Lo que dicen los columnistas

Derechos humanos, el reto de la autonomía de la CNDH

Rosario Piedra fue la primera en anunciar su candidatura y de inmediato comenzó a recibir las críticas por el desempeño que ha tenido estrechamente vinculado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

José Gil Olmos | Proceso

Durante tres días, 24, 25 y 26 de este octubre, habrá pasarela en el Senado para escuchar los proyectos de 48 aspirantes a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos en su nuevo periodo 2024-2029. Se trata de renovar esta institución creada en 1993 como una condicionante al gobierno mexicano para firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

El reto para esta nueva presidencia es fortalecer la autonomía ante el gobierno en turno, un punto álgido porque desde la primera presidencia a cargo de Jorge Carpizo hasta esta última encabezada por Rosario Piedra, la principal crítica ha sido su cercanía e incluso dependencia con el gobierno federal.

En la lista de aspirantes resaltan tres figuras: la actual responsable Rosario Piedra; la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, y Tania Ramírez Hernández, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México. 

Rosario Piedra fue la primera en anunciar su candidatura y de inmediato comenzó a recibir las críticas por el desempeño que ha tenido estrechamente vinculado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y renuente a emitir recomendaciones en casos donde están involucradas autoridades militares.

Legisladores de Morena como Javier Corral aseguran que no habrá dados cargados y que no hay ninguna decisión predeterminada. “Este es un proceso que está abierto, es un proceso que atenderá de manera respetuosa, abierta, a todos y a todas y cada una de las participantes. Los vamos a escuchar con el mayor respeto y con la mayor amplitud de criterio. No hay ninguna decisión predeterminada”, aseguró el exgobernador de Chihuahua.

No obstante, las críticas y cuestionamientos sobre Rosario Piedra se centran a su posición oficialista y su militancia en Morena.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (el Centro Prodh) publicó recientemente el informe “CNDH: balance de su debilitamiento institucional durante la gestión 2019-2024”, en el cual denuncia que la Comisión asumió en ese periodo una política tímida o directamente omisa en distintos momentos.

Tal fue el caso respecto de los ataques y descalificaciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador contra organizaciones de la sociedad civil, así como a las iniciativas legislativas dirigidas a eliminar órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) o el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval). 

Advierte el Pro Juárez que bajo el mando de Rosario Piedra la Comisión tuvo un número considerable de omisiones significativas en casos que involucran a las Fuerzas Armadas. Entre 2020 y 2023 la Guardia Nacional acumuló mil 815 quejas, pero sólo recibió 13 recomendaciones. Mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional, con mil 664 quejas, sólo tuvo 26 recomendaciones.

Otro dato preocupante del legado de Rosario Piedra es que emitió más de 40 pronunciamientos para desacreditar a periodistas, órganos internacionales y derechos humanos con el fin de proteger al gobierno antes que a las víctimas.

Es evidente que al frente de la CNDH la gestión de Rosario Piedra deja mucho que decir y su continuidad en este organismo no asegura la necesidad de autonomía ante el gobierno en turno.

Organizaciones civiles ha expresado su preocupación por la decisión que se tome de quien presidirá la Comisión los próximos cinco años. La Fundación para la Justicia, Elementa DDHH, los Centros de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez, entre otros, consideraron que la CNDH presidida por Rosario Piedra “ha enfrentado serias críticas por no abordar de manera plena, objetiva e integral la crisis de graves violaciones a derechos humanos que atraviesa el país”.

Isaías Pablo, de Elementa DDHH, indicó que de las 164 recomendaciones que la CNDH realizó hasta 2021, 110 fueron de administraciones pasadas y 54 del periodo actual. Hay una tendencia, dijo, “de no revisar violaciones de derechos humanos ejercidas por cuerpos de seguridad”. 

Ejemplificó esta situación al señalar que únicamente 13% de las recomendaciones son dirigidas a las secretarias de Marina, de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional. Ésta, “sólo tiene 22 recomendaciones pese a que la CNDH ha recibido más de mil 600 quejas sobre su actuar en terreno”, apuntó.

En una reciente declaración conjunta, estas organizaciones consideraron que el país vive un momento crítico en cuanto a derechos humanos, y por eso urge tener un titular en la CNDH que responda a las demandas de la sociedad civil y sea un contrapeso efectivo.

El fin de semana entrante habrán de asistir al Senado los 48 aspirantes a presidir la CNDH en los siguientes cinco años. La promesa de los legisladores es que será un proceso limpio y transparente.

Por cierto… Para participar por la nueva presidencia de la CNDH se registraron aspirantes de 19 estados de la república, 42 hombres y 24 mujeres. Convocaron a participar en el parlamento abierto a Ángela Guerrero Alcántara, del Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social (CEA Justicia Social); María Sirvent Bravo Ahuja, de la organización Documenta, y a Jorge Alfonso Victoria Maldonado, del Centro de Estudios Superiores Justo Sierra. Además de Iván Tagle Durand, de Yaaj México; Marcia Itzel ChecGutiérrez, del Observatorio de Designaciones Públicas; Santiago Aguirre Espinoza, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Laura Paredes Chamu, del colectivo Unidos por tus Derechos, y a una persona de la Red GayLatino Capítulo México.

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Razones

¿Dónde está López Obrador?

Desde el inicio del gobierno no ha habido un solo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum no hable del “presidente”, en realidad expresidente López Obrador.

Jorge Fernández Menéndez | Excelsior

¿Dónde está el expresidente López Obrador? Hace 21 días, tres semanas ya, que el exmandatario dejó Palacio Nacional (se quedó hasta el último día de su mandato). Se dijo que se iría a su casa de Tlalpan o a su rancho de Palenque, en la frontera entre Tabasco y Chiapas. Según los pobladores, en su rancho no está. Tampoco se le ha visto por la Ciudad de México o, por lo menos, no ha tenido ninguna salida pública.

Pero ha estado presente. Desde el inicio del gobierno no ha habido un solo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum no hable del “presidente”, en realidad expresidente López Obrador. Está implementando, sin cambios, el llamado plan C que propuso en febrero pasado López Obrador. Lo hace en forma rigurosa, sin apartarse de lo allí planteado, aunque en muchas ocasiones eso sea contradictorio con lo que ella piensa y ha dicho. Véase como se eliminó de la iniciativa de política energética un párrafo fundamental que estaba en la minuta aprobada. Decía el original: “El Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación con el fin de reducir las emisiones de gases y componente de efecto invernadero, para lo que establecerán las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales”. Eso decía el dictamen aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales. Eso es lo que piensa y en lo que cree la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pero cuando se convirtió en minuta en la Cámara de Diputados todo eso desapareció. Se quedó el texto con lo del sexenio pasado: ninguna empresa privada tendrá prevalencia sobre las públicas y ni una palabra sobre transición energética, ésa en la que no cree el expresidente López Obrador y que es el leitmotiv de la presidenta Sheinbaum.

Es extraño: al expresidente no lo hemos visto, no sabemos dónde está, pero se habla de él todos los días, las iniciativas que se votan son las suyas, cuando se incorporan puntos, matices, aspectos que no son los suyos, desaparecen como por arte de magia y en las nuevas mañaneras sigue habiendo un aroma a Jesús Ramírez inocultable.

Dicen por ahí que Claudia tiene el compromiso de aquí a diciembre, cuando concluya este primer periodo ordinario del Congreso, de sacar todo lo de aquel incombustible plan C y que ya en enero comenzará realmente con su propia agenda. Casualmente, la Presidenta dijo que será en diciembre cuando se mudará a Palacio Nacional y quizás, estamos especulando, para esa fecha el exmandatario decida por fin celebrar el Año Nuevo desde su rancho en Palenque.

Puede ser, pero por ahora lo que se percibe, la percepción que se tiene, es que el ex está dedicado a hacer una marcación férrea, del tipo de aquellos catenacci del futbol italiano sobre su sucesora. Ya veremos, si la Presidenta se logra zafar de tanta y tan rigurosa marca, que en muchas ocasiones no duda en usar la rudeza para frenar al rival.

LA PENA DE MUERTE

La operación de inteligencia que llevó a El Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López a Estados Unidos fue impecable: hasta el día de hoy ni el gobierno mexicano sabe qué diablos pasó hace tres meses en Culiacán, aunque cada vez más los vacíos comienzan a llenarse con nuevas y mayores conjeturas.

Pero la fiscalía de Nueva York, tan protagónica y politizada, puede arruinar esa brillante operación. Haber dicho que analizaban aplicar la pena de muerte contra El Mayo en la comparecencia del viernes, es poco sensato, innecesario y es una medida sólo destinada a su autopromoción. Si es condenado a muerte, El Mayo Zambada será mitificado: los peores criminales del crimen organizado no le temen a la muerte, le temen a la prisión de toda una vida en condiciones de máxima seguridad. Zambada es un hombre mayor, enfermo, cuya salud es endeble y en medio de este proceso pudiera morir si no tiene las atenciones adecuadas en prisión o podría tomar alguna medida extrema si su destino está decidido. Lo de Brian Epstein sería un juego de niños si a Zambada, antes del juicio, le pasa algo o si éste aceptando la inevitable pena de muerte, decide que finalmente no hablará.

El objetivo, para las instancias de seguridad más serias de la Unión Americana, me imagino que no es ése: lo que quieren es conocer cómo funciona, quién protege y cómo se financia la red de tráfico de fentanilo que alimenta a los cárteles mexicanos y mata a 100 mil estadunidenses al año por sobredosis.

JACOBSON

La exembajadora Roberta Jacobson no sabe qué hacer con sus declaraciones respecto a García Luna. Esta semana en un mismo hilo de X dice, textual, “yo no dije ni tampoco conozco que el gobierno de Estados Unidos haya dicho al expresidente Calderón que Genaro García Luna fue corrupto” e inmediatamente después concluye “en cualquier caso sabemos todos que sí fue corrupto”. Lo importante, embajadora, es que usted no tenía, ni su gobierno tampoco, información dura que sostuviera que García Luna era corrupto, no sólo no tenían esa información, sino que durante esos años García Luna era recibido, condecorado y se compartía información con él, cotidianamente.

Lo otro importante es comprender que no era García Luna el único que estaba encargado de la seguridad y el narco: ahí estaban el general Galván, el almirante Saynez, el procurador Eduardo Medina Mora, y estaba todavía José Luis Santiago Vasconcelos (muerto con Juan Camilo Mouriño en aquel accidente de aviación). En estos temas simplificar las cosas es un camino directo hacia la insensatez.

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La perenne pobreza de la niñez mexicana

Mario Luis Fuentes | Excelsior

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) han dado a conocer las estimaciones de pobreza multidimensional en que viven las niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

Los resultados que dan a conocer estos organismos son coincidentes con los publicados por el PUED-UNAM en el Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana; en ambos casos la realidad que se muestra es atroz: en las últimas décadas, al menos la mitad de las niñas, niños y adolescentes que habitan en el país han sido las y los pobres entre los pobres.

A lo anterior debe agregarse que también son las víctimas en mayores condiciones de indefensión y que los crímenes que se cometen en su contra se ubican en el terreno tanto de lo indecible como de lo impensable. Y esto ocurre todos los días, a toda hora, ante la mirada indolente de una sociedad que no es capaz de proteger a sus integrantes más pequeños y frágiles.

Un país donde la mitad de su población infantil y adolescente vive en condiciones de pobreza, y donde al menos un tercio más vive con alguna o varias carencias, lo cual constituye un fracaso ético que no sólo debe ser criticado, sino transformado radicalmente de la manera más rápida posible.

Los dos textos referidos son un llamado de atención para, en primer lugar, darle visibilidad a la agenda más urgente que tiene nuestro país en lo social y, en segundo término, para exigir a la autoridad que actúe con el sentido de la urgencia a que convoca está terrible e inaceptable realidad que no sólo cuesta vidas, sino que también perpetúa de forma estructural las más profundas desigualdades y brechas que excluyen a millones de condiciones adecuadas de vida, consideradas bajo los estándares más amplios, implícitos en el articulado constitucional relativo a los derechos humanos.

Garantizar que ninguna niña o niño se quede atrás en oportunidades y capacidades para el desarrollo debe ser, sin duda alguna, el imperativo ético de nuestro tiempo. Y eso significa la garantía plena del derecho de prioridad que tienen las infancias, y con ello hacer justicia a quienes no la han tenido y que, cuando dejan de ser niños, son portadoras y portadores de huellas indelebles de violencia, carencias, exclusiones y discriminaciones terribles en todos los casos.

Es inaceptable que en nuestro país, del que se presume que es ya la 12ª economía del mundo, siga habiendo tres millones de niñas, niños y adolescentes que trabajan, casi la misma cantidad que no asiste a la escuela, aparte de más de un millón que padecen hambre, pues no comen durante todo el día o comen sólo una vez al día; donde impunemente miles de adolescentes son reclutados por el crimen organizado y donde las tragedias y calamidades se acumulan cotidianamente sin que haya una respuesta legal e institucional con la fuerza y contundencia que la realidad exige.

Debe insistirse en el hecho innegable de que la pobreza infantil perpetúa la desigualdad intergeneracional y limita las posibilidades de desarrollo pleno para estas generaciones. La mayor incidencia de pobreza extrema entre hablantes de lenguas indígenas (50.2%) subraya la marginación de ciertos grupos, exacerbando desigualdades culturales y económicas históricas.

Este contexto evidencia que los programas sociales existentes no son suficientes para garantizar el acceso equitativo a oportunidades básicas. Esta situación no sólo pone en riesgo su desarrollo físico, sino también su bienestar emocional, violando su derecho a una vida digna y saludable.

En términos éticos, las cifras reveladas demandan una reflexión urgente sobre el tipo de sociedad que se está construyendo. No atender estas problemáticas perpetúa ciclos de exclusión y sufrimiento para millones de niñas y niños, comprometiendo el futuro del país y vulnerando los principios básicos de justicia y equidad social, los cuales se han incumplido y violado de manera sistemática y estructural. Realidad de la cual sólo podremos salir si somos capaces de construir un nuevo curso de desarrollo.

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Astillero

Ejecutan a sacerdote activista // Provocación y agresión a zapatismo // Sinaloa, sumido en la violencia

Julio Hernández López | La Jornada

La ejecución del sacerdote católico Marcelo Pérez, en San Cristóbal de las Casas, confirma de manera estridente la larga crisis de desgobierno que se vive en Chiapas, donde grupos del crimen organizado, intereses relacionados con las empresas extractivistas y políticos concentrados en la corrupción y las complicidades han agravado la histórica situación crítica de aquella entidad.

Tal asesinato se produce mientras comunidades zapatistas denuncian las constantes agresiones criminales que sufren, con grupos delictivos como instrumento de terror y una preocupante inacción de la nueva administración federal, la claudista, como si en su seno hubiera nuevos mandos que buscan la provocación y la confrontación con aquellas comunidades.

A pesar de las continuas llamadas de alerta y solicitudes de auxilio que se han producido desde diversos flancos sociales en Chiapas, el gobernador morenista Rutilio Escandón se mantiene como una figura no sólo decorativa, sino, en los hechos, como corresponsable de primer nivel del grave deterioro generalizado que se vive allá. El gobierno federal, en su versión sexenal anterior, ahora en proceso de continuidad con la misma bandera partidista, tampoco ha sido capaz de atender con eficacia y resolver los problemas acumulados.

Por salir ya el gobernador Escandón, regresa a la administración estatal la escuela política del Partido Verde Ecologista de México (el ente de las cuatro mentiras) y del ex gobernador Manuel Velasco Coello, a través de Eduardo Ramírez, quien representa la continuidad del esquema de gobierno elitista, frívolo, corrupto y represivo que se vivió con quien ahora es senador y coordinador de sus compañeros de bancada y que incluso recibió un beso en la mano de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en reciprocidad por similar gesto realizado por el güero verdoso, persistente aliado de la 4T.

Lo que sucede en Chiapas (ataques a defensores de derechos humanos, ambientalistas, opositores a proyectos industriales dañinos, luchadores sociales y periodistas críticos) es una parte del panorama general de malos gobiernos estatales que se vive en la mayor parte del país, combinados esos malos resultados de gobierno con la corrupción descarada, las alianzas con grupos criminales y el uso de recursos públicos para beneficio de las camarillas en el poder y de los proyectos políticos y electorales que garanticen la subsistencia de tales ciclos nefastos.

En Sinaloa, para dar otro ejemplo, se ha declarado que fue un montaje lo que la entonces titular de la Fiscalía General de la República, y el todavía gobernador, Rubén Rocha Moya, en su momento dieron por bueno: el presunto asesinato del diputado federal electo y jefe político de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, en un intento de robo de camioneta en una estación surtidora de gasolina de Culiacán, el mismo día en que comenzó la crisis derivada de la sustracción o entrega de Ismael Zambada, El Mayo, para acabar en manos de agentes estadunidenses.

Tal montaje representó desde el primer momento un atentado a la inteligencia y a las reglas mínimas de la actividad forense. Pero aun así, el gobernador Rocha Moya tejió una salida amable e impune para la titular de la fiscalía, haciendo elogio de su trabajo que, ahora, la oficina de Alejandro Gertz Manero ha señalado como falso.

La entidad que fue cuna de varios personajes relevantes del crimen organizado está sumida en la guerra entre los grupos de los Chapitos y los Mayitos, así llamados en cuanto a que los encabezan los herederos de Joaquín Guzmán y de Ismael Zambada, respectivamente. No hay gobernador real y eficaz en Sinaloa y el gobierno federal ha enviado contingentes militares abundantes, pero ineficaces, pues sólo buscan administrar el tiempo, aparentar acciones y, en el fondo, esperar a que los cárteles terminen sus enfrentamientos con el triunfo de uno u otro de los grupos.

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México, SA

Jueces violan la Constitución // Amparos y circo mediático // Poder Judicial, fuera de la ley

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

En abierta violación constitucional y con una agresividad con tufo golpista, la cúpula del retorcido –en todos los sentidos– Poder Judicial anuncia y reparte amparos y suspensiones definitivas como si de dulces se tratara, pero de forma por demás perversa lo hace sólo a nivel mediático, es decir, no hay notificación oficial, legal, a los destinatarios. Aun así, tales decisiones abarrotan los medios de comunicación, que sin más los dan por buenos, como sicarios del abierto enfrentamiento de un poder del Estado contra otro.

En un proceso absolutamente legal, el Ejecutivo envió al Legislativo una iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial, la cual fue aprobada por mayoría calificada, promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de tal suerte que los cambios ya forman parte de la Constitución, algo que jueces, magistrados y ministros están obligados a reconocer (el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas de la Constitución, según obliga el artículo 61 de la Ley de Amparo), porque de lo contrario aceptarían que son ignorantes e indignos del puesto que ocupan. Aunque, claro está, también patean la ley por su abyecta intención de preservar privilegios y cuidar los intereses de su clientela de altos vuelos, la verdadera dueña del aparato que imparte justicia.

La presidenta Sheinbaum ha sido por demás clara: “Una jueza (Nancy Juárez) quiere que quitemos del Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional por un amparo; no la vamos a bajar, porque ella no está en su derecho”, y la remitió al citado artículo 61. Se está extralimitando; hay una serie de argumentos jurídicos por los cuales es totalmente improcedente lo que están ordenando. Por ejemplo, el Constituyente Permanente está exento de revisión judicial; el artículo 135 de la Constitución establece que ésta puede ser adicionada o reformada por el Congreso de la Unión por la aprobación de dos terceras partes de sus integrantes, así como por la mayoría de los congresos locales; esto es una facultad soberana y originaria conferida al Constituyente Permanente; no nos han notificado; es a través de los medios de comunicación. No tiene atribución, porque jurídicamente no tiene ningún sustento.

Por si fuera poco, la citada jueza amenaza con encarcelar a la titular del Ejecutivo en caso de no atender su orden, pero la Presidencia de la República va a denunciarla ante el Consejo de la Judicatura Federal, aunque ya sabemos que ese consejo no necesariamente está haciendo su trabajo. De cualquier suerte, no queremos que quede en la impunidad, pero sí el antecedente de que hay una jueza que, por encima de su función, pide que se baje una publicación, que se hizo a partir de un proceso legislativo, de cambio constitucional que está establecido en la propia Constitución.

Bien lo explica el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldívar: “Todas las suspensiones que se han venido otorgando son abiertamente contrarias a derecho, porque hay una disposición en la Ley de Amparo que con claridad establece que el amparo no procede en contra de reformas constitucionales, y las y los jueces la han inaplicado de manera automática; tampoco procede la suspensión en contra de un proceso legislativo, mucho menos de un proceso de reforma constitucional, como pretendieron; una suspensión no puede tener, en casos como este, un efecto restitutivo, que es invalidar o quitar una publicación en el DOF; se está exigiendo a la presidenta algo que jurídicamente es imposible, porque el acto ya está consumado; se pretende dar la suspensión a efectos generales, lo que también está prohibido, y que tengan efectos en procesos y procedimientos electorales, lo que también está prohibido. Es decir, están actuando claramente al margen de sus atribuciones, con un interés personal y directo en contra de la reforma, estando impedidos para resolver, y están trastocando y desafiando el orden constitucional”.

Pero la embestida incluye al INE: Cascada de recursos busca frenar la reforma judicial (algo así como 275 y contando; La Jornada, Fabiola Martínez).

Las rebanadas del pastel

Suena a metálico, y muy fuerte: los supuestos líderes sindicales con representación en el Infonavit (de la mano de la patronal Coparmex) rechazan la propuesta institucional, presentada por Octavio Romero, de construir vivienda social, digna, asequible y de calidad para los trabajadores, por ser regresiva, según dicen. Entonces, ¿de qué tamaño son los moches que se embolsan con contratos asignados a constructoras privadas?

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¿Crisis constitucional?

Bernardo Bátiz V. | La Jornada

Desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador no pasó semana sin que sus críticos, neoliberales y beneficiarios del viejo régimen, lo atacaran, insultaran, calumniaran. Una de sus críticas más recurrentes, fue la de advertir que estábamos al borde de un desastre económico, una crisis política, convertirnos en una dictadura o hasta volvernos Venezuela; transcurrió el sexenio y ninguno de esos negros augurios tuvo lugar.

Al paso de un gobierno a otro, de AMLO a Sheinbaum, con motivo de la reforma al Poder Judicial, se continuó la estrategia de las críticas catastrofistas; ahora se advierte que estamos al borde de una crisis constitucional; las razones que se esgrimen son varias, una consiste en afirmar que el Consejo de la Judicatura Federal al enviar información al Senado, para continuar el proceso de transformación judicial, incurrió en un desacato a suspensiones dictadas por juzgados de distrito en amparos solicitados por algunos juzgadores y otras personas.

La verdad es que, con el envío de la información al Senado sólo se cumplió con una disposición constitucional, ya que la reforma aprobada por el órgano reformador de la Constitución, integrado por los poderes legislativos, federal y locales, cumplió cabalmente con todas las exigencias que para una reforma de esa naturaleza exige el artículo 135 de nuestra ley suprema. ¿Qué es lo que sucedió? Ahora, ya en marcha el proceso de cumplimiento es prudente revisar lo acontecido. El 19 de septiembre se recibió en el Consejo de la Judicatura un oficio del Senado solicitando información: un listado con la totalidad de los cargos de personas juzgadoras, indicando circuito judicial, especialización por materia, género, vacancia, renuncias, retiros programados y otros datos.

El mismo 19, en la Comisión de Adscripciones a mi cargo, se dio instrucción, primeramente verbal y en seguida por escrito, para que la Secretaría Técnica de la Comisión preparara la información solicitada; la comisión la entregó al pleno el 25 de septiembre y éste ordenó que la Comisión de Nuevos Órganos revisara la información, para evitar errores y finalmente, en un pleno extraordinario que tuvo lugar el 9 de octubre en la tarde noche, se tomó la decisión por mayoría de cuatro votos contra tres, de enviar la información solicitada para dar continuidad al proceso de elección de juzgadores.

El debate entonces giró entorno de si se debieran entregar al Senado los listados solicitados o no, dado que en un juicio de amparo del juzgado primero de distrito del estado de Nuevo León se había ordenado la suspensión provisional ordenando al consejo no entregar la información y advirtiendo que de hacerlo se impondría a los consejeros una multa en efectivo y se daría vista a la fiscalía para el caso de que se hubiere cometido un delito.

Como repito, cuatro consejeros votamos a favor de que se cumpliera la solicitud de la Cámara alta y a partir de entonces se ha dicho que con ello se abrió la puerta a una crisis constitucional que traería impredecibles consecuencias.

Lo cierto es que no hubo ni hay crisis constitucional; no se atentó contra la libertad de los juzgadores; por el contrario, el hecho de que sean electos por el voto popular les confiere mayor garantía de independencia; por otra parte, cada persona que emite un juicio con facultades del Poder Judicial federal, lo hace con toda libertad si así lo decide; más bien, se pierde la libertad cuando los juzgadores se dejan intimidar, influir por otros servidores o funcionarios públicos o, peor aún, porque ellos mismos se corrompen.

La experiencia que he tenido a mi paso en el Poder Judicial es que la gran mayoría de los juzgadores ejercen plenamente su ­independencia y no son corruptos. Y sin duda debe haber algunos casos en los que suceda lo contrario, pero en mi opinión no son mayoría y la explicación de una mala imagen radica en que hay casos emblemáticos donde se transparenta la falta de probidad o se dictan resoluciones evidentemente contrarias a la lógica y a la opinión pública en nuestra época bien informada y con un criterio propio.

Me parece que los críticos del régimen ante la votación inesperada de cuatro contra tres armaron una campaña de desinformación y advirtieron que acudirían a organismos internacionales para denunciar lo que ellos calificaban como crisis constitucional. En el pleno en que se tomó tan trascendente decisión, hubo como siempre, libertad de discusión, se dieron argumentos en pro y en contra y quedó claro que el decreto que modificó la Constitución, incorporó a ella las nuevas normas y es bien sabido que no procede el juicio de amparo y mucho menos las suspensiones contra una disposición constitucional y por otro lado, el artículo 61 de la Ley de Amparo establece en una de sus fracciones que las decisiones del pleno del consejo son inatacables por medio del amparo.