Lo que dicen los columnistas

Zurda

PRI: de la hegemonía a la debacle

A partir de 1997 inició la caída territorial.

Ruth Zavaleta Salgado / Excelsior

Bajo el lema Instituciones y Reforma Social y con la pretensión de ser el representante de la nación y legítimo heredero de la Revolución, a finales de 1928 empezó a crearse el Partido Nacional Revolucionario (PNR). Plutarco Elías Calles, sus amigos y un gran número de políticos profesionales, pensaron que un nuevo partido podría ser la solución a las confrontaciones que aún seguían vivas después de concluida la Revolución Mexicana. De esta forma, el PNR fue el primer partido antecedente del PRI que este 2024 cumplió 95 años, y después de los resultados electorales del 2 de junio, enfrenta la peor crisis política interna que haya vivido desde 1987, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo renunciaron a pertenecer a sus filas.

¿Podrá el PRI remontar esta coyuntura? No lo sabemos, lo cierto es que, a pesar de los deseos de Plutarco Elías Calles, cuando creó el PNR tampoco logró ser el partido de unidad que él soñaba, eso sucedió años después, bajo la tutela del presidente Lázaro Cárdenas y su estrategia de corporativización de varios sectores sociales. Fue así que el PNR se convirtió en el poderoso Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y, posteriormente, en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fue entonces que el partido se convirtió en una poderosa herramienta que originó que el sistema presidencial se transformara en un sistema presidencialista, con presidentes de la República que pudieron ejercer el poder político más amplio que el facultado por la Constitución, es decir, el poder que Jorge Carpizo denominó como metaconstitucional. Y fue, precisamente, el hecho de que Lázaro Cárdenas haya cambiado al PNR en un instrumento electoral casi invencible, lo que generó que, en 1988, su hijo, el ingeniero Cárdenas, logrará convertirse en  un actor fundamental para debilitar esa estructura partidaria que era la única puerta para poder tener acceso a las representaciones políticas durante siete décadas.

Tan atípico resultó su poder hegemónico, que el PRI se volviera un fenómeno sociológico de estudio para explicar el desarrollo del sistema político mexicano. Así lo hizo en 1980 Luis Javier Garrido, quien bajo la dirección del distinguido estudioso de sistemas de partidos, Maurice Duverger, presentó su trabajo de investigación doctoral en la Universidad de París I (Pantheón-Sorbonne), que contenía un estudio detallado de la evolución del PRI, que el autor calificaba como “un fenómeno único muy importante, pero poco conocido”. Posteriormente, en la nota preliminar y la introducción  de su libro El partido de la revolución institucionalizada, la formación del nuevo Estado en México (1928-1945), Garrido señaló que la excepcionalidad del PRI no se derivaba sólo de la hazaña de que, desde 50 años atrás,  los principales cargos de elección popular (presidentes de la República, gobernadores, senadores, diputados federales y locales y funcionarios municipales) fueran ocupados por sus miembros mediante elecciones con “aparente normalidad”, sino del hecho de ser “una enorme organización de masas, casi sin paralelo por su dimensión.” Para el autor sólo existía otro caso parecido en el siglo XX: el Partido Comunista de la Unión Soviética.

Sin embargo, apenas pasaron 17 años más, y el PRI perdió esa excepcionalidad, primero,  en la Cámara de Diputados (1997) y, posteriormente, en la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión (2000). Paradójicamente, al mismo tiempo que se consolidó la democracia mexicana mediante reformas políticas que generaban instituciones garantes de la libertad política de los ciudadanos (como el IFE y el Tribunal electoral), el  PRI perdía su fuerza. El triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México (1997) fue sólo el preámbulo del inició de la debacle territorial. A partir de entonces, el PRI no logró recuperarse como partido dominante, a pesar de que en 2012 volvió a ganar las elecciones presidenciales. Fue perdiendo de forma constante su fuerza territorial hasta llegar a su nivel más bajo de derrota: el pasado 2 de junio cuando no ganó ninguna diputación federal de mayoría relativa.

No obstante, el PRI aún no está muerto, mantiene una fuerza muy disminuida, pero suficiente para generar una lucha sin tregua al interior de sus filas ¿Logrará mantenerse con vida para festejar sus 100 años?

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Retrovisor

Toma vuelo el agravio a los jueces

Laurence Patín, de la Fundación para la Justicia, sostuvo que ese mecanismo que busca ser correctivo se convertiría en una auténtica “cacería de brujas”.

Ivonne Melgar / Excelsior

A dos semanas de iniciados los foros para analizar la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), el reclamo de jueces, ministros y magistrados ya tomó vuelo al grito de “¡no somos corruptos!”.

Aun cuando Morena advierte que elegir en las urnas a los juzgadores es un cambio que se legitimó el 2 de junio, los afectados están alzando la voz.

Ante la enjundia manifestada ayer, en Xalapa, por magistradas que le plantaron cara a legisladores y autoridades, el diputado Fernández Noroña les recomendó no caer en la soberbia.

Pero el quinto foro de los llamados Diálogos Nacionales dejó en claro que entre los mil 700 altos mandos del PJF, decenas y quizá cientos han decidido ponerle un hasta aquí al discurso presidencial en su contra.

“No es verdad que los jueces liberan a delincuentes, primero, porque en este país todas las personas tenemos presunción de inocencia y segundo, porque quien no cumple con sus obligaciones legales son las fiscalías”, dijo la magistrada Emilia Molina.

La jueza Gabriela Rolón Montaño y secretaria ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reivindicó sus orígenes y esfuerzos: “Crecí en una zona ejidal, mi padre trabajó como obrero, mi madre en un hotel. Con mucho esfuerzo lograron que yo fuera a la universidad. Historias similares tenemos los que conformamos el PJF”.

En el mismo sentido, la magistrada Nadia Villanueva Vázquez alegó que en el PJF se sanciona la corrupción. Y reclamó: “Ha sido de dominio público cómo familiares de nuestro actual Presidente de la República están involucrados en este tipo de actos; no sabemos cómo son las sanciones que se han llevado a cabo, sin embargo, a los integrantes del Poder Judicial de la Federación se nos han hecho señalamientos simplemente genéricos y por eso se quiere llevar a cabo una destitución o cese de casi mil 700 juzgadores federales, sin que se nos haya oído y vencido en un juicio previo”.

La magistrada Selina Avante Juárez planteó: “Nosotros trabajamos por los derechos humanos y hemos sido premiados desde hace muchos años como institución por la tutela de los derechos de todos, mujeres embarazadas, mujeres sometidas a violencia, niños, adultos mayores, pobreza extrema, poblaciones lésbico gay, matrimonios del mismo sexo, autodeterminación. Hemos protegido a todos por igual y siempre en suplencia de la queja por los más vulnerables”.

Al escuchar a las magistradas, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez expuso: “Considero que oponer resistencia tampoco ayuda ni abona a la elaboración de esta iniciativa”.

Debe aclararse, sin embargo, que en la disección de la propuesta presidencial de crear un Tribunal Disciplinario que castigaría a los juzgadores ajenos a la protección “del interés público”, hubo académicos y defensores de derechos humanos que prendieron las alarmas.

Laurence Patín, de la Fundación para la Justicia, sostuvo que ese mecanismo que busca ser correctivo se convertiría en una auténtica “cacería de brujas” y el constitucionalista Manlio Fabio Casarín León advirtió que crearía incentivos perversos para perseguir a quienes no se asimilen a las decisiones políticas del régimen en turno.

De los 12 invitados, sólo dos asumieron como benéfico el cambio con respecto a lo existente en el CJF, pero en ambos casos hubo señalamientos críticos.

Jacobo Mérida Cañaveral, exdirector de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, definió que no se trata de una reforma laboral ni de justicia, sino política.

Y el secretario de la sección 34 del sindicato del PJF, Enrique Galicia López, dirigiéndose a los agremiados, amagó: “Advertimos que, si no serán respetados nuestros derechos laborales, incluida la carrera judicial, tengan la certeza de que vamos a convocarles a la manifestación, a la protesta como ellos lo están planteando”.

Y es que, por más promesas del gobierno y Morena de que sus derechos serán respetados, entre los 54 mil juzgadores, secretarios, actuarios y oficiales, entre otros cargos especializados, que conforman al PJF, ronda la incertidumbre.

Por eso ayer, en cada centro de justicia de las 32 entidades, expresaron su rechazo a la criminalización que entraña la reforma y que padecen desde el Poder Ejecutivo.

Es un hecho inédito que la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del PJF, protagonizó en el Palacio de Justicia de San Lázaro, asegurando que están de pie y que la dignidad del sector no será minada ni se cruzarán ante una reforma que pone en riesgo la democracia y pondría de rodillas a la República. 

“Si se decidiera no oírnos y, peor, oírnos para no ser escuchados ni nosotros ni aquellos que también deben ser tenidos en cuenta, y así se aprobase la reforma, las mujeres y los hombres que trabajamos en los tribunales y juzgados del país habremos de considerar las vías de acción que se requieran para enmendar el despropósito”, anunció la jueza Fuentes.

Hubo en Xalapa y en toda la República enojo, frustración, impotencia ante la inminente demolición.

Esa enjundia con la que este viernes defendieron sus quehaceres y mecanismos institucionales obliga a imaginar a dónde irían a parar esos agravios después del despido masivo.

Lo que ahora queda claro es que, de concretarse la reforma tal como está, el gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá como prólogo el ajusticiamiento cultural de una generación de juzgadores. Pero todo indica que también su resistencia.

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Dime qué opinas y te diré qué buscas

Antonio Gershenson *./ La Jornada

La oportunidad de opinar es un derecho que, aunque intrínseco en los seres humanos, con la autorrestricción se convirtió de manera generalizada en un escudo protector ante las posibles represalias de aquéllos aludidos. Así ha funcionado a lo largo de la historia y en cualquier ámbito cultural.

Y, como señala Eduardo Camarena, famoso personaje de las redes sociales, en su programa La verdad duele, los logros del presente gobierno están allí y se pueden comprobar.

Sin embargo, la opinión también tiene sus bemoles. Quienes exigen el derecho a ejercerla, consideran que, verdad o mentira, cada quien puede defenderla por el hecho de ser un derecho sagrado y un incalculable valor democrático.

Hemos recibido en este espacio de La Jornada mensajes a favor y también en contra de lo que aquí hemos opinado a lo largo de varias décadas. Algunas acusaciones son infundadas, por supuesto, como la afirmación de que somos un espacio pagado por el gobierno federal. Otras más bien nos estimulan a seguir buscando esta comunicación con quienes nos siguen a través de la sección Opinión. A todos y todas agradecemos sus comentarios.

Hasta el momento, podemos asegurar que nunca hemos rehuido a las críticas. Todo lo contrario; por ejemplo, el señor Rivas (omitimos nombre completo por discreción) asegura en su mensaje del pasado domingo 7 que la defensa del obradorismo que llevamos a cabo en este espacio carece de objetividad. Asegura que criticamos las mentiras de los capitalistas, pero obviamos las de nuestro mesías, las cotidianas y las más graves.

Por ejemplo, en cuanto a salud, en efecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su deseo de que el pueblo de México cuente con un sistema mejor que el de Dinamarca. Al respecto, no sabemos si nuestro país tiene las condiciones socioeconómicas o geográficas para que un modelo de atención médica (el cual no conocemos) logre emular al de ese país europeo. Lo que sí podemos decir es que la atención médica y de salud preventiva en este sexenio ya es universal. Cualquier persona puede recibir consulta, tratamiento y seguimiento con sólo acudir a cualquiera de las clínicas ya establecidas o de reciente construcción.

El beneficio que se obtendrá será un paso significativo, deseado y por el cual millones del gremio de la salud han luchado por alcanzarlo. Es un logro revolucionario. Recordemos que toda transición lleva diversas etapas para consolidarse. El sistema de salud que hemos padecido a partir del asalto del neoliberalismo en nuestro país ha causado estragos, decesos injustificados y una gran decepción de aquellos proyectos posteriores a la Revolución Mexicana.

Y, así, punto por punto, podemos ir analizando qué pasa cuando las mentiras circulan en calidad de críticas objetivas sin detenerse a observar los enormes daños que el sistema depredador capitalista ha ocasionado. No sólo en el área de la salud, más bien en todos los ámbitos de la vida nacional.

Otro punto interesante en cuanto a las mentiras que supuestamente ha dicho el Presidente es el relacionado con la disminución de la violencia y la cantidad de fallecimientos por crímenes. Ahí están las estadísticas, se pueden revisar, analizar, probar, o incluso cuestionar, pero son la imagen de lo que pasa en el país.

Si bien las estadísticas sólo son un acercamiento a la realidad, sirven como una importante guía para evaluar la utilidad de los programas que se estén aplicando. Por decreto, ninguna patología social disminuye así como así.

En el caso de la violencia criminal, ésta puede disminuir, como se ha comprobado, controlando la compra de armas, respetando acuerdos para no vender clandestinamente armamento de alto poder a grupos de delincuentes del país. Estos son pasos importantes que se han logrado. Todavía no lo suficiente, pero ya comenzó esta pesada y costosa batalla.

Se quiera reconocer, o no, gracias a la ejecución de la política oficial para disminuir desde su raíz las causas de la pobreza (principal semillero de violencia de todo tipo), la criminalidad va disminuyendo.

Aunque la disminución de los actos criminales no ha sido espectacular, negarla resulta tan dañina como sembrar la incredulidad y el temor a través de la mentira. El país sí puede recuperar la paz interna, así lo han manifestado los millones de personas que dieron su voto de confianza al próximo gobierno.

Los pasos que siguen serán definitivos para consolidar un sistema de justicia que ayude a la disminución de todas las posibles enfermedades sociales. De esa manera la incredulidad de quienes opinan que nada ha cambiado y de que todo lo que ha realizado el actual gobierno es una mentira, también disminuirá.

Por cierto, en cuanto al concepto mesías, ni católico ni judío. El mandatario de la 4T no es ese personaje que vendrá. Como luchador social, surgió, se formó a lo largo de los años de intensa lucha y, finalmente, llegó. Se convirtió en Presidente de México y cumplió los 100 puntos que prometió a la nación.

* Colaboró Ruxi Mendieta.

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La democracia arrinconada

Rolando Cordera Campos/I / La Jornada

Una vez superado el momento festivo de las transiciones a la democracia, nuestros países empiezan a (re)descubrir el abismo que separa la realidad, rejega como es, de las expectativas. Las grandes ilusiones abiertas por el vuelco democrático en muchos de nuestros países, aunque no sólo en nuestro continente, actualmente parecen caminar aturdidas, faltas de energía, sin mayor confianza en el futuro ni en el manantial democrático.

No sólo debido a la históricamente desatendida desigualdad, asunto mayor por sí mismo, sino porque hoy tenemos que reconocer la presencia y extensión de agudas diferencias económicas, heterogeneidades productivas y estructurales, fragmentaciones regionales y vulnerabilidades institucionales, además de asumir, por mal que nos pese, que de nuevo la economía maltrecha con que contamos no rinde los frutos que de ella se esperan. Y así, el reclamo democrático del presente recupera o recoge el reclamo social no atendido por una economía que se transformaba.

Las reformas adoptadas a fines del siglo XX para modernizar las estructuras económicas, en clave globalista y de mercado, indujeron cambios importantes, aunque siempre segmentados, pero resultaron del todo incapaces para crear realidades institucionales y sociales menos injustas y economías más incluyentes.

No sobran hoy los críticos que preguntan si esas rondas reformistas se propusieron, en efecto, encarar las enormes fracturas que históricamente nos han caracterizado y forman parte del inventario histórico de nuestras respectivas evoluciones. En mucho, tendió a descansarse en los mercados que se abrían y diversificaban y que, por esa vía, traerían tarde o temprano los bienes terrenales de la modernidad tan ansiada.

Cada día resulta más cuesta arriba aceptar que la política y en especial la democracia y la economía, transformada o no, van por senderos separados, diferentes, y que implantar tal separación ha sido logro mayor de aquellas rondas reformistas. El mismo gobierno del presidente López Obrador ha presumido que uno de sus grandes logros fue separar la economía de la política y del Estado: sueño liberista cual ninguno.

Separar la política de la economía no llevó a una economía más eficiente, mucho menos desde el punto de vista social, pero dejó a las sociedades un tanto indefensas frente a la adversidad económica global que irrumpió en 2008-2009 y casi colapsó con la pandemia. Separar la economía de la política, aparte de ser imposible, es un sin sentido ahistórico y una barbaridad política.

Sus implicaciones están hoy siendo reconocidas en buena parte del globo donde se apela a retomar las formulaciones maestras de la economía mixta que la sociedad internacional pudo configurar después de las tragedias de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. La planeación, la necesidad de acuerdos sociales de gran calado para controlar la inflación, la reforma del fisco y el reconocimiento de la desigualdad ya no son vistos como algo innecesario o nefasto para la estabilidad de las naciones. Dejaron de ser palabras prohibidas.

Poco ha tenido que decir nuestra democracia, hecha gobierno desde fines del siglo XX, sobre esos despropósitos. Ningún debate abierto y deliberativo frente a estas dolorosas llamadas sobre una crisis mayor que se acerca. En las recientes campañas presidenciales la economía, para no mencionar al desarrollo, fueron temas en blanco y las políticas mayores, ensayadas en Europa y Estados Unidos, brillaron por su ausencia. Para qué hablar de la reforma hacendaria, la fiscal y tributaria en particular, convertida por el gobierno y su coalición gobernante en mala palabra nunca pronunciada.

En vez de reflexiones y debates sobre estas cuestiones, se impuso la superchería sobre el espacio fiscal, el Estado profundizó su secular debilidad financiera e institucional, y sus dirigentes y reguladores renunciaron a, por lo menos, soñar con un estado de bienestar digno de tal nombre.