscal (personas morales) del ejercicio anterior.

La lista de las organizaciones no gubernamentales afectadas incluye a Refugio para Ancianos, Fondo para Niños de México, México Evalúa, Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Mujeres Unidas Contra el Cáncer de Mama, Asociación para la Protección de Menores Enfermos, Cero Pobreza Extrema en México, Mexicanos Primero y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Varias de estas asociaciones han sido tremendamente incómodas para los gobiernos de la 4T y los anteriores.

México Evalúa, por ejemplo, lleva 15 años de trabajo continúo evaluando el desempeño gubernamental, la justicia, seguridad, gasto público, transparencia y otras áreas de política pública. Difunde estudios como la Radiografía de la Impunidad en México 2024, que analiza datos oficiales de delitos, denuncias y resultados del sistema de justicia penal. O Navegando las finanzas públicas de 2025, que explora los retos fiscales del primer año del sexenio de Claudia Sheinbaum en el contexto de bajo crecimiento y presiones estructurales.

El Imco se fundó en 2003 como un centro de investigación independiente, apartidista y sin fines de lucro enfocado en analizar y proponer políticas públicas para mejorar la competitividad y el bienestar en México. Desde entonces, se ha convertido en una fuente indispensable de información, investigaciones, índices (como los de competitividad internacional, estatal y urbano) y análisis sobre economía, gobernanza, transparencia, finanzas públicas, mercado laboral, género, educación, medio ambiente y otros.

Y luego están dos asociaciones fundadas por un personaje que odia la 4T: Claudio X. González Guajardo.

Mexicanos Primero se constituyó en 2005 con la intención de convertirse en un referente en materia de educación de calidad como derecho humano y promover una cultura de corresponsabilidad ciudadana con la educación pública en México. Muy rápidamente lo logró elaborando investigaciones en esta materia, analizando las políticas públicas y proponiendo reformas y métricas de desempeño educativas.

MCCI, por su parte, se fundó en 2015 para investigar, analizar y comunicar casos de corrupción e impunidad, así como promover el Estado de derecho en el país. Gracias a esta asociación nos hemos enterado de los pormenores de varios casos de corrupción desde el sexenio de Peña, en que empezó a operar.

Algunos de los más emblemáticos son las empresas fantasma vinculadas al gobernador veracruzano Javier Duarte, la red de corrupción inmobiliaria del gobernador quintanarroense Roberto Borge, La Estafa Maestra, Odebrecht en México, los Paradise Papers, así como innumerables revelaciones de contratistas principales del gobierno con fallas de integridad y contratos y empresas que reciben adjudicaciones inmediatas.

Este gobierno las está castigando, demostrando, así, su talante estatista y autoritario.

Astillero

Trump: “mentiras prácticas” // Pospone Apocalipsis cinco días // Ahora, ¿Cuba, Colombia, México? // PT, el aliado dificultoso

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

La Jornada

Impredecible por naturaleza, con signos de deterioro cognitivo y otros trastornos, megalómano y mentiroso, Donald Trump se habilitó un recurso incomprobado para posponer por cinco días sus amenazas apocalípticas a Irán, evitar peores complicaciones económicas (los mercados financieros repuntaron y el precio del petróleo bajó) y darse más tiempo para acumular tropas y equipo en torno a la nación islámica que ha resistido más de lo que en sus mal hechos cálculos supuso el multimillonario narcisista (de hecho, ayer mismo comenzó a repartir culpas por lo que apunta a ser un fracaso, en primer lugar a su desechable secretario de “guerra”, Pete Hegseth).

Desde luego, Trump puede recular de lo reculado y reanudar con más crueldad sus acometidas bélicas, a fin de cuentas sus acciones, reacciones y acomodos corresponden a planes y decisiones de factores de poder por encima del copete presidencial. Pero, al menos en el saldo de este lunes, pareciera que la “furia épica” se trocó en “mentira práctica”.

Por desgracia, el giro reivindicatorio de su mirilla puede llevarle ahora a apretar el puño contra Cuba (donde cree que las condiciones de asfixia económica le permitirán poner fin al ciclo histórico popular), a atacar a Gustavo Petro con la intención de enturbiar las elecciones colombianas en que el progresismo busca continuidad, y, desde luego, aumentar la presión y las amenazas contra México y su gobierno 4T.

El Partido del Trabajo (que forma parte de la alianza electoral y política de la 4T, junto a Morena y el Verde) se ha colocado en fechas recientes como la oposición explícita a propuestas de la presidenta Sheinbaum en materia electoral.

Ya lo fue en general, al lado del negocio faccioso de las cuatro mentiras (el PVEM), en cuanto al plan llamado A (que no fue aprobado) y ahora lo está siendo en un aspecto específico del muy descafeinado plan B, que contiene el rubro probablemente más anhelado por la actual habitante de Palacio Nacional, el de hacer coincidir las elecciones intermedias con el ejercicio de revocación de mandato presidencial, con el agregado de que la persona revocable pueda hablar del tema y promover el voto para sí misma.

No le ha distinguido al PT, a lo largo de su alianza con el obradorismo, Morena y, ahora, el claudismo, una postura demasiado crítica respecto a los avatares de tan pragmáticos acuerdos. Con una votación generalmente modesta, en batalla para no perder el registro en algunas ocasiones, como sucedió en 2015, cuando le faltaron mil 572 votos para alcanzar el 3 por ciento de la votación nacional, que era el mínimo necesario para conservar el registro. Ya con la guillotina encima, el PT logró un muy extraño vuelco, pues el Tribunal Electoral federal de aquella época peñista, con Osorio Chong en Gobernación, anuló la elección del distrito 1 de Aguascalientes, convocó a nuevos comicios y en éstos el Partido del Trabajo consiguió los votos que le faltaban y 12 mil 474 más (https://goo.su/KpIMW3k).

Y, mientras se va diluyendo el recuerdo del magnicidio sucedido 32 años atrás en Lomas Taurinas, Tijuana, de tal manera que ayer solamente hubo algunas reducidas ceremonias simbólicas ( Alito Moreno y Rubén Moreira como principales figuras), en todo caso con la persistencia del apellido Colosio en su hijo, actual senador y tal vez aspirante a gobernar Nuevo León, donde reside (aunque la pareja emecista de Samuel y Mariana pretenden seguir repartiéndose el pastel de dicha entidad), o en Sonora, donde nació, y donde en fecha reciente declaró que sería un gran honor para él conseguir lo que, afirmó, más deseaba su padre, gobernar Sonora, no presidir el país, ¡hasta mañana, con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, cambiando al titular del sistema de aguas (como si el problema fuese de apellidos), entre la creciente irritación social por la contaminación y suciedad extremas del suministro casero!

México SA

Agua, otro saqueo neoliberal // Mercado negro del líquido // Desvío del uso de concesiones

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Como diría el clásico: los escasos beneficiarios del régimen neoliberal no dejaron piedra sin labrar y se sirvieron con una enorme cuchara a la hora de apropiarse y/o lucrar con los bienes de la nación. Uno de ellos, con voracidad feroz, el agua. Obtuvieron millones y millones de concesiones con las que hicieron pingües negocios y las utilizaron para fines distintos a los oficialmente destinados (incluidos campos de polo y golf), especialmente en las zonas con acuíferos sobrexplotados. En síntesis, este se suma a los muchísimos saqueos que impunemente hicieron a lo largo de 36 años.

En la mañanera de ayer, la presidenta Sheinbaum y el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, denunciaron que con la Ley de Aguas de 1992 (la de Carlos Salinas de Gortari) el vital líquido se convirtió en simple mercancía que fue concesionada al por mayor en beneficio de los “amigos” del régimen (políticos, empresarios, parentela, etcétera), y detallaron que el innombrable otorgó miles de concesiones, pero no fue el único: también lo hicieron Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y al estilo de las concesiones mineras (por medio de la cuales esa pandilla entregó millones de hectáreas de territorio nacional), los beneficiarios las destinaron a fines distintos a los que amparaban esos títulos. Un caso concreto es el del diputado priísta Mario Calzada Mercado (perteneciente a la familia del ex gobernador de Querétaro José Eduardo Calzada Rovirosa, y que obviamente votó en contra de la nueva Ley de Aguas), que cuenta con concesiones para uso agrícola (las que no pagan derechos a la Conagua por ser utilizadas, oficialmente, a la producción de alimentos) y cambió el uso de 628 mil metros cúbicos para venderla en pipas en zonas donde escasea para consumo humano. “En realidad, no se destinó a tal fin, sino a un lugar residencial que tiene un campo para jugar polo, donde hay esquí acuáticos y tienen áreas verdes muy grandes, mientras la gente de a lado no tiene agua; ya se les retira la concesión y se les clausuró dos veces, porque en la primera se ampararon por el uso de agua en pipas”, detalló la mandataria.

Otro caso es el de una empresa refresquera “muy famosa” (no proporcionó el nombre por estar en litigio). Al revisar su estatus se documentó que tiene concesiones, y no paga nada por poco más de 2 millones 800 mil metros cúbicos del total que tiene concesionado. “Pasan dos cosas: o no lo está utilizando y lo tiene acaparado, o lo está utilizando y no paga por el servicio; tiene 10 títulos en donde se está sobrexplotando una cantidad mayor del agua que le fue concesionada; 42 que no cuentan con medidor y 10 que incumplen con sus pagos. Además, tiene un adeudo presuntivo, sólo esta empresa, de 234 millones”.

Y el director de la Conagua detalló: “tenemos un adeudo presuntivo de casi 12 mil millones de empresas que, de no regularizarse, van a tener las sanciones correspondientes, incluso la cancelación de sus títulos”. entonces, no sólo violan los términos de las concesiones, sino que no pagan un centavo por ellas. Por ejemplo, venden agua embotellada a un precio elevadísimo y no cubren los derechos correspondientes.

Con la nueva Ley de Aguas (aprobada en diciembre de 2025), explico Efraín Morales López, “se eliminan las transmisiones entre particulares, con lo que se impide el mercado negro; corta de tajo el régimen de privilegios que se instauró durante el periodo neoliberal, y da paso a un sistema que privilegia el derecho humano para los mexicanos”.

Para dimensionar de qué se trata, en noviembre pasado, la mandataria dio un ejemplo: productores con concesiones de agua para riego (por las que no pagan un centavo) la venden a municipios con una ganancia anual de 300 millones de pesos; concesiones para uso agrícola terminaron utilizadas en parques industriales, en campos de golf o incluso en desarrollos inmobiliarios sin que exista control del Estado, y ha generado un gran desorden y afectaciones. De ahí la necesidad de aprobar una nueva Ley de Aguas para cancelar los privilegios que garantizaba la legislación salinista de 1992. Para bien del país, el cambio se dio en diciembre de 2025 y la revisión continúa para acabar con todas las irregularidades.

Las rebanadas del pastel

Dado que la comunidad de naciones no mueve un dedo, ¿qué esperan los estadunidenses para internar a Trump en un hospital siquiátrico? Cada día que transcurre sus síntomas de locura son más evidentes. Entonces, urge por el bien de la humanidad… Hoy, aniversario 50 del golpe militar en Argentina y la salvaje dictadura.