Lo que dicen los columnistas

Nudo gordiano

Culpar a los periodistas

Yuriria Sierra

Excelsior

En la era de la polarización política extrema, una estrategia se ha vuelto casi universal entre líderes de todo el espectro ideológico: culpar a los periodistas. Desde la extrema derecha hasta la izquierda radical, el manual parece ser el mismo: cuando las cosas van mal, la culpa siempre recae sobre esos “enemigos del pueblo” que osaron reportar la realidad.

La estrategia trasciende fronteras ideológicas con uniformidad sorprendente. Donald Trump popularizó el término fake news y declaró a los medios “enemigos del pueblo americano”. Del otro lado del espectro, Nicolás Maduro, en Venezuela, ha clausurado decenas de medios independientes bajo acusaciones de “terrorismo mediático”. En Brasil, tanto Bolsonaro como Lula atacaron a medios críticos desde posiciones opuestas. En Argentina, Cristina Kirchner y Mauricio Macri (por no hablar de Javier Milei y sus desvaríos) desplegaron la misma hostilidad hacia la prensa independiente. La lista se extiende: Erdogan, Putin, López Obrador, Orbán, Modi. Todos, independientemente de su color político, han encontrado en los periodistas un chivo expiatorio conveniente.

¿Por qué esta estrategia resulta tan atractiva? Funciona a corto plazo. Culpar a los periodistas permite desviar la atención de problemas reales, movilizar bases contra un enemigo visible y crear una narrativa donde el líder siempre es víctima de conspiración mediática. Los periodistas son blancos perfectos: su trabajo consiste en hacer preguntas incómodas e investigar irregularidades. Para gobiernos que prefieren operar sin cuestionamientos, la prensa libre representa un obstáculo molesto.

Sin embargo, esta estrategia esconde una trampa mortal. Al erosionar sistemáticamente la credibilidad de los medios, los líderes destruyen uno de los pilares fundamentales de la democracia: el sistema de contrapesos que impide la concentración absoluta del poder. Una prensa libre actúa como mecanismo de alerta temprana que detecta corrupción, ineficiencia y abuso antes de que se conviertan en crisis sistémicas. Cuando los gobiernos silencian a los medios independientes pierden este sistema de detección, quedando ciegos ante sus propias fallas.

Paradójicamente, los líderes que atacan a la prensa por reportar “noticias falsas” terminan creando exactamente lo que denuncian. Al polarizar el panorama mediático, fuerzan a los medios a tomar posiciones extremas para sobrevivir, creando el sesgo que originalmente criticaban. Más peligroso aún, al eliminar fuentes confiables, crean un vacío llenado por desinformación y teorías conspiracionales.

En el mediano y largo plazos, los gobiernos que destruyen la prensa libre se condenan al colapso. Sin mecanismos independientes de rendición de cuentas, estos regímenes se vuelven sistemas cerrados que se retroalimentan con propaganda hasta perder contacto con la realidad.

La libertad de prensa no es un lujo democrático, sino un componente esencial del sistema inmunológico de cualquier sociedad democrática. Los líderes que la destruyen no eliminan un enemigo; cortan las arterias de oxígeno de la democracia, condenando, eventualmente, a sus propios gobiernos a la asfixia política. Una democracia sin prensa libre no es una democracia más fuerte, sino una democracia moribunda.

Defender a los periodistas no es defender una profesión; es defender nuestro derecho a conocer la verdad, a que alguien vigile a quienes nos gobiernan y a mantener viva la posibilidad de que la democracia sea algo más que una palabra vacía. Cuando permitimos que se ataque a la prensa estamos entregando voluntariamente las llaves de nuestra libertad a quienes prefieren gobernar en las sombras. No se trata de estar de acuerdo con cada reportaje o de aplaudir cada decisión editorial; se trata de entender que el día que los periodistas dejen de molestar al poder será el día en que el poder dejará de tener límites. Y ese día todos seremos más pobres, más vulnerables y más ciegos ante los abusos que se cometen en nuestro nombre.

Juegos de poder

Sobre el nuevo Poder Judicial

No seamos ingenuos. Morena no hizo toda esta reforma en vano. Aquí hubo un diseño institucional para capturar a la Suprema Corte, como ya lo habían hecho con el Tribunal Electoral.

Leo Zuckermann

Excelsior

Muy bonito, muy republicano, el acto de ayer de la toma de posesión de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). No todos nuevos, por cierto, ya que tres de ellas venían desempeñándose en ese puesto.

Buen discurso del nuevo ministro presidente, Hugo Aguilar. Se acabaron los privilegios judiciales. El pueblo de México ahora sí tendrá acceso a la justicia. Atinadas referencias históricas y compromisos de austeridad y eficacia.

Perfecto.

Sin embargo, escuchando a Aguilar no pude dejar de olvidarme de dos cosas. Un par de elementos que siempre tendremos que tomar en cuenta cuando hablemos de la conformación de esta nueva Corte.

Primero, esos ministros son el resultado de una elección fraudulenta. Llegan, en este sentido, con un problema de legitimidad. Con una baja participación electoral de 13% y gran cantidad de votos anulados, los ganadores de la contienda fueron los que aparecieron en “acordeones” que el gobierno y su partido repartieron por toda la República.

Quedaron, así, los candidatos que quería Morena. Candidatos que, además, habían sido filtrados por ellos mismos para aparecer en las boletas.

Una mayoría de consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral controlados por Morena legalizó esta maniobra fraudulenta a todas luces. De esta forma se consagró, por un lado, la defenestración de la Suprema Corte de Justicia existente y la alineación de una nueva con abogados allegados a la llamada “Cuarta Transformación”.

Como bien señaló el periódico Reforma ayer en sus ochos columnas, se logró el objetivo de López Obrador: “Todo el poder”. Ahora Morena controla el Ejecutivo, ambas cámaras del Legislativo y el Judicial.

Segundo elemento que recordar: una de las tres ministras que repite en la cargo es Yasmín Esquivel, una mujer que plagió sus tesis de licenciatura y doctorado. Plagiar es robarse las ideas de otro. Luego, entonces, Esquivel, quien debió haber renunciado a su cargo una vez que se descubrió que era una ladrona, no sólo permanece en la Corte, sino que eventualmente será su Presidenta.

No dijo Aguilar que una plagiaria será la encargada de adjudicar justicia para el honorable pueblo de México.

No podemos ni debemos dejar de recordar estas dos piezas informativas en la conformación de la nueva SCJN.

¿Qué podemos esperar hacia delante?

Pues sí, sumisión de la Corte al liderazgo morenista. Si ellos salieron elegidos por gracia y obra de Morena, si les deben la chamba a ellos, no hay que ser un genio como para predecir que por interés y convicción estarán muy cercanos a lo que decida la Presidenta.

Quizá veremos algún tipo de independencia en casos que no le importe mucho al Ejecutivo federal. Incluso para presumir que sí son autónomos. Pero en los casos en que la Presidencia tenga mucho interés de que se sentencien de cierta forma, auguro que la nueva Suprema Corte actuará en consecuencia, es decir, decidirá a favor del gobierno.

No seamos ingenuos. Morena no hizo toda esta reforma en vano. Aquí hubo un diseño institucional para capturar a la Suprema Corte, como ya lo habían hecho con el Tribunal Electoral. Por más bonito que hable Aguilar, al final veremos una alineación de los intereses del Ejecutivo federal con las decisiones de la Corte.

Ahora bien, ayer no sólo tomaron posesión los nuevos ministros de la SCJN, sino también jueces de una jerarquía menor. Esos son los más importantes para la justicia cotidiana. Los que resuelven conflictos y controversias entre personas (físicas y/o morales) y hacen cumplir las decisiones judiciales.

Son miles de casos que se procesan cada año en el ámbito federal incluyendo los juicios de amparo que son muy relevantes en nuestro sistema judicial. Ahora, nuevos jueces y magistrados procesarán estos casos. Estamos hablando de abogados sin experiencia en la judicatura que entrarán a aprender cómo se imparte justicia comenzando con los procedimientos que manda la ley.

Habrá una muy empinada curva de aprendizaje. Mientras tanto, la justicia mexicana sufrirá con juzgadores sin experiencia alguna.

El investigador de la UNAM, Javier Martín Reyes, lo compara como si se hubiera llegado a la conclusión de que el sistema de salud pública tenía graves problemas y que, para resolverlos, lo mejor sería despedir a todos los médicos y sustituirlos con unos elegidos por voto popular sin experiencia alguna.

Me parece afortunada esta analogía. Imaginemos el caos que esto generaría en el sistema de salud. Pues es lo que habrá en el sistema judicial con todo y la buena retórica del ministro Aguilar. Los hechos hablarán, y muy pronto. Yo no les doy el beneficio de la duda porque todos estos juzgadores surgieron de una elección fraudulenta.

La incertidumbre crónica

La violación de la libertad de expresión afecta —inmediata y directamente— las otras libertades. Lamentablemente, hoy día estas libertades están amenazadas por quienes están obligados no sólo a observarlas, sino también a hacerlas valer y perseguir su violación.

Martín Espinosa

Excelsior

Tras conocerse los resultados de la última encuesta de los estudiosos de la economía que realiza mensualmente el Banco de México, surge nuevamente un elemento que cada vez incide más en el bajo crecimiento que ha tenido el país en los últimos tiempos, más allá de la inseguridad pública: la incertidumbre del entorno mundial en materia, principalmente, de geopolítica y comercio.

Ello demuestra que las condiciones de aquel túnel en el que el mundo entró para la segunda década de este siglo, sumado a las consecuencias de la pandemia sanitaria, en nada se han modificado. Aún más, han derivado en una radicalización de la convivencia política y social desde los principales gobiernos que hoy ejercen el poder en varias regiones del planeta.

La falta de claridad en el rumbo internacional se ha agudizado, principalmente, en aquellos países en los que los gobiernos autoritarios se han consolidado, producto del hartazgo social ante la pérdida de rumbo y la multiplicación de los problemas económicos para las mayorías, combustible efectivo para el surgimiento de regímenes dictatoriales que aluden al nacionalismo para instalarse como modelos de “control” político.

Además de la pandemia de hace cinco años, de la inseguridad, el desempleo y la falta de oportunidades, las sociedades modernas sufren también el acoso permanente a los órganos que algún día significaron contrapesos al ejercicio del poder, incluyendo a la libertad de expresión la cual ha sido menoscabada en sus derechos fundamentales.

El caso mexicano es significativo: el marco jurídico del derecho a informarse, expresarse y difundir las ideas por cualquier medio está fundado en los artículos sexto y séptimo de la Constitución. En particular, el artículo sexto constitucional vigente se mantuvo prácticamente sin cambios durante 90 años, con las siguientes excepciones: la importante reforma política de 1977, por medio de la cual se añadió el derecho a la información, mismo que fue garantizado por el Estado con la reforma, 30 años más tarde, con la que se incorporaron los principios y bases en los que se fincaría la información gubernamental, y la reforma del 13 de noviembre de 2007, la cual consagró el Derecho de Réplica.

Se trata del artículo constitucional que garantiza la libertad de expresión en favor de los mandantes, es decir, de la población, no del gobernante, y cuyo ejercicio exige la observancia de la libertad de imprenta (artículo séptimo constitucional), la libertad de cátedra e investigación (artículo tercero) y —por supuesto— la libertad religiosa (artículo 24). En la libertad de expresión se conjugan varios derechos: la libertad de imprenta, la libertad de opinar, la libertad de analizar y la libertad de informar.

La violación de la libertad de expresión afecta —inmediata y directamente— las otras libertades. Lamentablemente, hoy día estas libertades están amenazadas por quienes están obligados no sólo a observarlas, sino también a hacerlas valer y perseguir su violación. Ya se habla, incluso, de “endurecer” desde el poder la Ley del Derecho de Réplica, para facilitar un mecanismo de “sanción inmediata” para medios “que mientan” a consideración de la propia autoridad, que se convierte así en juez y parte.

El cumplimiento de la ley, en cualquier país del mundo, no puede ser una opción ni su observancia un capricho, sino la divisa irrenunciable para cualquier ciudadano. Lo único que nos hace iguales como miembros de una sociedad son las leyes, las cuales nos dotan de derechos al tiempo de que establecen obligaciones para todos: gobierno y sociedad. Ambos debemos entender que la democracia es, ante todo, equilibrio; y éste únicamente proviene de la participación activa de todos sus integrantes, la oposición política incluida.

Astillero

Llega Rubio con mensaje humeante // Ataque mortal en el Caribe // “Entendimientos” con México // Ohuira: Bárcena-Semarnat incumplen

Julio Hernández López

La Jornada

El mismo día en que el sumamente beligerante secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, arribaría a México, el presidente Donald Trump le confeccionó una actualizada tarjeta de presentación de (literal) alto impacto: el mortal ataque en aguas del Caribe a una pequeña embarcación que habría salido de Venezuela, supuestamente con carga de narcóticos, presuntamente con destino a Estados Unidos y bajo hipótesis de pertenecer a un cártel del crimen organizado.

Además del agravamiento de las provocaciones contra el gobierno de Venezuela, que encabeza Nicolás Maduro, el mensaje de amago hacia México es evidente, a horas de la reunión que sostendrá Rubio con la presidenta Sheinbaum y con miembros de su gabinete, para acordar “entendimientos” en materia de seguridad, en particular respecto a métodos expeditos y eficaces de “desmantelamiento” de cárteles mexicanos del crimen organizado.

La Casa Blanca dota a su enviado punitivo de un ejemplo, desde el Caribe, del tipo de ataques que podrían dirigirse a vehículos y personas mexicanas, o saliendo desde México, que a juicio del trumpismo debieran recibir la mortal aplicación unilateral, violatoria de toda norma de derecho, de la autoasignada facultad imperial de realizar ejecuciones de personas al amparo de la legislación gringa que declaró como organizaciones terroristas a cárteles mexicanos, etiqueta que puede aplicarse de manera voluble e infundada a quien le dé la gana a los verdugos gringos (como sucedió, por ejemplo, con los “daños colaterales” que justificaba en su momento Felipe Calderón durante su “guerra contra el narcotráfico”).

Te lo digo, Venezuela, para que lo entiendas, México, es el virtual emplazamiento lanzado por Trump para fortalecer al impositivo Rubio en su reunión de hoy con Sheinbaum. Desde la sabida asimetría tan desventajosa para México, es de desearse que la Presidenta pueda eludir en lo más posible la metralla política, económica y también balística de Trump y sus halcones.

Alicia Bárcena, la actual secretaria de Medio Ambiente, se sumó a la lista de funcionarios federales que prometieron dialogar con las comunidades de la Bahía de Ohuira que serán afectadas por la instalación (la cual avanza a todo vapor) de una planta que pretende producir 2 mil toneladas diarias de amoniaco en una zona de biodiversidad que debería ser sumamente protegida, todo ello con impacto negativo en la cultura y forma de trabajo de comunidades indígenas y pescadores.

Ya antes, María Luisa Albores, a cargo de la Semarnat en el sexenio pasado, prometió tres veces ir a aquella región de Ahome, Sinaloa, sin cumplir ninguna. Adán Augusto López Hernández ofreció al gobernador tradicional indígena Felipe Montaño telefonearle para concertar una cita en Gobernación y tampoco cumplió.

Bárcena prometió a finales de mayo visitar en específico a esas comunidades afectadas. El 30 de julio se publicó aquí que habían pasado dos meses de incumplimiento (https://goo.su/6xZf4), a lo que la secretaria respondió en X: “escuchar a las comunidades es prioridad. Visitaremos la Bahía de Ohuira, como me comprometí en agosto. Desde @SEMARNAT_mx reafirmo nuestro compromiso para dialogar con quienes defienden sus territorios”.

Terminó agosto y no se cumplió el ofrecimiento de diálogo. Tal vez Alicia Bárcena pueda visitar la zona para cortar el listón inaugural de la planta de amoniaco y de otras empresas contaminantes que se han instalado en un corredor industrial en el entorno de la Bahía de Ohuira. Dichas construcciones avanzan a toda velocidad, sin contratiempos, con toda impunidad, mientras la autoridad ambiental revisa y revisa si hay afectaciones.

Y, mientras en San Lázaro ha avanzado la “civilidad” proclamada por Ricardo Monreal y en la presidencia de la mesa directiva de esa Cámara ha quedado la panista Kenia López Rabadán.

México SA

Trump y su narcobarco // Operación de falsa bandera // ¿Y en casa quién distribuye?

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Donald Trump no se cansa de meter las manos en todas partes del planeta, menos en su propio país. Amenaza, busca pleito por doquier, insulta, agrede, aplica enloquecidos aranceles, pretende apropiarse de países soberanos, invadir a otros que poseen enormes reservas petroleras, hacer un “bello y brillante paraíso turístico en Gaza” (sin gazatíes, desde luego, que para su exterminio ahí está su socio, el genocida Benjamin Netanyahu), acabar con el narcotráfico (pero no en su casa) y decenas de sandeces más, que se suman a las que cotidianamente pronuncia.

Por ejemplo, ayer dio cuenta, como si se tratara de un “éxito rotundo”, de “una acción militar contra el narcotráfico”, que apesta a ser operativo de falsa bandera, siempre con miras de presionar y atacar a Venezuela y, obviamente, apropiarse de sus reservas petroleras, lo que hace recordar cómo el gobierno gringo descaradamente armó el incidente del golfo de Tonkín, en 1964, con todo lo que ello implicó, para que, con ese pretexto, Estados Unidos enviará cientos de miles de soldados a Vietnam, país del que, por cierto, fueron expulsados en una de las más sonadas y vergonzosas derrotas militares del autodesignado “policía del mundo”.

Resulta que Trump celebró que sus fuerzas militares destruyeron un “barco (sic) con muchas drogas proveniente de Venezuela”, acción, dijo, que “fue corroborada” por el secretario de Estado, Marco Rubio. Pero, ¿es en serio?, porque a los narcos se les puede acusar de todo, menos de ser pendejos. ¿En realidad éstos se animaron a transitar, cargados de polvo blanco, en medio de numerosos navíos de guerra estadunidenses (tres destructores, dos submarinos nucleares, dos buques de desembarco, uno de asalto anfibio y un crucero, con alrededor de 4 mil marinos) desplegados en el Caribe en aguas cercanas a esa nación sudamericana? Sí, cómo no.

Si se trata de droga, narcotráfico, violencia asociada a esta actividad ilícita y/o lavado de dinero proveniente de dicho negocio, para el gobierno estadunidense todos los países son “responsables”, menos el propio, dejando de lado que el gringo es, por mucho, el mayor mercado de consumo de enervantes de todo el planeta. Así lo piensa Trump, como lo hicieron sus antecesores en la Casa Blanca, y así lo quiere “resolver”, siempre fuera de sus fronteras y violando el derecho internacional.

Ahora, mediante un operativo de falsa bandera y utilizando una lancha pedorra que, dice, transportaba droga “proveniente de Venezuela” (versión oficial), Trump pretende justificar el brutal despliegue militar en el Caribe, muy cerca de la costa venezolana, con fines de desembarco. “Estas drogas están saliendo en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela. Así que las eliminamos”, dijo el cherife de la Casa Blanca, y ya encarrerado aseguró que dicha acción militar fue “contra narcoterroristas del Tren de Aragua, organización terrorista extranjera que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual, actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental; que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡Cuidado!”

Qué barbaridad, pero ¿en casa cómo van las cosas?, porque los consumidores gringos no tocan la puerta de la embajada venezolana en Washington ni las correspondientes a sus consulados en territorio estadunidense para surtirse de droga libremente como si fuera supermercado en el que, sin problema, encuentran de todo y para todos y de forma por demás abundante. Entonces, lo de siempre: ¿quién distribuye en Gringolandia? ¿Quiénes protegen a los narcos de allá y les lavan los multimillonarios ingresos?

Sobre esto último, un recordatorio: “Cada año fluyen 100 mil millones de dólares del tráfico de drogas al sistema financiero de Estados Unidos y, en específico, toda la cadena de suministro de fentanilo que se comercializa en ese país, desde la adquisición de precursores químicos hasta los esquemas de lavado de dinero, pasa por esa red de prestamistas, de acuerdo con información oficial del Departamento del Tesoro. Sin embargo, hasta la fecha ningún banco estadunidense ha sido señalado o siquiera se ha informado de una investigación sobre el dinero que entra y sale a carretadas del país con la mayor población de adictos en el mundo” (La Jornada, Dora Villanueva).

Las rebanadas del pastel

De plano, Carlos Slim no deja piedra sin labrar y en el gobierno de la “transformación” le siguen aupando… Y gracias al prianista Ricardo Monreal, se le hizo a Kenia López Rabadán.