Lo que dicen los columnistas

Bombazos y ejecuciones: se acabaron los abrazos

El cambio de la estrategia de “abrazos y no balazos” de López Obrador por el de confrontación del gobierno de Sheinbaum es un giro fundamental en la concepción y entendimiento del combate al crimen organizado.

José Gil Olmos | Proceso

Durante varias décadas los grupos del narcotráfico controlan partes del territorio nacional. Ahí no hay más gobierno que el suyo, soportado por las armas y el terror. En el arranque de esta administración la señal es que la violencia seguirá con bombazos y ejecuciones que ya tienen el tinte de terrorismo. Ante esto, las fuerzas armadas ya entraron en acción enfrentando a estos grupos mandando una señal de que la estrategia de “abrazos y no balazos” se terminó.

El escenario de violencia para el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum es más que claro: el asesinato del sacerdote y defensor de los pueblos indígena de Chiapas, Marcelo Pérez; la explosión de los coches bombas en Jerécuaro y Acámbaro; la decapitación Alejandro Arcos,  presidente municipal de Chilpancingo; los enfrentamientos entre chapitos y la mayiza en Culiacán donde el Ejército ya hizo acto de presencia en un enfrentamiento con 19 muertos; e igualmente el enfrentamiento en Tecpan de Galeana entre el barco y el ejército con 16 muertos, son pinceladas de un panorama que habrá de enfrentar.

Durante seis años el gobierno de Andrés Manuel López Obrador siguió una estrategia que fracaso. En un afán de mostrar flexibilidad dio la orden a las fuerzas armadas y a la Guardia Nacional de no enfrentar a los grupos criminales a quienes tildó de buenas personas. Con el lema de “abrazos y no balazos” mostró una bandera blanca que de inmediato se manchó de sangre. 

El resultado de esta política de seguridad fue terrible: 51 mil desaparecidos y 200 mil homicidios, así como 350 mil personas desplazadas de sus comunidades huyendo del terror impuesto por los grupos criminales que no solo usan armas en ristre sino drones con bombas.

Mientras que el nuevo gobierno está concentrado en la aprobación de reformas constitucionales, la violencia generada por los grupos criminales no para, violencia vestida de terror en una guerra intestina por el control de territorio.

Este control de territorio es lo que el Ejército y la Guardia Nacional es el que tratarán de recuperar, pero no con abrazos sino con el uso de la fuerza armada, ante lo cual habrá de esperar una reacción igualmente violenta de parte de los grupos criminales.

En medio de estos dos grupos –el Ejército y los narcotraficantes— está la población civil que queda atrapada en un campo de batalla en una condición de desamparo. 

Es aquí donde la labor de inteligencia anunciada por el secretario de seguridad, Omar Harfuch y las fuerzas armadas, será fundamental, no solo para disminuir la fuerza armadas de los grupos criminales, sino para recuperar territorio y proteger a la población.

El cambio de la estrategia de “abrazos y no balazos” de López Obrador por el de confrontación del gobierno de Sheinbaum es un giro fundamental en la concepción y entendimiento del combate al crimen organizado. 

Si bien es cierto que no se abandona la atención a las causas como es la marginación de buena parte de la población, el uso de las armas para combatirlos es el reconocimiento que los llamados a portarse bien fue una estrategia inicua implementada por López Obrador con una intención política de no responsabilizarse por las consecuencias y de no cargar con el estigma que se le dio a Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, de terminar su administración con la carga de miles de muertos, desaparecidos y desaparecidos.

Por cierto… Si la inteligencia es la piedra angular de la nueva estrategia del gobierno para combatir el crimen organizado, en los atentados con coches bomba en Jerécuaro y Acámbaro algo fallo pues el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reconoció que hubo señales previas a las acciones. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazo lo que la opinión pública y la propia ciudadanía ya califican como terrorismo los carros bomba usados en Guanajuato. “No se puede catalogar como terrorismo”, afirmó la presidenta.

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Razones

Es terrorismo

En EU están convencidos de que los grupos criminales mexicanos, que son causantes (no exclusivos, pero para ellos sí) de cien mil muertos anuales por sobredosis de fentanilo, deben ser declarados terroristas

Jorge Fernández Menéndez | Excelsior

¿Cuál es la diferencia? Hemos visto coches bomba explotar en varias ciudades del mundo, en París, en Londres, alguna vez en Madrid, hasta en Moscú; los hemos visto estallar en Colombia (¿quién puede olvidar la guerra entre Pablo Escobar, del Cártel de Medellín, contra el Cártel de Cali de los hermanos Rodríguez Orejuela o los atentados de las FARC, el ELN o los paramilitares?); los hemos visto en Ecuador, en Israel, en Irak, en Oriente Medio. Hemos visto atropellamientos masivos en Barcelona, Londres, París. Hemos visto personas decapitadas por ISIS, exhibidas en redes. Hemos visto ataques y desfiles militares de Al Qaeda y de otras organizaciones terroristas, para desafiar a las autoridades, en muchos países.

¿Alguien nos puede decir en qué se diferencian esas acciones terroristas de las que estamos viviendo en México? Sólo en los últimos días hemos tenido al alcalde de Chilpancingo decapitado y con su cabeza puesta sobre el techo de un automóvil a metros de la presidencia municipal; hemos tenido dos coches bombas, en Acámbaro y Jerécuaro en Guanajuato; hemos tenidos enfrentamientos, uno en Sinaloa y otro en Tecpan de Galeana, en Guerrero, que han sido verdaderos combates, con cerca de 20 muertos en cada uno, contra criminales que tienen armas de guerra y vehículos blindados, artesanales y no.

En Chiapas, la frontera está controlada por cárteles criminales que atacan a las comunidades, desplazan a la población, secuestran a las niñas y jovencitas para introducirlas en mecanismos de trata, a los jóvenes para volverlos sicarios, desfilan por las calles, exhiben su armamento y sus miembros se amenazan mutuamente entre ellos, y también a las autoridades locales y federales. Un reconocido sacerdote, Marcelo Pérez fue asesinado cuando terminó de ofrecer la misa de domingo.

Los muertos en el país suman, en la última semana, unos cien por día, en el sexenio pasado fueron 200 mil, con 51 mil desaparecidos. ¿Quién puede asegurar que los grupos criminales en México no son terroristas, que lo que vivimos no son ataques terroristas? La presidenta Sheinbaum dio una explicación un poco enredada y técnica sobre por qué no son ataques terroristas lo que sufrimos cotidianamente; el gobernador Rutilio Escandón fue más allá y aseguró que su estado, Chiapas, está en paz y que todo es una cuestión de percepciones; la presidenta municipal de Acámbaro va dos días después del atentado con coche bomba a la zona del ataque y dice que todo estará bien, la gente le grita que tiene miedo, que hubo niños que estuvieron a punto de morir; a ninguno de los dos municipios llegaron autoridades federales o estatales.

Según la ONU, la definición de terrorismo “es la intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia”. El FBI considera terrorismo al “uso ilegal de la fuerza y la violencia contra personas o propiedades para intimidar o coaccionar a un gobierno, a la población civil o a cualquier segmento de la misma, en apoyo de objetivos políticos o sociales”. Eso es lo que estamos viviendo en México. Puede ser que por razones políticas no queramos reconocerlo, pero es un hecho inocultable.

En el terrible conflicto de Gaza mueren unas 130 personas al día, en México (sí, en un territorio mucho más grande y con una población mayor) unas cien personas diarias. Y los grupos criminales, como dice la ONU o el FBI, utilizan la fuerza y la violencia para intimidar a la población y a las autoridades. No sólo eso, como vimos en los enfrentamientos en Tecpan de Galeana o como lo vemos todos los días en Chiapas, esos grupos criminales utilizan cada vez más sicarios provenientes de otros países, sobre todo de Centroamérica. Algunos pueden ser esos muchachos migrantes que son secuestrados cuando intentan llegar a la frontera, pero la mayoría provienen de grupos criminales, de exmilitares o exguerrilleros de El Salvador, Guatemala o Colombia.

En Estados Unidos, donde hay elecciones la próxima semana, los dos aspirantes presidenciales, Kamala Harris y Donald Trump, con distintos matices, están convencidos de que los grupos criminales mexicanos, que son causantes (no exclusivos, pero para ellos sí) de cien mil muertos anuales por sobredosis de fentanilo, deben ser declarados terroristas.

Eso les permite, según su legislación, realizar operaciones extraterritoriales para atacarlos: si, como todo lo indica, la caída de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López fue el resultado de una operación de inteligencia estadunidense, estará amparada en esa legislación. Quién sabe qué harán en el futuro Harris o Trump, pero el republicano ya sopesó en su primer gobierno ataques con drones en México y para los dos esta situación obliga a que, en la próxima revisión del T-MEC, como convenio paralelo, exista un acuerdo tripartito de seguridad con México y Estados Unidos.

SERRAT

Joan Manuel Serrat recibió el premio Princesa de Asturias a las Artes. Su discurso fue notable. “Soy un hombre, dijo, partidario de la vida. Prefiero los caminos a las fronteras, la razón a la fuerza y el instinto a la urbanidad. Soy un animal social y racional que necesita del hombre más allá de la tribu. Creo en la tolerancia. Creo en el respeto al derecho ajeno y el diálogo como la única manera de resolver los asuntos justamente. Creo en la libertad, la justicia y la democracia. Valores que van de la mano o no lo son. Tal vez por eso no me gusta el mundo en que vivimos, hostil, contaminado e insolidario, donde los valores democráticos y morales han sido sustituidos por la avidez del mercado, donde todo tiene un precio. No me gusta ser testigo de atrocidades sin unánimes y contundentes respuestas”. ¿Es tan difícil asumir esas palabras como nuestras?

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La crueldad del reclutamiento forzado del crimen organizado

Mario Luis Fuentes | Excelsior

Debe insistirse. El lenguaje sobre lo social debe estar en constante revisión y crítica, porque los conceptos no sólo describen o explican: también son formas de criticar y señalar, por ejemplo, que algo anda muy mal y que hay profundas heridas y malestares en nuestra realidad cultural contemporánea.

Una de las situaciones que es generadora de esas heridas, marcas a veces indelebles y también irreversibles, se encuentra en las formas cada vez más violentas y crueles que utiliza el crimen organizado para reclutar combatientes y, con ellos, mantener a las células armadas que les permiten tener al país permanentemente bajo fuego.

Las niñas, niños y adolescentes, debe decirse de manera enfática, tienen el derecho inalienable de estar protegidos en contra de todas las formas de maltrato, abuso y violencia, y debe evitarse en todo momento que puedan ser sometidos a cualquier forma de tratos crueles o degradantes.

Desde hace décadas, los grupos criminales también optaron por el reclutamiento de mercenarios internacionales y, recientemente, se ha intensificado la presencia de personas de origen guatemalteco en sus filas. El grupo denominado como Los Zetas comenzaron con esta práctica de reclutar a los llamados kaibiles, militares desertores del ejército de nuestro país vecino del sur. Esa práctica no ha cesado y parece que, además, ahora convive con el reclutamiento forzado de personas indígenas y campesinas de aquel país, entre las que también se encuentras niños y adolescentes.

Lo que más indigna es la impunidad que rodea estas prácticas. Mientras el Estado mexicano se debate entre declaraciones de buena voluntad y estrategias fragmentadas, las organizaciones delictivas no sólo se consolidan, sino que perfeccionan su maquinaria de terror.

El resultado, buscado o no, es inadmisible. Las historias de niñas y niños que desaparecen de sus hogares y terminan inmersos en un mundo de muerte y tortura son cada vez más comunes. En el mismo nivel se ubica la realidad de las vidas de miles de personas migrantes que, en busca de refugio, terminan atrapadas en redes criminales que los cosifica. Guatemala se ha convertido en uno de los países más afectados por esta dinámica, con decenas de sus ciudadanos convertidos en víctimas invisibles de la violencia organizada en México. Las historias se repiten: secuestro, trabajos forzados y, para muchos, una muerte silenciosa en medio de la selva o los desiertos del norte.

El reclutamiento infantil se ha sofisticado en métodos de coerción psicológica y manipulación. En algunas zonas del país los cárteles locales actúan como células preliminares de reclutamiento, detectando a menores en situación de abandono o que han sido excluidos de los sistemas educativos. Los videojuegos, las redes sociales e incluso los parques son escenarios donde se ejerce esta cacería. Con promesas de pertenencia y poder, las organizaciones criminales capturan a jóvenes sin otro referente que la violencia. La consecuencia es devastadora: estos menores terminan atrapados en un círculo vicioso del que rara vez logran escapar con vida o sin cargar un estigma irreversible.

México enfrenta una crisis ética que no puede posponerse más. Cada niño reclutado, cada migrante esclavizado son un recordatorio de la brutalidad que se ha normalizado en el país. La incapacidad del Estado para intervenir eficazmente, y la complicidad estructural de numerosos gobiernos locales, se han convertido en aliados de esta crueldad sin precedentes.

No basta con señalar al crimen organizado como responsable; es imperativo que las autoridades y la sociedad asuman su cuota de responsabilidad. Sin una respuesta contundente, no sólo seguiremos sumando víctimas, sino que estaremos aceptando que, en México, la vida humana puede ser tratada como un recurso más del que el crimen organizado dispone a voluntad.

Las esperanzas de futuro de toda una generación penden de un hilo. La disyuntiva es clara: o el Estado responde con políticas decididas, eficaces y centradas en una lógica de justicia centrada en las víctimas o los criminales seguirán ocupando los espacios vacíos, convirtiendo la violencia y la crueldad en ley.

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Astillero

Primera pifia: Plascencia, evaluador // Dos ministras 4T lo proponen // Ex ombudsman no es idóneo // ¿Así seleccionarán a candidatos?

Julio Hernández López | La Jornada

Una facción identificada plenamente con la llamada Cuarta Transformación ha cometido una pifia (o algo parecido) de muy difícil explicación: Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, llegadas en 2019 y 2021, respectivamente, al máximo tribunal por el empuje de Morena y Palacio Nacional, decidieron (sin el acompañamiento de Lenia Batres, al menos en cuanto al oficio de propuesta) presentar un quinteto de nombres para ser analizados y eventualmente aprobados.

La función de esos cinco evaluadores a nombre del Poder Judicial Federal es delicada, pues tal comité recibirá los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificará a las personas mejor evaluadas para garantizar que tengan los conocimientos técnicos adecuados y que se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales.

Por si hubiera duda de la trascendencia de esas designaciones, la ministra Ortiz Ahlf precisó en la red social X que ella y Esquivel Mossa habían presentado la quinteta de aspirantes a evaluar, pues este órgano auxiliar será determinante para calificar la idoneidad de las personas elegibles (https://goo.su/infEgpy).

Pero resulta que entre los cinco nombres propuestos incluyeron a Raúl Plascencia Villanueva, quien fue presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde el 2009 calderonista hasta el 2014 peñista, año en el que no pudo conseguir un periodo más ante los señalamientos de grave inacción ante abusos de poder, subordinación a los intereses de la Presidencia de la República en turno e irregularidades.

Miguel Barbosa, entonces presidente de la mesa directiva del Senado, aseguró que Plascencia había desviado la ruta de la CNDH. El Partido Acción Nacional, que era la instancia originalmente impulsora de un nuevo periodo de Plascencia, decidió retirar su apoyo, pues dijo Adriana Dávila, senadora entonces y ahora aspirante a presidir el PAN: “en la reunión interna de la bancada panista se ponderó que plantear la relección de Plascencia enviaba el mensaje de no escuchar la opinión mayoritaria de expertos y de organizaciones civiles que están en contra de un nuevo periodo del actual ombudsman nacional” (https://goo.su/Pie7CO).

Un día antes de registrarse como aspirante a la relección, Plascencia Villanueva hizo pública una recomendación sobre la masacre de Tlatlaya (al menos 15 personas ejecutadas de manera extrajudicial por disparos militares), la cual el entonces senador perredista Luis Sánchez Jiménez calificó de tardía, propiciatoria de impunidad diversas autoridades, entre ellas el entonces gobernador mexiquense, Eruviel Ávila (ahora parte de la llamada 4T, como diputado federal inserto por la puerta trasera del Partido Verde), y contraria a la postura original de dicho ombudsman: Hay un enorme rezago de trabajo en la CNDH, las quejas simplemente se archivan y en los casos graves, como Ayotzinapa o las balas de goma de Puebla, su intervención es sólo mediática (https://goo.su/tHnY7k).

Tal es una de las piezas de regeneración del tejido judicial que proponen dos de las ministras afines a la llamada 4T. De él y cuatro personas más dependerían, si fueran aprobados por la SCJN, las propuestas del Poder Judicial para la elección de futuros juzgadores. ¿Pifia, desmemoria, grupismo? ¿Así serían filtrados los nombres de los aspirantes idóneos a altos cargos judiciales?

Vale mencionar que los otros poderes deberán presentar su respectivo comité de evaluación, también con cinco integrantes, lo cual ya ha generado jaloneo entre Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal para definir si en el caso del Legislativo la mayoría la tendrían los senadores o los diputados federales.

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México, SA

Iberdrola, depredadora // ¿Va por nuevo filón? // Poder Judicial la protegió

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Iberdrola, no la única pero sí una de las más sucias trasnacionales españolas consentidas por el prianismo, se frota las manos y amenaza con regresar al mercado mexicano de electricidad, luego de que el gobierno de López Obrador adquirió 13 de sus plantas activas en nuestro país, que representaban 55 por ciento de su negocio. La característica de este corporativo fue la obtención de contratos leoninos a granel, la permanente violación de la ley sectorial, los privilegios que el régimen neoliberal le garantizaba sobre la Comisión Federal de Electricidad, la venta ilegal de energía eléctrica, el influyentismo y el derecho de picaporte en Los Pinos, entonces residencia oficial del Poder Ejecutivo, entre tantas otras.

El gobierno anterior denunció permanentemente las ilegalidades y excesos cometidos por la trasnacional, y los denunció públicamente, hasta lograr reducir sus operaciones en una creciente proporción y, de forma paralela, incrementar la participación de la Comisión Federal de Electricidad, cancelando así el plan neoliberal de extinguir a este consorcio del Estado mexicano.

Pero la exhibición del cochinero que tenía en México –permitido y estimulado por el propio régimen neoliberal– no amilanó a Iberdrola –que ha puesto a parar a los consumidores españoles por las elevadísimas tarifas que cobra– y ahora intenta regresar por sus fueros mejicanos, aprovechando las nuevas reglas y modalidades aprobadas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que apuntan a la integración de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica (SAE) al sistema eléctrico Nacional.

De acuerdo con la CRE, las nuevas reglas no implican generación eléctrica, pues se trata de utilizar baterías para almacenarla, lo que al final de cuentas implica generación, porque de algo deben cargarse esas baterías, de tal suerte que la trasnacional –y quienes pretendan incorporarse a esa modalidad– requiere de nuevos permisos, siempre con base en lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica. Y la trasnacional española (con el hampón Ignacio Sánchez Galán como cara visible) ya se frota las manos.

Luego de que el gobierno de López Obrador concretó la adquisición de las citadas 13 plantas, Iberdrola no quedó en la miseria operativa, toda vez que mantuvo 15 instalaciones en territorio mexicano, su actividad comercial y la generación de energía renovable con una cartera de 6 mil MW, de los que más de 2 mil se desarrollarán en los próximos cinco años para venta a privados, informó la compañía en un comunicado ( La Jornada, Dora Villanueva).

Dado su negro historial, tanto en nuestro país como en otras naciones en las que opera, incluida España, el gobierno mexicano debe ser extremadamente cauteloso con los permisos que eventualmente le otorgaría a Iberdrola bajo las nuevas reglas y modalidades, porque aunque el hampón se vista se seda, hampón se queda.

Como parte de su expediente, hay que recordar que en 2022 la CRE impuso a Iberdrola una multa cercana a 10 mil millones de pesos por vender, ilegalmente y por medio de su planta de Dulces Nombres en Nuevo León, energía eléctrica a empresas no autorizadas (alrededor de 500) en el respectivo permiso. Pero, ¡sorpresa!, el Poder Judicial salió en defensa de la trasnacional: el juez Ramón Lozano Bernal, entonces titular del juzgado tercero de distrito en competencia económica, le concedió suspensión definitiva, un tribunal federal la confirmó, y aquélla no pagó un solo centavo. Este impartidor de justicia, junto con otro de su calaña, Juan Pablo Gómez Fierro –en ese entonces también juez especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones en la Ciudad de México que concedió amparos al por mayor, y en días pasados, ante la reforma judicial, decidió renunciar a su hueso– no hicieron más que proteger los intereses privados, en donde Iberdrola era la reina de la fiesta.

Las rebanadas del pastel

Después dicen que Emilio Azcárraga Jean no es el capo de la industria del balompié en nuestro país. Ante el escándalo por su renuncia al consejo de administración de Televisa, derivada de la investigación del Departamento estadunidense de Justicia, sus empleados aplican el código siciliano: La postura es la misma entre los directivos del futbol mexicano: todos callan. Nadie habla de la investigación a una presunta trama de corrupción que involucra a Televisa por sobornos a funcionarios de la FIFA para conseguir los derechos de transmisión de varias copas del mundo, incluida la próxima, a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá en 2026 ( La Jornada, Juan Manuel Vázquez).