Lo que dicen los columnistas

¿Cómo resolverá el Tribunal Electoral las impugnaciones relativas a la Cámara de Senadores?

Éste es el papel definitorio que juega el TEPJF. El tribunal velará porque sus determinaciones hagan respetar el voto de las mexicanas y mexicanos que han emitido su sufragio en la pasada elección del 2 de junio.

Felipe de la Mata Pizaña * | Proceso

En una entrega anterior me referí a los medios de impugnación que tiene que resolver la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por las controversias relacionadas con la integración de la Cámara de Diputados.

En esta ocasión haré algo similar, pero ahora en lo relativo al Senado de la República pues, en la histórica jornada del 2 de junio pasado, también votamos por la renovación total de esta cámara (a la que con frecuencia llamamos “Cámara alta”).

Al igual que como pasa con la Cámara de diputaciones, respecto de la Cámara de senadurías, la Sala Superior del TEPJF juega un rol determinante porque las decisiones que tome al respecto ya no pueden ser recurridas, es decir, no pueden ser revisadas por ningún otro órgano jurisdiccional.

Recordemos que la Cámara de Senadores se renueva en su totalidad cada seis años y responde a un sistema de integración diferente al que tiene la Cámara de Diputados.

El Senado se compone por 128 senadoras y senadores. En cada estado y en la Ciudad de México, dos deben ser elegidos de acuerdo con el principio de votación mayoritaria relativa y uno más debe ser asignado a la primera minoría. Para esto, los partidos políticos registraron una lista con dos fórmulas de candidatos.

La senaduría de primera minoría debe ser asignada a la fórmula de candidaturas que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trata. Así, obtenemos 96 senadurías.

Las 32 senadurías restantes deben elegirse de acuerdo con el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. Estas listas deben estar conformadas de acuerdo con el principio de paridad y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo (art. 56 de la Constitución federal).

Al igual que en el caso de las diputaciones, los resultados obtenidos en la elección de las senadurías pueden impugnarse. ¿Cuáles son los recursos y los plazos que tenemos en el TEPJF para resolverlos?

Para el caso de la elección de Senadores por el principio de mayoría relativa y de asignación a la primera minoría, pueden promoverse juicios de inconformidad. En estos juicios se impugnan los resultados consignados en las actas de cómputo de entidad federativa, las declaraciones de validez de las elecciones y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez o de asignación de primera minoría respectivas; asimismo, la nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o la nulidad de la elección (art. 50.1 de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral).

Las Salas Regionales tienen hasta el 3 de agosto de 2024 para desahogar los juicios de inconformidad relacionados con las senadurías (art. 58 de la Ley de Medios).

Para el caso de la elección de senadurías por el principio de representación proporcional, pueden impugnarse los resultados consignados en las actas de cómputo de entidad federativa respectivas, ya sea por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas, o por error aritmético (50.1 LGSIME).

Ahora bien, siguiendo el trayecto procesal establecido por la ley, puede presentarse otro medio de impugnación denominado “recurso de reconsideración”. Este recurso procede en contra de las sentencias emitidas por las Salas Regionales en juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de senadurías.

La reconsideración también procede en contra de las asignaciones por el principio de representación proporcional que respecto de las elecciones de senadurías haya realizado el Consejo General del INE. La Sala Superior es la única competente para resolver estas reconsideraciones (arts. 61.1 y 64 de la Ley de Medios).

Como ocurre con los medios de impugnación en la elección de diputaciones, los plazos en la elección de senadurías son expeditos. El recurso de reconsideración debe interponerse dentro de los tres días contados a partir del día siguiente al en que se haya notificado la sentencia de la Sala Regional; y dentro de las 48 horas siguientes, contadas a partir de la conclusión de la sesión en la que el Consejo General del INE realice la asignación de senadurías por el principio de representación proporcional (art. 66.1 de la Ley de Medios).

La Sala Superior tiene hasta el 19 de agosto de 2024 para resolver las reconsideraciones sobre cómputos distritales de la elección de entidad federativa de senadurías. Los demás recursos deben estar resueltos a más tardar el 28 de agosto, esto es, tres días antes de que se instalen las Cámaras del Congreso de la Unión (art. 69.1 de la Ley de Medios).

Éste es el papel definitorio que juega el TEPJF. El tribunal velará porque sus determinaciones hagan respetar el voto de las mexicanas y mexicanos que han emitido su sufragio en la pasada elección del 2 de junio. La ciudadanía puede estar segura de que solamente su voto definirá la correcta integración del Senado de la República.

Honraremos nuestra experiencia, nuestra labor y compromiso frente a la sociedad y con la democracia de nuestro país para que el voto y la Constitución imperen en la integración de la Cámara alta.

Magistrado Electoral del TEPJF *

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Arsenal

El Día de López Obrador, ¿descanso obligatorio?

Francisco Garfias | Excelsior

El culto a la personalidad es una elevación casi religiosa o sagrada de figuras de líderes carismáticos en la sociedad o en la política, según el discurso del desaparecido líder Nikita Kruschev, en el XX Congreso de la Unión Soviética, en 1956.

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, lo fomenta en México. Quiere que el 1 de julio se conmemore como el día que López Obrador ganó la Presidencia de la República en 2018. No sólo eso. Propone que sea bautizado como el Día de Revolución de las Conciencias, El Día del Triunfo del Pueblo o el Día de la Verdadera Democracia.

Nada más le faltó proponer que sea el “Día de Andrés el Salvador”. ¿No hablan de hacer historia?

Sheinbaum les pidió a los líderes de Morena organizar una consulta para decidir qué festejaremos cada 1 de julio.

¿Será día de descanso obligatorio? Poco le faltó para equiparar el 1 de julio con el natalicio de Juárez, el 21 de marzo; o con la promulgación de la Constitución, el 5 de febrero; o con el Día de la Independencia, el 16 de septiembre; o el de la Revolución, el 20 de noviembre.

Lo propuso, faltaba más, en la conmemoración del sexto aniversario del triunfo de López Obrador, celebrado en el complejo cultural Los Pinos.

Y más: “Le pido a nuestros dirigentes del partido que hagamos una consulta, pero en realidad es el Día del Pueblo de México, el Día de la Revolución de las Conciencias.

“…El pueblo de México comenzó a escribir una nueva historia con el mejor dirigente de México, mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”.

En su discurso, Claudia mencionó una nota del periódico Reforma que cita a mujeres empresarias que le pidieron a Claudia “pintar su raya respecto a la agenda de AMLO”.

Respondió: “Eso sería pintar la raya con el pueblo de México, nunca… Con el pueblo, todo, sin el pueblo, nada”.

¿Va a seguir a pie juntillas la agenda de López Obrador? Es pregunta.

* En este espacio expusimos el sábado pasado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está amenazado de parálisis.

Me explico: el pleno del Tribunal está integrado por siete magistrados. Los dos que terminaron su periodo el 31 de octubre de 2023, José Luis Vargas e Indalfer Infante, no han sido sustituidos por el Senado. Desde entonces, el pleno funciona con cinco magistrados.

El 31 de octubre de 2024 se van otros dos: Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez. Quedarán tres magistrados. Para sesionar se necesitan, mínimo, cuatro. La mañana de ayer amanecimos con la noticia de que el juez Rodrigo de la Peza le dio al Tribunal Electoral 24 horas para que proponga a dos magistrados que reemplacen a los que salieron.

Y es que en el Senado no hicieron la tarea. Ya pasaron ocho meses desde que Vargas e Infante dejaron el TEPJF. Pero por línea de YSQ no fueron reemplazados.

Es cierto que el juez De la Peza no tiene facultades para ordenar al Senado que elija a los dos magistrados.

En todo caso, tendría que ser la Suprema Corte de Justicia, vía una controversia, la que podría intervenir, como fue el caso del Inai, al que habilitó para sesionar con cuatro comisionados cuando se requería un mínimo de cinco.

La orden del juez De la Peza irritó al gobierno federal. Luisa María Alcalde, titular de la Segob, anunció que pedirá juicio político en contra de De la Peza “por violar la Constitución”, al usurpar facultades de la Cámara alta.

El senador Ricardo Monreal explicó que el juez viola el artículo 99 de la Constitución. “El Tribunal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional y dispone de autonomía e independencia. Cada día nos otorgan más razones para reformar el Poder Judicial”, advirtió.

La pregunta obligada es por qué al juez De la Peza se le haría juicio político y los senadores del oficialismo, que han desacatado una y otra vez resoluciones de la Corte para elegir magistrados o comisionados, andan tan campantes.

* El Consejo Nacional del PAN aprobó las comisiones que definirán el camino para llevar a cabo la renovación de la dirigencia nacional del PAN, que actualmente encabeza Marko Cortés.

La Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional (CONECEN) será encabezada por Ana Teresa Aranda. Entre sus integrantes tendrá a María Beatriz Zavala Peniche, Fernando Rodríguez Doval, Ignacio Loyola Vera, Juan Antonio García Villa, y otros.

Hablamos del tema con Rodríguez Doval. Nos dijo que percibe en su partido un ambiente generalizado de corregir errores e inercias que llevan arrastrando.

¿Cómo cuáles?, le preguntamos.

“Se comentó que nos ha faltado más trabajo territorial, más apertura con los ciudadanos, mejores incentivos al interior del partido. Todo eso no es nuevo. Viene, al menos, desde que estábamos en el gobierno federal. Y, a pesar de todo, existe la conciencia clara de que somos la fuerza más importante de oposición y que tendremos que desempeñar un papel histórico ante lo que se viene”, puntualizó.

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Razones

El modelo de seguridad

La Guardia Civil enfoca su formación en habilidades militares, en medidas de protección, mientras que la Policía Nacional se enfoca en la formación en habilidades de investigación criminal

Jorge Fernández Menéndez | Excelsior

La Guardia Nacional cumplió cinco años de creada el pasado 30 de junio. Hoy es una fuerza policial adscripta a la Defensa Nacional con 130 mil elementos y con un cuadro de mandos y guardias casi íntegramente formado por militares. Por muchas razones no es posible transformar hoy o en el futuro inmediato esa pertenencia de la Guardia Nacional a la secretaría de la Defensa: hay muchas otras, pero sencillamente no tendríamos mandos para reemplazar a los existentes si se les propone dejar su actual carrera para comenzarla de nuevo fuera de la Defensa.

Pero, más allá de ese debate en buena medida estéril, lo que debemos pensar es qué modelo de seguridad pública queremos para el país. Queda claro que lo referente a seguridad interior y nacional es una responsabilidad constitucional de las Fuerzas Armadas, pero en seguridad pública tenemos grandes vacíos legales que se ahondaron cuando incomprensiblemente se declaró inconstitucional la reforma que se había aprobado el sexenio pasado.

Creo que vamos a estar yendo hacia un modelo similar al español, en la justicia y en la seguridad. En la justicia, entre otras cosas, separando el tribunal constitucional, la Suprema Corte, del jurisdiccional, el consejo de la judicatura. Están separados, pero hoy tienen una misma presidencia, en el modelo español son dos instancias, con responsabilidades y mandos diferentes. Una se encarga de revisar la constitucionalidad de las leyes y la otra de la operación del sistema.

En el terreno policial, de seguridad pública, siempre ligada a otros niveles, España tiene dos grandes instituciones policiales: la Guardia Civil, que sería nuestro equivalente a la Guardia Nacional, y la Policía Nacional. Esta última, según su definición legal, es un cuerpo policial encargado de mantener la seguridad ciudadana en las zonas urbanas del país. Es un instituto armado de naturaleza civil, que tiene como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, con ámbito de actuación en todo el territorio nacional. Sus elementos se especializan en investigación criminal, lucha contra el terrorismo, delincuencia organizada y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

La Guardia Civil es un cuerpo militar encargado de mantener la seguridad pública en las áreas rurales y suburbanas del país. La Guardia Civil, que nació en lo que sería la defensa, tiene mandos militares, pero hoy se encuentra bajo la dirección del Ministerio del Interior español y se encarga de la prevención y la investigación de delitos, así como de la protección de las fronteras y la lucha contra el tráfico ilegal de drogas y el contrabando.

Según las leyes españolas, las principales diferencias entre la Policía Nacional y Guardia Civil son varias. Primero, su naturaleza: la primera es civil; la segunda, militar. Su ámbito de actuación también está diferenciado: la Guardia Civil se encarga de la seguridad pública en las áreas rurales y suburbanas, con mucho peso en las fronteras, mientras que la Policía Nacional se encarga de la seguridad pública en las áreas urbanas del país.

Por su origen y naturaleza tienen una estructura organizativa diferente: la Guardia Civil tiene una estructura jerárquica, tipo militar, con diferentes escalas, categorías y puestos, mientras que la Policía Nacional tiene una estructura con escalas y categorías con el modelo de las policías tradicionales.

Si bien los dos cuerpos tienen una formación rigurosa y exigente, los programas de formación son diferentes. La Guardia Civil enfoca su formación en habilidades militares, como la defensa personal y el uso de armas, en medidas de protección, mientras que la Policía Nacional se enfoca en la formación en habilidades de investigación criminal, como la recopilación de pruebas y la identificación de sospechosos.

Finalmente, cada una de ellas tiene competencias exclusivas. La Guardia Civil, entre otras responsabilidades, se encarga de la protección del medio ambiente, de las fronteras y del control de tráfico en carretera. La Policía Nacional tiene competencias exclusivas en áreas como la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada.

Hay muchas otras características puntales que diferencian a ambos cuerpos, pero en esencia, si se concreta lo que se estaba pensando en el equipo de campaña de la virtual presidenta electa Sheinbaum, vamos hacia algo similar, con una Guardia Nacional encuadrada en la Defensa, que se encargará del control territorial, sobre todo en áreas rurales y semiurbanas, con preeminencia en las fronteras y las zonas donde mayores desafíos existen tanto para la seguridad pública como interior, junto con una nueva instancia, que se compondrá de una fuerte policía nacional (civil) de investigación y que concentrará las tareas de inteligencia y lucha contra el crimen organizado. Todo esto, por nuestro propio sistema constitucional (lo mismo ocurre en España) tiene que complementarse con la consolidación de policías locales, sobre todo estatales, sólidas y con capacidad de operación real en sus entidades, algo de lo que en general carecemos.

Estamos hablando de modelos y, en el caso español, de instituciones con muchos años de existencia: la Policía Nacional tiene 200 años de antigüedad. La Guardia Civil, que se creó  en 1844 como un “cuerpo especial de fuerza armada de infantería y caballería”, era parte del ejército.

Nos falta mucho para consolidar un modelo y una estrategia de seguridad coherente en el país, pero tenemos que partir de los que conocemos y funcionan. Y este parece ser un modelo aplicable para lo que necesitamos y queremos lograr, construyendo sin destruir lo que ya tenemos.

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Astillero

Sergio Mayer, ¿gota que derrama el vaso? // ¿Quién lo reimplantó? // Petición: callar, madurar // Oportunidad de airear

Julio Hernández López | La Jornada

El caso de Sergio Mayer Bretón es enigmático y (de mantenerse el suspenso en las élites decisorias, que hasta ahora se niegan a precisar las razones, intenciones y compromisos de tal candidatura más que incongruente) podría empujar en filas morenistas un desbordamiento de ánimos críticos de las maniobras de postulación de candidatos a cargos de elección popular que son contrarios al espíritu de la regeneración nacional.

Mayer es un ejemplo del pragmatismo extremo o la descomposición (inducida o natural) de criterios selectivos en el morenismo electoralmente tan triunfal. En 2018, sin compromiso ideológico y programático con la izquierda electoral (sino todo lo contrario), ganó una diputación federal por Morena en un distrito de la capital del país.

Famoso como integrante que fue del grupo musical juvenil Garibaldi, también participó en elencos telenoveleros y cinematográficos y, especialmente, en espectáculos para mujeres. Cálculos básicos de aritmética legislativa llevaron a canjearle popularidad farandulera por votos para Morena, incluyendo un pago sumamente impugnado: la presidencia de la comisión ¡de Cultura! y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

En 2021 trató de relegirse en el distrito federal seis de la Ciudad de México, con cabecera en Magdalena Contreras, pero la panista Diana María Teresa Lara Carreón le ganó con 53.84 por ciento de los votos, contra 28.54 por ciento de Mayer. En 2024 Morena lo postuló de nuevo, ahora con seguro contra derrotas, como aspirante por la vía plurinominal.

En ese proceso de favoritismo, la dirigencia a cargo de Mario Delgado habría cometido (por sí mismo, o por instrucciones superiores de quien tuviera el bastón de mando) una serie de abusos e irregularidades, al desplazar a Luis Morales Flores (según ha denunciado él mismo, autodefinido como humilde comerciante), quien en la tómbola de Morena habría ganado el derecho a ser candidato a diputado plurinominal, aunque terminó de suplente del multicitado Mayer.

Tal postulación, que en justicia ha de decirse que no es única ni la peor de las cometidas por el partido guinda y sus aliados en el proceso electoral de este año, ha generado una oleada de críticas muy por encima de las que suelen sostener los morenistas o cuatroteístas. Se le reprocha al actor el haber participado en la marcha rosa defensora del INE y haber hecho expresiones adversas al movimiento guinda.

El presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, Rafael Barajas Durán, acrecentó el material inflamable al criticar duramente a quienes se han opuesto a que Mayer esté en la bancada morenista. Pidió que se callen, que maduren, que crezcan y que no abran las puertas a una cacería de brujas que ponga en riesgo la mayoría legislativa calificada.

Sumamente respetado en el ámbito del obradorismo y en su trabajo profesional como caricaturista, Barajas Durán recibió en esta ocasión respuestas en redes que en su mayoría se oponen a su criterio. No se debería deplorar, desde ningún flanco de la discusión pública, el paso adelante que significa el abordaje abierto del tema de Mayer, como gota derramadora de un vaso de colores guinda y aliados que militantes y simpatizantes han tenido que sobrellevar, en aras de la unidad y el Plan C, ante postulaciones de personajes que deberían ser inaceptables y no premiados.

La discusión en curso podría desembocar en una forma activa de formación política, que impulsara el florecimiento de la crítica y la autocrítica, la emisión de puntos de vista en voz alta y no el silenciamiento, el rechazo de la coartada de la unidad para justificar actos que en realidad van contra ella y la decisión de analizar y juzgar públicamente decisiones del más alto nivel (Mayer ha dicho que la propia Claudia Sheinbaum lo invitó a ser candidato, y en redes hay una fotografía en la que posan la virtual presidenta electa, el dirigente Delgado y el citado actor, para anunciar la muy polémica postulación).

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México, SA

Inician Pensiones del Bienestar // Eliminan perversidad neoliberal // Milei desmorona Argentina

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Antier comenzaron a pagarse las primeras Pensiones del Bienestar, el nuevo mecanismo compensatorio puesto en marcha por la presente administración gubernamental, que elimina uno de tantos efectos perversos del régimen neoliberal –en esta ocasión en materia pensionaria y jubilatoria–, concretamente el despojo cometido por Ernesto Zedillo (1995, Ley del IMSS) y Felipe Calderón (2007, Ley del ISSSTE), quienes, por medio de reformas avaladas por los legisladores prianistas, pulverizaron el ingreso de los mexicanos e impidieron que los trabajadores se retiraran con dignidad.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador dio el banderazo de salida del Fondo de Pensiones del Bienestar (FPB), un complemento para que el trabajador, al jubilarse, reciba el 100 por ciento de su salario; así de sencillo de explicar, porque en el periodo neoliberal hicieron reformas para que el trabajador al jubilarse no recibiera su salario completo; iban a recibir 30 por ciento del último salario con las reformas que se hicieron, cuando Zedillo y Calderón, para trabajadores del apartado A y del apartado B.

Recordó que a lo largo de su administración hicimos una reforma para que recibieran más y llegamos a 60 por ciento, pero, de todas maneras, quedaba el 40 por ciento, que es lo que estamos ahora resolviendo a partir de hoy, para que el trabajador reciba el 100 por ciento de su salario. Es un avance importantísimo que se logra.

En la mañanera de ayer, el titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda, Héctor Santana Suárez, detalló que al cierre de ayer el citado fondo contaba con 32 mil millones de pesos, pero entre hoy y mañana se alcanzará un monto inicial cercano a 45 mil millones de pesos, lo cual garantiza el cumplimiento de los dos objetivos del fideicomiso por muchos años, que es el pago de devoluciones a aquellos trabajadores que quieran recuperar su dinero y que estaba como cuenta inactiva, pero de manera muy importante está el pago de complemento que garantiza que todos los trabajadores puedan recibir, si tienen una pensión inferior de 16 mil 777 pesos, el 100 por ciento del ingreso que tenían como trabajadores activos.

De acuerdo con su información, ese es el componente inicial del fondo, cuyos recursos provienen de las Afore (59 por ciento), Infonavit (14 por ciento) y de la transferencia del Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado (27 por ciento). Esas son las aportaciones de las Afore, de los trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE con cuentas inactivas. Es un proceso que concluyó de manera exitosa y ordenada.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, explicó que desde la publicación del decreto fundacional del FPB, el primero de mayo de 2024, 335 resoluciones por pensión han llegado (hasta el 14 de junio pasado, cuando se hizo el corte); de ellas, 249 son de trabajadoras y trabajadores, que estaban al amparo de la Ley del Seguro Social y que empezaron después de 1997; recibirán el complemento del Fondo. El 99.2 por ciento de estos beneficiarios recibirán el complemento para su pensión, para llegar al monto de su último salario a través de una Afore. Hay dos casos que serán a través de rentas vitalicias.

Además, detalló robledo, de esos 249 complementos, el promedio que se está pagando es de 3 mil 975 pesos, y la tasa de reemplazo con esto pasó de 57 por ciento para este grupo de trabajadoras y trabajadores a 96 por ciento. Hay complementos desde 179 pesos, que son pequeños, para llegar a este monto de pensión, pero también los hay de 11 mil 160 pesos, que es hasta el momento el más alto que se ha recibido.

El director del IMSS presentó a los dos primeros beneficiarios: Delfina Calderón, quien trabajó 55 años. Sin la reforma, hubiera tenido una pensión de 7 mil 489 pesos, pero recibirá un complemento de 4 mil 800 pesos, con lo que alcanzaría una pensión equivalente a su último salario. También Raymundo Vallejo, quien desde los 19 años trabajó en el sector transportista de la ciudad, formó parte de Ruta 100 y fue uno de los primeros conductores del Metrobús. Hoy, a los 72 años, obtuvo su pensión. Sin la reforma hubiera tenido 5 mil 628 pesos; gracias al complemento (7 mil 449 pesos) alcanza el equivalente a su último salario. Enhorabuena.

Las rebanadas del pastel

Enloquecido, Javier Milei arrasa con Argentina, y ayer todo se hundió: tipo de cambio, bonos y acciones gubernamentales, sin olvidar salarios y pensiones. Mientras, el riesgo país se fue a las nubes, pero él cómodamente se va a los Juegos Olímpicos en París.

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Caso Ayotzinapa: continuidad forzada

Magdalena Gómez | La Jornada

Hoy se realizará un encuentro más de los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa con el Presidente de la República. Está por cumplirse una década de la desaparición de sus hijos y aún desconocen cuál fue su destino tras aquella noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27.

Díficil reconstruir en unas líneas el proceso tortuoso de una investigación que hoy por hoy está marcada por el freno mayúsculo que significó la declaración del ex presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) Alejandro Encinas, quien informó que, en efecto, estamos ante un crimen de Estado.

La investigación realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) colocó la mira en la indispensable y hasta hoy incompleta información que sustenta la intervención del Ejército desde el 27 batallón de Iguala, Guerrero, en complicidad con integrantes de un grupo de la delincuencia organizada. Si podemos hablar de saldos, encontramos que el Presidente de la República, ante la exigencia al Ejército de que entregue 800 folios que contienen elementos claves para esclarecer su responsabilidad en la desaparición de los jóvenes , decidió hacerse cargo de la investigación, sin tener la facultad jurídica para ello, no obstante su alta investidura. Previamente se dio la renuncia de quien fue fiscal especial del caso y la conclusión del GIEI, señalando que con el Ejército habían topado. Se nombró a un nuevo fiscal del caso y un nuevo subsecretario de derechos humanos y Presidente de la Covaj ante la renuncia de Encinas. En ambos casos no se observan señales de contribución efectiva en las tareas que les corresponden.

La línea seguida por el Presidente de la República en las fechas recientes ha sido denunciar, sin pruebas, y, en el discurso desde las mañaneras, de malas prácticas y manipulación a los defensores del Centro Pro de Derechos Humanos y del Centro Tlachinollan que han acompañado desde 2014 a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, intentando condicionar a los padres la interlocución directa sin la participación de sus defensores. Finalmente los recibió con ellos presentes un día después de las elecciones. Les entregó 15 de los 800 folios que han solicitado, los cuales no son significativos, y ofreció una siguiente reunión justamente para mañana, anunciando que les entregará un reporte personal.

En días previos el titular del Ejecutivo federal ha colocado la posición de defensa del Ejército al señalar que hasta hoy no tengo ninguna prueba de que hayan sido responsables de la desaparición de los 43 estudiantes (mañanera del 24 de junio). No obstante que existen líneas de investigación inconclusas, como una grabación donde el comandante de la policía de Iguala afirma que se llevaron a 17 muchachos al Paso del Coyote y, además, otro testigo habló de que ingresaron a 25 estudiantes al 27 batallón y nunca salieron. Por otra parte, los militares que están bajo proceso, ahora desde sus domicilios tienen abogados que paga la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual revela un elemento más de la postura institucional.

No existe de la parte oficial ni la mínima apertura para considerar que los casos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado sobre el estado de Guerrero refieren la responsabilidad de elementos del Ejército en abierta violación a derechos humanos. Algo habría que considerar para revisar en ese ámbito.

Aunado a ello, desde la Covaj se ha difundido que acudieron a Iguala y a Cocula hace cuatro días junto a la fiscalía especial, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Guardia Nacional, la Sedena incluso difundieron fotos de peritos en campo porque están recuperando restos óseos que someterán a un método experimental de identificación genética por vía mitocondrial. Los familiares advirtieron que este procedimiento se está efectuando sin el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense ni del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, Austria, que han sido cruciales y les tienen plena confianza. Por ello señalaron que cualquier resultado no validado por estas instancias contribuiría a la confusión y no sería aceptado por ellos.

En ese contexto llegarán a la reunión de mañana donde no esperan avances positivos en la investigación, menos aún que sea la Fiscalía General de la República la que ofrezca un informe detallado, como correspondería. En contraste, asistirán con el temor y la desconfianza fundada de que el llamado informe personal del titular del Ejecutivo federal profundice el cuestionamiento a los defensores que les acompañan y presente elementos que parezcan novedosos ante el próximo cierre del sexenio, donde ya el propio Presidente de la República ha señalado que no habrá carpetazo. En efecto, estamos ante una continuidad forzada, pues la exigencia de justicia no cesará.